Nuevas modalidades de conceptualizar la Guerra Fría no sólo como una confrontación entre la Unión Soviética y Estados Unidos, sino como una articulación entre luchas sociales y conflictos sociopolíticos de diferentes escalas, alcances y lógicas, permiten formular nuevas preguntas para investigar la presencia de militantes salvadoreños, exiliados en México desde finales de la década de 1970 y hasta los Acuerdos de Paz: ¿en qué espacios convergieron los militantes salvadoreños con activistas mexicanos? ¿Y, de qué manera incidieron estas interacciones en estrategias de acción, vinculación e imaginarios del activismo social y político mexicano? ¿Qué impacto tuvo la recepción de los procesos revolucionarios centroamericanos (especialmente de El Salvador) en las cosmovisiones, prácticas y métodos de organización en el activismo social mexicano? Y por último, ¿Cómo reaccionaron los organismos de inteligencia del Estado mexicano ante la presencia de los refugiados salvadoreños y la organización de un movimiento de solidaridad amplio que involucró a organizaciones populares y movimientos de la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI)?
En los siguientes párrafos se presentarán las convergencias entre militantes exiliados y activistas mexicanos desde tres perspectivas: 1) las prácticas políticas y estrategias de sobrevivencia de los militantes exiliados de las diversas organizaciones político militares que formaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); 2) la visión del activismo de izquierda mexicano, solidario con los movimientos revolucionarios centroamericanos; 3) la visión de Seguridad Nacional de los aparatos de seguridad, que orientaba las interpretaciones y visiones del Estado respecto a la presencia de los refugiados políticos salvadoreños, y las actividades de la solidaridad mexicana hacia estos.
La presencia de los revolucionarios salvadoreños en México estaba relacionada con los objetivos de la política exterior de los gobiernos mexicanos –sobre todo de la administración de José López Portillo y de Miguel de la Madrid– por impulsar una solución política y negociada a la crisis centroamericana, en general, y del conflicto salvadoreño en particular. La política exterior mexicana se fundamentaba tanto en el objetivo de alejar su tradicional orientación bilateral hacia Estados Unidos, como en considerar la situación en Centroamérica un problema de seguridad nacional para el país, por lo cual le correspondía a la diplomacia nacional fomentar un diálogo entre los adversarios políticos para reducir tensiones que podrían trasladarse a territorio mexicano, específicamente a Chiapas. Esta postura conciliatoria no excluye la decisión gubernamental de apoyar la revolución nicaragüense y reconocer al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como fuerza política representativa (Declaración franco-mexicana), compensada en parte al no otorgar el mismo trato hacia las organizaciones revolucionarias guatemaltecas. Si bien con la crisis de la deuda de 1982, el gobierno de De la Madrid moderó la postura mexicana respecto al apoyo a los procesos revolucionarios centroamericanos, los esfuerzos por impulsar un Plan Regional de Distensión se mantuvieron. La participación de México en el Grupo Contadora lo constata.
Aunque no había una política consistente de persecución y deportación de salvadoreños indocumentados, Gobernación daba un puntual seguimiento a las actividades políticas de los exiliados salvadoreños y su interacción con activistas mexicanos, como bien lo señalan los informes de inteligencia. Por otra parte, los militantes exiliados reconocían la posición contradictoria del gobierno mexicano de aceptar, por una parte, a los revolucionarios latinoamericanos perseguidos por sus gobiernos, pero a la vez reprimir a la izquierda radical mexicana. Asimismo, estaban conscientes de las restricciones a la actividad política, impuesta por las autoridades mexicanas, de no participar ni opinar sobre asuntos de política interior. Todos estos factores condicionaban la participación política y social de los refugiados, la cual se centraba, en consecuencia, en apoyar la lucha política y militar del FMLN en El Salvador.
