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El presupuesto 2018 fractura a una Arena que se dice unida para enfrentar elecciones

A pocas semanas para las elecciones legislativas, la fracción de Arena se rompe de nuevo y solo un grupo de diputados apoyó la aprobación de un presupuesto que lleva menos fondos a educación, salud y seguridad para 2018. El partido se muestra otra vez dividido en una legislatura en la que le pesaron los acuerdos internos para las votaciones clave. 

 
 

En una votación clave que definió la emisión de deuda por 350 millones de dólares (bonos) y el presupuesto del año 2018, la bancada del principal partido de oposición, Arena, se fracturó en tres grupos a las puertas de las elecciones legislativas de marzo: los que votaron con el FMLN, los que estaban en contra de cómo quedó el presupuesto y los que se abstuvieron de participar con su voto, en medio de reclamos por incumplimientos de los acuerdos pactados y por una formulación opaca del presupuesto.

La Asamblea Legislativa aprobó en la tarde del viernes 5 de enero que el presupuesto para el año 2018 ascienda a 5 mil 520 millones de dólares (562 millones de dólares mayor que el presupuesto votado el año pasado) con el apoyo de diputados de todos los partidos políticos. También votaron a favor de emitir bonos (deuda) por 350 millones de dólares para cubrir gastos que el Estado no puede cubrir con sus propios ingresos.

Desde el miércoles 3, había hermetismo sobre cómo iba resultar la votación que este viernes terminó con un partido de oposición enfrentado consigo mismo en el que quizá sea su última gran fractura en esta legislatura. En la legislatura 2015-2018 Arena ha navegado a la deriva, en un barco sin capitán ni timonel definidos. En este periodo, en la bancada tricolor han sobrado las acusaciones entre sus miembros por votaciones que para algunos disidentes han sido desde opacas hasta irregulares. A finales del 2015, un primer conato de motín ocurrió ante la amenaza de reelección del exfiscal Luis Martínez , ahora preso, acusado de enriquecimiento ilícito, por la venta de justicia en casos que favorecieron al empresario Enrique Rais, y por utilizar escuchas telefónicas fuera del marco de la ley. Mientras el partido tenía fuertes intenciones para allanar el camino de la reelección, un grupo disidente se opuso de manera pública en el pleno. Un año más tarde, a finales de 2016, en un episodio similar al registrado esta semana, un grupo de diputados negó sus votos a un acuerdo con el FMLN para aprobar 550 millones de dólares en bonos para financiar el presupuesto.

Ahora, a las puertas de la elección legislativa de marzo, la fracción del partido se dividió en torno a la aprobación del presupuesto 2018 y de millones de dólares en deuda para financiarlo, en una nueva afrenta contra la cúpula dirigida por Mauricio Interiano, que apenas un día antes de la votación, en el lanzamiento de la campaña electoral, hablaba de una Arena unida para los comicios de marzo de este año.

Los dos grupos que no acompañaron las votaciones o se abstuvieron incluso han irrespetado un temido reglamento interno de la fracción, con el que a inicios de 2017 se amenazó a los diputados díscolos . La orden era clara: quienes no acataran las directrices del partido no podrían buscar la reelección para los comicios de este 4 de marzo. Con la elección a la vuelta de la esquina y las listas cerradas, esa prohibición ha importado poco o nada.

Para mitigar la ruptura, figuras como el empresario Carlos Calleja, precandidato oficial del partido para las presidenciales de 2019, o el ex vicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, salieron a celebrar en redes sociales, en el mismo tono que diputados del FMLN y el gobierno, la aprobación de este presupuesto y los bonos, en un "consenso" por el bien del país.

En Arena, sin embargo, nunca hubo consenso. La división de la fracción estuvo presente desde el retorno a labores del Estado tras las festividades del fin de año. Aunque desde el miércoles 3 de enero había un acuerdo final entre los líderes de Arena y del FMLN para aprobar el presupuesto, a las 4:00 p.m., los diputados tricolor abandonaron el Salón Azul para asistir a una reunión privada de fracción de la cual no surgió un acuerdo. La votación fue reprograma dos días después, para el viernes 5 de enero, pero a las 11:00 a.m., los diputados de Arena volvieron a ser citados a una reunión de fracción en las que trataron de consensuar posturas.

