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Lo bueno y lo malo del Presupuesto 2018

Mauricio Silva

 
 

El viernes 5 de enero la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto con el cual el estado deberá operar en 2018. Es un presupuesto bastante similar a los aprobados durante décadas: se ocupa mayoritariamente de cubrir gastos corrientes, principalmente salarios y deja poco para la inversión. Y a pesar de ello, sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos, por lo que el país deberá contraer más deuda.

Este presupuesto se basa en ingresos que han subido constantemente en la última década, sobre todo porque los ingresos tributarios han subido; con un gasto del gobierno central e inflación de los más bajos de América Latina. Y con un gasto social que ha logrado mantenerse a pesar de las crisis financieras mundiales. Tenemos también un déficit fiscal estable y menor que los de los gobiernos de Arena, aunque con una deuda creciente. En general entonces, asistimos a un manejo financiero bastante razonable, muy alejado de aquellos fantasmas que siempre se presentan en épocas electorales contra los gobiernos del FMLN.

Pero es también, hay que decirlo, un presupuesto de estado que se queda corto para poder transformar el país.

Primero, tenemos una economía que no crece, fruto de la concentración de la riqueza, del énfasis en el consumo y de una grave dependencia de las remesas. La empresa privada y el gobierno no han logrado dar el cambio hacia una economía productiva y generadora de empleo. Segundo, nuestra carga tributaria no permite cubrir las necesidades sociales. La carga tributaria de El Salvador sigue estando por debajo del promedio: es una de las más bajas de América Latina.

Así como el presupuesto en sí, su proceso de aprobación tuvo también cosas buenas y malas. Hay que resaltar entre lo positivo el acuerdo pluripartidario que lo respalda. Los partidos empiezan siempre el proceso de discusión del presupuesto con diferentes visiones e intereses, pero al final, y después de concesiones de ambas partes y modificaciones acertadas (algunas negativas eran muy difíciles de defender) se logró un consenso. Pese al habitual discurso de antagonismos, los partidos han vuelto a demostrar que sí, pueden consensuar en temas nacionales: ninguno es el gran ganador o perdedor, pero la patria se beneficia.

Ese proceso de discusión incluyó el cuestionamiento de ciertos rubros del presupuesto, en discusiones que en muchos casos deben seguir abiertas como las que respectan al financiamiento de ONG, de las autónomas, a los fondos para subsidios, a la creación de plazas y los salarios de funcionarios públicos... Son temas importantes y su discusión debe continuar, buscando mayor lógica y criterios para poder reglamentar esos rubros.

Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo El Faro
 
Salón Azul de la Asamblea Legislativa. Foto: Archivo El Faro

Esta discusión sirvió para que varios partidos políticos y algunos entes civiles aportaran a la elaboración de un mejor presupuesto nacional. Y dio mayor transparencia al proceso. Aun así, como señala Héctor Dada en un artículo reciente en la revista Factum, la discusión del presupuesto necesita mayor transparencia e información a la ciudadanía.

El principal fallo, sin embargo, es que queda pendiente la principal tarea de los legisladores: la solución financiera de largo plazo. La Ley de Responsabilidad Fiscal fue un paso importante en esa dirección, pero no suficiente. Para que El Salvador logre un crecimiento justo y sostenible es necesario que el estado pueda cumplir con su función redistributiva y normativa, y para ello necesita un modelo claro de desarrollo económico, así como mayores ingresos. Eso implica identificar y apostar en serio por nuevos pilares de desarrollo económico y mayores impuestos.

También demanda, claro, mayor eficiencia en el gasto, especialmente en el principal rubro del presupuesto: los salarios públicos. No se trata de bajar salarios, pero sí de exigir y lograr mayor eficiencia por parte del servidor público. Es difícil argumentar en favor de reducir los salarios de los empleados del sector salud y educación, pero sí se les debe pedir mayor eficiencia y eficacia en su desempeño. Esa lucha les corresponde al estado, a los sindicatos, a la academia, a los padres de familia, y al funcionario público mismo.

Visto lo positivo, ojala esta tendencia al consenso y la discusión constructiva continúe en el año que empezamos. Sabremos pronto si estos deseos se cumplen si se acuerda un modelo de desarrollo económico en el cual la empresa privada y el estado aporten, si la Sala de lo Constitucional reinterpreta su mandato anteponiendo intereses de nación y deja de limitar las funciones fiscales del Ejecutivo, si el estado transparenta y hace más creíbles sus datos, si se da un pacto fiscal, si se concluye la reforma de pensiones, si se logra un acuerdo entre los sindicatos y el estado sobre los derechos y obligaciones del empleado público, si se aprueban los préstamos y donaciones pendientes que complementen las pequeñas inversiones aprobadas en el presupuesto, y si se dan aportes equitativos por parte de la academia y las instituciones de la sociedad civil en el área fiscal y financiera.

Esta es un área del estado en la que los aportes de todos pueden ser específicos, no partidarios y constructivos. Sería importante que así ocurra, especialmente en el ambiente electoral en el cual ya estamos, y en el que estaremos hasta bien entrado 2019.

 

*Mauricio Silva ha trabajado por más de 40 años en administración pública a nivel nacional e internacional. Tiene una maestría de Harvard y un PhD (ABD) de MIT en ese tema. Ha sido fundador e integrado la Junta Directiva en varias ONG. Actualmente es director por Centroamérica en el BID.

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