Publicidad

El Salón Azul tiene un club de millonarios

En la legislatura que termina, trece curules están ocupadas por personas que tienen un patrimonio por encima del millón de dólares, según datos de la Sección de Probidad. Todas son de partidos de derecha. Todas mintieron u omitieron información en sus declaraciones. Todas han sido investigadas o están pendientes de investigación, por posible enriquecimiento ilícito. Once de ellas ocupan candidaturas en las elecciones del próximo 4 de marzo.

Arysbell Arismendi y Manuel Talavera / Fotos Carlos Barrera

 
 

Un diputado del PCN cuyo patrimonio es igual a la suma del de 30 de sus colegas en la Asamblea; una diputada de Arena que es propietaria o copropietaria de 25 inmuebles; un exdirector de la Policía Nacional Civil que triplicó su riqueza durante una legislatura; un diputado del segundo departamento más pobre del país que admite haber ocultado información en su declaración patrimonial para pagar menos impuestos; otro del PDC cuyo bufete de abogados ha tenido entre sus clientes a inversionistas del sector energético en El Salvador y Centroamérica; un presidente, Guillermo Gallegos, que declaró a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tener bienes por algo más de 500 mil dólares, pero en realidad posee 3 millones de dólares en depósitos bancarios, vehículos y propiedades... Todos ellos forman parte de un selecto grupo de trece miembros de la legislatura 2015-2018 que tienen un patrimonio familiar (vehículos, joyas, electrodomésticos, lotes, terrenos, fincas, cuentas por cobrar...) que sobrepasa el millón de dólares según la Sección de Probidad de la CSJ. Todos han sido investigados, están en investigación, o esperan turno para ser investigados por enriquecimiento ilícito o por irregularidades en sus declaraciones de bienes.

Si la concentración de la riqueza fuera una suerte de afiliación política, el club de los millonarios votaría a la derecha: lo integran seis diputados de Arena, tres del PCN, tres de Gana y uno del PDC. El diputado del FMLN que mayor patrimonio declaró en esta legislatura que termina es Calixto Mejía ($359 mil dólares). El menos adinerado del club de los millonarios, Rigoberto Soto, de Gana, ha declarado tener tres veces más que él.

En el club hay siete directivos de la Asamblea. Gallegos, como presidente del Órgano Legislativo, recibe un sueldo de 5,871 dólares mensuales que incluye gastos de representación, transporte y comunicaciones. Francisco Merino y Rodrigo Ávila, vicepresidentes de la Junta Directiva, ganan 5,225 mensuales. Otros cuatro de este grupo de trece diputados ocupan cargos de secretaría en la Directiva, y sus salarios rondan los 4,800 dólares al mes. Los ocho restantes no ostentan puestos directivos ni lideran sus fracciones. Estos reciben un salario de 4,025 dólares mensuales. De los trece, diez buscan la reelección el próximo 4 de marzo.

Siete alcanzaron el millón de dólares siendo diputados. El resto ya era millonario cuando se sentó por primera vez en la curul, aunque en varios casos han experimentado importantes saltos patrimoniales durante su gestión en la Asamblea: dos duplicaron su riqueza y otro la triplicó. Nueve de los 12 tienen ingresos familiares anuales que proceden en su mayoría de otras rentas y no de sus salarios como diputados. El legislador que lidera el club, el exvicepresidente de la República y expresidente de la Corte de Cuentas Francisco Merino, declaró en su informe a Probidad de 2015 un patrimonio de 3.9 millones de dólares.

