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El subdirector de la PNC versus las cifras de letalidad

El subdirector de la Policía nunca admite que, como afirman varias instituciones nacionales e internacionales, las ejecuciones extralegales sean algo común dentro de la Policía salvadoreña. A pesar de los más de 800 salvadoreños fallecidos por fuego policial desde que asumió el cargo en enero de 2016, ni siquiera recuerda si hay algún agente sancionado por mentir sobre un supuesto combate. Es más, no acepta ni siquiera lo que dicen los índices de letalidad, que explican que por cada 53 supuestos delincuentes muertos ha habido un solo agente caído, y que eso es más propio de ejecuciones. Sin embargo, a pesar de negar todo esto, asegura que se esfuerzan tanto por combatir cualquier abuso de los uniformados que incluso algunos acusan a la dirección de la PNC de "estar a favor de las pandillas". 

 
 

Esta conversación con el subdirector general de la Policía Nacional Civil no fue una entrevista bajo toda regla.

Se trataba, en un inicio, de una declaración que el comisionado César Baldemar Flores Murillo había aceptado dar sobre un caso en concreto. El Faro solicitó, la mañana del viernes 19 de enero, una conversación telefónica con el subdirector, para hablar sobre los hechos ocurridos el 8 de febrero de 2016 en Villas de Zaragoza, una empobrecida colonia del municipio de Zaragoza. Aquel día, la Policía dijo que, tras un enfrentamiento en una casa del polígono D, habían matado a cuatro pandilleros del Barrio 18 Sureños. Tres días después del hecho, reconstruyendo el caso con testigos presenciales, El Faro publicó una pieza desmintiendo la versión oficial y apuntando hacia una masacre de gente que ya había sido sometida. Hace unos días, el domingo 21 de enero, El Faro volvió a publicar sobre ese hecho. Esta vez, un texto sobre el requerimiento fiscal donde se acusa a ocho policías de masacrar ese día y a un subinspector de encubrir la matanza.

El día en que murieron, entre otros, un pandillero de 13 años y un obrero que no tenía nada que ver con las pandillas, fue el subdirector policial quien dio declaraciones a la prensa desde el lugar de los hechos. Flores Murillo, apenas horas después de ocurrido todo, dijo que efectivamente había sido un enfrentamiento y dio a entender que en la casa del obrero habían encontrado miras telescópicas de armas de fuego y mochilas militares. Todo esto es desmentido por el documento de la Fiscalía. Nadie recogió esas evidencias. El Faro buscó a Flores Murillo para que diera explicaciones sobre esto último. Las dio ese viernes 19 de enero: dijo que las mochilas y la mira telescópica las vio en otra casa, no en la del obrero. Dijo que dio declaraciones apuradas porque los medios lo acorralaron en la escena. Dijo que, desde esa ocasión, ya no lo hace más.

Entonces, la conversación continuó. Dejó de hablarse de la matanza de Zaragoza y se le empezó a cuestionar sobre los diversos informes, publicaciones e índices de letalidad que señalan a la Policía como una institución que constantemente comete ejecuciones extralegales. Esta parte, por así decirlo, fue una extensión del tiempo concedido, fueron preguntas y respuestas ganadas tras agotar las explicaciones sobre el tema que suscitó el encuentro. En múltiples ocasiones, este periódico ha solicitado entrevista al director general de la Policía, Howard Cotto, y no la ha concedido en años. La oportunidad con Flores Murillo era estar lo más cerca posible del ideal buscado por el periódico. La entrevista fue concedida con celeridad, el mismo día de la petición, y el periodista fue informado por los encargados de prensa de la Policía dos horas antes del encuentro en las oficinas centrales de la Policía, conocidas como El Castillo.

Flores Murillo no puso ningún reparo para hablar sobre los temas surgidos en el momento. Sin embargo, gran parte de la conversación no se ocupó en temas de fondo, sino en resolver un inusual embrollo.

