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Nada detiene los tractores en Tacuscalco

A pesar de seis órdenes de suspensión de obra y la admisión de la Fiscalía de la comisión de delitos y daños, ninguna autoridad ha logrado detener la construcción de una residencial sobre un sitio arqueológico en Tacuscalco, Sonsonate. La empresa constructora, Inversiones Fénix, factura en nombre de Salazar Romero.

 
 

La construcción no autorizada en un área del sitio arqueológico de Tacuscalco es tan grande y se encuentra tan avanzada que los arqueólogos de Secultura consideran que los daños son ya irreparables. Camiones y tractores han trabajado a marcha forzada durante ocho meses para terminar una residencial de 603 casas llamada Acrópoli que colinda, a un costado, con la carretera que va de Sonsonate a San Salvador; y por el otro con estructuras prehispánicas de uno de los más importantes sitios arqueológicos del país.

A pesar de que la Secretaría de Cultura ha ordenado ya cuatro veces la suspensión de la obra; que el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho lo mismo y que un juez ambiental emitió también una orden de suspensión; a pesar de que la Fiscalía considera que los constructores han incurrido en varios delitos; a pesar de todo eso no hay autoridad en El Salvador capaz de detener la destrucción del sitio.

Este es el lugar al que Pedro de Alvarado llegó herido después de la batalla de Acajutla. Y desde una de las estructuras del lugar observó la batalla de sus hombres contra los pipiles de Tacuscalco. Lo describe en sus cartas de relación. Lo describen también los códices de tlaxcaltecas que acompañaron a los españoles en la conquista.

Afuera de la construcción aún son visibles varias de las más de 40 estructuras que según los estudios de la Dirección de Arqueología componen el sitio, testimonio de un gran centro cívico religioso que abarcaba varias manzanas y desde donde aún es posible, en un día despejado, ver el Océano Pacífico hacia el sur y el cinturón de fuego de volcanes hacia el norte. Pero hoy la vista hacia el norte está obstruida por un muro de concreto tras el cual se construye Acrópoli.

Según el Lienzo de Tlaxcala y las cartas de relación de Pedro de Alvarado, en Tacuscalco se llevó a cabo la segunda batalla que los conquistadores españoles, junto a indígenas aliados, libraron contra los habitantes del lugar en 1524. Foto: Fred Ramos
 
Según el Lienzo de Tlaxcala y las cartas de relación de Pedro de Alvarado, en Tacuscalco se llevó a cabo la segunda batalla que los conquistadores españoles, junto a indígenas aliados, libraron contra los habitantes del lugar en 1524. Foto: Fred Ramos

El viernes 23 de marzo a las 2 de la tarde, la Fiscalía General de la República presentó un requerimiento contra Rodolfo Joaquín Recinos de León, propietario de Inversiones Fénix, y Carlos Eduardo Nosthas Castillo, el jefe del proyecto de construcción de la residencial Acrópoli. A ambos los acusó de construcción no autorizada, daños agravados, desobediencia a particulares e infracción contra las medidas de registro, control y circulación. En otras palabras, la fiscalía considera que la construcción de Acrópoli es ilegal. Los acusados enfrentan un máximo de 10 años de prisión, una multa de entre 300 y 4,500 dólares, e incurrir en un monto de responsabilidad civil que podría ser millonario. 

“Estamos también solicitando en el requerimiento la suspensión de la obra”, dijo ese día el fiscal. Cuando se le preguntó por qué tardaron tanto en solicitar esas acciones, dado que supieron del caso siete meses antes, cuando aún no había avanzado la construcción, el fiscal simplemente dijo que “las investigaciones toman tiempo”.

Ese viernes por la tarde, el juzgado de paz de Nahulingo recibió el requerimiento presentado por la fiscalía y se fue de vacaciones de Semana Santa. Los tractores continuaron a marcha forzada en una carrera contra el tiempo para vencer tanto a la temporada de lluvias como a cualquier ejecución de las órdenes de suspensión de obra. Para beneficio de Inversiones Fénix, ni las lluvias ni la ejecución de la suspensión han llegado aún.

La mano de Salazar Romero

El pasado 3 de abril, Ana Silvia González, la representante legal de Inversiones Fénix, explicó en El Faro Radio los argumentos de su empresa para seguir construyendo. Dijo que a criterio de su empresa la zona arqueológica ha sido respetada; que las órdenes de suspensión de obra son ilegales y por tanto se niega a parar la obra. Consultada por los vínculos de Fénix con la constructora Salazar Romero, Ana Silvia González respondió: ¡Ninguna! ¡Ninguna!