Investigaciones pendientes

Según las versiones públicas de sus declaraciones de bienes de toma de posesión, obtenidas a través de diferentes solicitudes de información a la Sección de Probidad, al menos una vez los miembros de este grupo de trece diputados ocultó información al Estado por acción, omisión deliberada o porque posteriormente adujeron desconocer cómo se llenaba el formulario de este órgano de la Corte. Todos, los 13, declararon salarios por debajo de lo que la ley les asigna como diputados. Además, diez dejaron vacía la casilla donde debían declarar los ingresos y gastos de su grupo familiar (esposa o marido, e hijos); cuatro no incluyeron el valor de los bienes muebles, inmuebles, cuentas por cobrar y otras inversiones de su familia. Estas omisiones están señaladas como faltas en la Ley de enriquecimiento ilícito: el artículo 3 señala que los funcionarios están obligados a declarar los bienes, créditos a favor o en contra, salarios, rentas, acciones y participaciones sociales de su grupo familiar; el artículo 19 establece que todo funcionario que haga una declaración manifiestamente falsa incurre en una multa de 1.000 a 5.000 dólares y debe ser castigado con la cesación del cargo.

Al menos dos de este club declararon montos que son incongruentes con su historial financiero: Uno, el pedecista Rodolfo Parker, declaró que sus gastos anuales disminuyeron de 100 mil dólares en 2006 a 12 mil en 2015, en un país donde el costo de la vida ha ido en aumento. Otro, Manuel Rigoberto Soto, de Gana, reportó al inicio de su primera legislatura que no tenía ningún tipo de propiedad y todo lo que recibía lo gastaba (declaró tener un ahorro de 4 mil dólares anuales), pero en 2009, al inicio de su segunda legislatura, ya tenía bienes inmuebles (terrenos, lotes, casas, edificios) por un total de 559 mil dólares.

¿Cómo hizo para adquirirlos? ¿Cuántos inmuebles adquirió? ¿De dónde sacó el dinero para comprarlos? ¿Fueron producto de una herencia? ¿Pidió un crédito? ¿De cuánto? Estas son algunas de la preguntas básicas que El Faro ha hecho o ha intentado hacer a cada uno de estos trece diputados para comprender el origen de su patrimonio. Tres de ellos diputados culpan a sus contadores por los errores en sus declaraciones de Probidad. Otro alega que la tarea de rellenar su declaración jurada de bienes la dejó en manos de uno de sus gerentes. Cuatro, Ana Vilma de Escobar de Arena, Francisco Merino y Serafín Orantes del PCN, y Guillermo Gallegos de Gana, se negaron a responder preguntas sobre el origen de sus bienes o sobre los reparos que les ha hecho la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Según un informe de labores interno entregado por Probidad en el segundo semestre de 2017, y que fue validado por El Faro a través de tres magistrados, cinco de estos trece diputados están bajo investigación por parte de esta Sección de la CSJ: Ana Vilma de Escobar, Guillermo Gallegos, Francisto Merino, Carlos Reyes y Ostorga. Otros siete fueron incluidos en 2017 en una lista de espera para ser investigados.

De acuerdo al artículo 7 de la Ley de enriquecimiento ilícito, se presume que este existe cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. En mayo de 2016, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia establecieron que la antigüedad en el cargo, las funciones y el manejo de fondos públicos, y la gravedad y notoriedad de la denuncia, son los cuatro criterios para iniciar un proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra cualquier funcionario.

El decimotercer miembro de este grupo, el diputado Reynaldo Cardoza, de PCN, que en 2015 hizo campaña electoral viajando en un helicóptero con su nombre y ha sido vinculado al Cártel de Texis , protagonizó ese año el primer juicio por enriquecimiento ilícito que se celebraba en El Salvador. Cardoza fue absuelto, pero su esposa fue condenada a devolver al Estado 78 mil dólares cuyo origen no pudo justificar.

