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“Prorrogar las Medidas Extraordinarias tendría un costo para El Salvador en el plano internacional”

Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja para México, Centroamérica y Cuba entre 2014 y 2018, se suma a las voces que ven en las llamadas ‘Medidas Extraordinarias’ una política pública que viola los derechos humanos de los privados de libertad. Mientras la Asamblea Legislativa estudia una nueva prórroga, solicitada por el gobierno del FMLN, Schaerer advierte de que la continuidad de las Medidas supondría un costo político para el país en el plano internacional.

Roberto Valencia / Fotos Víctor Peña

 
 

Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación para México, Centroamérica y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja entre 2014 y 2018. Foto Víctor Peña.
 
Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación para México, Centroamérica y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja entre 2014 y 2018. Foto Víctor Peña.

Conviene explicar primero qué son las ‘Medidas Extraordinarias’. ¿Por qué? Porque el imaginario colectivo ha terminado relacionándolas con todas las políticas públicas represivas adoptadas desde 2015 para hacer frente a la criminalidad, y no es así. Eso que llamamos ‘Medidas Extraordinarias’ se refiere nomás al intento del Estado salvadoreño por neutralizar los liderazgos encarcelados de la Mara Salvatrucha 13 y de las dos facciones del Barrio 18, intentona plasmada en un decreto legislativo llamado ‘Disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias en los centros penitenciarios, granjas penitenciarias, centros intermedios y centros temporales de reclusión’. La Asamblea lo aprobó por unanimidad el 1º de abril de 2016, al calor de la indignación social generada por la masacre de 11 trabajadores y agricultores en San Juan Opico.

Las Medidas se vendieron como una herramienta eficaz para cortar la comunicación entre los líderes pandilleros y sus subordinados en libertad. Con el referido decreto #321, los diputados facultaron al Ministerio de Seguridad Pública para facilitar el despido de los empleados de Centros Penales, para comprar equipo y servicios sin licitación alguna, para obligar a las compañías telefónicas a no brindar señal en cárceles y alrededores, y para aislar a los mareros del mundo exterior, prohibiendo visitas familiares y de todo tipo a las más de 14,000 personas recluidas en los centros penitenciarios de Zacatecoluca, Gotera, Izalco (I, II y III), Chalatenango, Quezaltepeque y Ciudad Barrios, los seis asignados en los primeros años del presente siglo a las maras por el Estado.

Entre abril de 2014 y marzo de 2018, Juan Pedro Schaerer (1964, 16 de octubre) se ha desempeñado como máximo responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México, Centroamérica y Cuba. Él resume así las consecuencias de las Medidas Extraordinarias: “Cero visitas familiares en dos años; acceso muy restringido al aire libre para los detenidos, tipo una hora tres veces por semana; acceso limitado a sus abogados y a las audiencias. Son medidas que están vulnerando garantías de los detenidos”.

Las Medidas se concibieron para un año. Pasó el año, y la Asamblea las prorrogó un año más en idénticas condiciones, prórroga que finaliza el 30 de abril de 2018.

El CICR realizó entre 2012 y 2016 un trabajo intenso en las cárceles salvadoreñas, trabajo que se interrumpió tras el decreto. Schaerer no tiene dudas: impedir que durante dos años una madre no pueda ver a su hijo encarcelado, por citar un ejemplo, viola derechos fundamentales tanto del privado de libertad como de los familiares, algo que también han señalado prominentes funcionarios del sistema de Naciones Unidas y oenegés locales como el Idhuca o el Servicio Social Pasionista.

“El Salvador tiene obligaciones en el plano internacional”, advierte Schaerer en una coyuntura en la que el gobierno está solicitando una nueva prórroga. “Aunque las personas sean responsables de asesinatos o de secuestros, los Estados tienen la obligación de respetar sus derechos humanos”, remata.