Mintió. Los vínculos son tantos que son orgánicos. Hablar de Inversiones Fénix es hablar de Salazar Romero. Aquí algunos de esos vínculos:

Inversiones Fénix fue creada el 21 de marzo de 2014 por el abogado Rodolfo Joaquín Recinos de León y el motorista Víctor Manuel Molina Chachagua. La compañía nació con un capital de dos mil dólares, pero en los siguientes dos años lo aumentó a $22.8 millones por proyectos inmobiliarios relacionados con la constructora Salazar Romero.

El fundador y representante legal de Fénix, Recinos de León, contra quien la fiscalía solicitó el requerimiento, es uno de los abogados de Salazar Romero. En el 2014, él representó a Salazar Romero en un caso de robo que sufrió la compañía en Santa Ana; un año después, el abogado Recinos de León tramitó la desmembración de un terreno en el cantón Suchinango de Apopa, propiedad de Salazar Romero. Hasta el año 2015, el abogado Recinos de León consignaba como su dirección la misma dirección donde está ubicada la gerencia legal de Salazar Romero: una oficina ubicada en el kilómetro 19 y medio de la nueva autopista que conduce hacia el Boulevard Constitución, en Apopa. La oficina está en la Metrópoli San Gabriel Sur, un proyecto habitacional de Salazar Romero.

El motorista Víctor Manuel Molina Chachagua, administrador suplente de Fénix, también tiene nexos con Salazar Romero. El 20 de noviembre de 2014, Molina Chachagua fue nombrado secretario suplente de Créditos e Inversiones (Creinsa), empresa fundada el 7 de enero del 2000 para otorgar créditos hipotecarios. La Fiscalía salvadoreña le abrió un expediente por lavado de dinero, en el año 2003.

La investigación inició el 9 de enero de 2003, cuando el entonces secretario de Creinsa (y al mismo tiempo empleado de Salazar Romero), Carlos Daniel Arias López, fue capturado en Panamá con 800 mil dólares en efectivo. Un año después, el 3 de septiembre de 2004, otro empleado de Salazar Romero, Alexander Arriola Bonilla, fue capturado en Panamá con otros 844 mil 955 dólares en efectivo. La Fiscalía abrió un expediente, pero la investigación que pretendía llegar hasta José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo, no rindió ningún fruto.

Chepe Diablo es procesado actualmente por lavado de dinero. Ese empresario hotelero, socio del vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, también fundó empresas (Servicios Logísticos, Gumarsal, Hoteles San José) con José Raúl Salazar Landaverde, el propietario de Salazar Romero.

El secretario de la junta de accionistas de Fénix, Raúl Eduardo Perdomo Martínez, también trabaja para Salazar Romero; y uno de los apoderados de Fénix, Erick Alberto Guinea Jiménez, también fue apoderado 31 veces de Salazar Romero.

Además de los documentos del Registro de Comercio, la compra de espacios publicitarios revela un nexo directo entre Inversiones e Inmobiliaria Fénix y la constructora Salazar Romero.

El 28 de noviembre de 2017, Salazar Romero compró espacios publicitarios en El Faro para anunciar su desarrollo residencial llamado Ciudad Real. La publicidad iba calzada con la firma de Salazar Romero, pero fue facturada por Inversiones Fénix.

A finales de agosto de 2017, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia recibió una denuncia por daños al patrimonio arqueológico de parte de la constructora Inversiones e Inmobiliaria Fénix S. A. de C.V. Foto: Fred Ramos
 
A finales de agosto de 2017, la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural y Natural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia recibió una denuncia por daños al patrimonio arqueológico de parte de la constructora Inversiones e Inmobiliaria Fénix S. A. de C.V. Foto: Fred Ramos

La compra de Tacuscalco

La construcción de la residencial Acrópoli, en Sonsonate, comenzó en julio de 2017. Pero el proceso legal para construir había empezado nueve meses antes.

El 15 de noviembre de 2016, Claudia María Mathies de Rank, fungiendo como representante legal de “El Chiripío S.A. de C.V”, vendió a Inversiones Fénix tres terrenos (dos en el municipio de Sonsonate y uno en Nahulingo) que suman 209 mil 837 metros cuadrados. Las transacciones le costaron a Fénix 2.7 millones de dólares.

Nueve años atrás, en 2007, El Chiripío había gestionado permisos ambientales y de construcción con el ministerio de Medio Ambiente (MARN) y la oficina de Desarrollo Urbano del área metropolitana de Sonsonate (ODU- AMSO). Esta es la defensa de Inversiones Fénix: que cuando compraron los terrenos en 2007, adquirieron con ellos los permisos para construir. Pero ambos permisos tienen problemas que los hacen inaplicables para el proyecto Acropóli Sonsonate.

