Terra Alta, con sus 16 pisos y 82 apartamentos, es el cuarto edificio más alto de El Salvador. Está a unos 150 metros del redondel Masferrer, sobre el Paseo General Escalón, y tiene una vista privilegiada al volcán capitalino, pero también del campo de golf del Club Campestre Cuscatlán, en el que juegan a nueve hoyos las élites del país. Un testigo criteriado ha asegurado a la Fiscalía que en Terra Alta vivió una pareja que recibía un cuantioso pago de la Presidencia de la República por tareas que nada tienen que ver con la función pública: cuidar al hijo del expresidente Mauricio Funes y su esposa, Vanda Pignato.
Los niñeros de la Presidencia eran Cristina Pignato, hermana de la ex primera dama, y su esposo Tiago Vasconcelos Cabral. A cambio de cuidar a su propio sobrino recibían, según el testigo, un pago de entre 15,000 y 17,000 dólares al mes, y la estadía ilimitada en uno de los apartamentos de Terra Alta, cuyo alquiler mensual ronda los 2,000. Además, la pareja realizó, según la Fiscalía, viajes por más de 300,000 dólares pagados, como su salario mensual y el costo del apartamento, de la partida 54315 “gastos reservados” de la Presidencia.
Los privilegios de la familia Pignato son parte de los numerosos gastos que la Fiscalía dice haber documentado y que se detallan en el requerimiento contra Funes y otras 31 personas, a quienes se acusa de haberse apropiado, malversado o lavado un total de 351 millones de dólares del erario público. Cristina y Tiago son prófugos. La Fiscalía ha pedido su captura porque los acusa de “casos especiales de lavado de dinero y activos”. Vanda Pignato está detenida; se la acusa de lavar 165,000 dólares.
Los privilegios de la hermana y el cuñado de la ex primera dama han sido narrados a la Fiscalía por testigos entre los que se encuentra un empresario, exfuncionarios de Gobierno, militares del Estado Mayor Presidencial (EMP) y empleados de Casa Presidencial. Además de los testimonios, el requerimiento fiscal incluye facturas y registros de viajes. El caso completo contra la estructura de corrupción presuntamente liderada por el primer presidente de izquierdas se basa en los testimonios de un total de 102 informantes.
Según uno de los testigos de la Fiscalía, el propio Funes le reveló que parte de los fondos de Casa Presidencial sirvieron para pagar el cuidado de uno de sus hijos. El testigo, exfuncionario del Ejecutivo, afirma que el expresidente le confesó que en Terra Alta había un apartamento que no estaba registrado a nombre suyo, pero que tenía como inquilina a su cuñada Cristina. Ella y su marido recibían miles de dólares, dice el testigo, “con la finalidad de que cuidaran” al niño.
Los cuñados de la expareja presidencial ganaron notoriedad en abril de 2011, tras la viralización en redes sociales de unas fotografías en las que aparecen junto a Funes y Pignato a bordo de un jet, sonrientes; en un recorrido en el parque de atracciones Disney World en Orlando, Florida; y en un centro de visitantes de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) en Cabo Cañaveral. La administración Funes no había ni cumplido dos años y su estilo de vida ya generaba suspicacias. Ahora la Fiscalía asegura que aquel jet, la comida, los hoteles y el transporte interno de aquellas vacaciones familiares fueron pagados con fondos públicos.
