La noche del jueves 21 de diciembre, los 71 congresistas fujimoristas tenían un plan para conquistar la presidencia del Perú (que les fuera esquiva en el 2011 y 2016), vía aprobación legislativa de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien pensaban destituir por incapacidad moral. Para ello tenían en la mano, además de los 71 votos de su monolítica agrupación, los de algunos otros parlamentarios afines, entre ellos los del histórico partido aprista peruano, devenido furgón de cola del fujimorismo. Con ellos alcanzaban los 87 votos que exige la ley peruana para decretar la vacancia.
Kuczynski, por cierto, había facilitado el camino mintiendo sobre sus vínculos y los de sus empresas con Odebrecht. La vacancia, pues, estaba cantada.
Sorprendentemente, casi a medianoche y después de una larga jornada parlamentaria, diez miembros de la agrupación fujimorista, encabezados por Kenji Fujimori (hermano de la líder del partido fujimorista Fuerza Popular, Keiko Fujimori), decidieron votar en abstención y dejar a favor de la moción por la vacancia únicamente a 79 representantes.
La discrepancia entre los hermanos Fujimori había llegado a su momento culminante. Mientras Keiko y la mayoría de parlamentarios de Fuerza Popular habían trazado una nueva estrategia de presión a PPK, Kenji urdió, junto a su padre, el exdictador Alberto Fujimori, un cuidadoso plan que pasaba por el acercamiento al gobierno, que pudiera dar lugar a la negociación que terminaría con Fujimori fuera de prisión: el canje del indulto presidencial por los votos contra la vacancia de PPK.
Tres días después y en la víspera de la navidad, Kuczynski indultó a Alberto Fujimori. Los entretelones de este acto confirman que no se trata sino de un pacto de impunidad: Solo cuatro días antes de la presentación de PPK ante el Pleno del Congreso, Fujimori había presentado la solicitud de indulto humanitario. Para su tramitación se conformó, en tiempo record, una junta médica, con dos miembros –de tres- relacionados íntimamente con el fujimorismo, que terminó recomendando el indulto “por razones de salud”. El proceso para el indulto demoró 13 días, el más rápido de la historia de las gracias presidenciales del Perú, donde hay reclusos que pasan años reclamando indultos humanitarios antes de morir en prisión.
La resolución que lo aprobó no explica las razones por las que se ha tomado la decisión de inaplicar las normas que prohíben el indulto para quienes cometen delitos como los de Fujimori. Tampoco se indica qué procesos penales son objeto de indulto y cuáles de conmutación, así como no existe ninguna referencia o explicación a la concesión del derecho de gracia para evitar el juzgamiento del proceso penal pendiente por el caso Pativilca (referido al asesinato de seis campesinos en 1992 a manos del grupo Colina).
Todas estas deficiencias del proceso podrían generar la nulidad del indulto. El mismo Kuczynski podría dejarlo sin efecto o los deudos y sus abogados pueden impugnar el indulto mediante una acción de amparo. También los deudos de los casos Barrios Altos y la Cantuta, que fueron resueltos en sentencias de la CIDH, ya han solicitado la supervisión de la ejecución de la sentencia referida a estos casos. Sobre esto, ya existe un antecedente: el siete de setiembre de 2012 la CIDH emitió la resolución de supervisión de la sentencia del Caso Barrios Altos, dejando sin efecto un fallo de la Corte Suprema que había excluido la calificación del hecho como delito de lesa humanidad y reducido la pena a los miembros del grupo Colina condenados por esos delitos.
Si, como afirmaba el jurista argentino, Sebastián Soler, el derecho es sentido común, la realidad penitenciaria peruana, con más de la mitad de reclusos sin condena y en cárceles imposibles, enterándose de que otro reo, con sentencia definitiva por delitos graves de corrupción y contra los derechos humanos, condenado a la pena máxima que impone el sistema punitivo peruano, ha recibido un indulto luego de unos pocos años de estadía en una prisión-boutique, parecería el argumento de un relato de ciencia ficción.
No lo es. Mirando esta historia, desde el filtro exclusivo del derecho, un indulto al ex dictador Fujimori era materialmente imposible. El artículo 2 de la Ley 28760 señala que no procede el indulto ni la conmutación de pena a los condenados por delitos de secuestro y extorsión. Fujimori, además de ser autor de delitos de corrupción y violación a los derechos humanos, fue condenado en el año 2009 por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer. La Ley 28760 fue promulgada en el año 2006 y contó, paradójicamente, con el respaldo voto favorable representantes del fujimorismo en el parlamento.
Pero además existe una insalvable incompatibilidad del indulto con el deber de los Estados de respetar y garantizar los derechos fundamentales, así como con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad. El Perú, que ha adscrito a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorpora como todos los Estados parte las disposiciones del Pacto de San José y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -su intérprete- a su derecho interno. Sentencias como las de los casos: Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, Velásquez Rodríguez vs. Honduras, “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Barrios Altos vs. Perú, Bulacio vs. Argentina y, Almonacid Arellano y otros vs. Chile despejan cualquier duda sobre la imposibilidad de la concesión de amnistías, indultos o cualquier tipo de gracia para sujetos que hubiesen cometido delitos de graves violaciones a los derechos humanos.