Desde la perspectiva de los activistas salvadoreños, la Ciudad de México cumplía tres funciones: la de ser puente, retaguardia y voz de las organizaciones político-militares. “Puente”, porque para muchos militantes y combatientes, México se erigió como un punto de llegada para quienes tuvieron que abandonar su país por razones políticas, y de tránsito en caso de seguir el camino a Estados Unidos y Canadá o querer regresar a El Salvador. Para el logro de este propósito se constituyeron redes sociales de apoyo – muchas veces al amparo de parroquias y congregaciones– que resultaron importantes a la hora de sacar a personas en peligro y ofrecerles lugar de refugio en la ciudad. Empero, México y su capital también servían para que, en dirección inversa, pasaran “correos” desde terceros países (Cuba principalmente), los que incluían información, recursos y –de acuerdo a una entrevista– armamento para la revolución salvadoreña.
Conforme avanzaba la guerra y los activistas salvadoreños permanecieron, el “puente” se transformó en “retaguardia”. En efecto, gracias a estas posturas de política exterior, el FMLN consideraba a México como una plataforma ideal para el trabajo internacional de su aparato político-diplomático. Este trabajo se estructuraba de la misma manera que en El Salvador: la coordinación entre las cinco organizaciones político-militares del FMLN se realizaba en el nivel de la dirección, pero en el establecimiento de contactos y redes de solidaridad con organizaciones mexicanas cada organización atendía y cuidaba sus contactos y frentes de trabajo. Para sostener un pequeño aparato organizativo orientado a esta labor de solidaridad, las organizaciones político-militares destinaban algunos “cuadros” a la comunicación y difusión de asuntos relacionados con la coyuntura salvadoreña (centrados especialmente en los temas de la represión gubernamental y los éxitos militares de la guerrilla) y atención de los vínculos con organizaciones mexicanas, a cambio de brindarles cierta protección, estabilidad y un ingreso mínimo. Por ejemplo, a través de departamentos y casas –muchas veces puestos a disposición por mexicanos solidarios con la lucha salvadoreña– proveer dinero para cubrir los gastos esenciales y, en algunos casos, para el viaje hacia otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia.
Esto significó que algunos cuadros político-militares que en El Salvador habían conservado un trabajo formal, en México tendieron a convertirse en “profesionales” de la organización, es decir, trabajaron en comités y plataformas por medio de los cuales se movilizaron los apoyos solidarios al FMLN. Es el caso de una de las entrevistadas, quien inicialmente pensó quedarse tan solo tres meses en México, mientras los escuadrones de la muerte dejaban de seguirla en su país, pero al incorporarse al trabajo de solidaridad promovido por organizaciones nacionales y salvadoreñas en la Ciudad de México, su estancia inevitablemente se extendió.
Al ser un centro para el debate, el análisis y la denuncia, la Ciudad de México permitía también reclutar a ciudadanos mexicanos, sin los cuales no hubiera sido posible sostener la red organizativa del FMLN en el exilio. Había diversos apoyos: hospedar a salvadoreños recién llegados, pagar la renta del local de alguna de las organizaciones de solidaridad u ofrecer sus instalaciones –desde oficinas hasta comedores– para que los exiliados pudieran reunirse, redactar sus boletines o planear sus actividades. Pero los activistas nacionales no solo se incorporaron al movimiento civil de solidaridad con El Salvador, también a los frentes de guerra como médicos, enfermeras, maestros y combatientes.
En este sentido, México funcionaba como un lugar para construir y consolidar redes de solidaridad y difundir los mensajes de la insurgencia hacia el mundo. Según una entrevistada, para el movimiento revolucionario salvadoreño, México era la “voz para el mundo”. En consecuencia, una parte importante de la estructura organizativa de las organizaciones del FMLN en México y, por tanto, de las actividades de los militantes exiliados, giraba en torno a las tareas de denuncia y solidaridad. En esta tarea, algunos militantes pudieron aprovechar los vínculos tejidos con periodistas de los medios nacionales de comunicación, como fueron los periódicos El Día o Unomásuno, para difundir posicionamientos o boletines o utilizar sus instalaciones para acceder a las noticias internacionales necesarias para los análisis de coyuntura que realizaban las organizaciones político militares (como fue en el caso de Unomásuno).