Viajes para toda la familia
Funes y Pignato, según el requerimiento, no solo utilizaban dinero público para costear viajes, sino también para garantizarse seguridad privada. La Fiscalía asegura que gastaron 325 mil dólares entre alimentación, hospedaje y transporte de una tropa de guardaespaldas pertenecientes al Batallón Presidencial. Según la acusación, ese acompañamiento fue ilegal: el artículo 69 del reglamento interno del Órgano Ejecutivo dice que una de las funciones del Estado Mayor Presidencial es “acompañar al Presidente de la República en todo acto oficial o gira presidencial, lo mismo que a las recepciones que se ofrezcan en Casa Presidencial”, pero según la Fiscalía los militares fueron enviados a cuidar de la familia presidencial en sus vacaciones en el parque de Disney. Uno de los testigos, miembro del Batallón, asegura que se le ordenó cuidar a los padres del expresidente Funes en un viaje a Estados Unidos que coincidió con el paseo a Disney. “Mientras esperaba que Mauricio Funes llegara a Miami se dio cuenta por las redes sociales de que el presidente Funes había estado en Disneylandia, Orlando, y que había sido un equipo de avanzada [del Estado Mayor Presidencial] el que había estado dándole seguridad a Funes, y que en esa ocasión el expresidente iba acompañado de la esposa Vanda Pignato y cuatro o cinco familiares de Vanda, más uno de los hijos”, se lee en el requerimiento.
No fue el único viaje del expresidente Funes y su círculo de confianza bajo investigación. Según la Fiscalía, de la partida de gastos reservados se pagaron durante la gestión Funes 4.6 millones de dólares para viajes a nombre de la Presidencia. Esos pagos se hicieron desde la Secretaría Privada a cargo de Francisco Cáceres, amigo de décadas del expresidente y uno de los promotores, junto a sus tíos Carlos (que ocupó el cargo de Ministro de Hacienda) y Gerardo (operador político de la Presidencia de Funes) de los “Amigos de Mauricio”, el grupo de empresarios y políticos que catapultó la candidatura presidencial de Funes.
Según testigos, aunque la orden de pago de los viajes salía de la secretaría, las facturas eran cargadas a nombre de personas particulares por orden de la asistente de Cáceres, Ana Coto, o el piloto del Estado Mayor Presidencial Presidencial Luis Miguel Ángel García García. A este último, la Fiscalía lo perfila como una especie de croupier, uno de los repartidores del dinero público para los amigos y familiares de Funes. En el requerimiento consta, sin mayor detalle, que en una ocasión García García recibió 50,000 dólares de una de las siete cuentas denominadas “Rodriguez Arteaga, Francisco/Gastos operativos de la Presidencia de la República” identificadas por los investigadores.
Según la Fiscalía, para atender los gastos del núcleo familiar del Presidente también se utilizaban los servicios de un asesor de la ex primera Dama: Nelson Antonio García Cerón. La Fiscalía dice haber confirmado depósitos en cuentas y pagos de tarjetas por 202,656 dólares a favor del asistente de Pignato. Según dos militares del Estado mayor Presidencial que estuvieron al servicio de García Cerón, el asesor les enviaba a “pagar estados de cuenta de la señora Vanda Pignato, así como una tarjeta de crédito de la señora Cristina Pignato”.
Los niñeros presidenciales acumularon 108 viajes (46 ella; 62 él) a Punta Cana, Sao Paulo, Liberia, Recife, Nueva York, Miami, Bogotá, Orlando, Washington, Roatán y San Salvador. En el requerimiento del caso al que tuvo acceso El Faro no queda claro cómo se pagaban los 15,000 o 17,000 dólares a la pareja, pero sí está documentado el pago de los viajes por un total de 303,000 dólares. Las agencias de viajes que facturaron los boletos fueron U-Travel y Sky Travel. Sus representantes dijeron a la Fiscalía que las facturas se emitían a nombre de “Presidencia de la República” porque varios empleados de la institución eran los que pagaban por los servicios a través de notas de abono y transferencias. En el caso de Sky Travel, quien pagaba era el piloto del Estado Mayor presidencial, García García.
