“A pesar de las marcadas diferencias ideológicas, los enfoques de seguridad de los principales partidos son sorprendentemente similares”. La frase ha sido extraída de ‘Política y la violencia perpetua’, el primer informe específico sobre El Salvador elaborado por el International Crisis Group, uno de los tanques de pensamiento más prestigiosos del mundo. Plasmada en un reporte de 51 páginas, la investigación señala el “robusto sistema bipartidista dominado por el FMLN y Arena” como uno de los elementos que han agravado los problemas de inseguridad en el país, “una violencia excepcionalmente intensa y persistente”.
El informe pone el dedo en la llaga: “Los dos antiguos enemigos de guerra han pujado por la supremacía democrática, usando repetidamente la política de seguridad con fines electorales buscando satisfacer la demanda pública de ‘mano dura’ contra las pandillas. Si bien el gobierno ha cambiado de manos, las mismas estrategias de seguridad han persistido”.
El International Crisis Group, conocido internacionalmente como Crisis Group o por su sigla ICG, es una organización no gubernamental que se define como independiente y sin ánimo de lucro. Trabaja en los cinco continentes, combinando “el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel”, todo con la idea de “prevenir y solucionar conflictos”. Opera desde 1995, su sede central está en Bruselas (Bélgica), y en el continente americano monitorea la situación en Colombia, México, Venezuela, Haití y en el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador.
El año 2017 ha sido el primero de trabajo intenso en El Salvador. El informe ‘Política y la violencia perpetua’ es el resultado de meses de investigación, que incluyen más de 70 entrevistas con funcionarios de alto nivel, expertos en seguridad y representantes de partidos políticos, de organismos internacionales y de la sociedad civil, así como visitas a zonas controladas por pandillas en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, donde pudieron hablar con víctimas.
“Es nuestro primer informe sobre El Salvador, y quizá el primero que se ha hecho desde una organización independiente e internacional como Crisis Group sobre la estrategia de seguridad nacional, tanto la actual como también la de los últimos 15 años”, dice Sofía Martínez, analista para el Triángulo Norte del ICG. “Reprimir y perseguir el crimen es necesario, pero tratar por igual a los supuestos criminales y al casi medio millón de personas que en teoría viven bajo su yugo puede llegar a ser contraproducente. El trabajo con población en riesgo y pandilleros que quieran salirse del grupo tiene que dejar de ser un tabú para convertirse en la razón de ser de la política de seguridad”, agrega.
Uno de los “cuellos de botella” identificados es el uso político que hacen del tema de seguridad los dos partidos mayoritarios, plasmado en la apuesta inequívoca por la represión que –con excepción del paréntesis que supuso la Tregua (2012-2015)– han ejercido todos los gobiernos desde que arrancó el siglo XXI.
“Las estrategias preventivas están más sobre el papel que en la práctica. El sistema bipartidista altamente competitivo de El Salvador orienta a formular políticas que sean políticamente y electoralmente atractivas en lugar de aquellas que abordan las múltiples causas detrás del fenómeno de las pandillas”, señala el informe, un jarro de agua fría para los dirigentes y simpatizantes tanto de Arena como del FMLN, que en general tienden a responsabilizar al adversario político del desarrollo de las maras.
No sólo en clave política
Si bien es uno de los aportes más significativos de la investigación, esta no se limita a los señalamientos en clave político-partidaria.
El informe reconfirma ideas que están desde hace tiempo en el ambiente, como la inequívoca gravedad de la situación de violencia que afecta al país: “Una violencia excepcionalmente intensa y persistente enfrenta a pandillas callejeras rivales entre sí, así como contra la Policía y el Estado”. Este escenario tiene consecuencias: “Sus recientes tasas de homicidio están entre las más elevadas del mundo; sus cárceles, entre las más superpobladas; y su principal pandilla, la Mara Salvatrucha (MS-13), es sinónimo de la amenaza de la migración indocumentada para el presidente estadounidense Trump”.
Al igual que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Crisis Group también consigna en su informe “las acusaciones de brutalidad policial y ejecuciones extrajudiciales”. Asimismo, identifica las ‘Medidas extraordinarias’ del actual gobierno efemelenista como una política pública eminentemente represiva, como en su día lo fueron los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, ejecutados por gobiernos areneros.
“Las detenciones masivas, el encarcelamiento, así como la militarización de las labores policiales se han convertido en la moneda corriente, ya sea bajo el mando de las élites conservadoras o de las antiguas guerrillas”, consigna el ICG en el resumen ejecutivo.