El activismo político en temas como los derechos humanos y el de los presos políticos encontraba espacio propicio en las parroquias y Comunidades Eclesiales de Base (CEB). Desde 1981, por solicitud del Episcopado salvadoreño, el Episcopado mexicano empezó a convocar a varias “Cruzadas de Ayuda al Pueblo de El Salvador” en las parroquias de la Ciudad México. Por medio de misas y ayunos, el objetivo era denunciar la persecución política de religiosos y laicos en El Salvador. Este ambiente fomentó la formación de comités vinculados más a la iglesia popular. Es el caso del Comité Monseñor Oscar Arnulfo Romero, propiciador de un discurso y una práctica inspirados en el cristianismo liberacionista y en la Teología de Liberación, y abierto a la participación de militantes de las organizaciones del FMLN.
Los procesos centroamericanos desde la perspectiva de los activistas mexicanos
La llegada de salvadoreños a territorio mexicano coincidió con un momento de movilización política y social importante. Después de la represión estatal del movimiento estudiantil de 1968 y la guerra sucia en contra de los grupos guerrilleros, la reforma política de 1977 abrió espacios de participación política legal a la izquierda reformista –como el Partido Comunista Mexicano (PCM), luego convertido en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), y el Partido Socialista de los Trabajadores (PST)–. En los ámbitos de la movilización social, la segunda mitad de la década de los setenta se caracterizó por la emergencia de organizaciones en el ámbito sindical, campesino y urbano-popular que se enfrentaron a las prácticas corporativas y clientelares de las organizaciones sociales del PRI, impulsando procesos de coordinación, unificación y politización a partir de la lucha por demandas particulares y locales. Una mención especial amerita la formación de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP) que recogía las experiencias de lucha por la vivienda y los servicios públicos de numerosas organizaciones urbanas surgidas en los años anteriores. Durante este periodo (y hasta mediados de la década de 1980), el movimiento urbano popular fue sin duda el movimiento social más dinámico y un espacio donde la izquierda socialista pudo insertarse con mayor facilidad. Otro actor relevante en este periodo y presente en el espacio urbano-popular fueron las CEB. Las organizaciones populares que emergían en este contexto de movilización social compartían, pese a las particularidades de sus demandas, las luchas por la democratización política, en contra del corporativismo y el clientelismo priista. Y sobre todo en los ámbitos político-culturales de la izquierda socialista y del cristianismo liberador, se reforzó la sensibilidad respecto a las luchas sociales y procesos de emancipación que tuvieron lugar en otros países de la región. Las campañas de solidaridad que iniciaron desde 1975 para con El Salvador apuntalaron esta sensibilidad.
En este contexto, la fundación del Comité Mexicano de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño (CMSPS) en la Ciudad de México, en 1979, jugó un papel importante para entrelazar a activistas salvadoreños y mexicanos, coordinar las campañas nacionales de solidaridad, distribuir material de denuncia y colectar fondos para el Frente Democrático Revolucionario (FDR), el frente político-civil de la guerrilla. En sus mejores momentos, el Comité tuvo aproximadamente 600 miembros activos tanto en la Ciudad de México (donde estaba la sede nacional) como en comités regionales ubicados en varias ciudades de la república (Morelia, San Cristóbal de las Casas, Guanajuato, Toluca, entre otras).
El CMSPS había sido fundado por activistas y dirigentes de diversas organizaciones y partidos de izquierda (como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PST y el PCM), solidarios con la revolución salvadoreña y en contacto con la dirigencia exiliada del FMLN-FDR. Por tanto, los actos públicos de solidaridad a los que convocaba –por ejemplo, mítines, manifestaciones, jornadas y paros de solidaridad en sindicatos y universidades– también fueron una oportunidad para que organizaciones y movimientos mexicanos presentaran sus demandas respecto a conflictos y luchas específicas en el espacio público nacional. Así, por ejemplo, es notable la presencia de Rosario Ibarra como representante del Comité Nacional Pro-Defensa de Presos Políticos (y candidata presidencial en 1982) en los actos de solidaridad con El Salvador en 1981 y 1982, así como organizaciones sindicales, campesinas y urbano-populares que presentaron consignas y pancartas para visibilizar sus demandas y agravios.