En octubre de 2016, El Faro publicó el texto "Casi que Guardia Nacional Civil", donde se demostraba con cifras cómo la Policía había llegado a índices de letalidad que apuntaban hacia masacres y no a enfrentamientos. Muertos rendidos, no muertos en combate. El reportaje se fabricó con datos enviados por la Policía, mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, y estableció que, por ejemplo, los agentes dejaron a 53 personas muertas por cada policía caído en “enfrentamiento”. O que tres presuntos mareros murieron por cada uno que resultó herido, cuando el canon internacional explica que lo natural es que haya más heridos que muertos cuando los intercambios de disparos son reales.

César Baldemar Flores Murillo, Subdirector de la PNC. Foto: Archivo del El Faro
 
César Baldemar Flores Murillo, Subdirector de la PNC. Foto: Archivo del El Faro

La improvisada conversación con el subdirector se estancó en ese punto, ya que Flores Murillo intentó desvirtuar los cálculos hechos por El Faro, asegurando que no se tomó en cuenta otras variantes que bien podrían encasillarse en la categoría de “lo que pudo haber pasado”, lo hipotético, lo que no ocurrió.

Al final de la conversación, y tras excusarse ante varias preguntas por no estar preparado para responder, el subdirector prometió que concedería tiempo la semana pasada para concluir la entrevista con datos en mano. Sin embargo, el asignado del departamento de comunicaciones para dar seguimiento a la promesa no contestó las llamadas.

Más allá del intercambio de argumentos entre periodista y funcionario, la entrevista muestra al segundo al mando de la institución en una franca actitud de desmentir las matemáticas de la muerte ejecutada por los suyos. En esta ocasión no es el funcionario contra unos indicios, ni el funcionario contra una acusación fiscal, ni tampoco el funcionario contra el pronunciamiento de una organización de Derechos Humanos. Va más allá, es el funcionario contra los números. La negación de un indicador que les resulta molesto llevada al extremo.

Ya no son los otros los que se equivocan, sino también las matemáticas.

Es el tercer caso público desde la masacre de la finca San Blas que involucra al GRP: la fiesta de diciembre, la matanza de Zaragoza. Una en 2015, otra en 2016 y otra al final de 2017. ¿No cree que la reacción que han tomado es tardía?
No, porque si hay en estos casos fallas no es de la institución en primer lugar, sino son fallas humanas…

¿A qué llama fallas?
…Porque la institución jamás va a dar una orden, declaración, de que se cometa un ilícito. Por ejemplo: alterar una escena. Esa es una falla que no está dentro de las normas o el procedimiento que nosotros tenemos.

Basándonos en nuestras investigaciones: en enero de 2015, el presidente Cerén da por muerta la tregua entre pandillas, y en marzo devuelve a los pandilleros a Zacatecoluca. Desde ese año, y hasta al menos julio de 2016, el índice de letalidad de la Policía en enfrentamientos fue de 53 supuestos pandilleros muertos contra un agente muerto. Eso, según cánones internacionales, es casi imposible en enfrentamientos reales, al igual que el índice de muertos contra heridos. Lo normal es que haya más heridos que muertos. Había indicios, no solo numéricos, sino de casos emblemáticos para poder pensar que algo raro pasaba en estos “enfrentamientos”.
No.

¿Por qué?
Porque el índice de letalidad que han tomado… Yo, realmente, no lo he leído, porque dije: esto no es correcto, entonces mejor ni lo leí. El índice de letalidad que han tomado en ese reportaje… Parece que lo hizo un señor…

Roberto Valencia, y se titula: “Casi que Guardia Nacional Civil”.
Ese dato no es correcto.

¿Por qué?
Porque nosotros tenemos… Solo el año pasado tuvimos 8.7 millones de intervenciones donde pudiese haberse dado un intercambio.

El reportaje está hecho con datos oficiales de la Policía.
Él da… El reporte es del evento mismo, pero no de lo que puede generar.

No. Habla de enfrentamientos que, según la Policía ocurrieron… Lo dijo el mismo director de la Policía.
Sí, pero nosotros tenemos una cantidad infinita donde pueden darse esos hechos. Es decir: yo voy a un lugar a hacer el traslado o la custodia o voy a hacer una intervención de una persona. Ese procedimiento incluye riesgo de una intervención y ese no es considerado.