Pero la hermana y el cuñado de la ex primera dama no fueron los únicos que viajaron con fondos públicos. La Fiscalía ha documentado 384 viajes más de otros familiares de Funes y Pignato, incluidos los padres de Vanda, María Adelina Pais y Antonino Pignato. Estos fueron pagados con fondos de la partida secreta sin que tengan, según el requerimiento fiscal, justificación alguna. En total hablamos de 492 viajes, entre junio de 2009 y mayo de 2014, por un total de 1 253 890 dólares de los que se beneficiaron 36 personas, incluidos Funes, la ex primera dama y Secretaria de Inclusión Social, familiares y amigos cercanos. Este dinero es parte de los 4.6 millones de la partida secreta que, según la FGR, se gastaron en viajes.
La mamá y el papá de las hermanas Pignato viajaron, según documentos en poder de la Fiscalía, 80 veces en total (42 veces ella; 38 veces él) con fondos públicos: 236,889 dólares en total salidos de la partida secreta. Otras dos hermanas de Vanda, Carmela y Catarina, viajaron en total 20 veces y gastaron 63,563 dólares de dinero público en boletos.
Entre los viajeros también figuran tres de los hijos del expresidente, entre ellos el menor, cuidado por Cristina Pignato y su esposo. Otro de los hijos, Diego Funes, viajó 15 veces, con 10 amigos distintos y con tres miembros del Estado Mayor Presidencial, uno de los cuales sirvió de testigo para la Fiscalía. Diego fue condenado en noviembre de 2017, junto a su padre, por enriquecimiento ilícito, al no ser capaz de justificar ingresos por 419,000 dólares durante la gestión Funes.
También los padres del expresidente, Mirna Cartagena y Roberto Funes, su hermano Guillermo y su cuñada Thelma Santimoni, viajaron con cargo al Estado.
Joao Santana y sus satélites
Estas revelaciones sobre los viajes de la Presidencia podría explicar la constante negativa tanto de la administración Funes como del gobierno de Salvador Sánchez Cerén a revelar los gastos en viajes de la administración 2009-2014. Hasta la fecha, y pese a un fallo de la Sala de lo Constitucional, la Presidencia no ha hecho público el detalle de esos viajes.
Con información parcial, El Faro publicó en julio de 2014 que Funes realizó más de 80 viajes durante su presidencia, algunos de ellos en aviones privados y con fines turísticos, patrocinados total o parcialmente por Miguel Menéndez, “Mecafé”, amigo de Funes y contratista del Estado que multiplicó sus contratos durante la administración 2009-2014. Mecafé también está detenido, acusado de lavado de dinero. En algunos de aquellos viajes acompañaron al presidente el director del Seguro Social Leonel Flores y la actual compañera de vida de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, que sin trabajar para el Gobierno recibió un pasaporte oficial.
También Ada Mitchell Guzmán está acusada por la Fiscalía, que detalla en su requerimiento sus viajes y los de sus familiares y amigos. Según documentos fiscales Guzmán hizo durante el gobierno de Funes 14 viajes con fondos públicos, incluyendo seis junto al mandatario a Panamá, Cancún (México), La Habana (Cuba) y Miami. El dinero con el que se pagaron esos viajes salió, según las facturas, de Casa Presidencial. Costaron 26 550 dólares. Cuatro familiares de Guzmán Sigüenza, entre ellos su madre Ada Luz Sigüenza de Guzmán y un acompañante más, también efectuaron entre dos y seis viajes cada uno por un total de 33,035 dólares. Uno de los acompañantes de la pareja de Funes era José Eduardo Zelaya, a quien uno de los testigos de la Fiscalía describe como el maquillista de Guzmán.
Según la Fiscalía, asesores de comunicación de Funes también se beneficiaron de la partida secreta para hacer viajes, solos o con sus familias. Uno de ellos fue Joao Santana, quien fuera el gran estratega de la campaña presidencial de Funes, y contratista del Estado gracias a la asignación de compra directa de servicios de publicidad a su empresa Polistepeque. Santana viajó con fondos de la partida de gastos reservados en un vuelo interno en Brasil el 7 de diciembre de 2009. Con su empresa, Santana facturó al Estado 5.6 millones de dólares a través de licitaciones sin competencia. La Presidencia también le compró un boleto por 3,020 dólares para un viaje interno en Brasil, de Brasilia a Sao Paulo ida y vuelta, con dinero de los salvadoreños.
