Kate Doyle labora como analista en el National Security Archive, con sede en la Universidad George Washington, en Estados Unidos. Esta es una organización que ejerce presión al gobierno norteamericano para que ponga a disposición del público sus archivos sobre su política exterior y sobre el cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos. En su larga trayectoria ella ha sido una figura clave para investigaciones en toda América Latina, y en 2012 ganó el premio Alba/Puffin por su labor de contribución para esclarecer crímenes de guerra en la región. Es una archivista insanciable, una mujer convencida de que los Estados deben ser responsables y responder de manera coherente a las demandas de justicia de sus víctimas, y que Estados Unidos debe aportar para esa causa con la desclasificación de los archivos secretos de su política exterior, miles de documentos recogidos y archivados desde que América Latina era un patio trasero dirigido por dictaduras militares apoyadas por EUA.
Doyle vino a El Salvador a hablar de la posibilidad de abrir nuevas vías para requerir la desclasificación de información. Ella conoce las graves violaciones que se cometieron en la guerra civil salvadoreña, y considera que este es un buen momento para que surja una persona 'valiente', un fiscal, un juez, un magistrado, que haga una solicitud oficial al gobierno de Estados Unidos o a Naciones Unidas para conocer el contenido de archivos secretos, que permitan acercarnos a la verdad sobre los responsables de crímenes que conmocionaron a la sociedad salvadoreña.
El 15 de marzo, en el marco de los actos de conmemoración de los 25 años de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, ella planteó que la existencia de esa comisión y su informe representan un reconocimiento de que los salvadoreños necesitan tener información sobre su pasado para poder avanzar y dejar atrás prácticas que vulneran a la población civil.
Su organización insiste en que Estados Unidos puede tener un papel importante si desclasifica documentos sobre el conflicto armado en el contexto de los procesos judiciales que comienzan a reabrirse en El Salvador.
Esto tiene historia. En 1993, después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, el presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de miles de documentos sobre el conflicto en El Salvador. La documentación estaba enfocada en los 32 casos paradigmáticos, estudiados por la Comisión de la Verdad. Ese proceso resultó en la revelación y en la apertura de 12 mil documentos desclasificados de la CIA, del Departamento de Estado y del Pentágono. Tenemos un antecedente y es una base desde donde podamos averiguar qué tenemos ya y qué nos hace falta.
¿Considera que Estados Unidos todavía puede tener documentos que revelen cadenas de mando sobre casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos durante la guerra?
Debe haber otros documentos y archivos. Pero por ahora debemos hacer análisis rápido, caso por caso, y ver qué es accesible al público de todas estas agencias, de los agregados de defensa y de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Así entenderemos lo que ya existe y sabremos qué información requerir al gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, ya pensamos en el caso El Mozote. A los abogados acá, a los fiscales, a las organizaciones, a los jueces y a cualquier persona que quiera escuchar, podemos proponerles los documentos que pueden solicitar. Es importante enfocarse en la información que sigue secreta y no solicitar temas amplios o muchos documentos.
Usted planteó al Congreso de Estados Unidos la importancia de la aprobación de una ley que hiciera más expedito el intercambio de información de los archivos sobre la política exterior de Estados Unidos con los gobiernos latinoamericanos, para que pudieran ser usados en causas judiciales. ¿Hay apertura en el Congreso para facilitar el acceso a estos archivos?
No será así, por esta vía. Lo intentamos en la década de 1990: la aprobación de una ley que obligaría a las dependencias a abrir sus archivos sobre violaciones a los derechos humanos. Esa iniciativa de ley no prosperó en 1998. Hoy mismo, si viene una solicitud oficial de jueces o de los magistrados a través de Cancillería o a través de la embajada de El Salvador en Estados Unidos, hay miembros del Congreso como Jim McGovern, el representante de Massachusetts, a quien le importa mucho lo que pasa en estos juicios, como el de El Mozote. Él va a organizar una campaña para presionar al gobierno de Estados Unidos para que cumpla con una eventual solicitud de El Salvador. Hablamos de mecanismos para poder avanzar en la desclasificación rápida de esa información como respuesta a una solicitud formal que venga de El Salvador.
¿La Fiscalía de Douglas Meléndez ha mostrado interés en esta propuesta?
No conozco al fiscal general. Hablamos con varios fiscales durante el viaje para explicarles que existe la posibilidad de pedir la desclasificación de información sobre el caso en el que están trabajando. Primero, debemos hacer conciencia de que esa posibilidad existe. Luego, vamos a ver si para ellos sería una vía que quieran tomar. Ellos como representantes del sector judicial en El Salvador podrían interponer una solicitud oficial. En Washington, vamos a acompañar cualquier solicitud y trabajar con el gobierno de Estados Unidos para asegurar que respondan. Hay una cantidad de personas que podrían hacer eso: el fiscal general, la unidad de fiscales que tiene a su cargo casos históricos o el juez del caso El Mozote. Podría ser el Canciller o el presidente de El Salvador. Debe venir de una entidad oficial. Eso puede tener peso en Estados Unidos, que sea significativo y que haga más fácil a congresistas empujarlo.
Este año se conmemora el 25 aniversario del Informe de la Comisión de la Verdad que reveló patrones de terrorismo de estado. Sin embargo, este es un documento que no permeó la construcción de la memoria histórica de El Salvador. El partido que triunfó en las elecciones legislativas, Arena, desconoce la legitimidad de ese informe.