Así las cosas, la decisión presidencial de conceder un indulto a Alberto Fujimori debía pasar por la inaplicación de las normas que prohíben cualquier gracia a su favor por la gravedad de los delitos por los que fue condenado. Hace años sin embargo, en el Perú se venía discutiendo la posibilidad de que en uso de su prerrogativa constitucional de conceder indultos o conmutaciones de carácter humanitario, el Presidente de la República pudiera actuar por encima de las prohibiciones legales.
En el 2013, tras el primer pedido de indulto, el entonces Presidente Ollanta Humala debió recurrir al Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que establece criterios excepcionales para la concesión de gracias incluso para quienes hubiesen cometido crímenes tan repudiables como los de Fujimori. Luego de verificar que Fujimori no padecía una enfermedad terminal, no sufría condiciones carcelarias con carácter de precariedad que puedan poner en riesgo su salud y no padecía una enfermedad mental crónica, irreversible y degenerativa, decidió negarle el indulto.
¿Han cambiado en algo las circunstancias que en su momento justificaron la decisión del Presidente Humala? No. Fujimori no tiene una enfermedad terminal (algo que ni siquiera sus médicos de cabecera han podido afirmar), su lugar de reclusión superaba con creces el estándar de vivienda de ciudadanos pobres en libertad en el país y, a juzgar por la delicada estrategia que ha trazado desde prisión para obtener su libertad, está lejos de ser aquejado por una grave enfermedad mental.
Sus circunstancias personales no cambiaron, pero el país sigue una sinuosa trayectoria política, que lo hace tan dinámico como imprevisible. En las elecciones de 2016, Keiko fue protagonista, por segunda vez consecutiva, de una segunda vuelta electoral. Su derrota, cinco años atrás, ante Ollanta Humala, se debió al fantasma omnipresente de los crímenes del padre, de quien ella no supo –ni quiso- distanciarse. Esta debilidad fue aprovechada, cinco años más tarde, por Pedro Pablo Kuczynski para ganar las elecciones y dejar a Keiko sin la presidencia pero con un parlamento mayoritariamente fujimorista.
En el año y medio que PPK lleva al frente del Poder Ejecutivo, el Congreso fujimorista ha hecho impensables despliegues de poder para, de un lado, generar una situación de ingobernabilidad que le posicione como una fuerza política capaz de generar decisiones de Estado y, de otro, para contrarrestar la andanada mediática y tímidamente judicial que en el Perú ha cobrado la imputación penal y la prisión de los principales protagonistas de la política local, y que va cercando inexorablemente a su lideresa: el caso Odebrecht.
Hace unos días, de visita por Lima, pasé por el Lugar de la Memoria, un imponente museo en el que se explica el largo y sangriento proceso de la guerra interna peruana. Una sala contiene los testimonios de deudos y víctimas de violaciones a los derechos humanos durante ese periodo. Muchos de ellos fueron víctimas del Grupo Colina, el escuadrón de la muerte dirigido en última instancia por Alberto Fujimori.
Al salir, cerca de la puerta, bajo una de las placas recordatorias de las víctimas, divisé a una mujer que había levantado un altar en ese lugar y que parecía meditar compungida, acompañada solamente del resuello del mar de Miraflores. Era Marly Anzualdo, hermana de Kenneth, secuestrado y llevado a los sótanos del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), donde fue incinerado en 1993. Nos habíamos conocido algunos años antes, cuando participé como asistente en la investigación de Muerte en el Pentagonito (el libro de Ricardo Uceda que reveló varios de los crímenes del Grupo Colina). Me miró y me dio un largo abrazo. Me dijo que estaba allí recordando a su hermano, desaparecido un día como ese, 16 de diciembre.
Más allá del rastro indeleble de su dolor, la sentí aliviada, me dijo que el nombramiento de Víctor Quinteros (mi amigo y compañero en la investigación de Uceda) en el cargo de Director de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia, era una noticia feliz para ella y su familia.
Me fui pensando si acaso Víctor, uno de los principales responsables de la investigación del caso de la desaparición de Kenneth, podría también encontrar más pistas de su asesinato. Eso ya no sucederá. Como otros miembros del gabinete de PPK, Víctor Quinteros renunció dos días después del indulto, con una contundente carta dirigida al Ministro.
*El autor fue parte del equipo de la Procuraduría adhoc para el caso Fujimori-Montesinos y posteriormente fue Procurador Anticorrupción de Perú. Actualmente es parte del equipo de investigadores de la Misión de la OEA contra la Corrupción y el Crimen Organizado en Honduras, MACCIH.
Fe de errata: por un error en la edición, en la versión original de este artículo se publicó que Keiko Fujimori era diputada del partido Fuerza Popular. Esta versión fue corregida en la tarde del 5 de enero de 2018.
