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Arqueólogos no convencen a diputados de la destrucción del patrimonio en Tacuscalco

Los arqueólogos del Estado no convencen a la Asamblea. Luego de cuatro semanas desde que se instaló la comisión especial que investiga el caso Tacuscalco, a algunos diputados aún les cuesta concluir que lo que ocurrió en Sonsonate es la destrucción de un sitio arqueológico y no el perjuicio de la seguridad jurídica de una empresa constructora. 

María Luz Nóchez

 
 

Los primeros en denunciar la destrucción del patrimonio de Tacuscalco, que contiene 3 mil años de historia salvadoreña, fueron los arqueólogos del Ministerio de Cultura (Micultura). Sin embargo, fueron los últimos que la comisión especial que analiza el caso en la Asamblea Legislativa llamó a declarar.

Después de dos sesiones anteriores en las que recibieron a representantes de la empresa y autoridades de Sonsonate, llegó el turno de la parte ofendida: el Estado. Por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se hicieron presentes el viceministro, Ángel Ibarra, y la Directora General de Evaluación y Cumplimiento Ambiental, Celina de Monterrosa. En cuanto a Cultura, asistieron la ministra Silvia Elena Regalado y Hugo Díaz, jefe de la dirección de arqueología.

Durante una hora, Díaz explicó a los diputados la destrucción sistematizada que se dio en el sitio por parte de la empresa constructora Fénix, pese a las recomendaciones hechas por arqueólogos consultores y por el ministerio. Díaz recalcó que el primer error en el camino fue no haber solicitado el permiso de construcción de acuerdo con el procedimiento que establece la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador (LEPPCES).

En su presentación, Díaz dejó en evidencia la documentación que intercambiaron Fénix y la Dirección de Patrimonio durante el proceso. También mostró el rompimiento de la comunicación después que se decretó el paro de la obra Acrópoli Sonsonate, que ocurrió cuando los arqueólogos que la empresa había contratado entregaron su informe. Por detener ese proyecto, la institución ahora enfrenta un proceso en la Cámara de lo Contencioso Administrativo en su contra, por presuntos actos arbitrarios. La primera audiencia probatoria de la institución está programada para el próximo 10 de julio.

La disertación del funcionario de Micultura, además de citar la Constitución, el Código Penal, la LEPPCES y su reglamento, incluía fotografías de las inspecciones en el sitio, donde se evidencia la alteración de la capa cultural. “Tres mil años de historia fueron borrados para siempre por no acatar una resolución”, sentenció el arqueólogo, y les recordó a los legisladores que lo arqueológico no se puede sustituir ni reparar.

El sitio arqueológico de Tacuscalco relata la vida en este territorio desde el período preclásico hasta el republicano; es decir, tres mil años, desde que los pueblos originarios tenían su propio estilo de vida. Fue escenario de batallas contra los colonizadores. Todo este tiempo fue habitado con la herencia de los pueblos originarios preservada. Pero los diputados no le dieron importancia al significado que tiene este bien cultural.

En 60 minutos, entre teoría, prueba documental y fotográfica, parecía que no había más para discutir respecto de las irregularidades en el proceso por parte de Fénix. O al menos así lo expresó el diputado efemelenista Javier Valdez: “creo que después de esta explicación ya nos queda bastante claro cuál ha sido el problema”.

A pesar de lo anterior, la gran interrogante del diputado Emilio Coreas (ARENA) para los expertos era indagar en la relación existente entre Marlon Escamilla, uno de los consultores, y Díaz. Desde su perspectiva, y según la información recopilada, le parecía sospechoso que ambos hubieran intentado fundar Arques, la Asociación de Arqueología de El Salvador, la profesión a la que ambos se dedican. El jefe de la dirección de arqueología lo resumió en que Escamilla había sido parte de la primera generación de arqueólogos que se habían formado en este país y, por lo tanto, fue maestro de muchos de los 42 arqueólogos que hay en El Salvador. “Nuestra relación ha sido siempre académica y lo que se busca es colegiarnos como científicos”, explicó Díaz.

Uno de los puntos clave que Fénix ha querido usar a su favor es que no necesitaba tramitar un permiso ante la entonces Secretaría de Cultura, porque el área de construcción estaba fuera del área declarada en 1997 como patrimonio arqueológico. El diputado Adelmo Rivas, de Gana, a tono con ese argumento, preguntó si el sitio arqueológico estaba inscrito en el registro de propiedad y por qué antes no se había hecho lo necesario para investigar e incluso abrirlo al público como un atractivo turístico. El arqueólogo del ministerio explicó que la declaratoria existente no se basó en excavaciones arqueológicas, y que la declaratoria, por Ley, se da luego de que las medidas de protección se vuelven permanentes, tal como lo establece la resolución emitida por el ministerio en enero 2018.

En cuanto a la posibilidad de abrirlo al público, Díaz aclaró que para eso se requeriría que el sitio perteneciera al Estado, y les recordó que la adquisición de los últimos dos sitios arqueológicos se dio por decreto legislativo: “si ustedes pudieran hacernos el favor, el pueblo salvadoreño se los agradecerá”.