Está claro.
El que hace el estudio solo considera donde hubo muertos o hubo heridos.

El que hace el estudio solicitó por ley de acceso a la información, a esta institución que le dijera cuántos enfrentamientos habían ocurrido y cuántos supuestos pandilleros habían muerto. Y esta institución respondió.
Supongo yo, porque no aclaró él para qué lo quería, pero si se hubiese dicho, se le da la información.

Me estoy perdiendo: Dice que lo que nos faltó pedir fue el número de hechos hipotéticos donde hubiera podido ocurrir un enfrentamiento...?
Donde pudiese haber un intercambio de disparos con saldo, ya sea heridos o fallecidos.

Pero, subdirector, no existe una estadística en el mundo que incluya lo hipotético.
No, pero todos son riesgos.

Sí, pero no se puede incluir la estadística de “hubiera podido ser”. Ahorita mismo nos pudieran tirar un balazo, por ejemplo.
Incluso este caso (la matanza de Zaragoza) de este intercambio, era un procedimiento de captura, no era un procedimiento de intercambio de disparos. Este caso es un procedimiento de captura, jamás la Policía lleva intenciones de ir a disparar.

Hombre, supongo que no habrá ninguna directriz de “vayan a enfrentarse a tiros con los delincuentes”.
No existe.

En ese sentido, no entiendo su lógica: todos los enfrentamientos surgen sin querer que surjan.
Exacto.

Ocurren.
Exacto.

Esos son los datos que nos dio la propia Policía.
Es correcto.

Y de ahí sacamos el indicador que establece que en los enfrentamientos murieron 53 supuestos delincuentes por cada elemento de las fuerzas de seguridad.
No, porque existen más procedimientos que pudieron haber derivado en una letalidad, no necesariamente solo donde hay muertos.

Lo que pasa es que si en los otros eventos no hubo muertos ni heridos, no va a modificar el resultado de las estadísticas de muertos y heridos.
No, pero son intervenciones donde pudo haber.

Hombre, sí, pero ese indicador, homologado internacionalmente, se establece con muertos de un lado y de otro en enfrentamientos. Si en esos que usted dice no hubo muertos, pues el índice es correcto.
Vaya, ahí son apreciaciones.

Volvamos al caso de la matanza de Zaragoza. Me da la impresión de que entre las jefaturas no están escandalizados ni les parece extraño lo que está ocurriendo con la Policía desde 2015, no les parece que ha habido un aumento en la violencia con la que los policías actúan cuando los supuestos pandilleros están ya rendidos y sometidos. No veo ningún rasgo de escándalo dentro de la dirección, esta entrevista me lo confirma. Parece que creen que el rumbo está bien.
No, totalmente contrario a lo que usted dice. En ningún momento la Policía ni el director ni mi persona está omitiendo que es correcto que haya abusos, bajo ningún punto de vista. Es más, nosotros estamos en un esfuerzo de depuración permanente, de un trabajo constante y de transparencia. A tal grado que, a través del ministerio, tenemos reuniones con cerca de 17 oenegés que ven el tema de derechos humanos y nos están fiscalizando permanentemente. A ellos se les exponen todos los casos, hasta donde se puede, porque hay datos que la Fiscalía no nos lo permite, pero absolutamente todos los casos son puestos en un plano de transparencia, no se ocultan. Nosotros estamos preocupados, y se están haciendo una serie de acciones para evitar eso: el hecho, por ejemplo, de que el señor director suspenda operaciones del GRP. Ese no es un acto sencillo. Es un acto que tiene profundas consecuencias al interior de la Policía, porque el GRP, de una u otra forma, es una unidad élite y simbólica, que ha estado siempre en la lucha y combate. A tal grado que hemos tenido que soportar la presión de voces que dicen que nosotros quizá estamos a favor de la pandilla porque estamos eliminando el grupo de reacción, y eso también es totalmente falso. No sé si usted ha escuchado eso que dicen que por qué estamos desarmando el GRP si es la principal fuerza que está combatiendo la delincuencia.

¿Recuerda el nombre de alguna de esas eoenegés que los fiscalizan?
Fíjese que no, porque lo hace el señor ministro, está la Secretaría de Responsabilidad, el señor inspector general en esas reuniones de transparencia.

