Las recientes confesiones del expresidente Antonio Saca han abierto una caja de Pandora a la que el país entero tiene el deber de asomarse. Más allá del cinismo mostrado por el expresidente, que dijo ante el juez que tenía pensado un desfalco mayor al Estado, pero no supo cómo hacerlo sin dejar rastro –y aun así se beneficiará de una rebaja en la pena–, su confesión es una ventana a estructuras de corrupción que van más allá de su presidencia y sus lujos, y debe dar lugar a investigaciones que lleguen mucho más lejos.
Lo ya conocido permite establecer una continuidad en el esquema de corrupción de al menos dos presidencias, la de Saca y la de Mauricio Funes. Ambas, pese a llevar las banderas de los dos partidos que reivindican extremos opuestos, Arena y el FMLN, tenían operadores comunes –Jorge Hernández, Irving Tóchez, Herbert Saca…– y recibieron protección de las mismas instituciones encargadas de la contraloría pública. Mientras su retórica los colocaba uno a la derecha y otro a la izquierda, en la operación criminal los dos presidentes y sus círculos de confianza en cada gabinete compartieron conocimientos y recursos.
En ambos casos, la operación se expandía además fuera de los muros de Casa Presidencial. Entre los involucrados en la red de corrupción que está quedando al descubierto hay abogados, empresarios, periodistas, servidores públicos, prestanombres, expertos en corrupción y lavado de dinero. Sin decir que no haya habido prácticas similares antes y después de Saca y Funes, gestionar fuera de los controles institucionales casi 600 millones de dólares entre dos presidencias requiere de gran experticia y de una enorme red de cómplices.
No son solo los individuos. Instituciones públicas y privadas estuvieron durante una década involucradas en el desvío y encubrimiento sistemático de fondos públicos. Bancos, bufetes de abogados, la Corte de Cuentas, partidos políticos, tribunales, empresas reales y fantasma, despachos parlamentarios, autónomas, medios de comunicación… y lo que falta por averiguar. Con trajes y corbata, en posiciones de presencia pública, dando consejos al país y a veces con escudos de El Salvador en la solapa, cientos de personas, en decenas de escritorios, permitieron o se lucraron de un robo sistemático a los salvadoreños que malviven o mueren en un país de tragedia. Es lacerante pensar que este juicio espectacular se desarrolla al mismo tiempo que avanza lentamente y en silencio el de El Mozote. Es insultante escuchar el relato del derroche y pensar en los pueblos de sequía, en los hospitales de miseria y en las víctimas de la delincuencia del país que los acusados gobernaron.
El desafío del fiscal es enorme: no se trata solo de encarcelar individuos, sino de aprovechar la oportunidad histórica de desmantelar una estructura compleja de fraude y corrupción que trasciende administraciones y colores políticos, que sobrevivió a la alternancia de 2009. Una estructura criminal que, como suele ser el caso, es capaz de sobrevivir al encarcelamiento de sus viejos operadores porque siempre habrá quienes quieran sucederles.
Y el desafío de la ciudadanía no es menos complejo: hacer de la indignación base para una reflexión mayor y para más participación y exigencia democrática; ejercer presión sobre las instituciones y discernir futuros pasos, sin que la trampa del tiempo electoral anteponga las urgencias partidarias a la necesidad de un profundo debate nacional.
Las confesiones de Saca, de los testigos criteriados en su juicio y de aquellos que ya empiezan a dar información en el proceso abierto contra el expresidente Funes son apenas un tajo abierto sobre una gusanera enorme. Cerrarlo precipitadamente no sanará nada. Hay que eliminarla entera y limpiar la región afectada. Contrario a lo que ha dicho el actual presidente de Arena, uno de los partidos que se benefició ilegalmente con fondos de la presidencia, la corrupción a esos niveles no se debió simplemente a la acción de individuos, sino a estructuras enquistadas para empezar en su partido político, como demuestra el hecho de que ya durante el gobierno de Francisco Flores Arena se financiara irregularmente.
También otros. Según testigos, PCN, PDC y Gana recibieron fondos –hay que llamarlos sobornos y, en cualquier caso, financiamiento ilícito– del gobierno de Funes. Y no puede el FMLN lavarse las manos como ahora trata de hacer Arena –también en eso se hermanan– cuando fue trampolín para Funes y testigo silencioso de la gestión que hizo bajo su bandera.
Lo que han hecho los corruptos es abominable. Pero ojo: muchos de los que hoy claman con apariencia indignada y piden la cabeza de los expresidentes caídos formaron parte de su corte, callaron cómplices ante sus delitos y se beneficiaron de sus favores. Lo mínimo esperable, para comenzar a buscar como sociedad formas de que el desfalco no se repita, es que funcionarios, diputados, banqueros, periodistas, lo confiesen. Y que los partidos, instituciones y medios de comunicación que participaron de la estructura, encaren el pasado reciente y se purguen.
De lo contrario, la confianza en estas instituciones quedará herida, tal vez perdida. Y el daño irreparable será para el sistema democrático que tanto costó construir.
