Antes de cumplir el primer año de vida (2016) me retiré formalmente del Consejo Nacional de Educación (CONED) por varias razones, entre ellas: a) veía muchas caras que habían estado en comisiones presidenciales anteriores y que no habían hecho nada —sólo las fotos y estar figurando—; b) poco a poco se comenzó a delegar la representación en otra persona, y esa persona en otra: así se iba desnaturalizando el debate; c) en cada sesión de trabajo rotaba no menos del 30% de los asistentes y d) las limitadas discusiones se centraban en los típicos diagnósticos que presentaban los problemas de siempre y ninguna solución. A veces la hiperdemocratización de los procesos termina sepultando la iniciativa; y finalmente, al no existir una herramienta que garantice el largo plazo, la propuesta de los $12 mil millones y las decenas de páginas de diagnóstico terminarán en 2019, como suele suceder.
Veo en una nota de prensa de un medio digital que surgió una iniciativa más para lograr un “Acuerdo de Nación” e inmediatamente los líderes de los partidos políticos —que generalmente en secreto boicotean la democracia— comienzan a nombrar a sus delegados, quienes, seguramente, no tienen poder de decisión. Son simples mensajeros. Así se comienzan a evadir los compromisos.
Los Acuerdos de Nación por su importancia, vitalidad y rigor se asumen, son indelegables. Somos un país pequeño, sobrediagnosticado, con problemas y posibilidades de solución muy claras. Si quieren hacer algo por El Salvador no necesitan tanto protocolo, cocteles ni formalismos. En menos de una semana podrían tener una agenda corta para abordar los grandes temas: 1) Combatir el crimen y recuperar territorios; 2) Mejorar la cobertura y calidad escolar a través de los docentes e invertir más y mejor en educación y salud; 3) Diseñar propuestas económicas realistas para atraer inversión extranjera; 4) Desburocratizar el Estado; y 5) Planificar y pensar en función del país, más que en ideologías, por poner un ejemplo.
¿Quieren comenzar con algo de verdad? Lean, discutan y aprueben la nueva propuesta de Ley de Políticas Públicas Educativas de Largo Plazo (aplicable a otros sectores) que propuso el diputado Reynaldo Carballo; la cual está basada en tres principios simples y fundamentales para el diseño de políticas públicas: 1) Visión de largo plazo a 30 años, 2) Selección de áreas de interés nacional, y 3) Progresión en los indicadores y no regresión.
Señores embajadores y representantes de organismos bilaterales y multilaterales (PNUD, Banco Mundial, BID, Fomilenio II) no pierdan más el tiempo ni gasten el poco dinero que les queda en reuniones ostentosas en hoteles, tampoco en viajes para conocer “best practices” en Colombia o en Estados Unidos, ni en consultorías caras para hacer otro diagnóstico. Tenemos los mismos problemas –y algunos hasta empeorados- desde los 90 (vean la PAES) y las raíces de todos los males siguen siendo las mismas: 1) La ideologización fanática entre derechas e izquierdas; 2) Corrupción generalizada y 3) Planes de gobierno de corto plazo —cada 5 años volvemos a comenzar—. No sean cómplices.
Si suman el costo de lo invertido en logística, dietas, diagnósticos, consultores y publicaciones —GOES y organismos internacionales— desde Bases para el Plan de Nación (1998) hasta Benito Andión y Fernando Aramayo (2018) se van de espalda, porque no hay nada gratis. 20 años y muchísimos dólares, ¿para seguir discutiendo por Karl Marx o Adam Smith? El Fmln y Arena y sus corruptos tienen secuestrado el futuro de este país.
*Óscar Picardo Joao ([email protected]) es investigador y especialista en política educativa. Licenciado en Filosofía, con maestrías en Teología y Educación y Doctorado en Didáctica y Organización Escolar; en la actualidad dirige el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia.