Los 13

José Francisco Merino López

Diputado del Partido de Conciliación Nacional desde 2000, es el diputado de la legislatura 2015-2018 que más patrimonio declaró. Entre 2012 y 2015 incrementó su capital de 1.47 a 3.87 millones de dólares, lo que representa, si se comparan declaraciones de Probidad, la fortuna total de otros 30 diputados juntos. Merino lleva 18 años en la Asamblea, seis períodos consecutivos, los tres últimos como directivo. Antes de su llegada al legislativo, militaba en Arena y llegó a ser vicepresidente de la República en la administración de Alfredo Cristiani (1989-1994). A mediados de los noventa, luego de pugnas internas por el control del partido tricolor, recaló en el PCN, que lo catapultó en 1998 a la presidencia de la Corte de Cuentas, el mismo órgano que un año antes había señalado la implicación de Merino en una compraventa ilícita de terrenos de la alcaldía de San Luis Talpa. Pese al señalamiento, la Asamblea lo eligió para el cargo, que desempeñó por un año.

Siendo el presidente de la Corte de Cuentas, una comisión legislativa cuestionó su “honradez notoria” debido a un examen de Probidad que reportó una extraordinaria alza en su patrimonio personal en menos de 10 años. Para 1998, Merino ya tenía bienes muebles e inmuebles valorados en casi 2 millones de dólares. En septiembre de 2011, El Faro reveló que tres meses antes de abandonar la vicepresidencia de la República, en 1994, Merino y un socio en una empresa lotificadora compraron unos terrenos que el Estado debía otorgar a campesinos sin tierras, para dar así cumplimiento a la reforma agraria de 1980. Actualmente Probidad cursa una nueva investigación contra él por presunto enriquecimiento ilícito en la legislatura que está a punto de terminar. El Faro ha intentado desde el 16 de enero contactar al diputado Merino a través de llamadas celulares, mensajes de whatsapp y una solicitud por escrito de entrevista, entregada en su despacho. Al cierre de esta nota no se había recibido respuesta. En las elecciones del domingo 4 de marzo Francisco Meríno opta de nuevo a la reelección.

José Francisco Merino López, ex vicepresidente de la República (1989-1994). En marzo de 2018 ganó su sexta diputación por el partido PCN. Foto: Cortesía de La Asamblea Legislativa
 
José Francisco Merino López, ex vicepresidente de la República (1989-1994). En marzo de 2018 ganó su sexta diputación por el partido PCN. Foto: Cortesía de La Asamblea Legislativa

Ana Vilma Albanez de Escobar

La diputada de Arena, que hace 14 años se convirtió en la primera mujer Vicepresidente de la República, es la segunda persona en la lista de quienes más bienes declaran en el pleno, con un patrimonio valorado en 3.3 millones de dólares según las versiones públicas de su declaración patrimonial. Ya para 2004, cuando asumió como segunda de la presidencia de Antonio Elías Saca (2004-2009), declaraba 2.8 millones. Actualmente, la funcionaria está a la espera de la resolución final de la Sección de Probidad que la investiga por presunto enriquecimiento ilícito durante sus funciones como vicepresidenta. El Faro la contactó para recibir una respuesta sobre cuál es el origen de su patrimonio, pero ella dijo querer esperar a que se conozca el dictamen de Probidad.

En el último tramo de su gobierno, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) señaló a Ana Vilma de Escobar como presunta responsable de irregularidades en el otorgamiento de subsidios por 39 millones de dólares a quince proyectos empresariales, a cambio de la promesa de que estos generaran miles de empleos y reforzaran las exportaciones del país. Uno de estos proyectos, beneficiado con 12.3 millones de dólares, fue un asocio entre dos empresas textileras, una de las cuales pertenecía al exdiputado de Arena (2012-2015) y excandidato a la Alcaldía de San Salvador en 2015, Edwin Zamora. El comité que autorizó los subsidios estaba integrado por los titulares de las principales carteras del gabinete económico del gobierno de Saca y presidido por la entonces vicepresidenta. En febrero de 2015, De Escobar respondió a El Faro que de las irregularidades en el proyecto del exdiputado Zamora solo él podía dar respuesta : “Eso es con Edwin”, dijo. Ana Vilma de Escobar no aspira a una nueva reelección.

