Inocente Orlando Montano, ex viceministro de Seguridad Pública procesado en España por el asesinato de cinco sacerdotes jesuitas de la UCA en 1989, intenta ligar su suerte a la del comandante general de las Fuerzas Armadas salvadoreñas de entonces, el expresidente Alfredo Cristiani, a quien la defensa de Montano sopesa llamar como testigo de descargo ante la Audiencia Nacional de Madrid. Cristiani nunca ha sido procesado por la masacre que sí ha emplazado judicialmente, en El Salvador y en España, a casi una veintena de oficiales de alto rango que lideraban al ejército salvadoreño.
El 4 de diciembre, en Madrid, Montano dio una declaración indagatoria ante el juez central de instrucción N° 6 de la Audiencia Manuel García Castellón, y reconoció la existencia de una reunión celebrada en el Alto Mando de la Fuerza Armada cerca de la medianoche del 16 de noviembre de 1989, horas antes de un operativo del Batallón Atlacatl que culminó con el asesinato de los sacerdotes jesuitas, una mujer y la hija de esta. En su declaración, reconstruida por El Faro, aunque el ex viceministro matizó ante el juez que en esa reunión no se planificó el crimen de los jesuitas, dijo que esta se celebró para mitigar una supuesta toma de la UCA por parte de una célula guerrillera.
La versión de Montano coincide en una parte con la versión histórica que Cristiani dio a la Comisión de la Verdad a inicios de la década de los noventa. En aquella época Cristiani negó cualquier participación en la planificación y el encubrimiento del crimen, pero admitió haber participado en una reunión con el Alto Mando del Ejército a la medianoche de la víspera del asesinato. Las diferencias entre la versión de Cristiani y la versión de Montano radica en el contenido de la conversación sobre la cual giró aquella reunión. Según dijo Cristiani a la Comisión de la Verdad, el objetivo de esa sesión fue autorizar el uso de más unidades de caballería y artillería. Nada relacionado a la UCA.
Ahora Montano y su abogado Antonio Alberca apuntan a una estrategia para su defensa en Madrid: contar con otra versión sobre la misma reunión en la que, insisten, no se planificó el crimen. En su declaración indagatoria, el exmilitar admitió que llegó a una reunión, a las 11 de la noche del 15 de noviembre, en las oficinas del Ministerio de la Defensa, y que Cristiani ya estaba ahí. Según Montano, la reunión no fue para autorizar el asesinato de Ignacio Ellacuría y los otros sacerdotes, sino para armar la estrategia de ataque contra un grupo de guerrilleros que, según el Alto Mando del Ejército, se habían escondido en la universidad.
La versión de Montano también coincide en un punto con lo recogido en el informe de la Comisión de la Verdad: el informe relató en 1993 que el Alto Mando tenía información de que había 200 guerrilleros escondidos dentro del campus.
Esta es la primera vez, en 24 años, desde que el informe se hizo público, que Montano admite la existencia de aquella sesión del Alto Mando con el presidente, y que sirvió para tomar decisiones operativas en el marco de la ofensiva “Hasta el tope” del FMLN. Montano, en aquellos años responsable de la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, asegura que la reunión se convocó por la preocupación del Alto Mando sobre la posibilidad de que los guerrilleros en la UCA pudieran tomarse las aledañas colonias Palermo y Arce, donde muchos oficiales tenían sus residencias. Estas colonias, a su vez, son vecinas de lo que en aquel momento era el Ministerio de la Defensa y el actual Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.
En su declaración, de aproximadamente 45 minutos, Montano, de 74 años, solo respondió las preguntas formuladas por su abogado, Antonio Alberca, y se acogió a su derecho de no declarar ante preguntas del juez ni de la querella.
Montano hizo numerosas referencias a la cadena de mando que rige en todas las decisiones operativas en la Fuerza Armada. Sin embargo, a la hora de hablar de la cadena de mando se cuidó en todo momento de no mencionar el nombre del presidente Cristiani ni de otros oficiales como el jefe del Estado Mayor Conjunto Emilio Ponce o el ministro de Defensa Rafael Humberto Larios. El abogado defensor tampoco le preguntó los nombres de los que tenían mayor jerarquía en esa cadena de mando.