La justicia brasileña condenó en junio de 2017 a Santana y su esposa, Mónica Moura, a ocho años de cárcel por lavado de dinero vinculado al financiamiento ilegal de Oderbrecht. Moura también viajó con fondos públicos salvadoreños, el 14 de abril de 2011 en el itinerario Sao Paulo - Brasilia - Salvador de Bahía - San Salvador, por un costo de casi 3 mil dólares. Para ese momento, Polistepeque ya había anunciado su cierre de operaciones en El Salvador, aunque el cierre oficial ocurrió en 2012.
Otros viajes cuestionados por la Fiscalía los hizo un miembro del equipo de Santana que trabajó con Funes: Luis Rodolfo Verdi. Dos exfuncionarios de Casa Presidencial describían en 2010 a Luis Verdi como un ministro sin despacho, satélite de Joao Santana en El Salvador y enlace entre Polistepeque y Casa Presidencial. Verdi fue asesor de Funes entre diciembre de 2009 y septiembre de 2013. La Fiscalía dice que encontró viajes de Verdi “antes y después de ser empleado de Capres”, además de “muchos viajes de sus familiares”, pagados con fondos públicos.
Una red de empresas fantasma
Tiago Nogueria de Vasconcelos Cabral, brasileño de 42 años, cuñado de Vanda Pignato, vino a El Salvador en 2010 para trabajar de asesor deportivo, o al menos eso declaró a las autoridades cuando tramitó su residencia temporal en el país. En aquel momento aseguró que trabajaba como “asesor de programas deportivos” de la sociedad Zelayandía Cisneros S.A. de C.V. Su esposa, Cristina, nacida también en Brasil, actualmente de 52 años de edad, también decía trabajar desde ese mismo año para la sociedad Hablemos S.A. de C.V.
Ambas son, según la Fiscalía, parte de las sociedades ficticias, empresas o empleos creados por personas de confianza del expresidente para justificar la salida del dinero público. La Fiscalía destaca que Tiago Nogueira y Cristina Pignato nunca fueron empleados formales de Capres y que las empresas para las que decían trabajar negaron una vinculación contractual con ellos. Esas sociedades nunca les hicieron retención de impuesto de la renta por salarios devengados ni ningún tipo de descuento laboral. Zelayandía Cisneros S.A. de C.V. reportó a Hacienda que su empresa “no realizó ningún pago de salario, remuneración, bonos, aguinaldo u otra remuneración a Vasconcelos Cabral”. Hablemos S.A. de C.V. reportó al Ministerio de Hacienda que nunca hizo descuentos de la renta por servicios profesionales a Cristina Pignato. Ella también se había inscrito como tributaria de Hacienda, pero nunca declaró impuesto alguno.
Según la Fiscalía, estas dos sociedades simularon relaciones contractuales con los familiares de la ex primera dama para que pudieran solicitar la residencia temporal ante la Dirección de Migración. Ambas aparecen en el requerimiento fiscal vinculadas a la pareja presidencial y se las considera parte del sistema de desvío de fondos que se usó durante la presidencia Funes.
Hablemos S.A. de C.V. tiene entre sus socios accionistas a quien fue el secretario privado de Funes entre 2009 y 2014, Francisco Cáceres, perfilado por la Fiscalía como uno de los cerebros que ayudó a desviar fondos del Estado hacia la cartera de gastos reservados, adscrita a su despacho. Zelayandía Cisneros S.A. de C.V. tuvo como representante legal al primer esposo de Vanda Pignato, Ernesto Zelayandía, quien durante el quinquenio Funes fue nombrado ministro de Gobernación. Durante la guerra civil salvadoreña, de 1980 a 1992, Zelayandía fue el representante en Brasil de una de las facciones armadas del FMLN, el ERP: allí conoció a Pignato, con quien se casó. El Faro intentó obtener una reacción de Zelayandía, pero este respondió que ya había dado declaraciones sobre el caso a la autoridad competente. Francisco Cáceres está prófugo.
