En 1989 sucedieron dos hechos que cambiarían la dinámica del conflicto salvadoreño: la derecha radical asumió el gobierno en las elecciones presidenciales de marzo, y la Guerra Fría pasaba por sus últimos momentos. Las posibilidades que se abrían para un fin negociado parecían mejores que nunca antes. Frente a estas perspectivas, la decisión política del gobierno del presidente Alfredo Cristiani, con respaldo de las instituciones financieras internacionales, fue la aplicación del modelo propuesto por el llamado Consenso de Washington.
De una protección del mercado interno, heredada del período de sustitución de importaciones, se pasa a una casi completa apertura a la competencia internacional en el campo comercial y financiero; se inicia un proceso de traspaso de los activos del Estado a manos privadas, y se reduce la capacidad de acción del Estado; se eliminan casi todas las regulaciones del mercado interno, y se procede a una rápida liberalización; se eliminan los impuestos a la exportación de los productos agroindustriales, se reduce la carga impositiva sobre la renta de los grandes contribuyentes y se elimina el impuesto a la propiedad y a la herencia, y progresivamente se traslada una parte de la carga fiscal al consumidor a través del impuesto al valor agregado; se pasa del método de reparto al de ahorro privado en el sistema de pensiones, etcétera.
El eje de reconstitución de lo que Thomas Piketty en su obra El capital en el siglo XXI llama los sectores dominantes fue el traslado de las instituciones financieras a manos de privados, previamente “saneadas” sus carteras con altos costos para el Estado.
Si en Europa se estableció un Estado social para la reconstrucción de posguerra, en El Salvador se tomó la decisión de poner en manos de la lógica del mercado la tarea de rehacer el tejido social y garantizar crecimiento con equidad, reduciendo las ya débiles capacidades del aparato del Estado para responder a los ingentes requerimientos que le presentaban la salida de un conflicto armado muy sangriento, y el enfrentamiento de las transformaciones sociales profundas que implicó. A juicio de quien esto escribe, es curioso —para decir lo menos— que se le pidiera al mercado la realización de funciones que no puede ni debe cumplir. Y las perniciosas consecuencias son notorias al observar la realidad nacional actual.
La burbuja de la Paz
Al inicio se tuvo un notable crecimiento del producto interno bruto, en una tasa media de 6,5 % entre 1991 y 1995; lo que algunos economistas llaman “efecto rebote” (la satisfacción de demandas de consumo e inversión pospuestas durante el conflicto), acompañado de la utilización de una importante cantidad de recursos fiscales y de ayuda externa para la reconstrucción, fueron los principales responsables de ese buen resultado económico.
Agotados estos factores, la velocidad de crecimiento descendió rápidamente, y en la segunda mitad de la última década del siglo XX solo se incrementó en un promedio anual cercano a tres por ciento; se inicia así un período de lento crecimiento que se mantiene hasta ahora; lo que tiene coherencia con el comportamiento de las variables que componen el PIB: en vez de pasar a ser un país con una balanza comercial positiva, rápidamente se pasó a tener un déficit comercial apreciable; pese a la entrega de activos estatales al sector privado y a una generosa política de reducción impositiva y estímulos para la producción, la inversión privada se mantiene en bajos niveles; la primacía del consumo y de la importación en la determinación del comportamiento económico ha sido la regla desde entonces.
Las remesas familiares comenzaron a tener un importante papel como instrumento para respaldar el consumo, y a través de la circulación dinamizan aún hoy la economía en su conjunto. Se pasó, como dice el PNUD, a un “modelo consumista de promoción de importaciones y exportación de mano de obra”. Más importante aún, las remesas familiares se convirtieron en una suerte de política social privada —transferencias de recursos de los salvadoreños residentes en el exterior para subsidiar a sus familiares residentes en el territorio nacional— que enfrenta los problemas de la pobreza y de la desigualdad con más recursos que cualquier acción del Estado en ese campo. Los datos nos muestran el peso que en el PIB tienen las remesas familiares: una media de un poco más del 16% en el período 2010-2013; compensa buena parte del déficit de la balanza comercial, es un alto porcentaje de los ingresos fiscales y del monto de las exportaciones, es varias veces el valor de las inversiones extranjeras directas, supera ampliamente al gasto social del gobierno.
Si aplicamos las “leyes del capitalismo” de Piketty, la conclusión sería que la tendencia a la agudización de las desigualdades tendría que ser una de sus características: la tasa de crecimiento de la economía (g) es inferior a la tasa de rendimiento del capital (r) que él considera como normal (alrededor del 5 %), y en los hechos sería muy inferior al valor que tenía r en El Salvador, de acuerdo al economista estadounidense Arnold Harberger.