Cuando El Faro le preguntó a Alberca si con eso podía interpretarse que él y si cliente estaban insinuando la complicidad del comandante general de las Fuerzas Armadas, el presidente Cristiani, Alberca dijo que no: “No lo estamos involucrando, para nada. Si fuera delito estar en una reunión el 15 de noviembre, pues entonces es culpable pero desde luego que no. No es así, se lo digo rotundamente, no estamos implicándolo”. El defensor no descarta citar a Cristiani como testigo que ayude a explicar cómo funcionaba la línea de mando dentro de las Fuerzas Armadas, pero aclara que no busca incriminarlo.
“No sería descartable llamar al señor expresidente, pero si se le llamase no sería para decir quién pudo tomar las decisiones o no, sino a modo nada más de lo que él pudo ser testigo, si el día 15 de noviembre en la reunión que tuvo a las 11 de la noche, él escuchó, o vio, o intuyó que alguien estaba ordenando la muerte de los señores de la compañía de Jesús”, dice Alberca. Este abogado es un penalista español que, desde 2011, ha representado los intereses de los militares salvadoreños procesados ante la Audiencia Nacional. En 2011, la Audiencia Nacional libró el auto de procesamiento contra una veintena de militares salvadoreños (de los cuales ya solo están procesados 17).
Desde el martes 19, El Faro intentó obtener una reacción del expresidente Cristiani a través de su asistente personal. Al cierre de este nota no hubo respuesta.
En su declaración, Montano insistió que en esa reunión no se planificó el crimen. “Mi cliente habló por sí mismo, desde luego no implicó al señor Cristiani. El señor Montano ha mantenido que, delante suyo y en la reunión que tuvo el 15 de noviembre, a las 11 de la noche, en el Ministerio de Defensa, en ningún momento ni escuchó que se iba a matar a nadie, ni al señor Ellacuría ni a nadie. Es inocente”, dice el defensor Alberca.
La orden de matar a los jesuitas 'no se tomó el 15'
Gracias a la presencia de Montano en España, el caso se acerca cada vez más a la celebración de juicio. En su declaración indagatoria, Montano ocupó la mayor parte del tiempo para negar cualquier participación suya en el crimen y, en pocas palabras, se perfiló a sí mismo como alguien que nunca se enteró de la decisión de ejecutar a Ellacuría y no dejar testigos. “La defensa no ha puesto en duda quién tomó la orden de matar al señor Ellacuría, porque directamente lo que decimos es que esa orden no salió de la cúpula militar el día 15 de noviembre ni del presidente, y que esa decisión no se tomó el 15 de noviembre y que nadie habló de eso”, dice el defensor de Montano, Antonio Alberca.
Según la Comisión de la Verdad, la reunión fue en la sede del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, situado a menos de un kilómetro de la UCA. El jefe del Estado Mayor era el coronel René Emilio Ponce. Según ese informe, Montano y otros oficiales como Ponce, el también comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña Juan Rafael Bustillo; el entonces viceministro de la Defensa Juan Orlando Zepeda; y el entonces ministro de Defensa, Rafael Humberto Larios, se quedaron en un pequeño comité donde se tomó la decisión final de asesinar a Ellacuría y no dejar testigos. El coronel Guillermo Alfredo Benavides, director de la Escuela Militar, recibió la orden y juntó a los oficiales a su cargo para anunciarlas las instrucciones que había recibido.
En su declaración, Montano brindó más detalles de la reunión que arrancó el 15 de noviembre. “En la reunión, el Alto Mando se convenció de evitar que se hicieran ataques contra la UCA usando la Fuerza Aérea porque eso podía implicar muchos daños civiles”, según dijo a El Faro una de las fuentes judiciales que estuvo presente en la declaración de Montano.
El abogado de Montano confirma que eso fue parte de lo que manifestó su cliente: “Lo que le recomendaron al presidente fue no usar las fuerzas de manera indiscriminada contra la población civil, porque eso se le podía volver en contra, se iban a ganar el descrédito internacional y se iban a echar encima a la población civil que era lo que pretendía la guerrilla”, dice Alberca.
