Eduardo Alegría, procurador adjunto de seguridad ciudadana y migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), señala que no es legal que el Organismo de Inteligencia del Estado haga seguimientos con el propósito de saber con quién se acuesta un político opositor, o averiguar las fuentes de periodistas, como evidencia el reportaje de El Faro El Organismo de Inteligencia del Estado persigue periodistas y opositores políticos.
'El seguimiento a cualquier persona debería ser legal si es bajo esos términos del interés de la seguridad del Estado y de las personas”, dijo Alegría en El Faro Radio. Según el funcionario, las revelaciones sobre el trabajo del OIE ameritan una investigación de oficio de parte de la Fiscalía, de la PDDH y de la propia Asamblea Legislativa.
El procurador adjunto incluso aventuró que se podrían 'estar configurando delitos' en las actuaciones del OIE. “Han entrado a tocar información que trata de poner luz en una zona que se ha conocido muy poco en realidad', dijo en el programa de este 16 de enero. 'Debe dar la pauta a investigaciones más profundas, incluyendo la nuestra. Aunque se trata de una institución que está muy poco sometida a controles, tampoco están sus funcionarios totalmente exentos de responsabilidades legales', aseguró.