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El nudo gordiano del acuerdo nacional

Rubén Zamora

 
 

Nuestro país vive una doble paradoja: es ya evidente que todas las fuerzas políticas y la sociedad civil coinciden en considerar la situación de las finanzas públicas, de la educación y otros problemas estructurales como graves, que tienden a empeorar y urgen de ser resueltos. Sin embargo, también coinciden en considerar que el clima electoral del presente y próximo año es un obstáculo prácticamente insalvable para enfrentarlos. Una segunda paradoja es el consenso de todos los actores que, para resolverlo, requiere de un acuerdo nacional; pero, de nuevo, el clima electoral lo hace improbable, pues no es posible evadir estos temas en una contienda en la que las posiciones partidarias predominan sobre las posibilidades de solución. Esto genera una dinámica de enfrentamiento polarizante, enfatiza la distancia entre los actores y niega la posibilidad del consenso para un acuerdo nacional.

En otras palabras, lo que enfrentamos no solo es el problema, sino la contradicción que las elecciones presentan para su solución. Y como no podemos prescindir de las elecciones, aunque el problema sea grave y urgente, simplemente posponemos cualquier intento serio por resolverlo “hasta después de las elecciones”. Estamos en presencia de un típico nudo gordiano político que, de no resolverse, augura para la nueva legislatura y el nuevo presidente una dificultad aun mayor para lograr soluciones nacionales.

Pongo el ejemplo de la cuestión fiscal. La dinámica electoral, tal y como se nos presenta ahora, nos presenta al principal partido de oposición, Arena, a favor del diálogo y con una disposición a concertar un acuerdo sobre el tema, no solo con los partidos políticos, sino con “una amplia participación de la sociedad civil”. Pero, al mismo tiempo, repite su mantra sobre que hay que cortarle grasa al Estado pues está obeso (despido de empleados); y, aunque juega a negarlo, mantiene la intención de subirle puntos al IVA (impuesto regresivo). Es decir, quiere cargar el costo del refinanciamiento del Estado en las espaldas de los empleados públicos y de las mayorías de ciudadanos. Para estos sectores, el aumento del IVA es un golpe directo a sus bolsillos. Al promoverlo -y al hacerlo- cargarían al gobierno del FMLN con dos de las más costosas medidas en plena elección.

Por su parte, el partido en el gobierno muestra su preocupación por la situación fiscal y se declara abierto a un acuerdo nacional, sin embargo, no tiene interés en reducir la planilla, pues la aumenta cada año, y rechaza de plano el aumento del IVA, aunque ha estado dispuesto a considerarlo por recomendación de los organismos internacionales. Aunque en definitiva, el FMLN propone elevar impuestos que no sean regresivos y trata de ocultarle al pueblo que es precisamente el anárquico aumento del gasto público de los gobiernos de la posguerra una de las principales causas de la presente crisis. Con su apuesta pretende pasarle el costo a los sectores que financian al partido de oposición.

La estrategia de posponer un acuerdo nacional en materia fiscal, escudándose en el proceso electoral, es una especie de suicidio anunciado, pues los partidos están poniendo sus esperanzas de afrontar el problema en un futuro incierto. Basta asumir con seriedad la cuestión de los tiempos para darse cuenta de ello: estamos ya en el proceso electoral y a un año para el cambio de gobierno (junio 2019). Luego habrá que respetar, por lo menos, los primeros seis meses del nuevo gobierno para organizarse y prepararse para el acuerdo nacional (diciembre 2019).

Un proceso de diálogo nacional toma, al menos, un año para organizarse, discutirse y concretarse. Para encontrar soluciones a los problemas fundamentales necesitaríamos todo el 2020; y no hay que olvidar que la consolidación de este diálogo intentaría construirse en la campaña electoral de mediados del 2020, con lo cual, de seguir la lógica hoy predominante, habría que suspenderlo hasta después de las elecciones de diputados y alcaldes de 2021.

¿Qué queda entonces? El diálogo nacional se retomaría en la segunda mitad del 2021 y, si todo sale sin tropiezos, estaría culminando sus labores al fin de ese año. Así, pasaría a considerarse el tiempo que la Asamblea Legislativa necesita para redactar y aprobar la nueva legislación que nazca del acuerdo (esto si no hay cambio constitucional o recurso de inconstitucionalidad) durante la primera mitad del 2022. Finalmente, la implementación del acuerdo, sin duda, implicará cambios en la estructura del Gobierno y tomará, por lo menos, la segunda mitad de 2022. En otras palabras, sería hasta el 2023 que se empezarían a implementarse los cambios necesarios que den soluciones a los “urgentes” problemas que todos clamamos...

Este cálculo supone que todo va a desarrollarse según el plan, lo cual, en nuestro medio, no deja de ser utópico. Por ello, seamos realistas y asumamos que el proceso tomará más tiempo. En otras palabras, las soluciones “urgentes” estarían listas dentro de cinco años, cuando el próximo presidente se encuentre al final de su período. Por otra parte, este somero cálculo supone que el nuevo gobierno cuente con una mayoría en la Asamblea Legislativa que le permita pasar los cambios sin mayores problemas; pero esto ya no es posible suponerlo y la realidad es que seguirá teniendo una composición en la que ninguna fuerza política tiene la mayoría.

Planteo lo anterior no para argumentar la imposibilidad de tener un acuerdo nacional serio y sostenible, o para plantear la incompatibilidad entre un ejercicio de esta naturaleza y nuestro calendario electoral, sino para insistir en que la incompatibilidad es solo aparente. Si hay voluntad política de lograr el acuerdo, hay métodos para que un diálogo nacional no interfiera ni se vea interferido por procesos electorales.

La crisis de la fiscalidad, al igual que la del sistema de pensiones (que tiene una vinculación estructural con el primero), son problemas que, si no se corrigen con una solución estructural, seguirán ahogando nuestras posibilidades de salir del estancamiento económico que hemos vivido en las últimas décadas y continuarán siendo el caldo de cultivo para nuestra inestabilidad política y social.

Rubén Zamora (1942) en la biblioteca de su casa, en los Planes de Renderos. Zamora es un político de izquierdas que fue embajador de El Salvador en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas. Miembro fundador del Frente Democrático Revolucionario y de Convergencia Democrática, fue parte del equipo negociador de la guerrilla para los Acuerdos de Paz. En 1994 fue candidato a la presidencia por la coalición CD-FMLN-MNR. /Foto El Faro: Víctor Peña
 
Rubén Zamora (1942) en la biblioteca de su casa, en los Planes de Renderos. Zamora es un político de izquierdas que fue embajador de El Salvador en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas. Miembro fundador del Frente Democrático Revolucionario y de Convergencia Democrática, fue parte del equipo negociador de la guerrilla para los Acuerdos de Paz. En 1994 fue candidato a la presidencia por la coalición CD-FMLN-MNR. /Foto El Faro: Víctor Peña

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