Sobre la orden verbal de asesinar a Ellacuría, Montano dijo no haber escuchado nada. “Pero esa orden es algo que el señor Montano no lo vivió, ni lo vio”, asegura Alberca.
Montano dijo también en su declaración que no tenía relación alguna con la radio del Ejército, la Radio Cuscatlán desde donde, según el auto de procesamiento emitido en 2011 por el Juzgado central de instrucción N°6, se transmitieron amenazas contra Ellacuría y los jesuitas de la UCA por considerárseles los “cerebros” del FMLN. “Negó todo lo relacionado a la radio, negó todo, cualquier relación, dijo que no sabía de las amenazas y que además no era su papel como viceministro”, dice a El Faro una de las fuentes que escuchó el testimonio del militar.
Para el abogado de Montano, que se vincule a su cliente con las amenazas desde la radio no tiene fundamento: “No hay ni un solo testigo de que se vertieron esas amenazas… Ni una tan sola prueba, ninguna grabación, ni un testigo que diga exactamente qué era lo que se entendía por amenaza. Ahí no hay nada de nada”, dice Alberca.
En su declaración, Montano también destacó el papel de mediador que Ellacuría tenía entre el presidente Cristiani y la guerrilla. “Montano dijo que sabía que entre las peticiónes de la guerrilla estaba la desaparición de La Tandona, algo a lo que él y los otros miembros no estaban dispuestos”, dijo a El Faro una fuente judicial que presenció la declaración del militar.
La Tandona es la generación de oficiales graduados de la Escuela Militar en 1966 y que se caracterizó por tener una cantidad mucho mayor de miembros, respecto del resto de generaciones. También resultó, a medida que sus integrantes se convirtieron en personajes de alto relieve en el Ejército y en el gobierno, en la generación con más señalamiento de abusos y violaciones a los derechos humanos, así como también, ser la principal resistencia para que el presidente Cristiani firmara la paz en 1992.
Durante su declaración, entre las pocas cosas que Montano reconoció como ciertas está que él forma parte de “La Tandona” y que el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl (BIRI Atlacatl) había intervenido en el campus de la UCA. La misión de los soldados del Atlacatl, dijo Montano, era buscar a los supuestos guerrilleros que estaban ahí escondidos para luego atacarlos. Según las fuentes judiciales consultadas por el Faro, Montano detalló que fue el jefe del Estado Mayor, el entonces coronel Ponce (ya fallecido), quien autorizó al director de la Escuela Militar, Guillermo Benavides, el uso del Atlacatl, pues en la Escuela solo había cadetes que no estaban preparados para un asalto.
En una entrevista con El Faro, el entonces segundo al mando de la Escuela, Camilo Hernández, aseguró que se negó a dar la orden de proceder con el asesinato del rector de la UCA, pero admite que él personalmente dio a los soldados del Batallón Atlacatl el rifle AK-47 con que debían asesinar a Ellacuría.
Alberca sostiene que la supuesta participación en el crimen de su cliente, según la plantea el auto de procesamiento, no puede ser considerada delito. “Aunque así haya ocurrido, que se haya dado esa orden (de asesinar a Ellacuría) delante de mi cliente, eso no puede ser considerado un delito”.
Cuando su defensor le preguntó sobre su responsabilidad en el cateo previo que había ocurrido en la UCA antes del asesinato, Montano dijo no haberlo ordenado; aunque admitió que él tenía potestad de ordenar cateos, pero ese tipo de decisiones operativas le correspondían al jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce. “Montano insistió en la existencia de la cadena de mando para la toma de decisiones y que estas no se tomaban por consenso”, dijo el abogado Alberca a El Faro.
El rol de Cristiani
El padre José María Tojeira había indicado, en el 2000, cuando la UCA pidió la apertura del caso en contra de los autores intelectuales, que Cristiani ayudó a encubrir el crimen porque su administración incumplió el mandato de los Acuerdos de Paz, de enero de 1992, de depurar a los militares señalados por crímenes de guerra y que, por el contrario, en algunos casos, los condecoró y ascendió al grado de generales.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, Cristiani fue consultado por el Alto Mando (Estado Mayor Conjunto y comandantes y militares) en la noche del 15 de noviembre sobre las medidas que habían acordado para enfrentar la ofensiva guerrillera: 'El coronel Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN. También se decidió en la reunión aumentar los bombardeos de la Fuerza Aérea y usar artillería y vehículos blindados para desalojar al FMLN de las zonas que controlaba', dice el informe.
