El gabinete de seguridad está realmente orgulloso del trabajo realizado en 2017. Las palabras ‘logros’ y ‘avances’ se repitieron incontables veces en boca del ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, durante la presentación pública del “informe de logros” en la mañana del miércoles 6 de diciembre, que tuvo como escenario uno de los puntos neurálgicos de la capital: la plaza del Divino Salvador del Mundo.
La versión oficial de lo ocurrido en materia de seguridad pública, condensada en una presentación Power Point de 22 diapositivas que se proyectó ante unas 250 personas, resulta inequívocamente optimista, incluso esperanzadora. “Ha sido un año duro”, dijo el ministro Ramírez Landaverde, “pero poco a poco El Salvador va saliendo de la grave situación que ha experimentado”.
Salvo en los breves pasajes en los que se reconoció a los policías, militares y custodios asesinados en 2017, los 45 minutos de discurso estuvieron marcados por la satisfacción y el optimismo. A una persona que sin conocer al detalle la realidad salvadoreña viera por internet el evento, las cifras e incluso los tonos y énfasis, le costaría dimensionar que se hablaba de un país que cerrará el año con una tasa de 60 asesinatos por cada 100,000 habitantes.
Naciones Unidas ya lo ha dicho en más de una ocasión: el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador) es la subregión más violenta del mundo. En 2017, Guatemala cerrará con unos 32 homicidios por cada 100,000 habitantes. Honduras, con 43. Y El Salvador, con los referidos 60.
Pero en el informe del gabinete de seguridad no había espacio para el pesimismo. “Debemos mantenernos firmes en la implementación de nuestra estrategia de seguridad porque es la correcta: en el segundo año, los resultados han mejorado, y van a seguir mejorando”, dijo el ministro Ramírez Landaverde. “Las comunidades están arrebatando espacios públicos a la criminalidad, y los están poniendo a disposición de los niños y jóvenes”, agregó.
Lo que se dijo
Estas son algunas de las cifras, acciones y programas de las que el gabinete de seguridad está especialmente orgulloso:
Uno. La reducción en “los delitos que más afectan a las población, principalmente los homicidios” es, en palabras del ministro Ramírez Landaverde, “el principal logro”. En efecto, el año 2017 rondará los 4,000 asesinatos, cuando en 2016 fueron 5,280. La nueva cifra con la que El Salvador ‘competirá’ por el título de país más violento del mundo será 60 homicidios por cada 100,000 habitantes, que sextuplica la tasa que Naciones Unidas fijó para establecer cuándo una sociedad sufre epidemia de violencia. En cuanto al resto de delitos, el informe oficial habla de fuertes descensos en robo de vehículos (47%), hurto de vehículos (41%), extorsión (37%) y secuestro (30%).
Dos. Las detenciones que ha realizado la Policía Nacional Civil (PNC) se incrementaron un 26% en 2017. Hasta el 30 de noviembre son 38,824 las personas capturadas; de ellas, 10,045 por órdenes giradas por la Fiscalía. Respecto a las armas de fuego incautadas, cada mes en promedio salen de circulación unas 370, de las que 61 son fusiles de asalto. Reseñables también los más de 6,900 kilos de droga decomisados –sobre todo cocaína–, con un valor estimado en el mercado arriba de 150 millones de dólares.
Tres. El ministro Ramírez Landaverde dijo que este es el año “en el que el componente de prevención social de la violencia se ha consolidado, en el marco del Plan El Salvador Seguro”, y trató de respaldarlo con cifras: 20,500 personas reincorporadas al sistema educativo, atención psico-social en 250 escuelas e institutos, 200,000 salvadoreños que han participado en actividades en sus comunidades, 129 espacios públicos rehabilitados, etc., etc.
Cuatro. En las cárceles es donde hay números y logros más rotundos. El año terminará con las Fases II y III del Centro Penal de Izalco activas, sí como las granjas penitenciarias de Izalco (mujeres) y Zacatecoluca (hombres) y el Centro de Detención La Esperanza, que supondrán 8,676 nuevos espacios cuando los centros estén operativos al 100%. La inversión supera los 41 millones de dólares. Las cárceles salvadoreñas seguirán siendo de las más hacinadas del mundo (hay 38,700 privados de libertad y ahora unos 18,000 espacios), pero un poco menos. “El Salvador cada año se aproxima más al objetivo de transformar su sistema penitenciario, para volverlo no sólo más seguro, sino también más humano y rehabilitante”, dijo el ministro Ramírez Landaverde. También hay avances en el tema de los brazaletes electrónicos con dispositivos GPS y en la instalación de equipos tecnológicos en las cárceles que evitarán un porcentaje significativo de traslados de reos para asistir a diligencias judiciales.
Lo que no se dijo
En la evaluación que el gabinete de seguridad hizo de su trabajo no se habló de ejecuciones extrajudiciales ni de violaciones a lo derechos humanos, a pesar de que el Estado salvadoreño por esos temas ha estado –y sigue estando– bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de distintos organismos que integran el sistema de Naciones Unidas.
Tras la presentación, y a preguntas de la prensa, el director de la PNC, Howard Cotto, dio cifras sobre los supuestos enfrentamientos ocurridos en 2017: hasta el 5 de diciembre suman 497, con 391 presuntos pandilleros muertos y 64 heridos. El índice de letalidad es de 6.1 muertos por cada herido, por encima de los índices de los años 2015 y 2016. Los expertos internacionales que monitorean el desempeño de las fuerzas de seguridad establecen que en los enfrentamientos armados reales lo esperable es que los policías generen más heridos que muertos entre los delincuentes, con lo que el índice debería ser siempre inferior a 1.
Tampoco hubo referencias al reciente informe de Zeid Ra’ad Al Hussein, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese reporte se habla de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y soldados, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, del “retorno de los escuadrones de la muerte”, de desplazamiento forzado interno por la violencia, y de “condiciones realmente inhumanas” en las cárceles. Incluso se pide la derogación de las ‘Medidas extraordinarias’, la piedra angular sobre la que se asienta la estrategia represiva del actual gobierno.
Nada de todo esto se coló en el balance del gabinete de seguridad. La apuesta fue una versión más amigable y hasta romántica de lo que está sucediendo en El Salvador. Incluso hubo guiños para los responsables de buena parte de los asesinatos que se cometen en el país. “Vamos a demostrar que aun en la población de maras o pandillas es posible la rehabilitación y la reinserción de estas personas en la sociedad al haber pagado su deuda con la sociedad”, dijo el ministro Ramírez Landaverde. En las primeras filas del público presente había representantes del cuerpo diplomático y de organismos internacionales.
En julio pasado, la Universidad Centroamericana (UCA) y la Florida International University (FIU) presentaron un informe que –basado en una generosa encuesta hecha cara a cara– concluyó que el 68% de los salvadoreños viven en colonias, barrios o cantones afectados de alguna manera por las maras. El balance que el gabinete de seguridad hizo de su propia gestión durante el año 2017 parece redactado para el 32% restante.
