Cuando el expresidente Elías Antonio Saca entregó la Presidencia de la República a Mauricio Funes, el primero de junio de 2009, no solo le heredó un país con altos índices de violencia y desempleo, sino también una estructura de burócratas financieros, de abogados y de empresarios que manejaban al dedillo el abecé de la partida secreta. Al menos, eso es lo que dice uno de los empresarios que recibió dinero público durante dos administraciones presidenciales (2004-2014), y que ahora ha decidido contar esos detalles a la Fiscalía.
El Faro tiene una lista de cinco personas que presenciaron la confesión extrajudicial del testigo clave en este caso. Dos de esas personas confirmaron que un empresario de 48 años, expresentador de televisión, declaró el pasado mes de febrero. El testigo confesó que cometió delitos. No uno, ni dos, sino 38 casos de lavado de dinero en los que están involucrados dos expresidentes de la República, funcionarios de gobierno, empleados de Casa Presidencial, ejecutivos bancarios, periodistas y directores de medios de comunicación que recibieron dinero de la partida secreta.
El empresario contó que durante el gobierno de Saca (2004-2009), él mismo entregó cuotas de entre 6,000 y 23,000 dólares a periodistas y directores de medios de comunicación, para asegurar una buena imagen del gobierno. Los pagos se hicieron con dinero en efectivo. El testigo cuenta que tres empleados de Casa Presidencial se encargaban de la gestión y la entrega de los billetes: Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Alberto Herrera Castellanos y Pablo Gómez. Ellos están recluidos en Mariona, procesados junto al expresidente Saca, por el mal uso de 298 millones de la partida secreta.
Según el testigo, la llegada de un nuevo presidente de la República, Mauricio Funes (2009-2014), no modificó la forma en que trabajaba la estructura. Él siguió recibiendo fondos de los mismos empleados de Casa Presidencial. El dinero que recibió en efectivo fue depositado en cuentas bancarias de sus empresas para hacer una triangulación que terminó en compras de propiedades o inversiones registradas a nombre de familiares y amigos del expresidente Funes. Y también siguió pagando efectivo a periodistas y directores de medios. El testigo aseguró que Funes no solo sabía de estos movimientos, sino que participaba en la toma de decisiones de cómo se repartía y entregaba el dinero, aunque nunca se involucró directamente en hacerlo.
El uso de dinero en efectivo siempre fue una regla. Y ese uso del efectivo es una de las variables que complicó la investigación fiscal. La Fiscalía comenzó a documentar el caso contra Funes el 2 de junio de 2016. El primer objetivo fue un spa. Una de las fuentes aseguró que encontraron cosas inverosímiles: una empresa que nunca inició operaciones, Latin America Spa, pagaba 10 mil dólares mensuales a la esposa de Funes, Ada Michelle Guzmán Sigüenza. “Hoy sabemos que eso se pagó con dinero del pueblo salvadoreño. Estamos seguros de eso”, dijo el fiscal Douglas Meléndez en la conferencia de prensa del viernes 8 de junio, sin revelar que un testigo les había contado detalles.
Los fiscales sabían que empresas con poca actividad económica compraron casas en zonas exclusivas de San Salvador, pero desconocían cómo llegaba el dinero. Es decir, la Fiscalía sabía que la mina de billetes de fondos públicos estaba en el Banco Hipotecario, pero que una vez colocado en bolsas negras para basura, seguir su rastro se complicaba. “Esta es una investigación de análisis de documentos, pero faltaba un sapito que pusiera luz a ciertas pistas”, cuenta una de las fuentes que conoció la declaración del testigo. La Fiscalía encendió ese bombillo el pasado mes de febrero, con la confesión del empresario. Por un lado, había retiros cuantiosos del banco. Por otro, personas y empresas que se enriquecían a un ritmo inexplicable. Había rastros financieros que seguir, pero no detalles como los que según las fuentes aportó el testigo durante su declaración.
El testigo contó que recibió dinero en efectivo, que facilitó las cuentas bancarias de sus empresas para triangular parte del dinero a otras empresas y otras personas. Gracias a esas operaciones financieras, el empresario explica que se integró al círculo de confianza del expresidente Funes. Conoció los lugares donde se reunían, participó en compra-ventas de inmuebles, sabía sobre los gustos y vicios del exmandatario, porque lo acompañó a varios viajes de placer, en especial a Miami, Estados Unidos, donde asegura que Funes tenía dos apartamentos registrados a nombre de testaferros.
El Faro conoce la identidad del testigo de la Fiscalía, pero omite mencionar su nombre, sus empresas, su alias o su clave de identificación en cumplimiento a la Ley de Protección de Testigos y la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos. La primera prohíbe revelar la identidad de las personas cubiertas por este régimen, y la segunda limita la difusión de información en casos de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo que aún están bajo investigación.