Cristiani, continúa el informe, se reunió con el Alto Mando entre las 12:00 (de la medianoche) y las 2:30 de la madrugada del día 16, y según su propia declaración, aprobó un nuevo dispositivo de uso de unidades blindadas del regimento de Caballería y de piezas de artillería, y en ningún momento de esa reunión se trató tema alguno relacionado con la UCA'.
En 2000, cuando el Idhuca se presentó como querellante, describió la participación de Cristiani como la de alguien que tenía conocimiento de todas las decisiones del Ejército. 'Como Comandante Supremo del ejército, el expresidente era una persona que por su cargo tenía dominio del hecho', decía el escrito del Idhuca.
La acusación del Idhuca señalaba que en el archivo no confidencial de la Comisión de la Verdad, una carta firmada por el general Ponce (ya ministro de Defensa) y el ministro de la Presidencia de Cristiani (Óscar Santamaría) daba cuenta de presiones por parte de ellos a la Comisión de la Verdad 'para que no mencionara nombres de las personas implicadas en violaciones de derechos humanos en su informe'.
17 años después de aquella acusación en las cortes salvadoreñas contra Cristiani y los militares que conformaban el alto mando, la UCA ahora ha cambiado de postura, y la defensa de Montano en España también quiere aprovechar esa ventana para su cliente.
El jueves 7 de diciembre, el director del Idhuca, el padre Tojeira, informó la nueva postura de la universidad en una entrevista televisiva. 'Cuando se dé (sic) la reapertura del caso, vamos a pedir el sobreseimiento del expresidente Cristiani. Estoy convencido de que a él no se le informó previamente [de asesinar a Ellacuría]', dijo Tojeira, en la entrevista de República 33.
Ese mismo día, la Fiscalía de El Salvador había pedido la reapertura del caso en el juzgado Tercero de Paz, donde solo estaban acusados por el delito de asesinato los supuestos autores intelectuales, entre ellos Montano y el expresidente Cristiani.
Para justificar su petición de reapertura, la Fiscalía dijo al juzgado que la Sala de lo Constitucional ordenó desmontar la Ley de Amnistía General en una resolución de julio de 2016 , en la que también ordenó al Estado que investigue los crímenes narrados en el informe de la Comisión de la Verdad, como el de la masacre en la UCA.
Si el caso se abre en El Salvador, la Fiscalía podría encontrar nuevos indicios sobre quiénes perpetraron los ocho asesinatos, quiénes los ordenaron y quiénes lo encubrieron. La UCA no descarta que puedan aparecer nuevos indicios contra el expresidente Cristiani. 'A partir del informe de la Comisión de la Verdad, hay indicios de su supuesta participación [de Cristiani] en el encubrimiento. Ahora bien, eso es con respecto a aquellas investigaciones, habrá que esperar el alcance de las nuevas que debería realizar la FGR, con la reapertura', dice a El Faro el abogado del Idhuca Manuel Escalante Saracais.
Esta declaración va en sintonía con un comunicado que la UCA publicó el 13 de diciembre en el que decía: 'La querella se orientará hacia el combate contra la impunidad de la responsabilidad militar, sin que esto implique una renuncia prematura a ampliar la acusación particular, en su momento, máxime si las nuevas investigaciones impulsadas por la Fiscalía arrojan elementos probatorios que justifiquen tal ampliación'.
Desde España, la defensa de Montano también quiere aprovechar para su cliente el hecho de que Cristiani, por lo pronto, ya no podría ser enjuiciado en El Salvador por el crimen de los jesuitas. Cristiani está a un paso de ser excluido del único proceso en el que había sido acusado como autor intelectual del crimen, a petición de la misma UCA. “Si coincide que por eso piensan que el señor Cristiani es inocente, el mismo tratamiento supongo que tendrían que dar al señor Montano”, dijo Alberca.
