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Fiscalía gana juicio civil contra Charlaix y allana el camino para condenar a Saca

El hombre de confianza del expresidente Antonio Saca deberá devolver, junto a su esposa, María Arline Rivas de Charlaix, cerca de 18 millones de dólares por haber almacenado en sus cuentas fondos sustraídos de la Presidencia. Esta es la primera condena contra un miembro del clan Saca y la resolución allana el camino a la Fiscalía en la persecución penal contra la estructura acusada por sustraer del Estado 300 millones de dólares.

 
 

La Cámara Primera de lo Civil ha condenado por enriquecimiento ilícito a Élmer Charlaix, el ex secretario privado del expresidente Antonio Saca, en un caso que está estrechamente ligado a la persecución penal que la Fiscalía tiene contra la estructura acusada de ordeñar alrededor de 300 millones del Estado y que era liderada por Saca.

Esa estructura, según la acusación fiscal, era coordinada por Charlaix, el hombre de confianza del expresidente, a quien la Cámara Primera de lo Civil también ha perfilado –al igual que la Fiscalía en el caso penal- como el principal responsable del manejo de fondos, incluidos recursos de la “partida secreta” de Casa Presidencial entre 2004 y 2009.

El fallo de la Cámara, que valida una de las principales tesis de la Fiscalía en el juicio penal en contra de la maquinaria, allana el camino contra el expresidente Saca y su estructura, de cara a la audiencia preliminar que se celebrará a finales de febrero. “Es inaceptable e inexplicable que fondos públicos hayan sido depositados en cuentas personales”, concluyeron los magistrados Henry Macall Zometa y Saúl Ernesto Morales para condenar por enriquecimiento ilícito a Charlaix y a su esposa.

Elmer Charlaix , exsecretario privado, custodiado por dos policías en una foto de archivo de octubre de 2016, cuando fue capturado por su rol en el esquema de corrupción del gobierno de Antonio Saca. Foto: Marvin Recinos (AFP).
 
Elmer Charlaix , exsecretario privado, custodiado por dos policías en una foto de archivo de octubre de 2016, cuando fue capturado por su rol en el esquema de corrupción del gobierno de Antonio Saca. Foto: Marvin Recinos (AFP).

La investigación por enriquecimiento ilícito contra Charlaix se centró, de hecho, en los primeros hallazgos sobre el uso de fondos que salieron de la Presidencia a través de un mecanismo ilegítimo y se detuvieron en cuentas personales de Charlaix antes de terminar en manos de terceros, entre estos, agencias de publicidad y el partido Arena.

La condena en contra de Charlaix y su esposa –María Arline Rivas de Charlaix- los obliga a devolver al Estado cerca de 18 millones de dólares -17,983,893.06- siempre y cuando la Sala de lo Civil no revierta la decisión. La investigación de Probidad y Fiscalía está sustentada con copias de cheques y registros bancarios que narran el movimiento discrecional y arbitrario de fondos públicos que salieron de la Presidencia y terminaron en las cuentas de Charlaix.

La mayor parte del dinero salió de cuentas del tesoro público a cuentas privadas que el secretario privado abrió a su nombre en bancos privados (uno de estos el Banco Cuscatlán), pocos días después de haber asumido su cargo. Poco más de 15 millones de dólares fueron “trasladados de una cuenta del Estado a una cuenta privada, lo cual es prohibido por la ley”, argumentó la Fiscalía, en su alegato final, de un proceso que se llevó a cabo en la última semana laboral del año pasado.

Los magistrados concluyeron, además, que el dinero que pasó por las cuentas de los Charlaix provenía de la partida secreta, como ha argumentado la Fiscalía desde un inicio. Los magistrados también obviaron las explicaciones de la defensa -que Charlaix actuó como un repartidor de ese dinero y no se lo quedó todo para sí- y dijeron que es “inaceptable” pasar fondos públicos a cuentas privadas.

Los abogados defensores de Charlaix trataron de justificar el ingreso de ese dinero en cuentas personales de su cliente con dos argumentos. Uno, que uno de los primeros actos de Saca como presidente fue nombrar a Charlaix como "colaborador de la Presidencia para el manejo de fondos reservados y secretos que abarcan actividades relativas a la inteligencia del Estado". Dos, la emisión de un reglamento para el manejo de gastos reservados -la famosa partida secreta- que la administración Saca aprobó en su primer día de gestión. Ese reglamento permitía, entre otras cosas, el uso de cuentas personales para el manejo de fondos públicos y la destrucción de documentos de soporte por el uso de gastos reservados.

La Fiscalía ya ha atacado el reglamento como inconstitucional, pero los magistrados de lo civil lo invalidaron con una razón más sencilla: ese reglamento no fue publicado nunca en el Diario Oficial, por lo que incumplió el proceso para que un cuerpo normativo sea aplicable. Al tratarse de una normativa secreta “es ineficaz tomarlo como causa justa de los ingresos y operaciones realizadas” por Charlaix, dicen los magistrados.

Este reglamento también ha sido referido por otros miembros del gabinete de Saca - acusados penalmente por el desvío de 300 millones de dólares - como el marco normativo que les permitió usar discrecionalmente la partida secreta. El señalamiento que han hecho los magistrados de lo civil podría ser la clave para invalidar definitivamente un reglamento que contradice otras normas salvadoreñas, y que además era secreto.