La oficina de ODU AMSO dio en 2007, y revalidó en 2017, unos permisos que no tenía facultad de extender. La ley especial de protección al patrimonio cultural, aprobada en mayo de 1993, dice que los planes de construcción que “de un modo u otro se relacionen con un bien cultural inmueble” requieren una autorización previa de la Secretaría de Cultura. El reglamento de esa misma ley dice que la aprobación de esos proyectos será nula, cuando carezcan de la autorización previa. A la luz de la ley de protección al patrimonio, los permisos de la ODU AMSO a Fénix son tan válidos como el dinero de un juego de mesa.

El responsable de emitir esos permisos es el arquitecto Wilfredo Francisco López Huezo.

Ana Silvia González de Acevedo, la abogada de Inversiones Fénix, admitió a El Faro que nunca tuvieron autorización de Secultura para la construcción.

El permiso ambiental también es inválido, según la ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl. El MARN otorgó un permiso ambiental el 31 de mayo de 2007 a Chiripío S.A. de C.V. El permiso se concedió tras un estudio de impacto ambiental que no contemplaba una urbanización, sino una lotificación. Esto significa que el permiso autorizaba a la constructora a parcelar, hacer calles internas y conexiones de agua o energía, pero no a construir las viviendas, algo que recaería en cada propietario de lote. De acuerdo con el MARN, esa modificación se hizo de manera inconsulta y "podría cambiar el alcance del permiso ambiental otorgado". Pero no es el único cambio en los planos originales.

Los planos de 2007 difieren de los de 2017 en el "área ecológica, distribución de polígonos y lotes, vías de circulación interna, establecimiento de zonas verdes y equipamiento social". Y esto también afecta los permisos. Por ejemplo, el proyecto original contemplaba lotes de hasta 450 metros cuadrados. Actualmente, todos los lotes tienen un máximo de 120 metros cuadrados. El MARN dice que esto implica un "incremento en la impermeabilización del suelo". Es decir, como hay más casas, hay más techos y menos agua llega al subsuelo. El comunicado de ambiente señala que la constructora puede estar impermeabilizando más terreno del que tenía permitido, además de aumentar la generación de aguas residuales y generación de basura.

El 8 de marzo de este año, el ministerio de Ambiente ordenó a Inversiones Fénix que parara la obra. La constructora no ha parado. “Lo que se ha hecho no tiene nada que ver con lo que estaba en el permiso original”, dijo la ministra de Ambiente, Lina Pohl, el 4 de abril, durante una inspección en el sitio de la obra. En las palabras de la ministra hay resignación. “El permiso de 2007 era una lotificación, ahora es la construcción de viviendas y todos la han visto ya. Están casi finalizadas”, dijo Pohl. “No es posible que se hagan las cosas sobre la base de la voluntad de cada constructor, sino que hay normas que hay que seguir, porque los impactos los van a ver la gente que vive aquí en las orillas del río”, agregó. Legalmente, el MARN no tiene facultades de imponer multas ni de utilizar la fuerza para interrumpir una obra.

La primera piedra en el proyecto Acrópoli se puso en julio de 2017. Un mes después, la Secretaría de Cultura empezó a recibir denuncias de pobladores de la zona sobre la afectación a los sitios arqueológicos Tacuscalco y Nahulingo. El 1 de septiembre del 2017, el arqueólogo David Messana, de Secultura, hizo una inspección en el sitio. En su informe, Messana consignó que literalmente se tropezaba con “cerámica, obsidiana y lítica” en las calles de la construcción habitacional. Ese día, el arqueólogo ordenó un paro de obra, y notificó a la Policía Nacional Civil, a la alcaldía de Sonsonate y a la constructora. Fénix atendió ese primer paro de obra, que ponía como requisito la realización de un estudio arqueológico.

Once días más tarde, el 12 de septiembre, Secultura aprobó un plan de trabajo para un estudio arqueológico que implicaba realizar la excavación exploratoria de 120 pozos en el terreno, que mide unos 200 mil metros cuadrados. El terreno se dividió en los sectores A y B, correspondientes al norte y sur del proyecto.

El 13 de octubre de 2017, Secultura resolvió autorizar la construcción en el sector A, porque las investigaciones encontraron una densidad “baja o muy baja” de material cultural en las exploraciones de la zona. Los hallazgos arqueológicos comenzaron a partir del pozo 50, que marca la frontera entre el sector A y el B. En ese pozo se encontró “un fragmento de un posible muro colapsado” que indica actividad prehispánica. La autorización de Secultura no incluía al sector B, donde el estudio sí localizó estructuras prehispánicas, lo que lo ubica como parte del centro monumental del sitio.

