Carmen Elena Rivas Landaverde es la presidenta de la Corte de Cuentas (CCR) desde agosto de 2017, pero lleva más de 17 años de conocer la institución, como técnica jurídica. Rivas defiende a esa entidad, aunque reconoce graves omisiones de las administraciones anteriores y promete distanciarse del pasado. Dice que la Corte de Cuentas nunca propició un control efectivo de la partida de gastos reservados, una billetera secreta que en 28 años permitió a seis presidentes usar más de $1,008 millones —acumulado— sin explicar ni el destino ni el propósito de esos fondos públicos. La CCR es el organismo estatal que debe fiscalizar el gasto de fondos públicos y, sin embargo, presidente tras presidente, ha entregado informes que avalan las gestiones del Ejecutivo, a pesar de que no tiene forma de saber cómo se gastaron sumas millonarias de dinero de los salvadoreños.
Esta entrevista con la titular de la CCR fue realizada en dos momentos. El 16 de julio, Landaverde reveló que auditores de la institución conocieron la existencia de cuentas de banco a nombre de particulares y a las que llegaba dinero público, aunque no precisó si esto ocurrió durante la actual administración de Sánchez Cerén o la de Mauricio Funes (2009-2014), actualmente prófugo de la justicia gracias a su condición de asilado en la Nicaragua del presidente Daniel Ortega. El 20 de agosto, Landaverde aceptó dar un contexto más amplio a lo que afirmó en la primera ocasión. Según la funcionaria, las cuentas de banco a nombre de personas naturales son de la presidencia de Funes. También señaló que la presidencia de Sánchez Cerén argumenta que los fondos públicos destinados a los gastos reservados están protegidos por la Ley de Bancos y que la auditoría no puede abarcar la revisión de ese dinero. 'El hecho de que pongan estos fondos públicos en cuentas privadas, no hace el fondo privado', denuncia. En otras palabras, según Landaverde, el hecho de que la Presidencia traslade fondos de los salvadoreños a cuentas de personas particulares no hace que el dinero deje de ser dinero público y, por tanto, auditable. Trasladar dinero a cuentas privadas era uno de los mecanismos para lavar dinero utilizados por el expresidente Antonio Saca (2004-2009), que se declaró culpable en juicio para obtener una sentencia reducida.
El 16 de julio, durante la primera conversación para esta entrevista, Rivas Landaverde prometió que durante la última semana de julio la CCR comenzaría a auditar la partida de gastos reservados de Sánchez Cerén, y que también intentaría auditar el último año y medio de la presidencia Funes, es decir, del año 2013 a la fecha. El segundo presidente efemelenista ha usado $147.96 millones de la partida de gastos reservados. Esa cuenta especial de la Presidencia ha sido engordada —de junio de 2014 a junio de 2018— gracias a los mismos dos mecanismos heredados por la administración Funes: recortes internos en Presidencia y desvío de fondos de préstamos internacionales. Un mes después, Rivas Landaverde relata a El Faro que el 23 de julio Presidencia negó el acceso a esta información a los auditores. Asegura que ese día, funcionarios de la Presidencia de Sánchez Cerén mostraron a los auditores la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que habla de la partida secreta, y les comunicaron que no van a compartir la información.
La titular de CCR había admitido antes que ninguna auditoría hecha a Presidencia refleja hallazgos que motiven a una investigación más profunda. Agregó que, incluso, ha sido costumbre en la Corte entregar finiquitos a los presidentes, a pesar de que los auditores no revisaron cómo gastaron millones de dólares de la partida de gastos reservados. Estas auditorías incompletas están comenzando a conocerse en instancias judiciales, en específico, en el caso Saca. El excoordinador de auditoría, Alfonso Bonilla, admitió que Hernán Contreras, expresidente de la CCR, le ordenó hacer una auditoría entre 2004 y 2009 con procedimientos que no tenían ninguna validez legal.
El expresidente Saca confesó el 9 de agosto que desvió fondos públicos, enfrenta una pena de diez años de cárcel y tendrá que devolver $25 millones, producto de un acuerdo con la Fiscalía. Saca también confirmó lo manifestado por Bonilla, cuando en su confesión dijo que la CCR hacía revisiones superficiales a Presidencia. Esto implicaba que la auditoría a los gastos reservados no se hacía.
El 16 de julio, la titular de la CCR prometió durante la conversación que daría aviso a la Fiscalía para que este bloqueo de la actual administración formara parte del proceso, y prometió que los auditores tenían el respaldo de su administración para observar todos los fondos direccionados a esta partida de gastos reservados. 'Si Presidencia no da la información, el equipo de auditores tiene el respaldo del organismo de dirección de establecer hallazgos bajo esa premisa'. La presidenta prometió un cambio respecto a las anteriores gestiones, y pidió 90 días para dar resultados. Casi un mes después, durante la segunda conversación, respondió con más cautela. 'Todavía estamos evaluando los argumentos que dan los funcionarios de Casa Presidencial. No. No nos hemos puesto fecha para pedir ayuda a Fiscalía', dijo.
