El 29 de marzo de 2017, el pequeño país de El Salvador se convirtió en la primera nación en el mundo en ejercer su derecho soberano a decir 'no' a la minería metálica después de analizar cuidadosamente los costos y beneficios de esta industria. Esta decisión histórica fue el resultado de una lucha persistente de 12 años (la duración de la guerra civil en la década de los 80) liderada por las comunidades amenazadas por la minería, acompañadas por movimientos sociales, ecologistas, instituciones académicas la Iglesia Católica y una variedad de otros actores.
Proyectos de ley para prohibir la minería metálica en El Salvador habían sido presentados a la Asamblea Legislativa en 2006 y 2013, pero fueron bloqueados o ignorados por los legisladores de derecha. En 2016, expertos en agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), junto con abogados del Departamento de Ciencias Jurídicas de la universidad, elaboraron una nueva propuesta. El proyecto fue ampliamente consultado con los diferentes sectores de la sociedad y presentado a la Asamblea Legislativa el 6 de febrero de 2017 por una alianza entre la UCA, la Arquidiócesis de San Salvador y Caritas. El 9 de marzo de ese mismo año, las autoridades de la Iglesia y de la universidad, acompañadas por más de 6000 sacerdotes, monjas, activistas laicos y movimientos sociales preocupados por el impacto devastador que la minería tendría en los escasos recursos de agua dulce de El Salvador, salieron a la calle y marcharon a la Asamblea Legislativa en apoyo al proyecto de ley; y los legisladores, al fin, mostraron la voluntad política para resolver uno de los problemas más urgentes y amenazantes para el futuro del país.
La dimensión de esta victoria solo se puede apreciar recordando los enormes desafíos que enfrentaban los activistas antimineras en los primeros años de la lucha. Para 2002, los gobiernos proempresariales de derecha habían aprobado 29 permisos para explorar en busca de oro y plata en la cuenca estratégica del río Lempa, la fuente de agua dulce más importante de El Salvador, que provee el 50% del agua potable a la población, el 50% de la energía hidroeléctrica y el riego para la agricultura en más de la mitad del país. El Gobierno en el poder en ese momento priorizaba la inversión extranjera en sus estrategias de crecimiento económico y estaba en el umbral de abrir el país, sin reservas, a las empresas mineras transnacionales.
Las comunidades rurales amenazadas por la minería metálica tenían poco conocimiento del impacto potencial de esta industria en un medio ambiente tan vulnerable como el de El Salvador, país con los niveles más altos de deforestación en América Latina (FAO); con la menor disponibilidad de agua dulce per cápita en América Central (CEPAL); con más del 90% de sus aguas superficiales contaminadas por pesticidas, aguas residuales no tratadas y desechos industriales tóxicos (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales); y al borde del estrés hídrico (Global Water Partnership). Además de estos desafíos, compañías mineras transnacionales de Canadá y Estados Unidos estaban impulsando una campaña agresiva para persuadir a la opinión pública, a las comunidades y a los legisladores de los beneficios de la minería metálica con promesas infundadas de empleo, crecimiento económico y la existencia de nuevas tecnologías armoniosas con el medio ambiente, a las que se referían como 'Minería Verde'.
Una mujer protesta contra la minería metálica en la Asamblea Legislativa el 29 de marzo de 2017, día en el que se aprobó una ley que prohíbe la minería. Foto Marvin Recinos (AFP).
Llevó más de una década de organización, educación y sensibilización a nivel local y nacional; cabildeo con el ejecutivo y con legisladores; trabajo con los medios para informar a la opinión pública; construcción de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional y movilización de las comunidades afectadas para, finalmente, construir en el país una correlación de fuerzas suficiente para lograr la aprobación por unanimidad de la prohibición de la minería metálica.
Sin embargo, la industria minera no ha renunciado a su intención de extraer oro y plata en El Salvador. OceanaGold (anteriormente Pacific Rim), que perdió su demanda legal por $250 millones contra El Salvador en 2016, permanece en el país a través de su Fundación El Dorado, con la esperanza de ganar corazones y mentes a través de gestos filantrópicos. Una nueva campaña promoviendo la 'Minería Verde' está circulando por una fuente no identificada en Facebook, y la esperanza presidencial del poderoso partido Arena en las elecciones de 2019, Carlos Calleja, ha recibido un respaldo importante de los intereses mineros transnacionales. Finalmente, los mineros artesanales de pequeña escala en el cantón San Sebastián de Santa Rosa de Lima (en el departamento de La Unión) que gozan, según la nueva ley, de un período de gracia de dos años para continuar las actividades mineras mientras se buscan opciones económicas alternativas, están movilizando y presionando en un intento de reformar la ley actual para permitir la minería artesanal de manera permanente.
Las organizaciones sociales, junto con la UCA y la Iglesia Católica, continuamos luchando en defensa de la prohibición de la minería, y el agua continúa siendo el enfoque principal de nuestra lucha. Un estudio realizado en 2016 por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador concluyó que a El Salvador le quedan unos 80 años como país viable si no se mejora la gestión del recurso hídrico. Actualmente, el país carece de una legislación adecuada y la arquitectura institucional necesaria para garantizar un acceso efectivo, equitativo y sostenible a este recurso estratégico. En agosto de 2017, la UCA y la Iglesia Católica presentaron a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para la gobernanza del agua con participación ciudadana. La propuesta se debate actualmente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea.
La victoria contra la minería metálica en El Salvador ha generado una atmósfera más favorable para avanzar en nuestra agenda política sobre la gobernanza del agua. Ayudó a sensibilizar a los legisladores y a la ciudadanía en su conjunto sobre la importancia del medio ambiente, que ahora es percibido por la mayoría como un problema de vida o muerte para El Salvador. Aumentó el nivel de conciencia del agua como un bien público y un derecho humano básico, esencial para todas las formas de vida en este mundo cada vez más sediento. Finalmente, empoderó a las comunidades amenazadas, inspiró la esperanza y demostró que, incluso en países altamente polarizados como El Salvador, las personas pueden unirse y construir consenso sobre cuestiones estratégicas, como el medio ambiente, cuando se prioriza el bien común.
*Andrés McKinley es especialista en agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en San Salvador. Nació en los Estados Unidos, pero ha vivido en América Central durante los últimos 40 años, trabajando en temas de justicia social, derechos humanos y desarrollo sostenible.
Este artículo también fue publicado en APS.