Ana Vilma de Escobar, diputada por el partido ARENA. Foto: Fred Ramos
 
Ana Vilma de Escobar, diputada por el partido ARENA. Foto: Fred Ramos

Silvia Estela Ostorga de Escobar

Entre 2012 y 2015 el patrimonio de la diputada de Arena (sexta secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea) pasó de 822 mil a 2.2 millones de dólares, un incremento del 177.8 % en tres años. Según su última declaración patrimonial, presentada 60 días después de la toma de posesión en la legislatura que termina este abril, Ostorga tiene ingresos y gastos personales anuales que rondan los 3 millones de dólares. Ella asegura que esos montos son un error de su contador, quien declaró el total de las ventas y compras de la actividad comercial de sus negocios, Tienda Estelita y Ferretería Estelita, en el formulario de ingresos y gastos. Probidad le abrió un expediente en 2016 por presunto enriquecimiento ilícito. Actualmente la institución se encuentra procesando su información financiera. Silvia Ostorga busca la reelección el 4 de marzo.

Silvia Estela Ostorga de Escobar, diputada por el partido ARENA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
Silvia Estela Ostorga de Escobar, diputada por el partido ARENA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Vicente Hernández Gómez

El único diputado de Arena por Morazán, el segundo departamento más pobre del país, es también el cuarto diputado más adinerado del pleno. En 2015 declaró a Probidad una fortuna valorada en 2.2 millones de dólares, construida, según dice, gracias a una gasolinera, un restaurante y una tienda de mayoreo de artículos de primera necesidad ubicados en San Francisco Gotera. Hernández Gómez también descarga en su contador los errores o las omisiones en sus declaraciones de patrimonio. Según dice, su contador le aconsejó no dar a Probidad información sobre los ingresos y gastos de su familia “para evitar el pago de más impuestos”.

Aunque tiene poca presencia mediática y participación en las discusiones dentro de la Asamblea, Hernández es reconocido dentro de su partido como uno de los hombres con mayor capital político territorial, por sus aportes a la estructura departamental. Es hermano del exalcalde de Gotera, Carlos Calixto Hernández Gómez, quien busca en las municipales del 4 de marzo su cuarta reelección. El pasado 10 de febrero ambos escoltaron al presidente del Coena, Mauricio Interiano, en el primer evento de campaña electoral de Arena en Morazán. En el primer semestre de 2017, Probidad lo incluyó en una lista de espera para ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito en su legislatura de 2012-2015. El diputado dice que no buscará seguir en la Asamblea porque le gusta más el negocio que la función pública.

Vicente Hernández Gómez, diputado por el partido ARENA. Foto: Carlos Barrera
 
Vicente Hernández Gómez, diputado por el partido ARENA. Foto: Carlos Barrera

Carmen Elena Calderón de Escalón

Conocida como Milena, la diputada por Santa Ana lleva más de 27 años integrando la bancada de Arena en la Asamblea. Con una fortuna declarada de 2.2 millones de dólares, proviene de una familia con ADN tricolor: su hermano Armando Calderón Sol, fallecido en 2017, fue uno de los fundadores del partido, diputado, jefe de la bancada arenera, alcalde de San Salvador y finalmente presidente de la República entre 1994 y 1999. Como él, Milena entró a la política en los ochenta y se declara discípula del mayor Roberto d'Aubuisson, el fundador del partido. En 1991, cuando obtuvo su primera diputación, tenía un patrimonio de 177 mil dólares.

Esta es su última legislatura, pero en las elecciones municipales del 4 de marzo aspira a la alcaldía de Santa Ana, de donde es originaria. En el pleno, sobre todo durante los gobiernos de Arena (1989-2009), fue líder del partido en temas económicos y de hacienda. No sólo es una de las diputadas con más años de trayectoria, sino también una de las que tiene más propiedades a su nombre o compartidas con otros familiares: 25 en total según el Registro de Propiedad. Dice que sus bienes son producto de una herencia de su padre y de inversiones entre las que se encuentran una maquila con 300 empleadas, una productora y exportadora de café, y una comercializadora de madera. Probidad también la tiene en lista de espera para iniciar una investigación contra ella por presunto enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2015.

Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada por el partido ARENA. Foto: Carlos Barrera. 
 
Carmen Elena Calderón de Escalón, diputada por el partido ARENA. Foto: Carlos Barrera. 

Juan Carlos Mendoza Portillo

Es el actual coordinador adjunto del grupo parlamentario Gana. Diputado por Santa Ana, lleva tres legislaturas consecutivas en la Asamblea y aspira a una nueva reelección. Según las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, tiene bienes valorados en 2 millones de dólares y declara 74 mil dólares en ingresos anuales.

En sus declaraciones no ha incluido información sobre su grupo familiar, lo que está sancionado por la ley de enriquecimiento ilícito para funcionarios públicos. El diputado asegura que su patrimonio es producto de una finca de 12 manzanas que heredó de su padre y de una empresa, Dilacsa, que se dedica a la venta de productos lácteos. Según el Registro de Propiedad es dueño de seis inmuebles en el departamento de Santa Ana. Mendoza está en lista de espera para que Probidad inicie una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2015.

Juan Carlos Mendoza Portillo, diputado por el partido GANA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
Juan Carlos Mendoza Portillo, diputado por el partido GANA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Rodolfo Antonio Parker Soto

Jefe de fracción y secretario general del PDC. De acuerdo a las versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales de 2006, 2009, 2012 y 2015, en nueve años Parker ha visto reducirse su patrimonio personal de 829 mil a 104 mil dólares, pero el de su grupo familiar (su esposa y sus tres hijos) se incrementó de 216 mil dólares a un millón 939 mil durante el mismo período.

Él asegura que la acumulación de la fortuna familiar se debe a un despacho de abogado que fundó en 1985 y que se ha dedicado principalmente a representar a inversionistas extranjeros tanto en el mercado salvadoreño como centroamericano. Fue socio y fundador del extinto Banco UNO. Parker, que el 4 de marzo aspira a su sexta reelección, entró en 2017 en lista de espera para ser investigado por la sección de Probidad por presunto enriquecimiento ilícito.

Rodolfo Antonio Parker Soto, diputado por el partido PCN.Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
Rodolfo Antonio Parker Soto, diputado por el partido PCN.Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Carlos Armando Reyes Ramos

El diputado de Arena por el departamento de Cabañas ocupa el octavo puesto de este club de millonarios. Lleva en la Asamblea seis legislaturas, una como suplente y cinco como diputado propietario. Entre 2012 y 2015 pasó de tener un patrimonio de 850 mil dólares a declarar uno de 1.6 millones. Casi el doble en tres años.

Él atribuye este incremento a la plusvalía de sus propiedades, que tasa en un total de 1.5 millones. Dos de ellas están ubicadas a un par de cuadras del centro de Sensuntepeque y las arrienda al Estado. Una le reporta 2 mil 700 dólares mensuales (32 mil 400 cada año) en concepto del alquiler de un edificio que ocupa la Policía Nacional Civil. La otra se la alquila a la alcaldía de Sensuntepeque, gobernada por Arena, y sirve como terminal para vehículos de transporte rural. En su última declaración patrimonial, de 2015, el diputado declaró tener ingresos anuales por 170 mil dólares. Reyes, quien busca la reelección por séptima vez, tiene abierto desde 2016 un expediente en la Sección de Probidad por presunto enriquecimiento ilícito.