¿Cómo se lidia con una realidad como la ocurrida con el caso San Blas, donde el juez dijo que el que asesinó a Dennis Hernández estaba entre esos policías? Sin embargo, la Fiscalía fue torpe para armar el caso. Si lo ponemos en términos prácticos: ustedes saben que hay un asesino entre sus filas. ¿Cómo lidian con eso?
Bueno, hay una serie de acciones que se están haciendo. De entrada, se están mejorando todos los procesos o los procedimientos de estas unidades, y se hizo cambios de jefaturas, se incrementaron niveles de supervisión, se transparenta más la acción, la Embajada de Estados Unidos nos ha dado cámaras Go Pro.

¿Y alguien las usa?
Sí, comienzan a usarlas para documentar todos los procedimientos. Se las vamos a poner también a la gente de Tránsito, porque tenemos mucho roce cuando ponen una esquela y la gente se molesta, o cuando hay denuncias de corrupción. Se les está dando a los STO, unidades tácticas a nivel nacional…

¿A los grupos élite: GRP, GOPES, FES?
Sí… Es más, hoy por hoy, se va a elevar el nivel de esas cámaras en estas unidades.

¿Podemos esperar que a lo largo de esta año todos los grupos élite llevan una cámara en la solapa?
Pues va a depender del recurso, pero la idea es esa, que todo el procedimiento quede perfectamente documentado. Es que aquí en la Policía todo mundo sabe que si comete un error va a ser sancionado.

Bueno, hasta el momento nadie ha sido condenado por estos casos. De hecho, el mensaje que este país manda a un policía es que no le ocurrirá nada en esos casos.
Yo no diría eso.

No hay nadie condenado.
No hay nadie condenado, probablemente, por una falla técnica, pero eso no quiere decir que no se hizo el esfuerzo por parte de la Policía de investigar y poner y presentar a esas personas ante la ley. Eso escapa al ámbito nuestro, nosotros damos absolutamente toda la colaboración. Cuando tenemos conocimiento… mire, ha habido información de grupos de exterminio, se han hecho investigaciones, no se sacan en un mes, sino en seis meses, un año, pero cuando se tiene la información se presenta a la prensa incluso. No se tolera.

La Fiscalía asegura que en el caso San Blas hubo obstaculización de parte de la Policía para entregar informes balísticos, armas decomisadas, etcétera. La Fiscalía aseguraba que hubo renuencia de parte de la Policía.
Bueno, a fuerza de serle sincero, no estaba yo en este puesto cuando fue este hecho.

Pero durante el juicio, sí.
Cuando retomamos con el señor director, sí recuerdo que fuimos ante el fiscal general y le pedimos que agilizara esas investigaciones. Es decir, de parte del señor director hubo una exigencia de parte de la Policía de que se trabajara. Ahora, le pregunto a usted: ¿quién dirige la investigación en este país?

Entiendo el punto al que va, pero me pongo a pensar como periódico: de repente, acusan a alguien de mi periódico de vender información, de dejarse sobornar o que inventa artículos. Eso podría constituir un delito de difamación, por ejemplo. Pero resulta que un juez no condena al reportero corrupto. Supongo que en el periódico buscaríamos la forma de dar con ese elemento aunque sea al margen de un procedimiento judicial. Ustedes tienen plena certeza de que hay un gerrepé que asesinó a Dennis Hernández, que no era pandillero y que murió hincado en la calle. Esa certeza de que esa persona patrulla hoy las calles la tienen como jefes. ¿Cómo se lidia con eso? ¿O su argumento es que como el juez no lo condenó, regresa a las filas?
No, no, lo que ocurre es que sigue un proceso administrativo.

¿Cuál?
El disciplinario. Es que todo caso sigue dos caminos. Uno que es penal y uno que es administrativo disciplinario. Lamentablemente cuando es ese caso que va en el ámbito penal, el disciplinario se detiene por una resolución de la corte. Mientras dura todo el tiempo que dure en el ámbito penal, el administrativo se detiene. Después viene el administrativo disciplinario. En ese, ya nosotros quedamos sujetos a una posterior investigación de la Inspectoría General, del ministerio, que podrá determinar la acción administrativa que puede derivar en una destitución.