El Comité Internacional de la Cruz Roja no acostumbra a exponer en los medios sus discrepancias con los gobiernos. “Estas situaciones las manejamos directamente con las instituciones penitenciarias de los países en los que surgen problemas”, dice Schaerer. De alguna manera, esta entrevista con el responsable regional de la influyente organización internacional es algo excepcional.

¿Usted ha interactuado con la Asamblea por el tema de las Medidas Extraordinarias?
Yo me reuní con los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, y pudimos exponer nuestra lectura de las Medidas y las consecuencias humanitarias que generan. El tema lo habíamos hablado mucho con el Ejecutivo, pero creímos que era necesario también reunirnos con las personas que votan los decretos.

La relatora de la ONU Agnes Callamard fue muy explícita al pedir su derogación. ¿Cuál es la postura de la organización que usted representa?
En primer lugar, reconocemos que el Estado tiene que tomar acciones y medidas para garantizar la protección de los ciudadanos, por los niveles de violencia que hay en El Salvador. Es importante subrayarlo. Pero, habiendo dicho esto, las medidas que se adoptan tienen que tomar en consideración los derechos fundamentales de los privados de libertad. Hay que encontrar un balance.

Antes de las Medidas Extraordinarias, ¿qué trabajo hacía el CICR en las cárceles?
En el año 2012 firmamos un convenio con el entonces ministro de Seguridad Pública [David Munguía Payés, actual ministro de Defensa]. Ese acuerdo fijó los objetivos y las modalidades de nuestras visitas. Los objetivos eran vigilar el trato a los detenidos y sus condiciones de detención, para luego, en diálogo con las autoridades, mejorar esas condiciones y hacer lo posible para que el trato sea conforme a las reglas básicas. Y las modalidades de nuestras visitas eran que el CICR tenía acceso a todos los centros penales.

¿Avisaban con antelación o llegaban sin aviso previo?
El convenio permitía visitar todos los centros, hablar libremente y sin testigos con los detenidos que seleccionábamos y, y esto es muy importante, repetir la visita cuando lo creyéramos oportuno. Gracias a ese convenio se había hecho una primera evaluación con personal de la Dirección General de Centros Penales para fortalecer la administración penitenciaria y que pudieran responder mejor a sus obligaciones. Teníamos varios ejes de trabajo: uno, por ejemplo, tiene que ver con la infraestructura, porque muchas cárceles son vetustas, centros que ni siquiera fueron concebidos para ser cárceles.

¿El convenio era similar al firmado con otros países de la región?
Totalmente. No había nada diferente. Trabajamos cuestiones de infraestructura, de acceso a la salud, el trato a los internos, el hacinamiento… y también el fortalecimiento del sistema judicial, porque el tema de las cárceles no hay que verlo solamente como un problema de administración penitenciaria. El incremento de las personas privadas de libertad es un peso sobre el sistema, porque los procesos son más largos, las personas se quedan más tiempo en prisión preventiva. Por eso trabajamos también con el sistema judicial.

¿Cómo y cuándo se enteró el CICR de que el gobierno salvadoreño implementaría las Medidas Extraordinarias? ¿Hubo notificación previa?
Nos enteramos cuando dieron las primeras declaraciones públicas, al calor de la masacre de Opico. Luego fuimos informados oficialmente; básicamente nos notificaron que el acceso a las siete cárceles, porque eran siete en ese momento, iba a ser negado.

¿El CICR había dado pie para suspicacias? ¿Alguno de sus empleados había generado problemas en alguna visita?
No, fue la aplicación al pie de la letra del decreto legislativo: nos dejaron fuera a nosotros, pero también a otras oenegés, a los familiares de los internos, y complicaron mucho el ingreso de los abogados.

¿Qué hicieron ustedes después?
Decidimos no entrar en ningún otro centro penitenciario. Luego iniciamos una lectura de lo que suponen las Medidas y comenzamos un diálogo con el gobierno por este tema. Desde el principio pusimos especial atención a si la Medidas eran compatibles con otras normas nacionales e internacionales en el ámbito de los derechos humanos.