Carlos Armando Reyes Ramos, Diputado por el partido ARENA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
Carlos Armando Reyes Ramos, Diputado por el partido ARENA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Rodrigo Ávila Avilés

Excandidato a la presidencia, expresidente de Arena y exdirector de la Policía Nacional Civil, Ávila vio cómo su patrimonio se triplicaba entre 2012 y 2015, siendo él diputado. En tres años, su patrimonio familiar pasó de 569 mil a 1.4 millones de dólares; sus propiedades (casas, terrenos, lotes, etc.) de 500 mil a 1.2 millones de dólares; y sus bienes muebles (automóviles, electrodomésticos, joyas, etc.) de 40 mil a 328 mil. En su última declaración patrimonial, entregada en 2015, declaró ingresos anuales individuales por 95 mil dólares, 48 mil por salarios y 47 mil por otras rentas (honorarios profesionales, alquileres, ganancias en sociedades).

Ávila asegura que su patrimonio familiar es producto de una herencia de su esposa y de las consultorías en seguridad pública que realiza desde que dejó la dirección de la Policía en 2008. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Asamblea y va en búsqueda de la reelección para el periodo 2018-2021. En 2017 fue incluido en la lista de espera de Probidad para examinar su patrimonio durante sus gestiones como Viceministro de Seguridad Ciudadana (2004-2006) y director de la PNC (2007-2008).

Rodrigo Ávila, diputadado de la fracción de Arena. Foto: Victor Peña
 
Rodrigo Ávila, diputadado de la fracción de Arena. Foto: Victor Peña

José Serafín Orantes Rodríguez

El diputado del PCN que representa al departamento más pobre del país, Ahuachapán, declaró en 2015 un patrimonio de 1.2 millones de dólares. Su riqueza sobrepasó el millón siendo diputado. En 2009, cuando asumió su primera legislatura tenía un patrimonio familiar de 860 mil dólares. De acuerdo a lo declarado ante Probidad, el incremento se debe más a la adquisición de bienes muebles (carros, electrodomésticos, equipos de oficina, computadoras, etc.) que de bienes inmuebles (terrenos, lotes, casas, edificios, etc). Consultado sobre el origen de su patrimonio, el diputado dijo que responderá después de las elecciones del 4 de marzo. Orantes, quien también fue incluido en 2017 por Probidad en una lista de espera para ser investigado, busca la reelección.

José Serafín Orantes Rodríguez, diputado por el partido PCN. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
José Serafín Orantes Rodríguez, diputado por el partido PCN. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Reynaldo Antonio López Cardoza

Vinculado por agencias de inteligencia del Estado con la estructura del Cártel de Texis, una organización dedicada al narcotráfico en la zona noroccidental del país , Reynaldo Cardoza, diputado del Partido de Conciliación Nacional (PCN) fue en 2015 el primer funcionario público en ir a un juicio por presunto enriquecimiento ilícito en El Salvador. Meses antes había logrado la reelección. Aquel año hizo campaña viajando en helicópteros con su nombre. Absuelto en aquel juicio, actualmente ocupa la cuarta secretaría de la Junta Directiva de la Asamblea.

En tres legislaturas, Cardoza pasó de declarar un patrimonio familiar de 163 mil en 2009 a uno de 1.2 millones de dólares en 2015, con ingresos anuales de 51 mil (según lo declarado por él mismo ante Probidad en 2009), 58 mil (2012) y 106 mil (2015). En 2015, Probidad consideró que el diputado no había sabido justificar el origen de 1.3 millones de dólares de su patrimonio y la Corte Suprema de Justicia decidió llevarlo a juicio. Según la oficina auditora, los ingresos declarados por el directivo no explicaban sus pagos de deudas, financiamiento de campaña electoral y depósitos de cientos de miles de dólares en cuentas bancarias de su esposa (el diputado le pagó dos deudas hipotecarias, según lo que estableció el máximo tribunal). Sin embargo, en marzo de 2017 la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador consideró que Cardoza era inocente y estableció que su patrimonio se debía a las excesivas prestaciones económicas que recibía como diputado. Su esposa sí fue condenada por enriquecimiento ilícito y se le ordenó devolver al Estado 78 mil dólares tras no haber demostrado el origen de sus bienes. Reynaldo López Cardoza buscará el 4 de marzo su cuarta reelección como diputado de Chalatenango.