¿Puedo titular mañana que aunque el proceso judicial terminó hay un proceso administrativo abierto contra los policías de San Blas?
Se sigue un proceso administrativo.

En este caso concreto, ¿se está siguiendo?
En este caso concreto, como no sabía que me iba a preguntar de eso, no consulté, pero usted puede pedir la información a la Inspectoría, y saber qué resultado hubo de eso.

¿Y han llegado a alguna resolución contra agentes?
Hay algunos que han sido destituidos.

¿Destituidos por falsos enfrentamientos?
Por eso, no me recuerdo, pero por muchos otros casos, sí.

O sea, por falsos enfrentamientos no hay nadie destituido de momento.
Tendríamos que consultarle a la Inspectoría. No tengo ese dato.

¿Usted cree que ha habido falsos enfrentamientos? ¿Usted cree que hay policías que han encubierto masacres como enfrentamientos con pandilleros?
¿Falsos enfrentamientos?

Policías que han dicho que ocurrió un enfrentamiento cuando lo que ocurrió es que asesinaron a gente sometida.
Bueno… Todos los casos donde yo he ido, se me ha presentado una información, pero esa es solo la versión, luego yo pido, e igual el director pide, una investigación exhaustiva, y de esa es que se deriva si hubo fraude o el procedimiento fue correcto.

Pero entiendo que nunca han llegado a la conclusión de un fraude, porque nunca han destituido a nadie.
Lo que pasa es que estos casos llevan tiempo, lamentablemente.

San Blas ocurrió hace casi tres años.
Vuelvo y le pregunto: ¿quién investiga? Nosotros somos apoyo.

Créame que cuando estamos con la Fiscalía somos igual de directos para hacer preguntas, pero ahora estoy con el subdirector de la Policía. Vuelvo a la misma pregunta: ¿usted, en su opinión como subdirector de la institución, cree que han ocurrido esos casos de masacres, como las mismas Naciones Unidas ha señalado?
Sí, pero, fíjese que yo, lamentablemente no creo en redes, en información que sale en medios, porque la experiencia me ha dicho que es totalmente distorsionada.

¿Y confía en Naciones Unidas?
Bueno, no he leído el informe de Naciones Unidas. Tendría que leerlo detenidamente para ver si dice específicamente lo que usted está diciendo. Tendría que leerlo pormenorizadamente, pero aún así, yo lo que le puedo decir es que todo caso se investiga, absolutamente todo, y en todo caso, la Policía pone a disposición todas las pruebas y trata de ser lo más transparente posible, como en este caso. Y le agradezco que me venga a entrevistar, porque yo fui al lugar, tuve una percepción, y eso es lo que dije, y dije lo que me dijeron en un par de minutos, pero aún así no quiere decir que lo que dije en ese momento fuera cierto, porque tenía que seguirse todo el proceso de información. Si me hubiera preguntado en ese momento: ¿cree que hay fraude? Yo le hubiera dicho que no, porque en ese momento yo tuve un panorama. En la medida que se van dando las investigaciones, se entrevista a la niña, la otra señora, se va sacando, se hacen las experticias, entonces ya entra la duda, entra ya el razonamiento lógico y dice: hay que investigar más a fondo, algo pasó.

Quiero llevarme esta respuesta concreta: desde enero de 2015, cuando empezó este recrudecimiento de la violencia de las pandillas, y el gran número de enfrentamientos, ¿no hay ni un policía suspendido por haber falseado un enfrentamiento? ¿Ni uno fuera de funciones?
Como no sabía, no tengo el dato. Mentiría si digo sí o no. Honestamente no recuerdo, porque sólo llevo dos años en el puesto, pero se puede consultar.

¿Hay posibilidad de que me conceda una entrevista cuando tengamos más datos?
Sí, por supuesto.

¿Podemos acordarla para la próxima semana?
De todos modos, ustedes escriben todo, así es que yo les doy todo lo que quieran. Sí.

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