El diputado del FMLN Santiago Flores señaló que desde diciembre había un acuerdo para votar por el presupuesto, pero que en Arena no se ponían de acuerdo. "El único impase es que los diputados de Arena no se pueden poner de acuerdo entre ellos", dijo Flores al mediodía del viernes 5. A esa hora estaba claro que al menos una decena de diputados del partido de oposición no estaban de acuerdo en votar por el presupuesto.

Por la tarde, el presupuesto votado incluyó recortes en inversión en Educación (11.6 millones), Salud (17.6 millones) y Seguridad (17.5 millones). Comparados con el presupuesto de 2017, los diputados programaron darle 46.7 millones de dólares menos que el año pasado a estas tres carteras prioritarias en el programa de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

En el proyecto de presupuesto, Hacienda promete que en el caso de Seguridad el recorte no se sentirá porque recogerán más dinero de la Contribución Especial, ingresos que sustraen un 5 % de los gastos de los usuarios de servicios de internet, cable y telefonía. Según las estimaciones de Hacienda, de 105 millones de dólares que obtuvieron en 2017, este año recogerán 120.9 millones de dólares, es decir, 15 millones más que en 2017. En el caso del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, los diputados acordaron reorientar fondos de la Corte Suprema de Justicia y a Hacienda para darle 6.5 millones de dólares adicionales a cada uno de estos ministerios para la reparación de escuelas y para la compra de medicamentos.

La diputada Ana Vilma de Escobar no acompañó con su firma los dictámenes de la Comisión de Hacienda para emitir bonos y para votar por el presupuesto. Consultada sobre las discusiones al interior de la fracción y sobre la negativa de al menos una decena de diputados a votar por el presupuesto, contestó que ella no podía hablar de interioridades del partido.

La diputada acusó al gobierno de incumplir algunos compromisos en la negociación. Citó, como ejemplo, la opacidad sobre cómo había sido construido el listado de asociaciones y organizaciones privadas que iban a beneficiarse del presupuesto 2018, que el gobierno no había cumplido con la reducción de plazas ni había reducido sus gastos en 119 millones de dólares sino que solo en 53 millones de dólares. Este último, por ejemplo, había sido un punto de honor de Arena para las negociaciones de los presupuestos 2016 y 2017.

Otro de los argumentos de los opositores al presupuesto era si este cumplía con las exigencias de constitucionalidad que había ordenado la Sala de lo Constitucionalidad. Desde el miércoles 3 de enero, el diputado Juan Valiente ya había reconocido que en Arena había un debate sobre si el presupuesto 2018 cumplía con una sentencia de la Sala, que en julio del año pasado invalidó el presupuesto 2017, mientras no se regulara la creación de nuevas plazas en el Estado, la inclusión o exclusión de beneficios como el seguro médico privado en las dependencias de gobierno y las asignaciones presupuestarias a oenegés. Este último requisito fue solicitado luego de la controversia generada por los beneficios otorgados por los diputados a entidades ligadas a funcionarios de la Asamblea Legislativa o a partidos políticos, como las asociaciones vinculadas a familiares , asesores y compañeros de partido del presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos.

El 3 de enero, Valiente advirtió que si el dictamen del presupuesto incumplía la sentencia de la Sala de lo Constitucional no acompañaría con su voto. “Si el decreto lo incumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional y la Ley de Responsabilidad Fiscal, puede que haya votos disidentes en Arena”, manifestó.

Johnny Wright, que no estuvo presente el día de la votación, apoyó la postura de su compañero desde las redes sociales: "El Presupuesto General de la Nación debe romper con el esquema tradicional de pactos partidarios", escribió en Twitter.

