La Corte de Cuentas de la República ha determinado que en los primeros meses de su gestión, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, contrató a una hijastra como “asistente II” y promovió una mejora salarial a favor de una “asistente técnico” que también era su hijastra.
En noviembre de 2017, auditores del ente contralor finalizaron un examen especial a la gestión de la procuradura en los meses de septiembre de 2016 a julio de 2017. En la investigación, promovida por una 'denuncia ciudadana', los auditores concluyeron que la funcionaria incumplió normas éticas y que los beneficios a favor de sus familiares contradicen varias disposiciones legales —una ley, un reglamento interno y una norma presupuestaria— orientadas a evitar el nepotismo en la administración pública.
Caballero de Guevara juramentó como procuradora de derechos humanos el 22 de septiembre de 2016 y una de sus primeras acciones fue mejorar el salario de Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, su hijastra. Según documentos del Departamento de Recursos Humanos, la familiar de la funcionaria tenía plaza de “jurídico” (Lea el documento). Dos semanas después de tomar las riendas de la PDDH, la procuradora cambió la plaza por “asistente técnico” y así llegó una mejora económica. La hijastra de la procuradora pasó de ganar 1200 a 1800 dólares (Lea el documento). Seis meses después, en abril de 2017, recibió un tercer incremento salarial. Ahora gana 1900 dólares.
Casi cuatro meses después de haber iniciado su gestión, el 10 de enero de 2017, la administración de Caballero de Guevara contrató como “asistente II” a Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya con un salario mensual de 1300 dólares. Ella también es hijastra de la procuradora de derechos humanos.
“La procuradora no tomó en consideración los impedimentos legales y éticos para contratar e incrementar salario a parientes”, consigna el examen especial de la Corte de Cuentas (Lea el documento).
Gaby Lourdes y Xiomara Juana Margarita son hijas de Marco Antonio Guevara Arévalo, esposo de la funcionaria, también empleado público, y con quien litigó casos de divorcio y demandas de manutención mientras fungía como secretaria General de la PDDH y cuando fungió como procuradora adjunta para la mujer y la familia.
En su desempeño como procuradora de Derechos Humanos, los auditores consideran que la funcionaria violentó la Ley de Ética Gubernamental, que prohíbe “nombrar, contratar, promover o ascender” a parientes. Hay otras dos restricciones legales que la procuradora ignoró. Uno es el Reglamento Interno de Personal de la PDDH: “no podrán ingresar al servicio, los parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”; el otro es las Disposiciones Generales de Presupuesto: “Queda terminantemente prohibido que sea nombrada para llenar una plaza de Ley de Salarios una persona que sea cónyuge o pariente”.
La procuradora no niega los beneficios para sus familiares. El nueve de noviembre de 2017, en una nota que envió a la Corte de Cuentas, la titular de la PDDH se defendió así: “en la normativa legal señalada no existe ninguna prohibición legal para contratar o ascender que se base en parentescos presuntos o supuestos”. Ella dijo que promovió a una de sus hijastras por “el grado de confianza, el conocimiento empírico de todas las áreas de la institución”.
Los auditores no cambiaron de opinión y mantuvieron el reproche. El pasado mes de enero, fuentes de la Corte de Cuentas aseguraron a El Faro que la funcionaria enfrenta un juicio de cuentas por esas y otras irregularidades, entre las que destacan contrataciones de personas que no llenaban los requisitos exigidos por la institución para plazas jurídicas y administrativas. La Cámara Tercera de Primera Instancia ya emitió un pliego de reparos, un documento que enumera las fallas de la administración que serán sometidas a juicio de cuentas. El viernes 16 de febrero, El Faro pidió la versión de la procuradora a través de la unidad de comunicaciones de la PDDH (vía telefónica y por correo), pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
En diciembre de 2017, el Tribunal de Ética Gubernamental también abrió una investigación por la contratacion y ascensos de los familiares de Caballero de Guevara en la PDDH.
Además de beneficiar a sus familiares, en sus primeros ocho meses de trabajo, Caballero de Guevara contrató a diez personas, pero incumplió los requisitos legales y no realizó prueba de idoneidad alguna. En cinco casos, los trabajadores no cumplían con los requisitos académicos establecidos para el cargo. Entre esas contrataciones cuestionadas por la Corte de Cuentas está la de Saúl Armando Coreas Rodríguez, el encargado de seguridad de la PDDH. Tres fuentes de esa institución dijeron a El Faro que Coreas Rodríguez es allegado de Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, una de las hijastras de la procuradora.
Coreas Rodríguez es el encargado de la seguridad de la PDDH, pero fue contratado como 'jurídico'. Según la PDDH, sus funciones específicas son 'controlar y administrar la seguridad personal de la titular'. ¿Un jurídico en labores de seguridad privada? La Corte ha reparado que el perfil de Coreas Rodríguez no cumple los requisitos para la plaza de 'jurídico' en la PDDH (necesita un título universitario en ciencias jurídicas, pero Coreas Rodríguez es bachiller y cursa, según la PDDH, cuarto año de psicología).
En la respuesta enviada a la Corte, la institución explica que se le contrató en esa plaza por razones de 'urgencia', dado que a cinco meses en el cargo, la procuradora no contaba con seguridad y porque no había plazas vacantes en el área administrativa. Coreas Rodríguez tiene un puesto clave porque, alegando falta de recursos económicos, la procuradora suspendió el contrato de seguridad privada. La administración instaló un sistema de 36 cámaras, por las cuales pagó 44 mil 360 dólares a la empresa Sniper Security (Vea el documento). El 11 de febrero de 2018, las cámaras captaron el robo de cuatro computadoras en un local de la PDDH, ubicado sobre la 15 calle poniente, en San Salvador.
