Publicidad

Nicaragua se queda sin diálogo y la calle reanuda protestas contra Ortega

El diálogo entre el gobierno y opositores en Nicaragua quedó suspendido este miércoles ante la falta de consenso en la agenda de trabajo, mientras se producían enfrentamientos en rutas bloqueadas por manifestantes en el interior del país. La versión original de este texto fue publicada en Confidencial.

Carlos Salinas Maldonado (Confidencial)

 
 

La tía de Marcos Samorio levanta un retrato de su sobrino, asesinado el 20 de abril por grupos de choque a favor del régimen de Daniel Ortega. Foto de Fred Ramos
 
La tía de Marcos Samorio levanta un retrato de su sobrino, asesinado el 20 de abril por grupos de choque a favor del régimen de Daniel Ortega. Foto de Fred Ramos

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua decidieron la tarde del miércoles suspender la Mesa de Diálogo Nacional que pretende encontrar una salida a la profunda crisis que sufre el país, después de que tras seis horas de discusiones ni los delegados del Gobierno ni la llamada Alianza Cívica –conformada por representantes de la sociedad civil, estudiantes universitarias productores y empresarios– se pusieran de acuerdo para definir una agenda de trabajo.

El Gobierno se mostró intransigente y rechazó discutir los puntos sobre la democratización del país, que habían sido fijados por consenso por los obispos, y exigió que se levantaran los “tranques” que obstaculizan vías de acceso en todo el país para continuar el diálogo.

La delegación del Gobierno, liderada por el canciller Denis Moncada, se negó a discutir la propuesta para la democratización del país, que sería el primer punto de agenda del cuarto día de trabajo en el Seminario Nuestra Señora de Fátima de la capital. Moncada dijo que la agenda planteada por los obispos era “el diseño para una ruta a un golpe de Estado” contra el Gobierno de Ortega.

El canciller Moncada dice que la agenda planteada por los obispos en la Mesa del Diálogo Nacional es "el diseño para una ruta a un golpe de Estado" contra el Gobierno de Ortega. Y mantiene su discurso sobre los tranques. "Son una violación a los derechos humanos", dice.

“La agenda que se presentó hoy tiene visos de desmontar el Estado constitucional legítimamente electo, ese es el objetivo de esa agenda. Es una ruta para un golpe de Estado, para derrocar al Gobierno”, dijo el canciller Moncada.

La orden del Gobierno, desarrollada por sus delegados en el Diálogo, fue evitar a toda costa que se avanzara en la discusión de los puntos de agenda. El oficialismo limitó la discusión de la mañana a que se levantaran las barreras que obstaculizan el tránsito en varios puntos del país, alegando que han generado cuantiosas pérdidas económicas y “son una violación a los derechos humanos”.

El presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, afirmó que esos tranques abonan a las pérdidas generadas ya por la inestabilidad que sufre el país, producto de una profunda crisis que inició el 18 de abril pasado, cuando Ortega sofocó con violencia las manifestaciones contra la una reforma a la Seguridad Social que impuso sin consenso. Reyes leyó proyecciones del BCN que establecen pérdidas por el orden de los 260 millones de dólares y advirtió que de continuar la situación actual el desempleo podría pasar del 4.7% al 5.2%, mientras que la inflación podría aumentar en un 7% u 8%. “58 mil empleos menos”, dijo el funcionario.

El Gobierno mantuvo su posición de que el Diálogo no puede avanzar si no cumple su principal condición, que es el levantamiento de los “tranques” en todo el país. Una estrategia que monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, calificó de “dilatoria” y que contribuye a mantener la crisis. El obispo recordó que el objetivo del diálogo es “ir a la raíz del problema del país para allanar caminos para su democratización” y exigió que la reunión continuara con la discusión de la agenda de la democratización del país.

Báez también respondió al canciller Moncada, en relación a su acusación sobre un golpe de Estado. “Esto no es un golpe de Estado”, dijo Báez. “Es muy grave esa acusación contra la Comisión Mediadora. Aquí hay una crisis política en Nicaragua y como Comisión Mediadora hemos elegido la vía y pacífica”, dijo Báez.

Aunque los obispos en su mediación intentaron salvar las discusiones de este miércoles, la cerrazón de los delegados del Gobierno impidió que se avanzara. El Gobierno puso tres puntos en la agenda, pero se centró solo en uno: que se levantaran los tranques. De esta forma el presidente Ortega pretendía desmovilizar la protesta ciudadana, que exige su renuncia del poder. Los representantes de la Alianza Cívica se comprometieron a emitir pronunciamientos para persuadir a la población que, autoconvocada, ha montado las barreras, pero dejaron claro que lo harían solo si el Gobierno permitía centrarse en la agenda del día, que era abrir la discusión a reformas profundar para restaurar la democracia en Nicaragua.

La agenda presentada por los obispos establece una reforma parcial a la Constitución para adelantar las elecciones generales y elegir nuevas autoridades. Además se plantea la destitución de todos los magistrados y cargos medios del Poder Electoral, así como prohibir la reelección presidencial. Una de las propuesta incluyen la aprobación de una Ley Marco como mecanismo de transición democrática. Estas propuestas, inevitablemente, desemboca en la salida del poder de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes han demostrado no tener intención de ceder en estos puntos.

A media jornada la presidenta de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM), María Nelly Rivas, propuso que, al no haber apertura de los delegados del Gobierno para cumplir con la agenda del diálogo, se le enviarán los puntos propuestos por la Alianza Cívica directamente al presidente Ortega, propuesta que fue rechazada por los representantes del oficialismo.

Empresarios y sociedad civil elevan la parada en el Diálogo: Exigen que las propuestas de discusión de la Alianza sean enviadas al presidente Ortega, dado que sus delegados en la mesa mantienen "trancadas" las discusiones.

“Una vez más el Gobierno dio muestras de una enorme irresponsabilidad, porque hizo tácticas dilatorias frente a una masacre”, dijo Azahalea Solís, representante de la sociedad civil en la mesa del Diálogo. “Ellos nos querían culpabilizar de ejercer derechos, mientras ellos quieren tener el derecho de reprimir, eso es muy perverso”, agregó. “No ha habido ni un solo día desde el 18 de abril en que el Gobierno no haya ejercido algún acto de represión contra los derechos de los nicaragüenses”, explicó Solís.

“Desde que se nos convocó al diálogo se nos dijo que íbamos a discutir dos puntos: justicia y democratización, aquí no había nada más que discutir”, dijo por su parte Sandra Ramos, directora ejecutiva del Movimiento María Elena Cuadra. “Lo que la gente está pidiendo en las calles es recuperar el Estado de Derecho en este país, la independencia de los poderes del Estado. En ese sentido, desde un inicio miramos la zancadilla de la delegación gubernamental, pero soportamos porque necesitábamos que el diálogo caminara, pero ellos no quieren que el diálogo avance”, agregó la sindicalista.

Consultado sobre si estarían dispuestos a negociar el fin de las barreras en varias vías del país, Medardo Mairena, coordinador del movimiento campesino anticanal, dijo que estas son formas legítimas de protesta ante un Gobierno autoritario. “Seguimos invitando al pueblo de Nicaragua a manifestarse. Es el pueblo el que se ha manifestado y hay muchos tranques que son autoconvocados, la gente tiene su autonomía. Todos sabemos que el único responsable, el único culpable de daños a la economía, de la sangre y de los muertos, es el Gobierno, que no ha querido escucharlos ni ceder, ni siquiera ha mostrado la mínima intención de buscar una salida sin derramamiento de sangre, porque siempre sigue vapuleando y matando”, dijo Mairena.

Como no hubo un acuerdo de discusión entre ambas partes, los obispos dieron por concluida la jornada y suspendieron el diálogo, pero instando a las partes a formar comisiones negociadoras que pudieran consensuar una agenda de trabajo. La tarde del miércoles la Alianza Cívica había informado que Azahalea Solís y Juan Sebastian Chamorro, presidente del FUNIDES, integraría a sus representantes en esa comisión, más un estudiante universitario que estaba por nombrar. El Gobierno no informó de quiénes estarían por parte del oficialismo. La noche del miércoles los representantes del sector privado se reunieron en privado para acordar su posición ante la intransigencia gubernamental y el estancamiento del Diálogo Nacional.Los obispos de la comisión mediadora y testigos decidimos lamentablemente retirarnos del Diálogo Nacional ante la imposibilidad de continuar dialogando. No obstante sugerimos que si las partes lograran un consenso, estamos abiertos a prestar nuestro servicio en el Diálogo.

Publicidad
Publicidad

 CERRAR
Publicidad