Reynaldo Cardoza, diputado del partido PCN. Foto: Victor Peña
 
Reynaldo Cardoza, diputado del partido PCN. Foto: Victor Peña

Manuel Rigoberto Soto Lazo

Diputado de Gana por el departamento de Usulután. En 2006, cuando inició su carrera legislativa como suplente por el partido Arena, declaró a Probidad tener una deuda de 65 mil dólares y no poseer ninguna propiedad a su nombre. Al inicio de la legislatura siguiente, en 2009, en la que ya iba a ocupar una diputación como propietario, reportó que había adquirido propiedades por un monto total de 559 mil dólares y que su deuda ascendía a 257 mil dólares. Su patrimonio era, entonces, de 317 mil dólares.

En 2012, tras la primera elección que ganó como diputado de Gana, partido escisión de Arena, su patrimonio había aumentado a 319 mil y en 2015 ya era de un millón de dólares. Un incremento del 200 % en una sola legislatura. Lo mismo ocurrió con sus ingresos anuales: de 34 mil dólares declarados en 2006, a 112 mil dólares en 2015. Desde 2009 esos ingresos provienen más de otras rentas (honorarios, alquileres, dividendos, etc.) que de su salario como diputado. Soto asegura que su patrimonio es producto de las herencias que recibió de sus padres. Probidad lo tiene en lista de espera para investigarlo por presunto enriquecimiento ilícito entre 2009 y 2015. Él busca la reelección este marzo.

Manuel Rigoberto Soto Lazo, diputado por el partido GANA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 
 
Manuel Rigoberto Soto Lazo, diputado por el partido GANA. Foto: Cortesía Asamblea Legislativa 

Guillermo Gallegos

El presidente de la Asamblea Legislativa por el partido Gana declaró en 2015 un patrimonio muy por debajo del millón de dólares, pero la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia detectó que su riqueza real es mayor a la declarada.

El líder de Gana, que por años militó y ocupó curul por el partido Arena, reportó que tenía una fortuna familiar de un poco más de 500 mil dólares e ingresos anuales por un monto total de 173 mil, de los cuales 81 mil los recibió por concepto de “vacaciones, aguinaldos, sobresueldos, indemnizaciones, pensiones, etc.”. Pero en julio de 2017, después de revisar sus cuentas bancarias, propiedades y deudas acumuladas desde 2006, cuando asumió su primera legislatura, Probidad detectó que Gallegos tenía 3 millones de dólares sin justificar ante la oficina auditora. Al diputado se le atribuyen hasta 103 irregularidades relacionadas con depósitos y retiros de dinero de cuentas bancarias, transacciones con vehículos y bienes raíces.

En publicaciones previas, este medio ha señalado que Gallegos recibió más de 400 mil dólares en pagos extras entre 2009 y 2015; que realizó al menos 16 viajes al exterior entre 2012 y 2015 por los que recibió 52 mil 500 dólares en concepto de viáticos; que en 2011 recibió 17 mil dólares por dos viajes a España que nunca realizó; que entre 2015 y 2016 aprobó y votó en el pleno para que una oenegé fundada por su esposa recibiera medio millón de dólares de fondos públicos, y que entre 2016 y 2017, otra oenegé vinculada a una de sus principales asesoras y amigas también recibiera 600 mil dólares vía presupuesto del Estado. El proceso por presunto enriquecimiento ilícito que se le sigue en Probidad está a la espera de una resolución final que establezca la desestimación o un posible juicio civil. Guillermo gallegos busca la reelección el próximo 4 de marzo.

Guillermo Gallegos, presidente de La Asamblea Legislativa. Foto: Víctor Peña
 
Guillermo Gallegos, presidente de La Asamblea Legislativa. Foto: Víctor Peña

 

*Con reportes de Roxana Lazo, Carmen Valeria Escobar y Sergio Arauz.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad