La profunda crisis de los recursos hídricos en El Salvador, en términos de calidad, cantidad y acceso, es ampliamente reconocida y científicamente documentada por expertos y expertas, tanto nacionales como internacionales. Las causas principales de la actual crisis son la mala gestión del agua (contaminación y sobreexplotación) por la falta de políticas (como la Ley General de Aguas), prácticas y programas que aseguran la buena gobernanza en el sector. Este problema nos afecta a todos en nuestras vidas; pero son los pobres, las mujeres y los niños quienes más lo sufren.
Desechos tóxicos y metales pesados de la industria, químicos venenosos de la escorrentía agrícola y aguas negras sin tratamiento contaminan más del 90 % de nuestras aguas superficiales. A la vez, la sobreexplotación de mantos acuíferos genera escasez de agua para los ecosistemas y las comunidades en todo el territorio nacional.
Esta situación tan alarmante ha llevado a organismos internacionales como la CEPAL, la Asociación Mundial de Agua (GWP, por sus siglas en inglés) y el Tribunal Latinoamericano de Agua a plantear que el país está al borde de un estrés hídrico en el que no habrá suficiente agua para responder a la demanda humana. En esta misma línea, un estudio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó, en 2016, que El Salvador tiene una esperanza como país viable de unos 80 años, si no cambiamos nuestra relación con el agua.
La evidencia científica está sustentada por la experiencia de miles de habitantes de barrios marginales en las ciudades y pueblos que pasan meses sin acceso al agua, de comunidades pobres en el sector rural que dependen de fuentes naturales de agua cada día más escasas, de los pequeños productores que pierden sus cosechas por las sequías cada vez más prolongadas y de las mujeres, niñas y niños que pasan gran parte de su día en búsqueda de este vital líquido.
A pesar de todo lo anterior, representantes de alta jerarquía de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en una audiencia reciente con la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa (y en debates públicos con este autor), insistieron en que la crisis del agua en El Salvador es un mito, promovido por el partido del gobierno y sus simpatizantes para promover la urgente aprobación de una Ley General de Aguas.
Desde un enfoque empresarial, la posición de ANEP tiene lógica. La gran empresa de El Salvador no ha sufrido por la escasez de agua. No ha vivido esta pesadilla. Más bien, ha sido —y sigue siendo— un factor causal importante en la actual crisis hídrica, a través de un modelo de desarrollo y urbanización basado en la destrucción del medio ambiente, la exclusión social y la acumulación de riqueza para pequeños grupos al costo de los recursos naturales, especialmente al agua. Algunos ejemplos:
En el histórico caso de la finca El Espino, cientos de manzanas de bosque y cafetales que servían de ¨pulmón” para el gran San Salvador, ayudando a mantener el equilibrio climático de la capital y filtrando millones de metros cúbicos de agua por año para recargar los mantos freáticos de la zona, fueron convertidos en enormes centros comerciales y proyectos residenciales por empresas dedicadas a la industria de la construcción.
La fábrica de Baterías Récord en el cantón Sitio del Niño empleaba materias primas altamente tóxicas, contaminantes del medio ambiente (especialmente del agua) y nocivas para la salud humana. Antes de ser cerrada el 24 de septiembre de 2007 por órdenes del Ministerio de Salud, sus dueños fueron acusados de causar daños a 369 trabajadores de la fábrica, por los materiales tóxicos. También fueron acusados de afectar la salud de aproximadamente 7,250 personas que habitaban en seis comunidades aledañas, que después de los exámenes mostraron niveles de plomo arriba de los índices internacionales aceptables. Un estudio realizado por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) estimó el costo del daño ambiental ocurrido en el cantón Sitio del Niño en $4 ,000 millones.
Los proyectos de vivienda lujosa con sus piscinas y campos de golf en zonas con escasez de agua, como El Encanto Residencial Country Club de Zaragoza. El desarrollo de ese proyecto ha dejado a miles de habitantes de comunidades cercanas sin agua para sus necesidades más básicas.
Los grandes productores de azúcar de caña siguen sobreexplotando fuentes subterráneas de agua, aun en años de sequía severa. Esto ayuda para que haya niveles récord de exportación de este producto, mientras las comunidades rurales sufren de escasez.
El manto acuífero de Nejapa, uno de los más estratégicos del país, provee agua potable a la mitad de la población del gran San Salvador. No obstante, la empresa Industrias La Constancia, parte de la internacional ABInbev, está vaciando el acuífero para la producción de cerveza y cientos de miles de cajas de bebidas carbonatadas cada día. Expertos proyectan que, al ritmo actual de extracción, este manto acuífero estará agotado en unos 30 años. Mientras tanto, los 30,000 habitantes de la municipalidad de Nejapa reciben agua solo dos o tres días a la semana.
La insistencia de ANEP de controlar la institucionalidad del agua en El Salvador ha sido el obstáculo principal en los esfuerzos de fortalecer la buena gobernanza del sector hídrico durante los últimos 12 años. Como alternativa, movimientos ambientalistas, juntas de agua la Iglesia católica, la UCA, las Iglesias históricas, la Iglesia Elim, FUNDE, ANDA, la PDDH, la Universidad Nacional y otros actores, basándose en la Constitución de la República y en las tendencias a nivel mundial, argumentan que sería ilógico poner el agua en manos de quienes han contribuido tanto a la actual crisis e insisten que es obligación del Estado regular el recurso hídrico en el país.
En medio de este gran debate, cada día más conflictivo, se plantean cuatro principios fundamentales que deben guiar cualquier esfuerzo de legislación para la gestión del agua, para asegurar que sea equitativa, eficiente y sostenible para todos y todas:
Enfoque de derecho:
El agua es fuente de vida. Es un bien común, un bien público y un derecho humano fundamental, reconocido como tal en el año 2010 por las Naciones Unidas. Pertenece a todos.
Ente rector Estatal (gubernamental):
Si reconocemos al agua como bien público y como derecho humano, es obvio que el Estado (comenzando por el gobierno central) tiene la obligación de manejarlo y garantizar el acceso a este bien de manera equitativa, eficiente y sostenible a toda la población. Un estudio presentado recientemente por la UCA sobre la Institucionalidad del Agua en América Latina muestra que ningún país en nuestro continente tiene un ente rector dominado por el sector privado para el manejo del agua. De hecho, ningún país del mundo tiene la rectoría del agua en manos de agentes privados.
Participación ciudadana:
La problemática del agua en El Salvador es compleja y urge de soluciones efectivas e integrales. Esto requiere de la participación activa de la ciudadanía. A la par de un ente rector estatal para la gestión del agua, es importante garantizar un espacio amplio, permanente y dinámico para la participación real de la ciudadanía como interesados/as (“stakeholders”) con poder de influencia en la toma de decisiones del ente rector.
Enfoque de Cuenca:
La resolución de la dramática crisis hídrica depende de lo que pasa a nivel local, a nivel de la cuenca. Podemos tener la mejor política nacional de aguas en el mundo y fracasar en nuestros esfuerzos de buena gobernanza si no hay cambios en la manera en que gestionamos al agua a nivel de la cuenca.
El debate sobre el agua en El Salvador está en un momento definitivo, influido por una complejidad de intereses económicos, sociales, políticos, ambientales, partidarios y electorales. Es tiempo de reconocer que este tema, para El Salvador, es tema de país, no de grupos élites, de partidos políticos o de ideologías. Es tiempo de buscar un diálogo más honesto, basado en hechos y realidades y de lograr consensos enfocados en el bien común para nuestra nación.
* Andrés McKinley es especialista en agua y minería en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de gestión jesuita, en San Salvador. Nació en los Estados Unidos, pero ha vivido en América Central durante los últimos 40 años, trabajando en temas de justicia social, derechos humanos y desarrollo sostenible.