La batalla legal en Madrid
La declaración de Montano forma parte del proceso iniciado en 2008 cuando dos organizaciones no guberamentales –Center for Justice and Accountability (CJA) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España- presentaron una querella conjunta ante la Audiencia Nacional en la que demandaban la apertura de la investigación, valiéndose del principio de justicia universal de los tribunales españoles. Ahora el caso se enrumba hacia la celebración del juicio aunque faltan algunos pasos procesales que cubrir.
Antes de tener como domicilio una cárcel en la ciudad de Estremera, Montano estuvo cuatro años detenido en Estados Unidos tras admitir culpabilidad en un fraude migratorio . Luego de que, en 2009, la organización querellante CJA alertó que en EUA estaba uno de los militares procesados en la Audiencia Nacional por el crimen de los jesuitas, las autoridades comenzaron a buscarlo.
Desde 2006, Estados Unidos tiene por política doméstica no servir de refugio para personas acusadas de graves violaciones a derechos humanos. Montano estuvo 21 meses recluido por fraude y luego pasó a prisión preventiva en lo que Estados Unidos decidía su extradición a España. Montano utilizó todos los recursos legales que tuvo a su alcance para impedir la extradición a España, pero la decisión final la tomó la Corte Suprema de Justicia del país norteamericano el 15 de noviembre pasado, en la víspera del aniversario número 28 de la masacre.
Tras su llegada a España, el abogado Alberca intentó, sin éxito, que su cliente fuera trasladado a un centro médico. Pero el juez libró un auto de prisión contra Montano. Alberca sostiene que apelará esa decisión porque en Estremera no recibirá toda la atención médica que requiere como sobreviviente de un cáncer de vejiga y problemas de espalda. “No hay un riesgo de fuga, el señor Montano, por su condición, no puede ir a ningún lado', dice.
Hace un mes, durante una comparecencia ante un juzgado en Estados Unidos, Montano sufrió una caída, se golpeó la cabeza, y su abogado ahora dice que eso le provocó un espasmo muscular también.
Aun no hay fecha para la celebración del juicio del caso jesuitas, y tanto los abogados de la acusación como los de la defensa coinciden en que pueden pasar muchas semanas o meses. Lo único que se sabe es que Montano, por ahora, es la pieza que ha permitido que el caso siga su curso. Para la apertura al juicio falta, sin embargo, que ocurran varios pasos: el cierre de sumario (que en el caso de Montano se volvió a abrir para aportar más pruebas), que el caso suba a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, que se confirme el sumario (o bien se sobresea a Montano). Si se confirma el sumario, sigue la etapa de “presentación de conclusiones”, en la que cada una de las partes entrega al juzgado un escrito con conclusiones numeradas. Y finalmente, después de todo eso, se señala fecha para el juicio.
Para el abogado de Montano, la acusación tiene varios problemas de origen. Uno de ellos, es que el caso se ha montado sobre el informe de la Comisión de la Verdad, un informe del cual Montano, según su defensor, nunca logró defenderse. “Se ha ensalzado mucho el informe de la Comisión de la verdad, y es un informe muy opaco, muy opaco. A mi cliente no le llamaron para rebatir las aseveraciones que ahí se hacía, y a eso se le ha dado la categoría de prueba o de verdad”, dice Alberca.
Según confirmó el defensor, Montano dijo en su declaración que uno de los autores del informe de la Comisión de la Verdad era Benjamín Cuéllar, exdirector del Idhuca, y que por eso el informe no tenía credibilidad. Cuéllar, en una comunicación a periodistas, desmintió esa aseveración el lunes 5 de diciembre.
Lo curioso es que con su testimonio, Montano ha validado algunos tramos del informe de la Comisión de la Verdad (la existencia de de la reunión con Cristiani, la existencia de un operativo militar en la UCA, la presencia del Batallón Atlacatl en la UCA).