El spa “Le Privé”, inscrito en el registro público como un negocio de LatinAmerica Spas, empresa fantasma creada por Mecafé, es otra de esas empresas. Según la Fiscalía, el spa lavaba dinero de la partida secreta. Su gerente era Ada Mitchell Guzmán, que recibió salarios de las cuentas de dicha empresa. Según uno de los testigos criteriados por la Fiscalía, Funes le reconoció personalmente que ese spa nunca dio ganancias: “A él —Mauricio Funes— le tocaba poner dinero todos los meses para que se pudieran pagar salarios y servicios…”, dice. Según ese testimonio, Funes se quejaba de que el spa no era un negocio rentable y reconocía haberse metido en problemas por las exigencias de Ada Mitchell Guzmán: “Gran parte de los problemas en los que se había metido era para complacer a la señorita Ada Mitchell Guzmán, empezando por el tema del spa, ya que ella quería tener un negocio de esta naturaleza”, dice el testigo, que asegura que Funes delegó a su amigo Mecafé la operación para adquirir el inmueble y poner en marcha el negocio.
El dinero que era depositado en las cuentas del spa terminaba, después de una serie de transferencias entre cuentas bancarias, en manos de Guzmán Sigüenza. Así, dice la Fiscalía, la actual pareja de Funes recibió 56,748 dólares de fondos públicos a través 15 depósitos entre 2013 y 2014. Esos 15 depósitos fueron hechos por la propia Ada Mitchell Guzmán y por un testigo que dijo haber trabajado para Funes y para ella en ese tiempo. “Estos fondos recibidos [por Guzmán Sigüenza] no tienen un origen lícito y son parte de los fondos que el imputado Carlos Mauricio Funes Cartagena se apropió de los fondos públicos y de los que se benefició la señora Guzmán Sigüenza”, dice el requerimiento fiscal.
De ese dinero, 5,518 dólares fueron retirados en Nicaragua. Once retiros, entre el 31 de mayo y el 16 de julio de 2016, se registraron en dos cajeros automáticos en Managua: uno en el aeropuerto y otro en un supermercado de Las Colinas, la residencial donde Funes reside, asilado por el gobierno nicaragüense. Un mes después de esos retiros, un furgón cargado de muebles chocó con el tendido eléctrico en la calle Circunvalación de Antiguo Cuscatlán, en El Salvador. Cuando la Policía llegó al lugar descubrió que la mudanza había sido ordenada por el Batallón Presidencial del Estado Mayor Presidencial y que el destino del furgón era Managua.
Desempleados de Porsche y Black Label
Así como la Fiscalía no encuentra justificación para los viajes de la familia de Vanda Pignato, tampoco la encuentra para el salto en el estilo de vida de Guzmán Sigüenza. El requerimiento fiscal detalla que en 2008, antes de que comenzara el quinquenio Funes, Guzmán Sigüenza gastó 85 dólares en todo el año en la cadena de supermercados Pricemart, y que a partir de 2009 y hasta 2016 gastó un promedio de 11,500 anuales en el mismo negocio.
Una persona que trabajó para Funes y Guzmán entre 2011 y 2016, dijo a la Fiscalía haber hecho compras en efectivo para la pareja de Funes, sabiendo que esos gastos no tenían justificación porque ella, dijo, “no posee ingresos legales”. El requerimiento señala que la fuente de ingresos de Guzmán era el expresidente Funes “quien tampoco posee el perfil económico para justificar la entrega de estos fondos a la indiciada”.
