En realidad, ya todos conocíamos la decisión anunciada por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos este lunes 8 de enero. Era muy difícil esperar otra cosa de una administración como la de Donald Trump, que se ha marcado como tarea desmantelar, entre otras, toda la agenda que ha favorecido a inmigrantes o refugiados, particularmente latinoamericanos, africanos y de países musulmanes.
Dentro de la pésima noticia de la finalización del TPS para salvadoreños, algún respiro hay en el periodo de gracia que acompaña la decisión estadounidense. A partir de marzo, los salvadoreños amparados bajo este permiso temporal contarán con 18 meses más de estadía legal en ese país, con todos los beneficios del programa.
Pero, más trascendente aún, eso da también 18 meses a El Salvador para fraguar un plan que permita integrar a los salvadoreños que retornen y para diseñar políticas de generación de recursos que aspiren a sustituir los ingresos generados en remesas por las familias salvadoreñas que, bajo ese programa, han vivido casi dos décadas en condiciones de estabilidad laboral y económica muy superiores a aquellos que viven indocumentados en ese país. Solo en 2015, los salvadoreños en Estados Unidos aportaron cuatro mil millones de dólares a la economía nacional; es decir la sexta parte de nuestro PIB.
El mayor obstáculo para esa planificación estratégica es que debe hacerse justo en 18 meses de intensa actividad electoral y de cambio de administración. Si hasta el momento ningún gobierno, ni de ARENA ni del FMLN, ha logrado articular soluciones de largo plazo a la balanza migratoria del país y a nuestra dependencia de esa constante exportación de personas, los calores electorales dificultan muchísimo más los debates serios y la planificación nacional que esta situación demanda.
Es lamentable evidenciar que, pocos minutos después de la noticia, ya había políticos salvadoreños culpando a otros políticos salvadoreños por la decisión estadounidense.
Hay que dejarlo muy claro: el único responsable de esta medida es la administración xenófoba que hoy controla el poder Ejecutivo en Estados Unidos. Todo lo demás es un vulgar intento de políticos locales de sacar ventaja de una situación lamentable y grave para todos.
El canciller Hugo Martínez ha dicho que en esos 18 meses el gobierno salvadoreño intentará cabildear con el Congreso estadounidense por la aprobación de alguna ley que abra el camino para la regularización definitiva de los cerca de 200,000 salvadoreños que, desde 2001, han hecho su vida allá amparados en el TPS.
Aunque hay muchas más posibilidades de lograr algo en un congreso bipartidista que en la administración de Trump, el camino es muy complicado y, según aceptó el Canciller, falta reclutar el apoyo de decenas de congresistas para alcanzar los votos que una ley de ese tipo requiere.
Vale la pena intentar este camino porque es el natural, de acuerdo con las experiencias previas de TPS, que han terminado casi todas en algún tipo de regularización definitiva para sus beneficiarios. Pero, mientras lo intenta, el país debe también prepararse para el eventual retorno de decenas de miles de familias salvadoreñas. El gobierno, sea del partido que sea, debe asumir que en este tema, que para el país norteamericano es materia de propaganda pero para nosotros es estructural, El Salvador ya no puede contar con Estados Unidos.
Algo tan impactante como el potencial retorno de 200 mil familias debe encender las alarmas en nuestro sistema político. Los partidos no pueden seguir jugando a sus irresponsables agendas de obstaculizar al rival. Es necesario que cuanto antes acuerden con otros sectores todo lo que el país requiere para avanzar, con la mirada puesta en septiembre de 2019: creación de empleos e inversión social. Depuración del sistema judicial, inversión en seguridad, mayor presencia del Estado en los sectores más frágiles de la población y alternativas concretas para que los retornados puedan invertir productivamente sus ahorros de años de trabajo.
La experiencia nos ha demostrado ya qué pasa cuando somos incapaces de atajar el problema de miles de retornados y planificar su reinserción en nuestras sociedades. La última vez que eso pasó se creó un monstruo que hoy tiene al país de rodillas.
Si la fuerza laboral que vendrá al país en 2019 no es recibida con nuevos plazas o posibilidades de empleo, terminará desplazando a los trabajadores locales. Las consecuencias son predecibles. Estamos ante una emergencia nacional.