En las semanas o meses que pueden transcurrir hasta que la Audiencia Nacional abra el juicio, Montano intentará desmontar la idea de que el Ejército salvadoreño era una organización terrorista porque con eso atacaría la raíz de la acusación que, en pocas palabras, dice que la muerte de las ocho personas fueron asesinatos terroristas. “Lo que ocurrió fueron unos asesinatos, graves, que consideramos infames, pero que no pueden ser encuadrados como terrorismo. Ni el Ejército salvadoreño ni el Gobierno salvadoreño creemos que son organizaciones terroristas”, dice el defensor.
Esta lectura de los hechos tiene un segundo propósito: quitarle la autoridad a la Audiencia Nacional de España de investigar y enjuiciar el caso. “Si se descarta que hubo terrorismo, España deja de tener competencia para conocer el delito de asesinato”, resume Alberca. Una reforma a la Ley Orgánica Judicial de España en 2014 restringió el alcance de la jurisdicción de los tribunales españoles, entre ellas la Audiencia Nacional que había comenzado a investigar el caso bajo el principio de justicia universal. La reforma obligó a que todos los casos abiertos bajo dicho principio podían continuar solo si entre las víctimas había ciudadanos españoles y si entre los delitos acusados estaba el de terrorismo, entre otros. “Creemos que acusar a los militares salvadoreños de asesinato terrorista es una simple argucia para España pueda enjuiciar este caso”, dice el defensor de Montano. “Por eso le están llamando asesinato terrorista, para que España pueda ser competente. Si fuera un simple asesinato, España no sería competente”, insiste. El caso sigue en la Audiencia Nacional por cinco de los seis jesuitas (uno era salvadoreño) y ya no por el delito de lesa humanidad, sino solo por asesinato terrorista.
Por eso fue que el exmilitar manifestó en su declaración ante el juez que en el año 1989, El Salvador era una república gobernada por civiles en la que el presidente Cristiani había nombrado, dentro de sus facultades, al ministro de Defensa, a los viceministros del ramo y a los demás miembros del Estado Mayor. Alberca dijo a El Faro que presentará más pruebas en esta línea. “El Salvador tenía un gobierno democrático, que no era una dictadura militar, que no eran terroristas ni el Ejército ni el gobierno, ni que ejecutaban actos terroristas”, dice.
Montano por eso ha pedido un sobreseimiento. La decisión podría tomarla tanto el juez de instrucción como el siguiente juzgado que conocerá el caso: el organismo colegiado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Alberca sostiene que la supuesta participación en el crimen de su cliente, según la plantea el auto de procesamiento, no puede ser considerada delito. “Aunque así haya ocurrido, que se haya dado esa orden (de asesinar a Ellacuría) delante de mi cliente, eso no puede ser considerado un delito”.
Desde el lado de la acusación, no obstante, los abogados Almudena Bernabéu, del Grupo Guernica 37, y Manuel Ollé, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, creen que un sobreseimiento es muy improbable debido a los indicios suficientes que hay contra Montano por su participación en el crimen. Bernabeu se cambió de organización hace un año y ahora trabaja para Guernica 37. La profesora de la Universidad de Stanford, Terry Lynn Karl, quien ha sido citada por la Audiencia Nacional como testigo experto en el caso, sostiene que Montano pertenecía al círculo más pequeño y cerrado de La Tandona, donde sus miembros actuaban en coordinación y con pleno conocimiento de los hechos que ocurrían en la guerra civil y, en mayor medida, durante la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989.
Para el defensor de Montano, todas las aseveraciones de Karl deben ser probadas en el juicio. “En la causa no están los informes de los norteamericanos, entonces vuelves a lo mismo, la doctora dice que tiene un informe, ‘que según he estudiado’, y ‘según he visto con algunos informes desclasificados’. Pero veamos los informes de EUA y ya lo valoraremos, ya veremos si ahí lo dice claramente o no”.
Que Montano llegue a Madrid también permitirá que se ventilen ante la opinión pública todas las pruebas recabadas para luego llegar al veredicto. Sin la presencia de este coronel que sirvió al Ejército salvadoreño entre 1963 y 1994, la Audiencia Nacional estaba amarrada de manos para abrir la última de las etapas del proceso porque la Constitución española prohíbe que se someta a juicio a alguien ausente, y que se condene sin haberlo oído en juicio.