Los arqueólogos de Secultura dispusieron entonces tres áreas distintas en el Sector B: Las primeras dos clasificadas como áreas de influencia y la tercera, la contigua a los montículos, como área de reserva arqueológica.

Ninguna de las tres áreas del sector B fue respetada. El Faro comprobó desde la cima de uno de los montículos contiguos al muro sur de la construcción de Acrópoli que todo el terreno ya ha sido intervenido por maquinaria. Según la publicidad de la empresa, colocada ya en espectaculares vallas en la carretera hacia Sonsonate, que todas las casas estarán finalizadas en unos cuantos meses.

El informe de Secultura también dictaminó que un arqueólogo acreditado debía supervisar toda la construcción. Por supuesto, eso tampoco sucedió.

***

En septiembre de 2017, Secultura comunicó a la Fiscalía sobre la construcción en desarrollo y los riesgos de destrucción del patrimonio nacional. Para entonces apenas había tres casas construidas. La Fiscalía recomendó a Secultura iniciar un proceso en el juzgado ambiental de Santa Ana.

En enero de 2018, la jueza ambiental Norma Lemus de Milla dio una resolución en la que reconoció la facultad de Secultura para decretar el paro de obra. Ese paro de obra no lo hizo efectivo nadie.

El criterio de Fénix para aplicar las leyes salvadoreñas quedó por escrito, en un documento del 17 de enero de 2018, que Recinos dirigió a la directora patrimonial, Irma Flores Urrutia. Recinos le comunicó a la funcionaria de Secultura que su empresa considera la resolución de Secultura “ilegal, inconstitucional, arbitraria y excesiva”. En la misiva, Recinos le comunica a Secultura que no consideran estar “obligados a obedecer la referida resolución”.

El 23 de marzo, la Fiscalía acusó formalmente a Rodolfo Recinos de León, representante legal de Inversiones Fénix, y a Carlos Eduardo Nosthas Castillos, el ingeniero responsable del proyecto, por daños agravados, construcción no autorizada, desobediencia a particulares, infracción a las medidas de registro, control y circulación de bienes culturales. En el requerimiento, la Fiscalía pidió la detención de Recinos.

Un día después de que funcionarios de Secultura denunciaran en El Faro Radio los daños que Fénix estaba haciendo sobre el sitio arqueológico , El Faro recibió una carta en la que Recinos amenaza a la directora patrimonial con demandarla por difamación si señala que la empresa está afectando el sitio Tacuscalco.

El 6 de abril, al terminar la audiencia inicial, el fiscal del caso dijo que la investigación continuaría a la siguiente fase –la de Instrucción- pero que no era competencia de la Fiscalía detener la comisión del delito.

Dos instancias del Órgano Ejecutivo –Secultura y el MARN- ordenaron a Fénix parar las obras, dos juezas – la jueza ambiental de Santa Ana y la jueza de Paz de Nahulingo- reconocieron la autoridad de Secultura para emitir esa orden; y la fiscalía, en su requerimiento, reconoce la comisión de delitos en la construcción, pero ni la Fiscalía ni la Policía ejecutaron el paro de obra. Es decir, los fiscales acusaron a los responsables de la construcción pero no detuvieron la presunta comisión del delito: la construcción.

La protección inútil

El interés por comercializar los terrenos donde está ubicado Tacuscalco comenzó hace, al menos, 22 años.

En el expediente judicial consta una carta del 7 de julio de 1995 en la que Ana Marina Figueroa, la entonces directora de patrimonio cultural, le escribe a Ricardo Molina, de “corporación Fénix”, encargado de un proyecto llamado Lotificación San Antonio. El Faro no ha podido confirmar si esa corporación Fénix tiene relación con la empresa Inversiones Fénix, fundada en 2014, que es la responsable del actual proyecto en Tacuscalco.

“En su lotificación existe un montículo que contiene una estructura que conforma el sitio arqueológico. Las personas que habitan están utilizando la tierra de dicho montículo como materia prima para la fabricación de ladrillos”, informó la directora cultural al responsable del proyecto.

