El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador falló que el expresidente Antonio Saca y otros seis exfuncionarios pasen a la etapa de sentencia de un caso en el que el expresidente aparece perfilado como el promotor de una maquinaria secreta que desvió 301 millones de dólares y acabó beneficiando a sus empresas, a sus allegados y al partido Arena.
La operación que persigue la Fiscalía inició desde la primera semana de la gestión Saca, en junio de 2004, cuando se creó un reglamento irregular con el cual se diseñó el desvío de fondos. Según la acusación, el grupo incluso sustrajo un millón de dólares en la semana previa a la finalización del mandato, en mayo de 2009.
'El juez admitió en su totalidad el dictamen de acusación. Mantuvo la detención provisional y las medidas auxiliares de índole patrimonial, embargos e inmovilizaciones en contra de los bienes. El juez dio credibilidad a todo el elenco probatorio que fue presentado en este dictamen de acusación”, dijo el fiscal del caso este miércoles 16 de mayo.
La audiencia preliminar se desarrolló a puerta cerrada entre el 24 y 27 de abril. El fallo fue comunicado a los abogados defensores y a los fiscales al mediodía de este miércoles.
También pasan a juicio el exsecretario privado Élmer Charlaix Urquilla, al exsecretario de comunicaciones Julio Rank, al exsecretario de Juventud César Funes y a tres empleados del área de tesorería y finanzas de la Casa Presidencial: Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera. Todos ellos, según la acusación, formaron parte de una maquinaria que sustrajo fondos públicos a través de 14 cuentas bancarias que luego redistribuyeron el dinero a las empresas del expresidente y a terceros.
La Fiscalía ha logrado que su caso por peculado y lavado de dinero sea validado y pase al análisis de un juez que definirá si el expresidente Saca recibe una condena de hasta 25 años de cárcel. El peculado se castiga con prisión de hasta 15 años cuando el monto cuestionado es superior a los 500 mil colones (57 mil 142 dólares). En este caso, la suma sustraída es de 301 millones de dólares. El lavado de dinero tiene un techo de 15 años. El fiscal del caso dijo a El Faro que Saca y Charlaix podrían enfrentar 'un máximo de 25 años' si la Fiscalía logra vencer a la defensa en el juicio.
De los 301 millones de dólares que dice la Fiscalía que Saca desvió de las cuentas del Estado, 21 millones fueron lavados en una triangulación en la que participaron empresas de publicidad y personas naturales. Basados en una declaración de un testigo criteriado, de clave Prometeo, la Fiscalía dice que Saca lavó 7 millones de dólares: es decir, sacó esa cantidad de dinero de la cuenta del tesoro público y la trianguló a cuentas de sus empresas de radio a través de agencias de publicidad.
El abogado defensor de Saca, Mario Machado, dijo que este capítulo no es un caso de lavado de dinero. Según Machado, los servicios se materializaron y hasta ahora la Fiscalía solo ha presentado como prueba el testimonio del testigo criteriado Prometeo, un publicista que relata el acuerdo con el presidente Saca para participar como receptor de fondos de Casa Presidencial y para luego depositar el dinero en las radio de Saca. 'Eso no es lavado de dinero. En todo caso, puede ser actos arbitrarios o negociaciones ilícitas'.
El fiscal del caso dijo que había pruebas contundentes de que esa triangulación de fondos a las radios de Saca es un caso de lavado de dinero y que no procede la modificación del delito. Según la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda y Presidencia negaron que hubiera una relación contractual para pagar por bienes o servicios a las personas naturales y jurídicas que participaron en la operación.
'También contamos con pruebas de personas que participaron en el hecho delictivo y que nos dieron cuenta o declaración de que todo fue una estratagema para de esa manera desviar dinero del Estado y luego retornarlo a las sociedades del grupo radial Samix', dice el fiscal del caso.
Tania Pastor, defensora de los tres ex empleados el área financiera de Casa Presidencial dijo que las pruebas presentadas por la defensa fueron rechazadas por el juez. Criticó que tanto el juez y la representación fiscal optaron por no pronunciarse sobre la forma en la que ha operado el uso de gastos reservados desde la década de los noventa. 'Nuestros clientes han trabajado en Capres desde los años noventa. La forma de operativizar los gastos reservados de la Presidencia de la República ha sido siempre similar. Es un tema completamente legal', dijo.
