“El Salvador va saliendo de la grave situación de violencia que ha experimentado”. Ni siquiera han pasado tres meses desde que el ministro de Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, pronunció estas palabras, y la publicación de unas cifras oficiales sobre violencia homicida que confirman un repunte del 26 % en los asesinatos cometidos en El Salvador en los dos primeros meses del año 2018.
Según el registro oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), febrero cerró con 308 homicidios que, sumados a los 317 reportados en enero, totalizan 625 en los dos meses. En 2017, fueron 258 y 240 respectivamente. El salto de 498 a 625 asesinatos supone 127 familias enlutadas más, y se traduce en términos porcentuales en un incremento del 26 %.
Estas cifras sobre el arranque del año 2018 se superponen además al hecho de que el último tercio de 2017 tuvo también indicadores de violencia homicida más altos que los del mismo período de 2016. Cuanto menos, y en un análisis en extremo conservador, se puede afirmar que en El Salvador se ha frenado en seco el descenso sostenido en los números de homicidios que se registró entre abril de 2016 y mayo de 2017.
El gabinete de seguridad, sin embargo, aún en diciembre le apostaba a un discurso de éxito en sus estrategias de combate a la criminalidad, que tienen en el Plan El Salvador Seguro su hoja de ruta teórica, y cuyo programa más emblemático son las llamadas Medidas Extraordinarias, que llevan al extremo las condiciones carcelarias, aislan rigurosamente a los presos de cualquier contacto con el exterior y limitan su movilidad dentro de las prisiones. Estas medidas han sido denunciadas por el sistema de Naciones Unidas por violentar los derechos humanos.
“Debemos mantenernos firmes en la implementación de nuestra estrategia de seguridad porque es la correcta: los resultados van a seguir mejorando”, dijo el ministro Ramírez Landaverde el 6 de diciembre en la plaza del Divino Salvador del Mundo, en San Salvador, en un evento celebrado para exponer los “logros” de la administración Sánchez Cerén en materia de seguridad.
Sobre los datos referidos a enero y febrero a los que ha tenido acceso El Faro, cabe destacar que la violencia homicida no se reparte parejo en todo el territorio nacional. A escala departamental, el otrora ‘tranquilo’ Morazán sigue siendo el más violento del país, seguido de cerca por La Paz. Arriba del promedio nacional también están los departamentos de Sonsonate y San Salvador. En el otro lado de balanza, La Unión, San Vicente y Chalatenango son los lugares que presentan los números menos elevados.
En cuanto a los municipios, y teniendo en cuenta sólo aquellos con más de 50,000 habitantes, reportan un pésimo arranque de año Izalco, Mejicanos, Jiquilisco, Cuscatancingo y Ciudad Delgado, mientras que la situación es más esperanzadora en San Juan Opico, San Vicente, Ilobasco, Acajutla y Zacatecoluca.
Hablan las analistas
“No me sorprende el alza”, dice Jeannette Aguilar, directora del Instituto de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, “incluso esperaba una tendencia al aumento más notable en los últimos meses del año pasado y en los primeros de 2018, motivada por la coyuntura electoral”.
No hay aún información suficiente para atribuir el repunte a una causa en particular, pero Aguilar es de las analistas que creen que las elecciones y “la manipulación a la alza o la baja de las muertes que hacen ciertos grupos” son un elemento que hay que tener en cuenta.
A Verónica Reyna, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista (SSPAS), el aumento tampoco la toma de sorpresa. La estrategia de seguridad del gobierno del FMLN se enfoca en la represión, dice, y “los resultados que generan estas acciones son frágiles y pueden ser fácilmente afectados por otras variables”.
“El Plan El Salvador Seguro –dice Reyna– se ha convertido en una carta de presentación del gobierno ante la cooperación y las organizaciones internacionales, pero no está teniendo mayor impacto en la comisión de delitos, menos de homicidios. El impacto en esos indicadores podría darse a largo plazo, en el caso de que se decidan en algún momento a implementarlo como deberían”.
La especialista del SSPAS agrega como variable las Medidas Extraordinarias, y pone en entredicho el discurso oficial: “Creo que han tenido un impacto en las pandillas, las han llevado a ser más cuidadosas, a desconfiar más, a medir mejor sus movimientos, pero no las han debilitado en casi nada”. Reyna no cree que con la actual estrategia, que tiene serias deudas en la rehabilitación y reinserción de pandilleros, pueda bajarse de los 9-10 homicidios diarios. Con dos al día, la salvadoreña ya estaría dentro de los parámetros que Naciones Unidas estableció para considerar que una sociedad sufre epidemia de violencia.
El Faro solicitó una tercera opinión. Sofía Martínez, analista de tanque de pensamiento Crisis Group, tampoco mostró sorpresa alguna por el aumento: “Por una sencilla razón: las causas estructurales que generan la violencia siguen intactas”.
Sobre el porqué del repunte, Martínez también cree, si bien no se conocen aún todos los elementos para sacar conclusiones firmes, que “probablemente tiene que ver más con la posibilidad de que las pandillas hayan querido ‘hacerse notar’ a las puertas de un evento electoral, más que con la acción represiva del Estado para combatirlas”.
La experta del Crisis Group ve hasta cierto punto lógico que el gobierno del FMLN haya querido hacer un uso político del descenso en los homicidios, pero “hay que recordar que los de El Salvador son niveles de violencia astronómicos”. El promedio en América Latina es 19 homicidios por cada 100,000 habitantes, y El Salvador cerró 2017 con una tasa de 60.
Según Martínez, “un pacto de Estado por la paz” entre el FMLN y Arena que “realmente suponga un compromiso con los cinco ejes del Plan El Salvador Seguro”, y la revisión crítica de las ‘Medidas extraordinarias’ son pasos indispensables para encarar el futuro con optimismo. “De lo contrario, van a seguir muriendo más salvadoreños y seguiremos preguntándonos por qué”, dice.
No está siendo un año especialmente violento
Los 625 asesinatos registrados por la PNC en los dos primeros meses no perfilan un año 2018 con indicadores de violencia homicida especialmente altos. El promedio es de 11 homicidios al día. En los diez años anteriores (2008-2017), en siete se superó ese promedio, mientras que en tres se estuvo por debajo.
El alza del 26 % que reflejan las estadísticas oficiales se debe más a que los dos primeros meses de 2017 fueron un período ‘tranquilo’ en parámetros salvadoreños: se promediaron ‘sólo’ ocho asesinatos al día.