A las 2:00 p.m. del viernes fue reanudada la sesión plenaria. El primer dictamen que se discutió fue el de la emisión de bonos por 350 millones de dólares. Los primeros diputados que mostraron signos de la división de Arena fueron Ernesto Vargas y Norman Quijano, quienes se quejaron de que el Instituto Salvadoreño de Previsión Social de la Fuerza Armada no iba a recibir en 2018 los recursos suficientes que necesitaba.

La emisión de los bonos fue aprobada con 62 votos, pero 6 diputados de Arena votaron en contra: Ricardo Godoy, Ernesto Vargas, Juan Valiente, Karla Hernández, Ana Vilma de Escobar y Alejandrina Castro; 6 diputados no votaron ni a favor ni en contra: Margarita Escobar, Norman Quijano, David Reyes, Orlando Cabrera Candray, Ernesto Muyshondt y César Fabián. El diputado Johnny Wright no asistió a la Sesión Plenaria. En la votación por el presupuesto, las diputadas Karla Hernández, Ana Vilma de Escobar, Alejandrina Castro y el diputado Cabrera Candray votaron en contra del presupuesto. Juan Valiente, Carolina Rodríguez y Velásquez Parker no votaron ni a favor ni en contra.

"El presupuesto incumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó reformar y hacer adecuaciones necesarias para corregir violaciones a la Constitución. Elimina la priorización de los presupuestos de salud y educación", dijo Hernández en el pleno.

En 2017, Salud recibió un presupuesto de 629.8 millones de dólares, pero en 2018 tendrá un recorte de 17.6 millones de dólares. En el proyecto de presupuesto de 2018 -entregado en octubre por el ministro de Hacienda- se vislumbraba que educación iba a enfrentar un recorte de 11 millones de dólares que va a afectar de forma directa al programa "Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno". De 944.35 millones de dólares (del año 2017) iba a disminuir a 932.6 millones de dólares (en 2018).

El ministro de Hacienda Carlos Cáceres matizó estas disminuciones presupuestarias. Dijo que debía valorarse que los presupuestos de salud y educación tienen un presupuesto de funcionamiento y otro de inversiones. Dijo que el de funcionamiento había aumentado y que incluso la Asamblea reorientará 6 millones de dólares para reforzar el trabajo del MINED y del MINSAL. Según Cáceres, lo que cayó esta vez fueron los presupuestos de inversión, debido a que todas las inversiones se financian con préstamos para nuevos proyectos, pero que este año no hay nuevos proyectos programados.

Cáceres insistió en que el de 2018 es un presupuesto equilibrado que incluye todos los ingresos y gastos como ordenó la Sala de lo Constitucional. "Por lo pronto, se aprobó el presupuesto. Vamos a empezar el año con un presupuesto equilibrado", dijo.

Pero la declaración del ministro contrasta con los planes que tenía el gobierno, que para lograr ese presupuesto equilibrado había solicitado 550 millones en bonos.

El dictamen por 350 millones de dólares en bonos fue el resultado de un estira y encoje entre Arena y el gobierno. Arena tenía la postura de que estaba dispuesta a ceder 200 millones de dólares y el Ministerio de Hacienda exigía que 550 millones de dólares debían obtenerse a través de endeudamiento. Al final ambos partidos consensuaron una cifra media.

La emisión de deuda implicaba que los dos partidos mayoritarios debían llegar a un acuerdo para aprobar el presupuesto 2018 para prevenir que la Sala de lo Constitucional volviera a invalidar el presupuesto, como sucedió en julio del año pasado, debido a que no estaban incluidos todos los gastos ni tampoco estaba garantizada una fuente de ingresos para cubrir todas las obligaciones presupuestarias.

Al respecto, el diputado del FMLN Santiago Flores dijo que "eso es lo necesario y para eso alcanzó la correlación de votos".

La "caja negra" de las oenegés

En la resolución de la Sala de lo Constitucional que invalidó el presupuesto 2017, los magistrados decían que en el presupuesto había “excesos”. Enumeraron como tales el peso que significaba para las finanzas del Estado el aumento sin regulaciones de las contrataciones de personal gubernamental, los beneficios como los seguros médicos privados, las bonificaciones extras al salario de jefaturas y de funcionarios públicos y la asignación de fondos a oenegés.

