El sistema electoral de nuestro país está a punto de colapsar. Puede que esa afirmación parezca apresurada e incluso irresponsable, pero más que una afirmación pesimista, es una realidad inminente. Las primeras advertencias sobre los problemas que afectan a nuestro sistema electoral las recibimos en las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales y legislativas de 2015. En aquellas elecciones, las fallas en el sistema informático y los retrasos en el conteo de votos alimentaron las denuncias de un fraude, pero sobre todo retrataron las debilidades de un sistema mal financiado y con faltas graves en su fundamento. El panorama para las elecciones de 2018 y 2019 no parece ser más prometedor, ya que lejos de resolver las faltas de años anteriores, las dificultades han sido acentuadas. La importancia de nuestro sistema electoral no radica en ideologías ni en preferencias políticas, sino en el resguardo de nuestros derechos y garantías como ciudadanos en un país democrático. Tenemos que hablar de esto porque de esto depende que elijamos a nuestros funcionarios de manera limpia y transparente, de manera satisfactoria.
En El Salvador, los políticos no ganan elecciones por medio de propuestas concretas e innovadoras, las ganan reuniéndose con pandilleros y burlándose de la dignidad de los electores más pobres, aprovechándose de sus necesidades más básicas para pedir el voto. Estas lamentables realidades que debilitan la integridad del sistema electoral se ven alimentadas por un esquema de controles escueto en el cual los partidos políticos son juez y parte. El problema electoral de nuestro país radica, parcialmente, en un ciclo vicioso en el cual la pasividad de las autoridades competentes habilita a los partidos políticos a manipular las reglas a su favor, interfiriendo así en la pureza del proceso democrático.
El primer gran reto que como ciudadanos enfrentamos en el esfuerzo para resguardar nuestros derechos democráticos radica en velar por el buen funcionamiento de las instituciones encargadas de llevar acabo la logística del proceso electoral, en nuestro caso, el TSE. Una encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y publicada en El Mundo el pasado miércoles, muestra que el 82% de los salvadoreños desconfía del TSE y de su capacidad de organizar elecciones eficientes y democráticas. No es difícil encontrar la raíz de la desconfianza masiva de los salvadoreños al TSE: una combinación de errores propios y ajenos han causado que la institución se convierta en un aparato desfasado, controlado por intereses partidarios por encima de los ciudadanos y cada vez más ajeno a sus responsabilidades originales.
La composición fundamental del TSE es el primer obstáculo: las cuotas partidarias dentro de la institución a través de la asignación de magistrados han logrado sobreponer los intereses de los partidos políticos por encima de los ciudadanos. Algo parecido a lo que ha sucedido por años en la Corte de Cuentas sucede en el TSE. El problema en este caso es jurisdiccional: son los magistrados quienes imponen sanciones a los partidos políticos. ¿Por qué un magistrado impuesto por el FMLN, por poner un ejemplo, votaría a favor de sancionar a un candidato de su propio partido? ¿Por qué su consciencia se lo dicta? Ja, ja, ja.
Otro problema grave que amenaza la efectividad de las próximas elecciones es el recorte presupuestario propuesto por el Ministerio de Hacienda. Una de las justificaciones más prominentes de las autoridades del TSE en cuanto a la falta de organización en los comicios de 2015 fue la falta de presupuesto. La institución lleva años diciendo que no tiene suficiente dinero para organizar la elección. Ahora, la misma Asamblea Legislativa que aprobó, de nuevo, millones de dólares para viajes y prestaciones, autorizó un recorte de $14 millones al TSE para las próximas elecciones.
Aquí es donde la cosa se empieza a poner realmente fea. El TSE no solo recibió un recorte presupuestario significativo como preámbulo a las próximas elecciones, sino que también recibió más responsabilidades. A partir de una resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en 2015, será el TSE, y no los partidos políticos, el responsable de capacitar a los miles de salvadoreños encargados de vigilar las urnas el día de la elección. En teoría, este es un paso en la dirección correcta, pero el TSE simplemente no tiene los recursos para implementarlo en la práctica. En síntesis, tenemos un tribunal organizado para servir intereses partidarios, con poco dinero y más responsabilidades. Con suerte, sería la tecnología adquirida por el TSE la única que podría salvarnos de un desastre total, pero no, no en nuestro caso. El TSE está a punto de adjudicar la licitación para el conteo de votos a Smartmatic, la misma empresa que fue cuestionada por su rol en el referéndum realizado en Venezuela en agosto pasado.
Es imprescindible que como sociedad civil seamos conscientes del peligro y las consecuencias de no abordar estos problemas. No podemos darle más dinero al TSE ni mejorar los sistemas de conteo de votos por nuestra cuenta, pero podemos ser contundentes en exigir a las autoridades que tomes los pasos pertinentes para asegurar elecciones democráticas y leales a los intereses de los ciudadanos. Podemos exigir que el TSE tenga el presupuesto necesario para organizar estas elecciones y debemos ser vigilantes para que lo haga de una manera honesta y transparente. Una democracia que no está preparada para escuchar y respetar la voluntad de sus ciudadanos, no es democracia. En 2018 y 2019, sin importar los colores partidarios, es justamente esto lo que está en riesgo, pero aún estamos a tiempo de arreglarlo: si nos pronunciamos, si exigimos, si somos constantes, si hacemos ciudadanía.
