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El silencio no es opción para salvar la PNC

Bessy Ríos

 
 

Los últimos acontecimientos de violencia ocurridos adentro de la Policía Nacional Civil (PNC) han llamado la atención de la ciudadanía, porque se supone que la Policía nos brinda seguridad, pero las actuaciones de algunos de sus miembros apuntan en línea contraria. Los hechos ocurridos a finales de diciembre son graves: se trata de mujeres asesinadas y desaparecidas por compañeros policías, pero también se trata de una institución que desde un inicio jugó al encubrimiento, al menos en dos de los casos, al señalar que uno se trataba de un “suicidio”; y el otro de un “caso aislado”. La Fiscalía ya ha dicho que investiga un homicidio de una mujer policía asesinada adentro de la subdelegación de Zacamil, en Mejicanos; y el paradero de una mujer policía que fue desaparecida por otro agente, luego de una fiesta del Grupo de Reacción Policial celebrada en la sede de este cuerpo élite.

Los policías son autoridades que, al verlas, deberían generarnos confianza, pero estos hechos hacen un tremendo daño no solo a la imagen de esta institución, sino también a la población, que pasa de sentirse protegida a sentirse amenazada. Los indicios de encubrimientos tampoco generan confianza en una institución que muestra patrones de conductas violatorias de derechos humanos, pero desde la cual se nos pide que los veamos como “casos aislados”. 

Policías del GRP realizan un operativo en el municipio de Quezaltepeque tras el asesinato de un agente de la PNC. 3 de marzo de 2016. Foto: Fred Ramos
 
Policías del GRP realizan un operativo en el municipio de Quezaltepeque tras el asesinato de un agente de la PNC. 3 de marzo de 2016. Foto: Fred Ramos

En este caso, además, resalta el hecho de que el agente agresor ingirió bebidas alcohólicas en la delegación donde estaba asignado, mientras estaba de turno; que agredió tanto física como verbalmente a la agente, antes de cometer el feminicidio; y que, como sucedió en el caso del GRP, sus compañeros fueron cómplices silenciosos de esta circunstancia. Nadie se metió. Ojo: aquí existe el delito de omisión en el cumplimiento del deber, pues los agentes saben que deben intervenir en este tipo de casos. De hecho, lo hacen cuando atienden llamadas de emergencia en hogares, cuando la agredida o sus vecinos avisan que hay gritos y golpes. ¿Por qué en este caso no hicieron nada? ¿Dónde quedó la protección que se supone brindan las Unidades de Género? ¿Qué pasó con los mandos de esas unidades? ¿Por qué no protegieron a las agentes? Según relatos periodísticos, la agente asesinada en Mejicanos ya había sido maltratada con anterioridad, pero es casi seguro que NO habrá ninguna denuncia previa de violencia de género. ¿Dónde está la Inspectoría de la PNC? ¿Dónde está la Procuraduría de Derechos Humanos? Todos estos actores llegaron tarde para las asesinadas. Tampoco se sabe, al menos las autoridades no lo han dicho, si las víctimas dejan hijos en orfandad. Y tampoco se dijo ya nada más de la agente que se suicidó en Ilopango, un caso curioso también, y que llama la atención en cuanto a los factores que puedan llevar a una mujer policía a tomar la decisión de quitarse la vida.

En realidad TODOS les fallaron a ellas, y lo peor del caso es que el precedente que queda para aquellas agentes que siguen en la corporación es este: que es mejor seguir aguantando la violencia de género porque TODOS encubren al agresor: la Unidad de Género de la PNC -si es que existe- brilla por su ausencia; el director dio informaciones que apuntan a un encubrimiento de los hechos; NO hay ningún mando procesado; ISDEMU, el ente que se supone debe protegerlas de todo tipo de violencia, NO pasó de una reunión en la que entregó un protocolo -que nadie conoce y que debería ser público- al ministro de Justicia y director de la PNC. Para las agentes asesinadas NO sirvió protocolo alguno.

Lo ocurrido a las agentes policiales, además, deja un mensaje nefasto al resto de la sociedad. En concreto: a las mujeres salvadoreñas, que representamos más del 50 % de la población. Si los mandos, hombres, de la Policía han sido capaces de jugar al juego del encubrimiento cuando sus agentes, hombres, han asesinado y desaparecido a sus agentes, mujeres, ¿qué mensaje le llega a los hombres sin uniforme que violan, maltratan y asesinan a las mujeres en sus hogares, en sus comunidades, en la vía pública? Si el Estado y sus instituciones no reaccionan, pidiéndoles cuenta claras a los principales responsables de la PNC en dos casos de suma gravedad ocurridos en las instalaciones de la PNC, ¿qué mensaje le llega a todos los otros agresores que no están uniformados? El mensaje es uno solo: maltrate, viole, mate, desaparezca que aquí no le va a pasar nada.

Debemos ver más allá de las simples –demasiado simples- declaraciones del director Cotto, quien dice que se está investigando lo sucedido en el GRP, donde medió el alcohol, disparos, persecución, ayuda a una fuga y la desaparición de una mujer lesionada. Se ha ofrecido una recompensa de 5000 dólares por el paradero del agente que se supone es el agresor de su compañera de trabajo, pero nada se sabe de ella hasta el momento. La falta de claridad en la investigación de la propia Policía, los indicios de encubrimientos que aparecen también para este otro caso y las versiones encontradas generan confusiones y abren la puerta a la especulación. Los hechos por sí mismos han dañado a la PNC, pero la falta de una investigación diligente y de una deducción de responsabilidades también han abierto la puerta para que la ciudadanía se imagine el lado más oscuro de una institución que, una vez más, demuestra ser opaca: para estos casos se habla de que se encubre una violación colectiva, que hubo montajes de escenas… Pero lo cierto es que mientras escribo estas líneas, una mujer policía fue asesinada al interior de una delegación y otra sigue desaparecida, muy a pesar de los pronunciamientos de varias organizaciones e instituciones.

