Las últimas operaciones violentas en Nicaragua, perpetradas por paramilitares encapuchados y coordinados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han acelerado la descomposición de la crisis política en ese país. Medio centenar de muertos solo en los últimos días sirven de macabra prueba de la apuesta por la represión desde el régimen.
El Salvador es de los pocos países que aún no han expresado su condena a Nicaragua y, por el contrario, líderes políticos del FMLN continúan expresando su adhesión incondicional a un régimen al que describen como asediado por una conspiración golpista.
El FMLN, que debería presumir su talante democrático probado durante dos periodos presidenciales, es mucho más permisivo con el orteguismo de lo que ha sido con su propio partido. El excomandante sandinista no solo ha destruido la institucionalidad del Estado nicaragüense sino que, tras el rompimiento con el sector empresarial, que durante una década fue su socio en la corrupción, ha optado por un baño de sangre para mantenerse en el poder. El pacto con los empresarios corruptos está siendo sustituido por el terror.
Son comprensibles los temores del FMLN de que la revuelta contra el gobierno sandinista esté siendo impulsada por Estados Unidos y por la oligarquía nicaragüense. Porque esa es la historia de Nicaragua y de Centroamérica entera. Porque ciertamente tanto Estados Unidos como el principal gremio empresarial nicaragüense están involucrados hoy en las acciones contra Ortega. Pero se equivoca el FMLN cuando ve en ellos la causa y la explicación de la actual crisis.
Es la gente la que se ha levantado, en los pueblos y en las universidades, contra un gobierno corrupto controlado por una familia que se ha hecho multimillonaria a costa de fondos públicos en uno de los países más pobres del continente. Contra un régimen autoritario, corrupto, manipulador y criminal, que ha dado luz verde a grupos de encapuchados con experiencia militar para dar cacería a cualquiera que exprese su repudio al gobierno o que participe en las protestas.
Todos los organismos de defensa de derechos humanos dan cuenta de lo mismo: un patrón represivo, asesino, despachado desde la Policía nicaragüense cuyo comandante es Daniel Ortega. Lo mismo registran la CIDH, Amnistía Internacional, Americas Watch, la Iglesia católica y todas las organizaciones nicaragüenses defensoras de los derechos humanos. Todas.
El diálogo, que pudo haber servido para acordar las condiciones de la nueva vida política en Nicaragua, se estancó por la negativa de ambas partes a hacer las mínimas concesiones a la contraparte. Ante esta vía cerrada, los nicaragüenses están clamando a gritos la intervención internacional para detener el baño de sangre.
Si el gobierno salvadoreño del FMLN y los partidos de izquierda reunidos en el Foro de Sao Paulo no se unen a las condenas contra Ortega, sí dejarán entonces el proceso en manos de los de siempre: de Estados Unidos y la oligarquía. Eso hará del FMLN cómplice no solo del actual terror de Estado, sino también del futuro de los nicaragüenses. Porque habrá futuro, y será un futuro sin Ortega y sus secuaces.