El International Crisis Group cuestiona cómo se está implementando, pero rescata el marco teórico y conceptual del Plan El Salvador Seguro, sobre todo lo referido a las apuestas por la prevención y la rehabilitación. De hecho, entre la recomendaciones que hace al gobierno está la de “implementar plenamente los cinco ejes del Plan”, una acusación velada de que no se está haciendo en la actualidad.
Sobre lo que le espera al país a corto y medio plazo, el ICG dinamita el optimismo del gabinete de seguridad en su estrategia, y anuncia un año 2018 complicado: “Lejos de disminuir, la inseguridad extrema de El Salvador podría intensificarse en 2018 a medida que una serie de amenazas amenazan el país”.
En concreto, los analistas ven un serio peligro en la políticas migratorias de la Administración Trump en Estados Unidos, que podría desembocar en “deportaciones masivas”, no sólo de personas ligadas con las pandillas. El hipotético final del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) es, según Crisis Group, un factor que podría complicar aún más la seguridad pública.
Por último, entre las recomendaciones recogidas en la investigación está la de no cerrarse al diálogo con los pandilleros como estrategia de resolución del conflicto.
“El punto muerto ocasionado por un desgastado conjunto de políticas de seguridad y un fenómeno pandillero que se nutre del ostracismo y el desprecio del resto de la sociedad salvadoreña sólo puede resolverse transformando el enfoque respecto a los dilemas de seguridad del país”, plantea el ICG. Para ello, y aunque “los principales partidos y la opinión pública se oponen a cualquier insinuación de negociación con las pandillas, la realidad en muchas áreas pobres es un encuentro diario inevitable con estos grupos”. Ante esta realidad, apuntalada por las dimensiones que han adquirido las pandillas en la sociedad, “tolerar estas iniciativas de base es fundamental para desarrollar la confianza necesaria para un futuro diálogo”.
Las conclusiones
El Faro reproduce íntegros los cuatro párrafos en los que el ICG condensa las principales conclusiones de su investigación:
“La crisis de seguridad crónica de El Salvador es una advertencia para Latinoamérica y el mundo sobre cómo las consecuencias imprevistas del fracaso de un posconflicto pueden ser más letales que la propia guerra. Un cuarto de siglo después de la firma de los Acuerdos de Paz, a menudo se dice que El Salvador está sufriendo una 'nueva guerra' entre el Estado y las pandillas. Sin embargo, esta 'guerra' es más bien una manifestación del colapso social: las partes enfrentadas carecen de cohesión, la violencia pandillera por ahora no tiene un claro objetivo político, y los civiles más afectados por la inseguridad, en su mayoría jóvenes procedentes de entornos de bajos ingresos, son a la vez víctimas y victimarios”.
“Durante los últimos 15 años, las pandillas han aprendido a protegerse de las diversas políticas de seguridad del Estado transformando sus operaciones y su organización interna. La actual sofisticación de estos grupos, así como el reiterado fracaso a la hora de abordar sus raíces socioeconómicas –raíces que en sí mismas son profundizadas y perpetuadas por la continua violencia–, indica que muchas de estas políticas, incluso las que apuntan a la prevención más que a la represión, deberán ser reformadas y fortalecidas si pretenden frenar el derramamiento de sangre en El Salvador”.
“En el marco del Plan El Salvador Seguro, el gobierno ahora tiene la oportunidad de lanzar programas de rehabilitación concertados y aprovechar el gran número de pandilleros que aparentemente estarían dispuestos a salir de la vida delictiva. Los acuerdos entre partidos serán fundamentales a la hora de diseñar proyectos para fortalecer la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil, así como para preparar mecanismos de integración de cara a las deportaciones masivas que se darán si es que Washington no renueva el programa de TPS para los residentes salvadoreños. Asimismo, minimizar el riesgo de violencia durante las elecciones locales y legislativas de marzo de 2018 dependerá de la buena voluntad y cooperación de los dos principales partidos”.
“El hecho de que el FMLN y Arena se hayan alternado pacíficamente en el poder durante los últimos 25 años tras una guerra civil brutal es una señal de que los salvadoreños son capaces de encontrar la reconciliación frente a las adversidades. El país y sus vecinos continuarán expresando su indignación hacia los actos criminales de las pandillas. Pero esta violencia es la manifestación más reciente, y probablemente no la última, de la larga y dolorosa brecha social del país. Una brecha que, de ser ignorada por la actual y futura política de seguridad, estará condenada a prorrogar la violencia durante varias generaciones”.
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En este enlace puede descargar completo el PDF del informe ‘Política y la violencia perpetua en El Salvador’.