Sin embargo, los datos de las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) elaboradas por la DIGESTYC parecen reflejar una realidad diferente. En primer lugar, la disminución de la pobreza ha sido muy pronunciada en el país a partir de 1992: entre la firma de los Acuerdos y 2009 el porcentaje de hogares en situación de pobreza pasó de 64,9 % a 37,8 %, es decir que disminuyó en más de un tercio; en el estrato de pobreza extrema la reducción es mucho más importante, pues el porcentaje correspondiente a 2009 es menos de la mitad que el que se registró en el primero de esos años. Si la disminución rápida de la pobreza es un signo de menor inequidad, entonces tenemos un comportamiento diferente del esperado de acuerdo a las leyes de Piketty.
Sin embargo, existe un factor que puede explicar la existencia de un fenómeno que no es parte del “comportamiento de las fuerzas del mercado dejadas a su propia lógica”: la migración de pobres en busca de oportunidades de ingreso en el exterior, y la internación en la economía nacional de una importante cantidad de recursos que ellos envían, que se convierten en ingresos que no son consecuencia —obviamente— de la producción interna de bienes y servicios.
No se trata de un Estado social, sino —como se dijo antes— de una política de subsidios asumida individualmente por cada uno de los salvadoreños en el exterior, que se hace cargo de contrarrestar los efectos concentradores que generan tanto la dinámica del mercado como las políticas aplicadas con el supuesto de que generarían alto crecimiento en la economía. Lejos de negar la dinámica concentradora del sistema que señala Piketty, encontramos la presencia de un factor “externo” que parece mitigarla, sin negarla. En un artículo escrito en El Faro en octubre de 2013 escribía:
'Se habla de cerca del 20% de la población que entre 1989 y 2004 dejó de ser pobre. No discutimos la cifra, que es muy probable que sea real; lo que como economistas nos extraña es [...] que dada esta realidad (de la alta migración) y el monto de remesas que el país ha recibido —una política social privada de pobres a pobres— [...] se continúe con cifras de pobreza tan altas, salvo que el funcionamiento de la economía interna tuviera una tendencia a producir pobres (superior a) los efectos de la migración y las remesas.'
Las remesas fueron incrementándose rápidamente y han tenido un creciente peso en el PIB del país hasta estabilizarse en los últimos años en alrededor del 16 % del producto interno. Llegan a un poco más de la quinta parte de los hogares (358 mil) según las EHPM, y en una buena cantidad de casos significan la diferencia entre ser pobres y dejar de serlo.
Dividiendo la cifra de remesas anuales del 2013 que nos da el Banco central de reserva (BCR), entre el número de hogares receptores que contabiliza DIGESTYC, encontramos que en promedio cada uno de ellos recibe unos US$ 11.000 anuales, desigualmente distribuidos. A eso hay que agregar que muchos de los migrantes, cuando salen del país, están ubicados en la pobreza o han salido de ella en forma precaria, con grandes riesgos de retornar a ese estrato. La migración y las remesas familiares se han convertido en variables socioeconómicas fundamentales para El Salvador.
Pero no es fácil responder la pregunta central: ¿ha disminuido la desigualdad? Sobre la desigualdad de la riqueza es muy poco lo que puede aportarse con datos estadísticos confiables. La eliminación de la imposición a la propiedad al inicio de la aplicación del modelo del Consenso de Washington, y las restricciones legales a las informaciones fiscales y financieras, son serios obstáculos a la obtención de la información necesaria para establecer cuadros nacionales similares a los que con tanta prolijidad presenta Piketty para los países ricos.
Lo que nos queda son las señales aparentes a través de los procesos de inversión de las empresas y de los comportamientos de determinados actores sociales del país. Además contamos con las apreciaciones de medios informativos internacionales; para solo dar un ejemplo, en su servicio de noticias electrónico, Univisión informaba el 9 de enero de 2015 que la revista Forbes había colocado en los puestos 4 y 7 de los individuos más ricos de Centroamérica, poseedores de recursos superiores a un millardo de dólares (billonarios, dice la información en una mala traducción del inglés) a dos ciudadanos salvadoreños —Ricardo Poma y Roberto Kriete— con inversiones en varios países del continente americano. Todo parece indicar que en El Salvador, la “distribución de la propiedad del capital (y del ingreso del capital) está siempre más concentrada que la distribución del ingreso del trabajo”, robando las palabras del economista francés que comentamos, que afirma que esta es una constante en todo tiempo para los países incluidos en su análisis.
En cuanto a la distribución de los ingresos, las Encuestas de Hogares calculan valores para los coeficientes de Gini (una medida de la desigualdad) que van en descenso, sobre todo en los últimos años, aunque todavía se aproximan a una desigualdad que Piketty califica como alta.