Es triste que a medida que avanzan los días somos menos las que estamos escribiendo sobre estos casos. Pareciera que las autoridades esperan que el tiempo haga su trabajo y estos se olviden, cosa que al menos para mí no es opción, porque Carla Ayala es una víctima que fue desaparecida por un agente del Estado, con apoyo de sus compañeros y asolapados por los mandos de la PNC, pero sobre todo del GRP, quienes dicho sea de paso no sabemos nada de ellos pues están bien escondidos y no dan la cara.

En estos casos es fundamental la presión que se puede hacer desde las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres, quienes –como he dicho- ya se han pronunciado. Pero no podemos esperar que sean solo ellas las que se muevan; porque más allá del hecho de que las víctimas hayan sido mujeres, este es un caso que afecta a una institución que debería cuidarnos, y no matarnos y desaparecernos, a todos por igual. Pero también es cierto que dado que las circunstancias en las que ocurrieron los hechos sugieren la presencia de la violencia de género, sí hay un llamado especial a las mujeres porque somos –organizadas o no- las que debemos estar vigilantes de estas circunstancias y pedir justicia, exigir respuestas. Esto se sigue desbordando: la violencia de género y la misoginia, a pesar de los esfuerzos, sigue arraigada incluso adentro de este cuerpo uniformado.

Es triste, además, que solo hasta ahora, cuando han asesinado y desaparecido a las agentes, que se habla de la violencia de género y la misoginia adentro de la PNC; cuando durante años, casi desde su fundación, se han reportado casos donde son los agentes hombres quienes han asesinado a sus compañeras de vida, con su propia arma de equipo o a través de otras formas más grotescas. Sabemos que el feminicidio es el último paso de un proceso de violencia. Estas esposas asesinadas sufrieron violencia por largo tiempo y en muchos casos denunciaron a sus parejas, pero al llegar la PNC no hace nada, pues es “un compañero” y la solidaridad de género se suma a la solidaridad de la pertenencia a un cuerpo uniformado. Esas mujeres quedan desprotegidas, a merced de su agresor, y quienes están llamados a protegerlas se retiran de su hogar y no hacen nada, en ocasiones se sabe que ya ni atienden las llamadas de auxilio.

De lo poco que queda por rescatar con estos casos es que la alarma es fuerte y sonora. Urge atender la salud mental de los agentes de la PNC, los casos de depresión, alcoholismo, consumo de drogas, explosiones de violencia, exceso de uso de fuerza… Urge profesionales de la salud. Que solo haya 33 psicólogos en la PNC es una burla, ya que estos tendrían una masa de 662 pacientes cada uno. Es urgente que no se baje la presión en ese tema, porque son agentes de seguridad pública que están armados 24/7 y somos la población civil los que corremos peligro si ellos se encuentran en tal desequilibrio. Esto es grave y deben generar procesos que vayan encaminados a atender esta necesidad de manera rápida, eficiente y efectiva.

En esta época electoral, existen muchos candidatos y candidatas que en la búsqueda de votos están haciendo uso del populismo punitivo y dando apoyos ciegos a la Policía; todo porque los estudios focales y las encuestas les dicen que la gente quiere escuchar que hay que matar delincuentes. Tengamos cuidado con esos populistas que no ayudan en nada y solo hacen ruido. Son tristes, por ejemplo, las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, quien se ha puesto del lado de los victimarios, reclamando que no debería darse una persecución contra un policía. Guillermo Gallegos ha llegado a decir que “errores cualquiera los comete”, comentario que me recuerda a otra frase igual de irresponsable y que busca justificar lo injustificable: “un tiro a cualquiera se le va”.

Quien de verdad apoya a la PNC busca que los agentes sean buenos agentes, lucha por condiciones laborales en dignidad y por salarios acorde a sus necesidades; les brinda todas las herramientas y apoyos para el equilibrio mental; pues un cuerpo policial sano garantiza para la sociedad un verdadero aliado. La gente se sentirá segura al ver un agente sano, confiable, ajeno a la impunidad interna.

La PNC necesita mucha ayuda de los políticos, sin duda, pero no para andar exculpándoles de todo lo que hacen, no para fomentar los malos hábitos ni a los malos elementos. La PNC necesita que lo que se recauda en el impuesto a la telefonía vaya donde corresponde. Eso sí es un verdadero compromiso de los diputados hacia la policía; no salir en todo momento diciendo “yo los apoyo, vayan y maten yo los defiendo”. Eso no es ni ético ni moral y ciertamente no es un apoyo diáfano a esta institución.

Ante todos estos casos y la urgente necesidad de la depuración en la Policía, está claro que el silencio no es opción para salvarla. Y ya, por último: ¿ya regresó de vacaciones el Grupo Parlamentario de Mujeres?

*Bessy Ríos en primera persona: "Opinóloga, madre de 4, esposa de 1, con 3 hermanas y 1 hermano, comprometida con mi conciencia. Mi certificación de nacimiento no trae títulos, solo dice: 'Bessy Ríos, hija de Cruz y Bessy'". 


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