En la etapa de instrucción, la defensa alegó que parte del dinero movilizado a través de las cuentas fuera de regla se utilizó para el pago de sobresueldos a funcionarios de gobierno, un complemento adicional -y discrecional- al salario de estos últimos que no pasaba por los controles del Estado. Los defensores criticaron que el juez no ponderó que los sobresueldos debían ser restados de los 301 millones de dólares. El defensor del presidente Saca, Mario Machado, insistió en que el dinero de sobresueldos no se lo quedó el expresidente Saca ni el exsecretario privado Élmer Charlaix. 'Ese dinero hacen de cuenta que se lo quedó el expresidente Saca. Debe ponderarse cuánto dinero fue y cuántas personas han admitido haber recibido estos pagos complementarios. La práctica de los sobresueldos fue normal durante 25 años. Tendrán que regularla', dijo.
Fondos públicos para Arena
Con el de Antonio Saca, este es el segundo caso por lavado de dinero contra un expresidente arropado bajo la bandera del partido Arena. En diciembre de 2015, un juez decidió que el expresidente Francisco Flores (1999-2004) sí cometió lavado de dinero y lo envió a juicio por el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán que terminaron financiando la campaña electoral de Antonio Saca.
Aunque la diferencia en los montos desviados en ambos casos es abismal, la Fiscalía ha descubierto que al igual que en el caso contra Flores (fallecido en enero de 2016, en vísperas del juicio), parte de los fondos desviados en el caso Saca se utilizaron para financiar otra campaña electoral del partido Arena.
El fiscal del caso confirmó que uno de los testigos criteriados relató cómo el dinero de Casa Presidencial fue utilizado para pagar propaganda de la campaña del candidato presidencial Rodrigo Ávila, derrotado por el candidato efemelenista Mauricio Funes en 2009. 'Eso lo dice un testigo que participó en la actividad de recibir el dinero desviado y con ese dinero desviado lo que hizo fue pagar propaganda política a favor del candidato del partido Arena, en ese periodo electoral', dijo.
En noviembre de 2016, cuando la Fiscalía presentó el requerimiento contra Saca y el resto de imputados, se consignó ante juzgados la existencia de ocho cheques que suman 400 mil dólares “sin ninguna justificación”. Según los fiscales estos cheques fueron girados a nombre del partido de Saca. Se cobraron el mismo día en que fueron emitidos, el 24 de noviembre de 2004, cinco meses después de iniciado el periodo presidencial.
Otros fondos entregados a Arena habrían llegado a través de agencias de publicidad, según el relato del testigo protegido con clave Prometeo. Según este relato, por órdenes de Saca la presidencia de la República colocaba pauta del entonces partido oficial en los medios de comunicación, y pagaba con fondos públicos. “Esto sucedió desde el mes de febrero de 2008, cuando Saca le mandó material que debía de ser colocado, los cuales eran alusivos a la campaña preelectoral presidencial de 2009 para Arena”, se lee en la transcripción de su testimonio.
Prometeo relata que cuando recibió los anuncios de Arena sus empleados en la agencia le preguntaron a nombre de quién debían facturar y él respondió que a nombre del partido. “Sucede que después hizo la gestión de cobro ante Arena y (Prometeo) envió a un empleado para que cobrara, es así que el mensajero se desplazó hasta la sede de Arena en la calle Arce, pero ahí le dijeron al empleado que ellos no habían ordenado esa pauta y por lo tanto no pagarían”, consta en el testimonio.
Prometeo envió después a su empleado a Casa Presidencial y ahí recibió el pago, en cheques de fondos públicos. “Pero la factura estaba a nombre de Alianza Republicana Nacionalista”, dice. El publicista reconoce que sabía que esos pagos eran ilegales porque los debía hacer el partido y no el Gobierno. “Sin embargo, para no perder el dinero que le estaban pagando de Capres, continuó prestando sus servicios de la manera que lo venía haciendo”, dice la Fiscalía.
Por este trabajo para la campaña presidencial de Arena el publicista facturó un total de 2 millones de dólares, de los cuales se quedó con una comisión del 30%, es decir, 600 mil dólares. El último pago de pauta de Arena ocurrió en una fecha que Prometeo no detalla, en marzo de 2009, mes de la elección presidencial que acabaría ganando Mauricio Funes, candidato del FMLN.
Consultado al respecto, el excandidato presidencial, Rodrigo Ávila, respondió que el expresidente Saca les había explicado que para financiar la campaña recibía 'donaciones', pero que nunca detalló de dónde provenían los fondos ni que estos fueron fondos públicos.
El 25 de abril, la Fiscalía declaró a la Prensa Gráfica que montos emitidos a Arena por $7,650,000 también salieron de una de las cuentas creadas para realizar los desvíos. Según la Fiscalía, esos 7.6 millones de dólares llegaron hasta las cuentas del partido Arena a través de depósitos realizados por el exsecretario privado, Élmer Charlaix, el exjefe de la Unidad Financiera Institucional, Francisco Rodríguez Arteaga, y el contador Pablo Gómez.