Foto Víctor Peña.
 
Foto Víctor Peña.

Tras dos años, lejos de replantearse si respetan los derechos humanos, el gobierno pide otra prórroga.
Después de dos años, cualquier medida que dice ser extraordinaria y temporal en la práctica ya no es ni extraordinaria ni temporal. De facto, las Medidas se están volviendo algo permanente. Nosotros decimos que cada medida debe ser analizada para ver si el objetivo que se busca es compatible con los derechos de los detenidos, y si es compatible con los tratados internacionales suscritos por El Salvador.

Entre 2015 y 2017 los homicidios bajaron un 40 % en El Salvador, y el gobierno dice que es consecuencia directa de las Medidas.
El CICR no es una institución especializada en hacer análisis en el área de seguridad pública, pero me parece básico que para explicar una baja de homicidios así hay que considerar diferentes elementos. Es un poco reduccionista explicar el descenso como una relación causa-efecto de las medidas tomadas en los centros penitenciarios.

Es el argumento utilizado por los defensores de las Medidas.
Lo hemos escuchado, sí, pero no compartimos esa visión. Tampoco creemos que la violencia que hay en una sociedad deba medirse sólo con la tasa de homicidios. Eso limita mucho las lecturas, porque la violencia se expresa también con otro tipo de impactos en la población. Pero incluso suponiendo que las Medidas tuvieran un impacto en las cifras de homicidios, la realidad es que El Salvador tiene obligaciones en el plano internacional. Hay un límite en los medios que se pueden utilizar para llegar a cualquier fin, y se resume en que los privados de libertad también tienen derechos. Y de nuevo: cuando se toman medidas temporales, se pueden admitir ciertas restricciones, pero el problema es que ya no son temporales.

¿El CICR vería bien, por ejemplo, que las Medidas se aplicaran sólo en Zacatraz, donde están detenidos los que el gobierno considera los liderazgos de las pandillas?
Tampoco, porque la idea es buscar medidas alternativas para cada objetivo específico, pero respetando los derechos humanos de las personas. Un ejemplo: para evitar que entre y salga información de los centros penales se llegó a la conclusión de prohibir a los privados las visitas de sus familiares, pero eso es un derecho fundamental. Yo creo que hay otras formas de manejar el tema. Se pueden tener visitas controladas, como se hace en otros países.

Usted pide que una madre pueda visitar a su hijo pandillero, pero esta sociedad rechaza esas visitas.
Las Medidas fueron ratificadas en febrero de 2017, cuando ya se sabía qué eran porque llevaban un año implementadas, y sólo un diputado votó en contra. Definitivamente, eso también es el reflejo de lo que piensa la sociedad. Es necesario un trabajo de sensibilización tanto en las comunidades como en las personas que toman decisiones para que las medidas que se adopten no sacrifiquen los derechos humanos de los privados de libertad, que son personas que están bajo responsabilidad directa del Estado. Si miras el Plan El Salvador Seguro, uno de sus ejes es la rehabilitación de las personas encarceladas. Está en el Plan, pero ese eje se ha olvidado.

No he escuchado a ni un solo diputado cuestionar la prohibición de las visitas en las cárceles.
Por eso les pedimos que revisaran cada una de las medidas, y que pensaran si realmente sirven para lo que el gobierno dice que sirven. Te voy a dar otro ejemplo: el hecho de que una persona esté encerrado 24 horas en su celda, sin ver el sol, ¿qué relación tiene eso con cuestiones de seguridad fuera de los centros penales?