En 2011, cuando Funes entraba a su tercer año de mandato, Pricesmart registró compras de Guzmán por 16,904, lo que equivale a 301 dólares (casi un salario mínimo del sector comercio) cada una de las 56 semanas del año. Entre esas compras, la Fiscalía detalla un televisor plasma de 1,899 dólares, un home theatre por 999 dólares y doce botellas de whisky Johnnie Walker Black, una de ellas de 12 años con un costo de 509 dólares. Guzmán también compró once paquetes de Enfagrow, una leche para niños enriquecida con vitaminas, por un total de 422.89 dólares.
A la empresa Fitness El Salvador, Guzmán le compró 15,550 dólares en maquinaria para hacer ejercicios. Consta también que una tarjeta de crédito del Banco Citibank El Salvador de Mitchell Guzmán fue pagada con fondos de Casa Presidencial a través de depósitos que hicieron empleados de la Presidencia y del Estado Mayor Presidencial por un total de 9,300 dólares. La factura del hospital privado donde dio a luz a su hijo también fue pagada con fondos de Casa Presidencial: 2,969 dólares.
La Fiscalía atribuye también a Ada Mitchell Guzmán la compra de siete vehículos entre julio de 2009 y enero de 2013. Entre ellos, en 2010 compró tres automóviles: dos marca Jeep (uno por 39,000 dólares y otro por 16,000) y un Porsche de 20,000 dólares, comprado a Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, hija de Miguel Menéndez “Mecafé”. Además, en 2011, Guzmán le compró a Herbert Ernesto Saca Vides, primo del expresidente Saca, operador político de su gobierno y figura vinculada al partido Gana, un Mercedes Benz por 42,000 dólares.
Según el requerimiento fiscal, Guzmán adquirió otros dos vehículos de Mecafé: un Audi de 34,800 dólares comprado cinco días antes de la navidad de 2012 a la empresa Cosase, propiedad de Menéndez, y otro comprado al propio Mecafé 17 días después, ya en enero de 2013, por 40,000 dólares.
Sobornos a diputados
Según la investigación, el apartamento de Terra Alta, donde vivieron los niñeros de la Presidencia, estaba a nombre de Merpinsa, una empresa creada en 2007 y que pasó a manos de German Herrera, cuñado de Mecafé, en 2010. Pero el requerimiento enumera un total de 14 propiedades que los testigos de la Fiscalía mencionan como una propiedad pagada con fondos públicos para beneficio de los amigos o allegados al expresidente Funes.
Un amigo del expresidente que según la Fiscalía se benefició con una residencia de lujo fue el exdirector del Seguro Social, Leonel Flores Sosa. Considerado uno de los más cercanos amigos de Funes en el quinquenio, ambos confirmaron a El Faro en 2014 que habían viajado juntos por cuestiones privadas, pero también en misiones oficiales .
La Fiscalía dice tener pruebas de que Flores, condenado por enriquecimiento ilícito en diciembre de 2016 , también recibió fondos públicos de manera injustificada e ilegal. Entre los gastos hechos por Casa Presidencial para su beneficio personal está el pago del alquiler, por 2,000 mensuales y durante seis meses, de un apartamento en el edificio Monticello de San Salvador. Flores, además, recibió sobresueldos mensuales de entre 5,000 y 7,500 dólares mientras ocupó ese cargo, entre enero de 2011 y mayo de 2014. Se trataba de pagos al margen de su salario nominal como director del ISSS por 3,700 dólares, y que como otros funcionarios que en los últimos cinco gobiernos han recibido sobresueldos, no declaraba a Hacienda.
En el requerimiento fiscal se afirma que cuando Funes buscó a Flores para ponerlo al frente del ISSS este pidió un salario de 10,000 dólares, seguridad personal independiente de la que podía brindar el Seguro Social y el pago del traslado del menaje de bienes familiares desde Estados Unidos hacia El Salvador. También pidió el pago de los estudios de sus hijos. Funes, según narró un testigo a la Fiscalía, le respondió que no garantizaba el salario de 10,000 dólares, pero que “lo demás, no había problema”.