Desde esa fecha, ese sector de la lotificación quedó sujeta a la ley especial de protección al patrimonio cultural, por ser “parte de nuestra identidad cultural e histórica nacional”, según esa carta. Dos años después, esa protección quedó por escrito en el diario oficial número 111, publicado el 18 de junio de 1997. El sitio arqueológico Tacuscalco-Los Cerritos se declaró bien cultural. El decreto dice que se trata de 46.5 manzanas, donde existen “32 estructuras precolombinas” del periodo pre- clásico. Solo cinco de esas 32 estructuras se refiere a los montículos visibles. El decreto, sin embargo, no contempla cuáles son los límites del terreno protegido como bien cultural.

En otra carta del 11 noviembre de 1997, José Vicente Genovez, coordinador del área de arqueología de Concultura –ahora Secultura- afirmó: “es imperativo que el terreno no debe ser lotificado, urbanizado ni sometido a cualquier intervención de infraestructura (…) la opción inmediata es mantener la propiedad como potrero simple o pastizal”. Esta prohibición se comunicó, tres días después, a los alcaldes de Sonsonate y Nahulingo. El alcalde de Nahulingo era Miguel Ángel Mejía, de Arena, que aún continúa en el cargo y continuará, tras su reelección en las votaciones del pasado 4 de marzo. Y fue él quien autorizó los permisos de urbanización del área, lo que derivó en la renuncia de concejales de su propio partido.

El Faro intentó hablar con el alcalde, pero no atendió el teléfono ni las solicitudes de entrevista durante dos visitas a la alcaldía.

Ronal Cartagena (izq.), represntante de las comunidades de Nahulingo y Miguel Campos, representante de trabajadores de Inversiones Fénix, protagonizaron una discusión frente al Juzgado de Paz del municipio de Nahulingo, en Sonsonate, el viernes 6 de abril. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Ronal Cartagena (izq.), represntante de las comunidades de Nahulingo y Miguel Campos, representante de trabajadores de Inversiones Fénix, protagonizaron una discusión frente al Juzgado de Paz del municipio de Nahulingo, en Sonsonate, el viernes 6 de abril. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

El caso pasa a Instrucción

La plaza central de Nahulingo comenzó a llenarse de manifestantes, principalmente mujeres, la mañana del pasado viernes 6 de abril. Portaban cartulinas, escritas todas por la misma mano, exigiendo “el derecho de los trabajadores” a seguir construyendo Acrópoli; “Sí existen los permisos” o “Secultura miente”. Arengadas por cuatro hombres, una treintena de mujeres levantaban sus carteles a favor del proyecto de construcción.

Las mujeres protestaban frente al juzgado de paz de Nahulingo, donde daba inicio la audiencia solicitada por la Fiscalía dos semanas antes, contra el propietario de Inversiones Fénix y el ingeniero a cargo de la construcción de Acrópoli.

Ninguna de las mujeres consultadas por El Faro supo qué hacía ahí. Las cartulinas, coincidieron tres de ellas, se las habían entregado en el bus que las llevó hasta la plaza. “A mi me invitó mi vecino a una excursión por Sonsonate. Nos dijeron que solo teníamos que venir aquí un ratito y después nos íbamos de paseo”, explicó una de las manifestantes, que solo se identificó como Lissette.

Los hombres, que se identificaron como representantes del Sindicato de Trabajadores del proyecto, pronto prohibieron a las mujeres hablar con periodistas.

Convocados por organizaciones ambientalistas y de artistas, decenas de manifestantes llegaron también a la plaza para exigir la suspensión de la obra y la protección del sitio arqueológico. Portaban una bocina que conectaron a la Casa de la Cultura, contigua al juzgado, y comenzaron a arengar a los pobladores a unirse a sus demandas. Líderes comunitarios locales se unieron a la protesta, incluyendo al párroco Lisandro Moreno. “Poco a poco algunos ya van tomando conciencia de este asunto”, dice el sacerdote, que atiende a tres mil personas en su parroquia. Moreno asegura que la denuncia partió de algunos trabajadores locales, indignados por la extracción de piezas arqueológicas en la construcción.

Piezas arqueológicas, patrimonio de Tacuscalco, un sitio que ha sido devastado por la constructora Fénix de Salazar Romero, en el municipio de Nahulingo.
 
Piezas arqueológicas, patrimonio de Tacuscalco, un sitio que ha sido devastado por la constructora Fénix de Salazar Romero, en el municipio de Nahulingo.

Después del mediodía, los representantes de la Fiscalía y de los acusados salieron del juzgado e informaron la resolución de la jueza: el caso pasa a instrucción y no proceden las solicitudes de detención provisional contra Recinos de León.

Cuestionado por las acciones para suspender la obra, el fiscal del caso respondió: “Eso no nos compete a nosotros ni a la jueza. Le compete a Secultura”.

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