Caballero de Guevara dijo que las computadoras “contienen sensible información”. Una de esas computadoras pertenecía a la Oficina de Información y Respuesta (OIR), donde los ciudadanos presentan sus solicitudes de acceso a la información pública; mientras que otra estaba asignada al Departamento de Recursos Humanos, la oficina que documenta las contrataciones de la PDDH.
La procuradora litigante
Caballero de Guevara fue electa procuradora la noche del 22 de septiembre de 2016 a propuesta del partido Arena. Según su hoja de vida ha sido catedrática de derecho de familia; jueza de familia; colaboradora de la Corte Suprema de Justicia y procuradora adjunta de derechos humanos en temas de la mujer y familia. Caballero es una especialista en derecho de familia. “En agosto de 2007, que regresé a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ocupé el cargo de Secretaria General de dicha institución, desde agosto hasta diciembre de 2007”, narró en su hoja de vida, un documento que no reseña una faceta de su carrera: mientras trabajó como Secretaria General de la PDDH o como Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, también litigaba procesos judiciales de familia para un bufete en el que también trabajan su esposo y sus hijastras.
Según el Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, la entonces secretaria general de la PDDH y su esposo litigaron casos de demandas de alimentos y divorcios en San Salvador. ¿Podía la Secretaria General de la PDDH litigar, en horas laborales, en tribunales de familia? Caballero dejó por un tiempo la PDDH, pero cuando regresó a la institución con el cargo de Secretaria General, la Ley de Ética Gubernamental tenía un año de vigencia. Esa ley, aprobada el 18 de mayo de 2006, prohíbe lo siguiente: “realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo”.
Entre enero de 2008 y febrero de 2014, Caballero trabajó como Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, pero al mismo tiempo continúo trabajando con su esposo casos particulares. El 10 de enero de 2008, Caballero y su esposo litigaron una demanda de alimentos en la Cámara de Familia de San Salvador (Lea el documento). En diciembre de 2010, Caballero también trabajó junto a su esposo un caso de divorcio en San Salvador (Lea el documento). El Faro preguntó a través de la oficina de prensa de la PDDH si la titular tuvo algún permiso para tener un cargo público y, al mismo tiempo, dedicarse a asuntos privados. Hasta el cierre de esta nota no fue posible obtener respuesta.
Caballero no ha tenido ninguna repercusión por sus trabajos privados en horas laborales de la PDDH, pero su esposo sí. El 26 de abril de 2016, el pleno de la Corte Suprema de Justicia lo suspendió por un año por “mala conducta profesional”. Marco Antonio Guevara Arévalo tenía contrato a tiempo completo en la Asamblea Legislativa, pero en horas laborales se presentó a litigar un caso en el Tribunal Cuarto de Familia. Ocho magistrados votaron por su suspensión temporal (Lea el documento). El Tribunal de Ética Gubernamental también sancionó a Guevara Arévalo por litigar un caso en horas laborales.
La procuradora, por su parte, aparte del juicio abierto en la Corte de Cuentas también tiene una investigación abierta en el TEG por los beneficios a sus familiares, pero no ha recibido ningún cuestionamiento por trabajar asuntos privados en sus horas laborales cuando fue secretaria de la PDDH y, luego, cuando fue procuradora adjunta.
Desde su llegada al cargo, la procuradora ha tenido detractores en su propia casa. El sindicato de la PDDH la ha demandado en varias instituciones del Estado por incumplir el contrato colectivo, por despidos arbitrarios y por nepotismo. Ella ha dicho que despidió a tres procuradoras adjuntas y a la secretaria general “por graves anomalías en tres expedientes de contratación”. La funcionaria no ha detallado esas anomalías, pero asegura que ha pedido a la Corte de Cuentas que investigue los casos.
Por sus gestiones en defensa de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales la han cuestionado por inmuiscuir en la institución un consejo de asesores en el que hay representantes de iglesias, por realizar cultos religiosos en la PDDH, por apoyar iniciativas como el cambio de nombre del sitio turístico La Puerta del Diablo, pero distanciarse y no dar seguimiento a las mesas temáticas de la población LGBTI o la propuesta de colectivos feministas que proponen cuatro causales para el aborto. “El aborto no lo voy apoyar nunca”, dijo durante una entrevista en la radio 102nueve.
En la arena política, la procuradora ha demostrado ser poco incómoda y a veces contradictoria en sus resoluciones. En septiembre de 2016 se estrenó en el cargo respaldando las medidas extraordinarias, una política gubernamental que endureció los controles en las cárceles. Ese año, el informe de derechos humanos de los Estados Unidos consideró que las medidas son “potencialmente mortales”; mientras que la Organización de Naciones Unidas las ha etiquetado de “ilegales”. “La procuraduría no defiende a delincuentes, no defiende a personas que están al margen de la ley”, dijo la procuradora en 2016. Con el paso del tiempo, la funcionaria pidió una revisión de las medidas, pero no la derogación de las mismas. De hecho, en julio de 2017, Caballero aplaudió esta política del gobierno, aunque el informe de su institución concluyó que violan los derechos humanos.