En su entrevista, el testigo también asegura que supo del pago de sobornos en la Asamblea Legislativa, una práctica que diputados de todas las bancadas han denunciado —incluso penalmente— en más de una ocasión sin que haya sido nunca probado. Según el testigo, durante la administración Funes “se utilizaba dinero en efectivo para pagos de sobresueldos o complementos, pago de sobornos a diputados en la Asamblea Legislativa para compra de votos, entre otros aspectos”.
Fotos de familia
Cinco días después de haber asumido como presidente de El Salvador, Mauricio Funes y Vanda Pignato asistieron al palco presidencial del Estadio Cuscatlán para presenciar un partido de las eliminatorias para el mundial de Sudáfrica. Aquel 6 de junio de 2009, la Selecta venció 2 a 1 a México y avanzó a la hexagonal. Funes y Pignato vieron el partido acompañados de Cristina Pignato, Mecafé y el ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía. La escena fue captada por el periódico La Prensa Gráfica.
Las pruebas y los testimonios reunidos por la Fiscalía hablan de un círculo de confianza alrededor de Funes en el que no solo compartía la amistad, sino también el dinero que salía de la partida secreta. En el entorno más cercano a Funes estaban Francisco Cáceres y Mecafé. El primero diseñaba la partida de gastos reservados y el tercero dirigía, por medio de un hombre de confianza, el Banco Hipotecario, la institución por dónde se sustraía el dinero público.
Todos ellos se beneficiaban del presunto sistema de desvío de fondos que denuncia la Fiscalía. Cáceres, según testigos, utilizaba a sus empleados de mayor confianza, entre ellos el piloto Luis Miguel Ángel García García y Ana Coto, su asistente, que hacían depósitos, transferencias de dinero y envíos de cheques para él.
Entre los gastos ilegales adjudicados a Cáceres, la Fiscalía señala que el secretario transfirió dinero hacia Madrid, España, a nombre de una joven graduada de la facultad de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador que se encontraba viviendo en esa ciudad. La Presidencia de la República remitió un informe a la Fiscalía negando cualquier vínculo laboral con la estudiante, y también dijo que nunca había otorgado ninguna beca de ningún tipo por parte del Estado, algo que también fue confirmado por los padres de la estudiante, según el documento fiscal.
A la estudiante, en 2009, la Secretaría Privada de la Presidencia le transfirió 3,938 dólares a Madrid. Los fondos salieron de la cuenta del Hipotecario 210239860 denominada “Rodríguez Arteaga, Francisco / Gastos Operativos de la Presidencia”. Los padres de la joven confirmaron a la Fiscalía que sabían de la amistad de su hija con Cáceres. Uno de ellos, el padre, dijo que “al parecer, el señor Cáceres, quería andar con su hija”.
La Fiscalía también asegura que Cáceres realizó pagos con dos tarjetas de débito con cargo a la cuenta 0022039860 del Banco Hipotecario, una cuenta a la que según los investigadores, llegaron fondos de la cuenta del tesoro institucional del tesoro público de la Presidencial. En total, Cáceres hizo 55 pagos por un total de 330,000 dólares con estas dos tarjetas, incluidos el pago entre octubre de 2009 y octubre de 2010, del hospedaje en doce hoteles en distintas ciudades de Estados Unidos, Panamá y Brasil. Lo extraño es que Cáceres nunca viajó en misión oficial. A su nombre, según informó Casa Presidencial, no quedó consignado ninguna misión en razón de su cargo.
Aun así, Cáceres viajó junto a Funes en numerosas ocasiones. El alojamiento era parte de los servicios que Cáceres pagaba cada vez. Uno de esos viajes fue turístico, lo cual, según la Fiscalía, demuestra que el expresidente usaba dinero público, facilitado por Cáceres, para fines privados. Los investigadores han documentado que en agosto de 2010 el presidente reportó a autoridades migratorias, a través de un formulario, que iba a salir por turismo, pero en Casa Presidencial el mandatario había indicado que su salida respondía a una misión oficial. Tanto así que había dejado como encargado del despacho a Salvador Sánchez Cerén, el vicepresidente, mediante un decreto ejecutivo.
