Como parte del plan de protección a Jimmy Morales, el presidente acusado de financiamiento electoral ilícito y señalado recientemente de acoso sexual, los tentáculos que lo sostienen fraguaron una estrategia de control de las instituciones para blindar al mandatario y a sus aliados, muchos también con serios casos encima.
La jugada más relevante fue el nombramiento en enero pasado de Enrique Degenhart, ministro de gobernación (del interior), quien tomó el control de la seguridad del país. Él era cercano al excaldalde fallecido Alvaro Arzú y a través de los buenos oficios de éste, fue colocado como ministro. Arzú también usó su influencia para que el Congreso, en ese mismo mes, nombrara a su hijo como presidente del Congreso, para echar a andar el plan de restauración del sistema corrupto que había sido resquebrajado con los casos anticorrupción que se han develado.
Las primeras medidas de Degenhart fueron modificar las rutas de unas patrullas especializadas en narcotráfico retirándolas de los lugares por donde se trasladan los cargamentos para beneficiar a los carteles. Luego, decretó diez medidas para implementar de manera urgente, entre ellas, no dialogar con la población manifestante, informar al ministro previamente de los allanamientos en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, ente apoyado por Naciones Unidas que ha participado en los casos más importantes) y buscar remilitarizar la Policía Nacional Civil (PNC).
Despidió sin ninguna justificación a la cúpula policial que venía haciendo un trabajo reconocido continuando con un plan de diez años y ordenó a agentes darles seguimiento a los exdirigentes policiales, incluyendo al exministro Francisco Rivas quien, junto a otros antiguos funcionarios, denunciaron estas medidas intimidatorias.
Degenhart no acude a las citaciones que le realizan los diputados, a menos que sean de la bancada oficial y se ha dedicado a viajar a juntarse con congresistas estadounidenses para buscar debilitar el trabajo de la CICIG vendiendo de manera internacional la misma campaña negra que replican los netcenters locales pagados por los grupos que han sido afectados por los casos de corrupción.
Su trabajo en contra de la CICIG llegó al punto de retirarles 20 agentes que trabajan en investigación policial y hay denuncias de que varios de ellos estuvieron encerrados en donde se les cuestionó preguntando sobre intimidades de sus labores. Sobre este evento, diputados han requerido información y las autoridades se han negado a darla.
Hace un par de semanas, al hermano del exdirector de la PNC denunció que policías vestidos de civil le implantaron un arma de fuego esmerilada, motivo para capturarlo y mandar un mensaje al resto de policías que han estado declarando ante la prensa y públicamente por los atropellos en contra de la institución.
Es tan grande el malestar de las bases policiacas que los familiares han marchado en denuncia contra Degenhart y han externado temor a represalias porque ha despedido a un aproximado de 200 personas sin justificación para buscar incorporar, contrario a los Acuerdos de Paz, a cientos de elementos del Ejército en tareas de seguridad ciudadana. Además, ha ascendido a más de cien agentes sin ningún procedimiento violando así la ley de la policía.
Degenhart, quien antes fue parte de Migración (institución caracterizada por su corrupción avasalladora), es un alfil fundamental para asegurar el éxito del “Pacto de Corruptos” (donde se incluyen iniciativas de amnistías al financiamiento electoral ilícito y permitir que diputados que se cambian de bancada puedan reelegirse) que busca traerse abajo los cientos de casos de corrupción que se han destapado desde hace tres años, en donde se han involucrado a expresidentes, magistrados, congresistas y empresarios prominentes.
La imagen del ministro, sin sonrisas y de hablar poco a la prensa, cada vez se debilita más y ha encendido alarmas en la población (provocando manifestaciones que piden su renuncia y campañas en redes sociales) así como en Washington, en donde muchos ya lo consideran un defensor de las estructuras de corrupción. Su salida del ministerio, que se escucha cada vez más como un pedido de la población, es un paso clave para poder empezar a recuperar la institucionalidad de la policía y la seguridad del país.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