Una vez invalidado el reglamento, no hay nada más que hacer. Aunque los abogados de Charlaix argumentaron que ese dinero no se quedó en el patrimonio de su cliente, no importa: el dinero nunca debió haber entrado a esas cuentas. El pecado por el que Charlaix pagará es haber aceptado repartir la baraja de la partida secreta.

En su defensa, David García Hellebuyck, uno de los representantes de Charlaix, intentó echar culpas a los destinatarios de esa baraja. “Si se toma en consideración $400 mil que entraron a la cuenta de él (Charlaix) y luego salen por medio de cheques a favor del partido Arena, la pregunta es ¿ese dinero entró en el patrimonio del demandado? ¿Se quedó con esos fondos el funcionario? No”, expuso García.

Tanto la Sección de Probidad de la Corte Suprema, como la Fiscalía General identificaron que esos 400 mil dólares salieron en ocho cheques que fueron cobrados en un solo día. Cuando Probidad le consultó al partido por estos fondos y la cuenta en la que fueron depositados, Arena contestó que desconocían "totalmente de la apertura de dicha cuenta”.

No es la única vez que fondos de cuentas de Charlaix pasaron a Arena. En 2008, también registró una donación de $1,200 al partido tricolor. La lista de donaciones de Charlaix es curiosa ese año: $3370.87 al hogar de parálisis cerebral Roberto Callejas Montalvo; $250 a la organización Salvanatura y otros $100 a la Fundación amigos del Real Madrid en El Salvador. Un año antes, Charlaix también había reportado una donación de $240 a la organización católica Lumen 2000.

En el juicio penal, en el que también están recogidos los episodios de Arena y otros destinatarios, la Fiscalía todavía no ha clarificado si investigará a todos esos beneficiarios de los fondos sustraídos desde Casa Presidencial. Hasta el momento, la FGR solo ha procesado a un grupo de agencias y publicistas que sirvieron de enlace en una triangulación de dinero que salió de la Presidencia y terminó en las empresas del expresidente Saca. Para los casos penales en contra de la maquinaria, y en contra de Saca, las agencias y sus empresas, la Fiscalía asegura tener listos más de 100 testigos.

En el juicio civil, el análisis de las cuentas de Charlaix estuvo a cargo de Laura Marroquín, una contadora pública, empleada de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que tuvo a cargo hacer un peritaje judicial financiero del caso. El análisis de Marroquín vuelve a poner la lupa en la responsabilidad de los bancos para el cometimiento de delitos financieros. “En algunos puntos de pericia se pedía el destino de los fondos y si no se tiene en la parte posterior (de los cheques) quien los cobró es imposible determinar el destino", dijo Marroquín cuando ratificó su peritaje en el juicio. "Son cantidades significativas", agregó.

Un fallo histórico

El de Charlaix fue el quinto caso de presunto enriquecimiento ilícito que Probidad remitió a la Corte Suprema, y el quinto en ser enviado a juicio por los magistrados de la Corte Plena. De los cinco, el de Charlaix es el segundo en llegar a una condena, pero el primero en el que esta es millonaria.

El fallo del 4 de enero de 2018 contra Charlaix ocurre gracias a una investigación de Probidad, la primera y única en su clase, ya que desde un inicio contó con el apoyo de dos expertos en delitos financieros de la Fiscalía. Esta investigación fue, de hecho, la que abrió camino para que la Fiscalía encontrara todas las sustracciones de dinero público que arrancaron desde la primera semana del gobierno de Saca (en junio de 2004) y terminaron una semana antes de que entregara el poder, en mayo de 2009.

Este fallo, el primer triunfo de la Fiscalía en contra del clan Saca, pone fin a un proceso que demoró 14 meses, desde que la Corte Suprema de Justicia envió a juicio a Charlaix por un total de 18.8 millones de dólares . Durante el proceso, la defensa del exfuncionario logró depurar unos 800 mil dólares de la acusación inicial.

En cinco años en su cargo, Charlaix acumuló ingresos por $684,601.61 entre salarios y gastos de representación. Para la Fiscalía, el contraste entre ese dato y la cantidad de dinero en sus cuentas determina la irregularidad de “una forma contundente, plena y fehaciente”.

Sin embargo, la condena civil no solo es por el manejo de la partida secreta. La pericia también permitió concluir que Élmer Charlaix gastó $710,339.19 más de lo que ingresó, sin que se sepa cómo obtuvo esta diferencia. Su esposa, de igual forma, gastó $201,695.51 más de lo que reportó como ingresos. Es decir que, al igual que el expresidente Mauricio Funes, el primer condenado por enriquecimiento ilícito , los Charlaix gastaron más de lo que tenían sin endeudarse.

Tras la condena, el fiscal general Douglas Meléndez anunció que irían tras la recuperación de los fondos a través de un proceso de extinción de dominio. "Este caso no se termina aquí, ya tenemos abierto un proceso", dijo Meléndez. La sentencia de la Cámara también dice que pone a disposición de un juzgado de extinción de dominio todos los bienes de los Charlaix que están bajo medida cautelar a raíz de este proceso.

La Fiscalía también tiene pendiente el juicio civil por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Antonio Saca, enviado a juicio en febrero de 2016, por no poder justificar cerca de 5 millones en su patrimonio. Este caso espera fallo, al igual que el caso penal en contra del expresidente, en febrero.

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Sergio Arauz, Andrea Burgos y Víctor Peña

 

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