Ese viaje fue a Brasil. Funes y Cáceres se hospedaron en el hotel Reinaissance de Sao Paulo. Cáceres canceló con una de las dos tarjetas de débito de la Secretaría Privada. La Fiscalía documentó que Cáceres efectuó 67 viajes en compañía de Funes, familiares suyos y otros acompañantes por 147,898 dólares.
Mecafé, según la Fiscalía también se benefició de la partida secreta con millones de dólares. Según documentos fiscales, la empresa de seguridad de Mecafé, COSASE, recibió 3,148,237.03 dólares de manera injustificada de seis de las ocho cuentas abiertas en el banco Hipotecario que se nutrían de fondos del tesoro institucional de la Presidencia.
La secretaría de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Presidencia informó a la Fiscalía que no había encontrado justificación para esas transferencias. COSASE, que durante la presidencia Funes ganó contratos de seguridad privada por más de 21 millones de dólares, se llevó por tanto 3.1 millones de dólares extra sin justificar y sin que sonara ninguna alarma en el Estado. “(...) Las transferencias por los 3.1 millones no guardan relación con los contratos informados, por lo cual no existe ninguna justificación para la transferencia de esos fondos”, dijo a la Fiscalía el secretario jurídico de la presidencia de Sánchez Cerén, Francisco Rubén Alvarado, en dos notas de noviembre de 2016 y enero de 2017.
La sustracción y el manejo del dinero estaba tan fuera de los controles que, según los testimonios recogidos por la Fiscalía, aquellos que sirvieron como repartidores de la baraja para alimentar los excesos de la familia presidencial o de el secretario privado también encontraron huecos para favorecer a sus propias familias.
Es el caso del piloto García, uno de los hombres de confianza de Cáceres. Además de ordenar pagos de viajes con fondos de la Presidencia y cargarlos a nombre de particulares, García también sacaba fondos para su núcleo familiar, según relataron los testigos a la Fiscalía. Uno de ellos aseguró haber realizado depósitos mensuales de entre 1,000 y 1,500 dólares en una cuenta del Banco Agrícola a nombre del padre del piloto, que está detenido.
El testigo también describe que García le entregó dinero en sobres, alrededor de 4,000 dólares, para comprar un tratamiento de fertilidad para la esposa del piloto. El testigo compró en varias ocasiones inyecciones, cuyo precio rondaba los 45 dólares, porque el tratamiento prescrito implicaba inyecciones diarias. La madre y la hermana del piloto también recibieron fondos que el testigo les trasladaba. Estas entregas las realizaba, dijo, en el Instituto del Cáncer. El testigo incluso dijo que iba a recoger y a dejar a la madre del piloto a San Vicente, a unos 80 kilómetros de San Salvador.
La implicación de las familias se repite. En marzo de 2011, Cristina Pignato aparece en las fotos oficiales que registraron la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a la Casa Presidencial de El Salvador. Cuatro años más tarde, y ya con Funes fuera de la presidencia, la hermana de la ex primera dama seguía estando en las portadas del trabajo de Vanda Pignato: en septiembre de 2015, ya en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, la secretaria de Inclusión Social imprimió un libro que explica el programa Ciudad Mujer. Gestado en la presidencia Funes, Ciudad Mujer brinda atención integral a mujeres salvadoreñas. El documento fue elaborado para ser presentado ante las Naciones Unidas, que ha aplaudido esta iniciativa gubernamental. En medio del informe, la Secretaría colocó un collage de imágenes que narran los logros del programa, pero hay una en particular que no tiene que ver con su función pública: en la fotografía, a manera de tributo, aparecen en primer plano, sonrientes, su hermana y su cuñado, junto al hijo de Vanda Pignato.