La visión de Gobernación: la solidaridad, ¿una conspiración internacional comunista?
Como se señaló al inicio, si bien no había una disposición activa por parte de las autoridades mexicanas de reconocer a los refugiados salvadoreños el estatus de asilados políticos, tampoco había una política coherente de persecución y deportación. Esta ambigüedad permitía a las autoridades de Gobernación un amplio margen de discrecionalidad en su relación con los refugiados y militantes políticos, que se interpretaba, por lo general, a favor de los refugiados.
La arbitrariedad y el control político de los agentes de Gobernación hizo que los militantes salvadoreños fueran conscientes de que la permanente vigilancia que ejercía el Estado tenía por propósito obligarlos a seguir las “reglas del juego”, mismas que condicionaban el activismo extranjero en la Ciudad de México como en todo el país: es decir, se podía hacer trabajo político cuando estaba orientado al apoyo de la lucha revolucionaria en El Salvador o Centroamérica, pero no podían ni apoyar ni participar de las protestas que se ejercían en contra del gobierno del PRI, ni utilizar al país como base de operaciones logísticas para las actividades militares. Y la dirección del FMLN también imponía este principio entre sus militantes para no poner en peligro el espacio de acción y los vínculos diplomáticos y oficiales que se habían construido en México.
Las prácticas de seguimiento y control por parte de los organismos de seguridad nacionales significaban que también los militantes exiliados tendían a mantener sus estrategias de camuflaje y compartimentación. Una entrevistada contó que para apoyar a las organizaciones populares mexicanas, solidarias con la lucha salvadoreña, debía “disfrazarse” con lentes para el sol y grandes sombreros para ir a las marchas y mítines. Otro entrevistado contó que el habitus militante de cambiar de casa constantemente, fijarse siempre para ver si se estaba siendo seguido o el nunca ir por la vía más directa a reuniones políticas, se mantuvieron entre los activistas salvadoreños en México. Y no solamente para evitar la vigilancia de los informantes de Gobernación, también ante un eventual seguimiento por parte de agentes secretos de los aparatos de seguridad salvadoreña, llegados al país para vigilar y monitorear a los cuadros del FMLN.
Pero la preocupación no tenía que ver solo con la posible intervención cubana o soviética, también lo era la amenaza que significaba la incidencia estadounidense en los conflictos centroamericanos, cuya geopolítica podía alentar un desborde de las guerras civiles afectando la seguridad nacional mexicana, principalmente en la frontera sur. En este sentido, un informe de la Dirección Federal de Seguridad consultado en el Archivo General de la Nación hizo referencia a esta preocupación al plantear como hipotético escenario el interés de Estados Unidos por querer desestabilizar aún más la frontera entre Guatemala y México. El objetivo sería proporcionar un argumento válido que permitiera al gobierno de Reagan incrementar el apoyo contrainsurgente al régimen militar guatemalteco.
Para concluir, la reconstrucción de las prácticas del exilio militante obliga a (re)orientar la mirada analítica para fijarse más en las interacciones y las redes de los militantes, no solamente al interior del grupo nacional, también entre exilios nacionales (relaciones de apoyo y solidaridad, sino también de recelos y conflictos) con las militancias y activismos mexicanos. En esta parte de la historia se siguen constatando muchos silencios y tabúes: tanto los entrevistados salvadoreños como los mexicanos insistían en las entrevistas en que no hubo contactos sistemáticos, ni apoyos mutuos en el trabajo político, más allá del trabajo de solidaridad para denunciar el terrorismo de Estado y difundir la lucha popular y revolucionaria en El Salvador.
*Kristina Pirker es Profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Omar Núñez Rodríguez es Profesor-investigador del Colegio de Historia/Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Este artículo es un extracto del capítulo sobre El Salvador en el libro México ante el conflicto centroamericano, Testimonio de una época. Coordinadores Mario Vázquez Olivera y Fabián Campos Hernández. (México: Bonilla Artigas Editores : UNAM, Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe, 2016) que se puede descargar en este enlace: unam.academia.edu/MVazquez
