El jefe de la Misión de la OEA contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Juan Jiménez Mayor, amenazó este miércoles con el retiro de la misión si el Congreso no deroga una polémica ley, aprobada en los últimos días, que frena las investigaciones de corrupción que su oficina realiza en conjunto con la Fiscalía.
“Estamos investigando a más de 60 diputados y exdiputados, incluyendo al presidente del Congreso, además de a la exprimera dama. ¡Si iniciamos una investigación no pueden detener esa investigación!”, reclamó Jiménez Mayor en conferencia de prensa.
La reforma legal aprobada el pasado 18 de enero otorga competencia exclusiva al Tribunal Superior de Cuentas para todas las investigaciones relacionadas con manejo de fondos públicos y le quita a la Fiscalía la potestad de judicializar casos de corrupción mientras el Tribunal de Cuentas no determine la existencia de irregularidades. La ley es además retroactiva, porque aplica a todos los manejos de fondos públicos desde 2006. “Durante esté en proceso la auditoría e investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que esta tenga el carácter de firme y ejecutoriada, no procederá ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”, dice el controversial artículo 238 con el que cierra la ley del presupuesto, conocido ya como el “pacto de impunidad”.
La MACCIH y la fiscalía hondureña denunciaron en diciembre pasado la existencia de una red de corrupción que desde el Congreso otorgaba fondos a organizaciones no gubernamentales para proyectos sociales pero que terminaban en las cuentas bancarias de varios congresistas. Los investigadores dijeron tener suficientes pruebas contra cinco legisladores y solicitaron al Congreso retirarles el fuero para procesarlos. En vez de ello, los diputados aprobaron esta reforma legislativa.
Según las investigaciones, los cinco diputados involucrados en el escándalo recibieron fondos provenientes de varias organizaciones no gubernamentales destinados a proyectos sociales. Todos ellos votaron después por la destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se oponían a la reelección del presidente Juan Orlando Hernández; y por el nombramiento de sus sustitutos que despejaron el camino para la reelección.
El primer gran logro de la reforma fue bloquear esta investigación: este miércoles 24, los cinco diputados acusados en el caso conocido como “Red de Diputados” han sido liberados por la jueza y magistrada Alma Guzmán, que aplicó en su tribunal la nueva normativa. Guzmán tenía programada una audiencia del caso la semana pasada, pero esta fue suspendida y reprogramada para la tarde de este miércoles. La reforma fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero, y cinco días bastaron para que la jueza aplicara la nueva normativa y resolviera que el proceso queda aplazado hasta que el Tribunal Superior de Cuentas concluya la investigación administrativa, para lo cual tiene tres años de plazo. “Este proceso ya terminó y esta gente está ya libre”, dijo a la salida del tribunal uno de los abogados defensores. “El juicio está ya acabado”
Pero este no sería el único caso de la MACCIH que se vería perjudicado. El vocero de la Misión denunció que la reforma podría afectar todos los casos correspondientes a las últimas cuatro administraciones, incluyendo el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño del Seguro Social y las investigaciones de coimas otorgadas por la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios en los gobiernos de Manuel Zelaya, Roberto Micheletti y Porfirio Lobo Sosa.
La MACCIH también investiga a otros 60 diputados de todas las bancadas, incluyendo al presidente del Congreso, Mauricio Oliva, de quienes sospecha que se beneficiaron de fondos públicos mediante el mismo esquema, explicó Jiménez Mayor. También hay directivos de 30 oenegés bajo investigación. La red pudo haber desviado $1,300 millones de lempiras -casi $60 millones de dólares-, dijo el funcionario.
Jiménez Mayor anunció que ha iniciado ya consultas con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para determinar si la misión continúa en Honduras, “al considerarse esta circunstancia como una injerencia inaceptable a la autonomía e independencia del poder judicial y del Ministerio Público, impidiendo el combate a la corrupción”.
El Congreso y la Corte Suprema de Justicia, dos de los tres poderes del mismo estado hondureño que pidió a la OEA el establecimiento de la Maccih, respondieron advirtiendo que Honduras es un estado soberano.
El Congreso emitió un comunicado en el que demanda a la MACCIH “respeto a las instituciones del Estado, a su independencia y autonomía y al libre ejercicio de sus atribuciones”. Además considera que la reforma, “lejos de generar impunidad, promueve transparencia”, ya que exige al Tribunal Superior de Cuentas investigar el uso de todos los fondos públicos. Pero esto ya era mandato del TSC, aunque no exclusivo, como ha quedado ahora establecido en la reforma legal, en la que además se impide a la Fiscalía ejercer el patrimonio de la investigación penal que le manda la constitución hondureña.
La Corte Suprema de Justicia, que podría determinar la inconstitucionalidad de la reforma legal, también respondió con un comunicado en el que recuerda que Honduras es un país soberano, y condena “cualquier presión e insinuación proveniente de personas, grupos o instituciones, nacionales o internacionales”.
La controversia se une a la profunda crisis política que atraviesa Honduras, en las vísperas de la reinvestidura del presidente Juan Orlando Hernández programada para el sábado 27 de enero. Su reelección ha sido cuestionada por las principales fuerzas opositoras, que acusan al mandatario y a su Partido Nacional de haber cometido un fraude en las elecciones del pasado 26 de noviembre y se niegan a aceptar los resultados.
Honduras está ahora militarizada y fuerzas sociales y políticas han llamado a tomas masivas de calles y aeropuertos.
Pero el llamado “Pacto de la impunidad” amenaza también con dividir a la oposición liderada por el expresidente Manuel Zelaya.
El diputado Rasel Tomé, del Partido Libertad y Refundación de Zelaya, se retiró de la sesión en la que fue votado el presupuesto y con él la cuestionada reforma. “Denuncié que era una sesión ilegal, que no podíamos aceptar que se sometiera a votación un presupuesto que no se había discutido”.
Según la versión de Tomé, varios diputados de su partido se retiraron de la sesión, pero no todos. Entre los que se quedaron estaba el expresidente Zelaya Rosales, jefe de la bancada. “Hubo una reunión previa entre Mel Zelaya y Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, pero no sé qué hablaron ni quiénes de mi partido se quedaron o cómo votaron”. El Faro intentó obtener la versión del expresidente Zelaya, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido a nuestra solicitud.
La votación terminó con 60 votos a favor, 11 abstenciones y dos votos en contra, pero debido a que no estaba conectado el registro electrónico aún no se sabe qué diputados aprobaron la propuesta.