Sí, puede decirse que el informe no permeó la cultura de este país. Como dice el reporte: “Nunca más”. La verdad es que para garantizar que no se repitan estos acontecimientos terribles hay que estudiar el informe. Hay que hablar del informe y hay que utilizarlo. Hay que movilizar sobre las recomendaciones. El Salvador no está solo en este problema. Todos los Estados que han tenido sus comisiones de la verdad también han luchado mucho en asegurar o dar seguimiento a las recomendaciones de un colectivo de investigadores con los que no siempre va a estar de acuerdo los gobiernos. Hay nuevas oportunidades con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Ojalá permita abrir espacios para reflexionar y para retomar las recomendaciones del informe.
En esta cruzada por la desclasificación de documentos, ¿por qué considera que no se ha tocado la puerta de Naciones Unidas? Ellos cuentan con archivos secretos, que fueron insumos para la elaboración del Informe de la Comisión de la Verdad. ¿Ve viable tocar esa puerta para las causas judiciales en El Salvador?
Creo que hay que maneras de tocar la puerta de las Naciones Unidas. La gente de la ONU sabe que las condiciones en El Salvador cambiaron, que la Ley de Amnistía ya no está vigente, que hay un caso vivo que está trabajando la Corte, que hay otros casos bajo investigación y que van a venir. Entonces, creo que ya deben tener bajo su consideración qué hacer con los archivos de la Comisión. No sé qué harán con esa información, pero si hay actores dentro del gobierno de El Salvador o en la Fiscalía o entre los jueces, en Cancillería, si hay una solicitud directa por parte del algún actor oficial, creo que la ONU respondería.
Lo ideal es la desclasificación de información oficial, pero lo que hemos visto es que ha sido a través de la filtración o a través del descubrimiento fortuito de documentos confidenciales que se ha avanzado en el conocimiento de la verdad. Tenemos el caso del Dossier de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y en El Salvador, el Libro Amarillo, que revelan la convivencia institucionalizada del ejército con los escuadrones de la muerte y el uso de los aparatos de inteligencia para operaciones de terrorismo de Estado. ¿A la hora de construir un caso judicial, qué peso puede tener esta filtración de documentos?
Mi posición es que hay que empujar la puerta a través del acceso a la información pública de los archivos militares. Deben insistir los investigadores. Hay mucha gente que a través de Ley de Acceso a la Información está intentando construir una vía legal para tener acceso a estos archivos. Es cierto que en otros países se han filtrado en algunas ocasiones documentos militares como de la Policía, pero eso no es la vía ideal. Lo ideal es que haya un procedimiento en que el Ejército, como cualquier otra institución de gobierno, esté obligado a rendir cuentas y a entregar información sobre su pasado. En Estados Unidos, hemos luchado sobre los mismos temas con el Departamento de Defensa y con la CIA. Ellos quieren cerrar todo acceso a sus archivos. Eso no es único de El Salvador. No es un rasgo nacional. Es una enfermedad de toda burocracia y de todos los gobiernos.
El IAIP -la máxima autoridad en materia de Ley de Acceso a la Información- falló a favor de ciudadanos que pedían acceso a los archivos del Ejército sobre operativos militares que culminaron con la desaparición forzada de niñas durante la guerra. La respuesta del Ejército fue no dejar entrar a las autoridades del ente que decide qué información es pública o reservada. ¿Queda otro camino diferente al de la rendición cuando la autoridad demandada, pese a la existencia de una orden con peso legal, se niega a dar acceso a los archivos?
Hay que empujar hasta dónde se pueda. En Estados Unidos, demandamos ante la Corte. Otra vía es la Comisión Interamericana. En El Salvador tienen una cláusula en su ley que prohíbe negación o censura de información que tiene relación con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hay varias razones legales para que esta información sea abierta y accesible, por lo menos a los investigadores en las cortes que quieren tener entendimiento sobre lo que pasó. El problema es cuando el Ejército u otra institución no cumple con obligación legal, los únicos remedios quedan o ir a la Corte Suprema o que el poder ejecutivo, para que el comandante en jefe ordene esta rendición.
La Comisión de la Verdad reveló un patrón de acciones. Colocó como los principales actores que perpetraron violencia contra población civil al Estado, al Ejército y a los escuadrones de la muerte, y atribuyó una parte menor a la guerrilla. ¿Podemos esperar que la clase política de El Salvador se interese por abrir archivos si existe la posibilidad de que gente importante de los partidos políticos pueda salir mencionada como responsable de graves violaciones a los derechos humanos?
Es importante recordar que no todos los actores del gobierno deben estar de acuerdo. A veces lo único que se requiere es una, una persona valiente que lo haga. Del caso Pinochet, en Chile, el juez… Todo el sistema judicial estaba en contra de investigar crímenes de Pinochet. Pero al final del día, un juez decidió que era parte de su obligación hacer una investigación honesta. Eso fue el comienzo de todo un proceso completo en Chile, pero años después de la dictadura. No requiere que el presidente más todo el congreso estén de acuerdo. Solo requiere de una persona: un juez, un ministro.
Hace el símil con casos como el de Guatemala en que Claudia Paz y Paz y Yasmín Barrios se atrevieron a juzgar a Ríos Montt.
Sí. Una fiscal quiso hacer avanzar estos casos.
¿Considera que Douglas Meléndez puede convertirse en esa persona valiente?
No lo sé. No puedo comentar sobre eso... No le conozco, pero hay otras personas. Hay otras personas que sí han mostrado interés, fiscales que están trabajando sus casos y están buscando las pruebas en una posición bastante difícil, porque el Ministerio de Defensa no ha producido archivos para sus causas judiciales.