Sin embargo, Douglas Meléndez y Jorge Cortez, fiscal general y jefe de la Unidad de Investigación Financiera, respectivamente, revelaron durante una conferencia de prensa realizada el 8 de junio de 2018, información que coincide con los testimonios de las dos fuentes. Cortez, por ejemplo, dijo que Funes “se cuidó para no salir involucrado” en la adquisición de propiedades y por eso usó amigos o empresas de sus funcionarios para comprarlas. La Fiscalía asegura que la empresa Mecafé recibió un millón de dólares para comprar una finca ubicada sobre la carretera que conecta San Juan Opico con Quezaltepeque, en La Libertad.
“Si ustedes recordarán, cuando fue hecha esta carretera no tenía un retorno, pues él (Funes) ordenó hacer un retorno para que se le hiciera más fácil llegar a esta propiedad”, aseguró Cortez. Los datos coinciden con tres documentos que proporcionó una de las fuentes de El Faro la mañana del seis de junio de 2018. Se trata de 15 lotes, ubicados en el polígono 1 y 2 de la finca Colombia, Quezaltepeque, comprados por la empresa Mecafé el 22 de agosto de 2011. Las escrituras están inscritas en el Registro de la Propiedad y la fuente dice que Mecafé intentó vender los lotes hace tres meses.
Mecafé es una empresa fundada por Miguel Menéndez en 1985. Menéndez financió la campaña de Funes y fue presidente del Centro de Ferias y Convenciones. En 2014, El Faro publicó que esta empresa compró una propiedad en la Residencial Altamira relacionada con Funes y su actual pareja, Ada Michel Guzmán, también con orden de captura. En esa investigación también se perfiló que la empresa Mercadeo y Publicidad Internacional (Merpinsa), manejada por familiares de Menéndez, fue fundada el 13 de septiembre de 2007, ante los oficios del notario Laabin Nimrod Tóchez Maravilla, familiar del expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez. Uno de los fundadores de Merpinsa, Carlos Agustín Gamero Quintana, es un prófugo de la justicia. Él es procesado por las irregularidades en el uso de la partida secreta durante la administración Saca. No está involucrado en este caso, sino en el caso contra el expresidente Saca. Sin embargo, el testigo en este caso cuenta que la administración Saca heredó a la administración Funes el mismo despacho de abogados que se encargó de crear empresas, realizar las auditorías de ley y documentar la compra-venta de inmuebles: la familia Tóchez. Para muestra, un botón: ellos crearon y manejaron Tki Importadores y Exportadores Brasileños, empresa representada por Thiago Nogueira de Vasconcelos, cuñado de la exprimera dama, Vanda Pignato.
La empresa del prófugo Gamero Quintana también compró una casa en la Urbanización Lomas de San Francisco. “Ahí guardaban sus carros de lujo y bienes que no fueron decomisados en los allanamientos. Ahí se reunía Mecafé con otros funcionarios de gobierno”, dijo el fiscal general, Meléndez, durante la conferencia de prensa. El círculo de confianza de Funes había bautizado a esa casa como “juguetón”, según reveló el testigo. El mismo expresidente, solía frecuentarla, según el testimonio en poder de la Fiscalía, porque ahí guardaba vehículos de lujo.
La Fiscalía también informó que, por medio de testaferros, Funes compró una propiedad en Cumbres de Cuscatlán al expresidente Saca. En la operación participó una empresa de Jorge Hernández, procesado por lavado de dinero. Hernández es un empresario de medios de comunicación y fue el vicepresidente de noticieros de la Telecorporación Salvadoreña. Funes, dijo la Fiscalía, pagó 200 mil dólares en efectivo y acordó entregar, además, una propiedad en Cangrejera, La Libertad. Esa propiedad, sin embargo, está registrada a nombre de Merpinsa, la empresa de Menéndez, su amigo.
Merpinsa, que dice dedicarse a los servicios de publicidad y mercadeo, es una empresa con un registro irregular de su actividad económica. En sus once años de existencia solo ha presentado dos balances al registro de comercio: en el 2007, año de fundación, declaró un capital de 11,428 dólares; en el 2011, dos años después de que Funes llegara a la presidencia, de 1.6 millones de dólares. En los otros nueve años no reportó balances. Esta, dice la Fiscalía, es una de las empresas que recibió efectivo de la partida secreta.
“Dicen las testigos, la gerente, la subgerente (del Banco Hipotecario), que el señor Pablo Gómez retiraba millonarias cantidades en físico, en bolsas negras que se ocupan para la basura. Así se retiraban las cantidades millonarias”, puntualizó Meléndez haciendo mención de un hombre, el contador Gómez, que al parecer cumplió la misma función en los gobiernos Saca y Funes: retirar de bancos cantidades millonarias de dinero público en efectivo. Durante el gobierno Saca, lo hacía en un maletín, según los testigos. Durante el de Funes, en bolsas.