Por su parte, la diputada Silvia Ostorga, de Arena, les preguntó qué pretendían al vedar el uso de casi 23 manzanas, cuando lo que habían delimitado los consultores eran apenas 2.93 manzanas. Una veda que en la sesión anterior había calificado de ilegal y como una manipulación del ministerio. “¿Qué pretendemos? Cuidar el patrimonio y cumplir la Ley. Espero que estemos a la altura de la historia”, respondió Díaz.

El presidente de la comisión, Antonio Almendáriz (PCN), fue más comedido y concluyó que el gran problema es que el sitio no está declarado, por lo que pidió a los arqueólogos que hicieran llegar a la Asamblea una lista de todos aquellos sitios que pudieran estar en peligro y que deben de estar resguardados. El Faro lo abordó fuera de la comisión.

-¿Cuántos casos no habrá de constructoras que una vez que inician los procesos de construcción, tengan después esos problemas? Yo revisando la ley no vi esos conceptos de paisajismo ni área de influencia que se mencionan por parte de los titulares, así que eso hay que pasarlo a la ley para que en El Salvador exista la seguridad jurídica de que lo que la ley mandata es lo que tiene que hacerse y lo que la ley no prohíbe, la gente no se puede privar, comentó Almendáriz.
-Más allá de que el área de influencia no aparece en la ley, la ley sí establece que se tienen que pedir los permisos, que fue justamente lo que no se hizo, y que el ministerio identifica como la falla principal, respondió El Faro.
-Sí, eso es lo que estamos investigando, si se pidieron.
-Eso fue lo que quedó claro hoy.
-Sí, eso es lo que dice la contraparte. Pero acuérdese que nosotros no nos dejamos ir ni por lo que dice la empresa, ni por lo que dicen… Tenemos que ver los documentos que presentan.
-Claro, pero la empresa dijo que no tenían por qué pedir permiso, la semana pasada Oduamso dijo que no les competía y ahora tanto Medio Ambiente como Cultura explicaron que no pidieron los permisos respectivos.
-Eso es lo que estamos constatando, insistió Almendáriz.

La comisión sesionará el próximo lunes 9 de julio para recibir a la comunidad de Nahuilingo, que fueron los primeros en denunciar la destrucción del sitio arqueológico y el daño ambiental.

“Nosotros no reconocemos a Fénix como titular”

En su intervención, los expertos del ministerio desmintieron el argumento de la constructora Fénix, la cual asegura que con la compra del terreno adquirió todos los permisos. La firma que le vendió los lotes a la constructora se llama Chiripío.

“Chiripío no realizó lo que el permiso ambiental le permitía. Su actuación es ilegal”, declaró Ibarra. Aunque desde noviembre 2016 el proyecto Las Victorias -ahora, mejor conocida como Acrópoli Sonsonate- es propiedad de Fénix, el viceministro explica que Medio Ambiente no los reconoce como titulares, ya que esta cartera de Estado nunca aprobó el cambio de propietario.

Por ley, el procedimiento que se tuvo que haber seguido, explicó Ibarra, es que, antes de vender los permisos, la empresa Chiripío tuvo que haber informado oportunamente sobre el cambio de titular del proyecto, es decir, cuando este pasó a manos de Fénix. Posteriormente, se tuvo que haber presentado un formulario ambiental, tal como lo explica el artículo 22 de la Ley de Medio Ambiente, para solicitar la modificación del proyecto de lotificación a uno de urbanización: “El titular de toda actividad, obra o proyecto que requiera de permiso ambiental para su realización o funcionamiento, ampliación, rehabilitación o reconversión deberá presentar al Ministerio el formulario ambiental que esta requiera con la información que se solicite”, consigna el referido artículo.

El formulario se presentó apenas el 25 de mayo pasado, luego de que se interpusieron medidas preventivas y luego se dictó la suspensión de obras. Para esos días, el proyecto de urbanización ya estaba avanzado en un 90 %, por consiguiente, la destrucción del bien cultura también estaba avanzada.

Tanto la constructora, como los alcaldes de Sonsonate, Nahuilingo y la Oficina de Desarrollo territorial de Sonsonate (Oduamso) dijeron ante la comisión legislativa que el permiso de Medio Ambiente obtenido por Fénix estaba vigente y que, por lo tanto, ellos autorizaron desde cada una de sus oficinas el inicio de las obras de terracería. Celina de Monterrosa explicó que no se trata solo de un permiso de construcción, sino que “no hay fianza (de cumplimiento ambiental) vigente según exige la ley, no se tiene un programa de manejo ambiental aprobado, no hay un diseño interno del proyecto, y se cambió el número de lotes de 400 a 643”. Con una urbanización, agregó, la densidad poblacional cambia y, por tanto, varía el impacto medioambiental.

Pese a esta explicación, la diputada Ostorga insistió en que cuál era el fundamento técnico y legal que se invocaba para ordenar el paro. Los funcionarios le recordaron que su actuación estaba amparada en los artículos 22, 83 y 84 de la Ley de Medio Ambiente. Por su parte, Coreas, les preguntó qué proponían ellos en este caso, tomando en cuenta que la empresa reclama $50 mil en pérdidas desde que se decretó la suspensión de la construcción. El proyecto está valorado en $20 millones.

“Nuestra propuesta es que se siga trabajando de acuerdo a la legalidad. Si 20 millones es el costo, eso no nos compete a nosotros. Nosotros nos regimos con base a la ley”, concluyó Ibarra.

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