Pese a la baja velocidad de crecimiento de la economía, las autoridades atribuyen estos datos a la existencia de políticas gubernamentales que subsidian a los estratos más pobres. Como se ha dicho más arriba, no se intenta negar el efecto que esas políticas puedan tener sobre los ingresos de los estratos inferiores, que seguramente al ser acompañados por los aportes provenientes de las remesas reducen la desigualdad con los estratos inmediatamente superiores. Sin embargo, es discutible la validez de las encuestas para poder calcular un Gini para el conjunto de la población salvadoreña.
Por eso, hay un reto importante para la academia salvadoreña y para las instancias gubernamentales que elaboran información estadística. Siendo la desigualdad un tema que adquiere cada vez más relevancia en los análisis sociales, políticos y económicos, tener una visión lo más cercana posible a la realidad se vuelve indispensable; y para ello se requiere el acceso a información que en este momento es reservada. No es casual que Piketty piense en la liberación de la información financiera internacional como una forma de tener acceso a datos que nos permitan hacer esa aproximación.
El desafío es político
Una conclusión que es indispensable señalar es del propio Thomas Piketty:
“la realidad física de la desigualdad es visible a simple vista y naturalmente inspira juicios políticos tajantes pero contradictorios. por lo tanto siempre habrá una dimensión de la desigualdad fundamentalmente subjetiva y psicológica, lo cual inevitablemente conduce al conflicto político que ningún análisis pretendidamente científico puede aliviar. La democracia no podrá nunca ser suplantada por una república de expertos —y eso es algo muy bueno—.”
Si esto es valedero para países menos desiguales que El Salvador, no lo es menos para nosotros. En nuestro país la desigualdad es visible a simple vista, para nadie es desconocida. Pero, en la determinación de las causas que la producen, se muestran con no menos claridad las diferencias de visión de quienes las expresan. Y no es menos cierto que para nuestra sociedad se convirtió en la causa de un sangriento conflicto, el que lamentablemente no la condujo a encontrar formas más equitativas de impulsar el crecimiento.
Y la pretensión de imponer las soluciones de los expertos sin pasar por las reglas democráticas es también un riesgo para la democracia que tenemos el reto de derrotar.
El aporte de en El capital en el siglo XXI para dar seguimiento y explicar las tendencias concentradoras es muy importante. No lo es menos todo el acervo estadístico que nos deja a disposición. Pero, como hemos expresado varias veces, lo que consideramos más importante es haber ayudado a impulsar un debate que ya la realidad y algunos académicos habían iniciado, y que ahora se ha vuelto insoslayable.
Aplicar las tesis de Piketty a nuestra realidad, con la rigurosidad con que lo hace para los países ricos, exige de información que no tenemos ni en la calidad ni en la cantidad que se requiere. Sin embargo, a partir de esa visibilidad de la desigualdad y de los fenómenos sociales y políticos que observamos cotidianamente, podemos partir de que tiene un nivel que sobrepasa la tolerancia ética y los niveles en los que cierta disparidad de ingresos y riqueza podría favorecer el crecimiento.
Con un bajo incremento de la actividad económica por un período prolongado, con tasas de retorno del capital que seguramente son muy superiores a la tasa de crecimiento de la economía, la tendencia es necesariamente a agudizar esas condiciones desiguales. Pero El Salvador ha encontrado en la exportación de personas y en la recepción de transferencias familiares una forma de mitigar las más extremas expresiones de esa disparidad tanto social como políticamente; eso, pese a las consecuencias negativas que acompañan a un fenómeno que desarticula la estructura social y afecta el comportamiento de importantes variables económicas.
Sin embargo, el agotamiento del modelo aplicado a nuestra economía exige una seria reflexión sobre las causas que convirtieron en apuestas perdidas sus más importantes objetivos estratégicos; solo así podremos construir un nuevo rumbo que combine la existencia de una sociedad democrática, solidaria, y con dinamismo económico.
Permítanme terminar con una frase del Papa Francisco en la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium:
“La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por la exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo puede llevarla a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, solo debían presentarse como apuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males sociales.”
*Héctor Dada Hirezi fue ministro de Economía de El Salvador durante el período 2009-2012 y ha publicado numerosas obras sobre la economía salvadoreña. Esta entrega es un extracto de su capítulo “Piketty y la desigualdad: una visión desde El Salvador” en el reciente libro Antología del pensamiento crítico salvadoreño contemporáneo (Buenos Aires: CLACSO, 2018) compilado por Loida Mariela Castro y Roberto Oswaldo López Salazar. Esta obra incluye capítulos de connotados autores nacionales.