Este último punto provocó un acalorado debate entre los diputados tricolor, que cuestionaron a aquellos compañeros de fracción que acompañaron un dictamen que siguió permitiendo el financiamiento de estas entidades de manera opaca.

El diputado René Portillo Cuadra advirtió desde el miércoles que el financiamiento de las oenegés había generado problemas. “Los desembolsos a oenegés han entrampado un poco la discusión. La partida de transferencias a oenegés continúa siendo una caja negra”, dijo.

Cuadra denunció que había oenegés con vínculos partidarios que se colaron en el presupuesto, pero no precisó los nombres. “El ministro de Hacienda eligió de forma discrecional las oenegés que van a ser incluidas este año y se han colado oenegés afines al FMLN. Insisto, no es la manera. Estos fondos deberían otorgase después de someterlos a un concurso”, dijo Portillo Cuadra.

El pasado 20 de noviembre, el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, había dicho en una entrevista en Canal 10 que el Ministerio de Hacienda había decidido -para no contrariar a la Sala de lo Constitucional- excluir los listados de organizaciones privadas propuestos por partidos políticos del proyecto de presupuesto 2018.

"El Ministerio de Hacienda en el presupuesto general que ha presentado lo que ha hecho es que no ha presentado ninguna propuesta de oenegés financiadas en años anteriores que fueron presentados por los partidos políticos. Eso lo ha dejado totalmente excluido", dijo Lorenzana.

En el presupuesto 2018, la Asamblea Legislativa estableció el reparto de 27 millones de dólares a universidades, asociaciones y organizaciones privadas.

Consultado sobre cómo fue construido este listado, Cáceres dijo: "no sé nada del listado de oenegés". Con su declaración, el ministro descargó en los diputados la elaboración de esos listados, una práctica habitual desde hace más de un lustro.

A diferencia de su compañero de fracción, la diputada Milena Calderón dijo que en el presupuesto 2018 no se habían dado fondos a organizaciones con vínculos partidarios. "Los técnicos corroboraron en los Diarios Oficiales las personerías jurídicas de las organizaciones que hicieron petición", dijo.

La diputada, miembro de la Comisión de Hacienda, explicó que luego de la sentencia de la Sala, la Asamblea ha utilizado "filtros" que no tenían antes y que debieron haber tenido en el pasado. "La Sala dice no al traslado directo de fondos a oenegés, por eso ahora ponemos el monto que va destinado a un proyecto social de una oenegé. No es a la oenegé (que va el dinero), sino al proyecto donde hay un convenio escrito entre la organización y la institución de gobierno que dará el dinero. Esta institución va a poder supervisar la ejecución del proyecto", dijo.

El diputado de Gana, Mario Tenorio, dijo que este año las oenegés con vínculos partidarios habían sido excluidas, que solo oenegés con trayectoria iban a ser receptoras de fondos públicos y citó a la Fundación del Padre Arrupe, que promueve becas educativas a estudiantes de bajos recursos. El diputado del PCN, Mario Ponce, secundó lo dicho por Tenorio. "Entre las receptoras de fondos están oenegés que tienen trayectoria como la del padre Pepe, que trabaja en prevención de la violencia", dijo.

El 27 de julio de 2017, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto 2017 y prohibió a la Asamblea Legislativa repartir dinero a organizaciones privadas que tengan vínculos con partidos políticos y con políticos. Los magistrados se referían a organizaciones como Apdemes, que recibió más de medio millón de dólares, de la cual no hay ningún rastro ni de su dirección ni de sus obras . Esta oenegé fue fundada por Julia Nora Romero, esposa del diputado Guillermo Gallegos.

El 21 de noviembre de 2017, el Tribunal de Ética Gubernamental ordenó abrir una investigación contra Gallegos y le exigió que explicara el medio millón a la asociación de su esposa. Esta institución también requirió a la Asamblea Legislativa que remitiera toda la documentación sobre cómo fue el proceso para otorgar estos fondos públicos a la oenegé de la esposa de Gallegos.

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