Si se prorrogaran las Medidas en los mismos términos, ¿que puede hacer la comunidad internacional?
En su momento se verá cómo va a reaccionar la comunidad internacional. Las visitas del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la relatora para Ejecuciones Extrajudiciales significan algo, y los dos se pronunciaron con claridad. Ahora, si se prorrogan una vez más, sería volver permanente y normal una política de Estado que no es compatible con normas mínimas de respeto a los derechos humanos. Eso tendría un costo a mediano y largo plazo para El Salvador en el plano internacional, a nivel político. Si la comunidad internacional estableció unas normas mínimas en el tema de las condiciones de detención y en el trato de las personas detenidas, no es por nada. Aunque las personas sean responsables de asesinatos o de secuestros o de una extorsión, los Estados tienen la obligación de respetar sus derechos.

¿Qué tan grave es la situación de violencia que vive El Salvador?
Muy preocupante, definitivamente. Los niveles de violencia son muy altos, y no me refiero sólo a la tasa de homicidios. Nosotros trabajamos en las comunidades y vemos que la baja en la tasa no significa que haya mejorado la percepción de inseguridad. En muchas zonas del país seguimos viendo comunidades muy afectadas por la situación de violencia.

Usted ha trabajado para el CICR en Palestina, en Iraq... ¿la situación en esos países es muy diferente a lo que se vive en El Salvador?
Aquí la violencia tiene un impacto en la vida de todos los días. En términos de consecuencias, sí hemos visto otras zonas del mundo donde vemos consecuencias humanitarias muy similares...

¿Similares?
Similares. El CICR decidió irse de El Salvador poco después de los Acuerdos de Paz, pero en 2010 la institución decidió acercarse más a conflictos armados no tradicionales, tal como son definidos por los convenios de Ginebra, pero que sí son situaciones de violencia armada. Una de las zonas elegidas fue Centroamérica. En ese momento se decidió reabrir la oficina en El Salvador, para realizar actividades en favor de las comunidades afectadas por la violencia armada, pero también para apoyar a las instituciones públicas que atienden el tema de la salud, porque la violencia tiene un impacto en términos de acceso a la salud; para apoyar al Ministerio de Educación, porque la violencia afecta el acceso a la educación; y también en el tema de los privados de libertad, y por eso se firmó aquel convenio en 2012.

Leí una entrevista que le hicieron en la que usted dijo que la principal diferencia con países que sufren guerras convencionales es que acá no se afecta en gran medida la infraestructura.
No me gusta mucho comparar porque cada conflicto tiene su propia dinámica, pero en Siria y en Yemen, por citar los dos casos más destacados hoy en día, el daño en la infraestructura es enorme. En El Salvador, la violencia y cómo afecta esa violencia en la población toman otras formas. Acá, en muchas comunidades, las personas viven recluidas en sus casas, con miedo a salir, el personal médico es amenazado o intimidado si llega a esas comunidades…

Por eso ustedes regresaron a El Salvador en 2012.
Si estamos en El Salvador es porque hay un problema humanitario generado por la violencia. Y hay que buscar soluciones. Como CICR, creemos que podemos contribuir a mitigar alguna de las consecuencias de la violencia, pero hay otro tipo de trabajo, el referido a cómo abordar las raíces de ese problema, que ya no es competencia de una organización humanitaria.

Usted estuvo en El Salvador en el tramo final de la guerra civil. ¿Le sorprende que casi tres décadas después estemos como estamos?
Yo trabajé en el país durante el último año del conflicto y me fui poco después de que se firmaran los Acuerdos. Aquel fue un momento muy positivo, eso se sentía. Toda la sociedad tenía mucha esperanza de que las cosas definitivamente cambiarían.

Foto Víctor Peña.
 
Foto Víctor Peña.

Cuando lo pusieron al frente de la oficina regional en 2014 y leyó su primer informe sobre El Salvador, ¿le sorprendió?
Tengo amigos salvadoreños con los que mantuve el contacto y me contaban la evolución de la situación, pero, la verdad, sí me sorprendieron mucho los niveles de violencia y cómo impacta en las personas, porque es un impacto muy diferente al del conflicto armado.

Usted es alguien que visita esporádicamente el país. Más de un lector se estará preguntando por qué hace afirmaciones tan rotundas.
Yo dirijo un equipo que trabaja permanentemente en El Salvador, y el CICR se apoya además en la Cruz Roja salvadoreña. Conocemos el país. Lo entendemos. Nuestra lectura es la más objetiva posible.

¿Ustedes trabajan de forma constante en las comunidades?
Tener equipos que visitan las comunidades y que trabajan en zonas complicadas es muy importante. Nosotros tratamos de entender cuál es la realidad de un ministro de Salud, pero también cuál es la realidad de los médicos que trabajan en las unidades de salud.

¿Les ha tocado explicar a políticos o empresarios qué está sucediendo en los estratos menos privilegiados?
Es nuestro trabajo. Contamos lo que vemos, sea en una cárcel o en una comunidad.

¿Pero hay caras de sorpresa, de yo no sabía que eso estaba ocurriendo?
No voy a entrar tan en detalle de las respuestas que me dan, pero muchos de los problemas, en países como El Salvador, tienen que ver con una presencia institucional limitada en el terreno, y eso hace que otros actores lleguen a tomar ese espacio. Es por eso que en esas zonas hay grupos armados, pandillas, que generan toda una serie de problemas. Creo que es muy importante acercar a los tomadores de decisión la realidad de las personas que están recibiendo las políticas públicas que aprueban.

Los organismos que están señalando a El Salvador por violar los derechos humanos casi siempre aplauden la colaboración del gobierno. ¿No puede ser eso parte de una estrategia?
No sé cómo operan otros organismos, pero nosotros, como CICR, trabajamos con el aval del gobierno. En el tema de las Medidas Extraordinarias tenemos desacuerdos, pero esos desacuerdos no tienen un impacto negativo sobre las otras actividades que desarrollamos. Seguimos trabajando con el Ministerio de Salud, por ejemplo, y creo que es importante que, a pesar de ciertas diferencias, eso no significa que se cierran todas las puertas.

¿Cómo maneja el CICR sus diferencias con el Estado?
Con diálogo.

Hay organismos que presionan vía embajadas que tienen cierto peso.
Nosotros no.

¿Usted se reúne con embajadores?
Sí, pero la seña de identidad del CICR es que siempre mantiene un canal directo, confidencial y bilateral con las autoridades de los países en los que trabajamos. A través de ese diálogo tratamos de buscar maneras de actuar diferentes, y el mejor ejemplo es el de las visitas de los familiares a los privados de libertad, porque creemos que puede haber medidas que puedan llegar al mismo fin y que sean respetuosas de los derechos humanos. Nosotros no discutimos el objetivo, sino las medidas concretas que se están tomando.

¿Cree que a corto o medio plazo el CICR va a poder ingresar en las cárceles de El Salvador?
Yo creo que sí.

Eso pasaría porque al menos se maticen con contundencia las Medidas.
No necesariamente. Porque de nuevo, una cosa es la cuestión de las Medidas Extraordinarias y otra es la colaboración que el CICR pueda tener. Obviamente, nos sería mucho más fácil fortalecer el diálogo sobre las Medidas si visitáramos los centros, porque hoy en día nos es mucho más difícil saber lo que está pasando en las cárceles.

¿Usted cree que una madre que lleva dos años sin poder visitar a su hijo en la cárcel de Gotera o en la de Izalco podrá visitarlo en breve?
Eso espero. Pero la verdad, por las discusiones que he tenido, a corto plazo no estoy tan optimista. Y definitivamente ahí hay un problema serio. No hay que verlo sólo como el derecho del privado de libertad, sino que también se están violentando los derechos de esa madre, de la esposa, de los hijos. Y eso tiene un impacto que va mucho más allá de un descenso en la tasa de homicidios. Para la sociedad puede tener otro tipo de consecuencias, para el futuro mismo de la sociedad. Por eso decimos que este tema se tiene que mirar de manera mucho más detallada e individual, y no con la simpleza de decir que lo que estamos haciendo está bien porque han bajado los homicidios.

Foto Víctor Peña.
 
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