Conversación del 16 de julio de 2018
La Corte de Cuentas ha sido conocida como una herramienta para extorsionar a ciertos alcaldes y funcionarios a través de auditorías y como una tapadera de corrupción. ¿Es consciente de esto?
No todo es malo. La Corte trabaja, pero no da a conocer ese trabajo. Esa percepción como empleada de la Corte no la voy a refutar. Es uno de los principales retos de la administración: hay que cambiar esa visión, pero para hacerlo, tenemos que demostrarlo.
Belarmino Jaime (exmagistrado de la Sala de lo Constitucional) decía del Órgano Judicial que era un nido de corrupción y que había que hacer auditorías internas. ¿Considera que en la Corte de Cuentas también hay que depurar gente?
Esa es una aseveración bastante delicada, porque para decir eso necesito las pruebas. No tengo las pruebas.
Nos referimos a conductas y prácticas .
Llevo 17 años de trabajar en la Corte de Cuentas. El doctor Hernán Contreras cerró la regional de San Miguel porque había funcionarios que vendían los informes de auditoría. Había personal que decía que en las auditorías podían arreglar la situación o que, si no, iban a pasar a juicio.
¿Qué vicios y prácticas deben enmendar para qué no siga sucediendo esto?
Tenemos un proceso de destitución contra una directora de auditoría que vendía libros de su autoría a una municipalidad y luego a ella le tocaba auditar a esa municipalidad: un conflicto de interés. Tenemos dos resoluciones en proceso para declarar la caducidad de dos juicios de cuentas, de los cuales no puedo dar más detalles, porque antes debo notificar a las partes. Se va a deducir responsabilidades con los jueces de turno, ya que para la Corte es imposible pronunciarse: lo vamos a comunicar a la Fiscalía, para que evalúe si pueden recuperar esos fondos.
Solía, dentro de la Corte, asumirse el argumento de que los presidentes no manejan directamente fondos públicos y por eso no se les relaciona con hallazgos, a pesar de tener responsabilidad subsidiaria. ¿Comparte este criterio o se va a desmarcar de lo realizado por administraciones anteriores?
Eso lo dijo un expresidente de la Corte de Cuentas: su criterio era que los funcionarios no administraban fondos públicos. No voy a compartir mi criterio, le voy a decir lo que dice la ley. El Reglamento del Órgano Ejecutivo establece que el presidente es la máxima autoridad del Órgano Ejecutivo. Dirige y coordina las acciones de las secretarías de Estado y de dependencias. Al presidente no solo le corresponde velar por lo que ocurre en Casa Presidencial, sino por lo que se haga en cada ministerio.
La Corte de Cuentas es una de las instituciones más cuestionadas por el desvío de fondos de Casa Presidencial. ¿En qué va a ser diferente su administración?
En el caso de Presidencia, todos los informes de auditoría, hasta la fecha, están limpios. Nos reunimos como organismo de dirección y hemos acordado llevar a cabo auditorías a los gastos reservados desde el año 2013 a la fecha. La ley dice que cuando las operaciones o actividades objeto de examen sean clasificados o reservados, serán examinados con ese mismo carácter. Así lo vamos a realizar.
¿Todos los informes de Presidencia están limpios?
Indagamos los informes sin hallazgos y ninguno hace referencia a gastos reservados. En su momento, cada administración de la Corte de Cuentas mandó la auditoría, y tal vez intentaron auditar gastos secretos, pero la administración de turno les ha dicho que son gastos reservados y les ha negado la información, porque hay otras leyes que permiten que existan estos gastos: el 168 de la Constitución habla de que los gastos reservados los pueden usar para el Organismo de Inteligencia de Estado.
¿Constituye delito o al menos una irregularidad que los auditores hayan emitido auditorías sin ningún hallazgo, a pesar de que no tuvieron a la vista información contable sobre los gastos reservados?
No puedo contestar por qué otras administraciones dejaron en stand-by las auditorías a los gastos reservados ni por qué no relacionaron en los informes si los habían revisado. Antes de iniciar una auditoría a los gastos reservados, hicimos un análisis previo para que Presidencia no alegue un doble juzgamiento, que podría ser ilegal. Nosotros nos basamos en que ellos en su oportunidad no dieron acceso a la documentación que justifique el gastos reservado.
¿Presidencia nunca dio acceso a los documentos de gastos reservados a los auditores?
En su momento, eso han alegado los auditores hasta la fecha.
¿En todas las administraciones anteriores les negaron el acceso a los gastos reservados?
Sí, en todas las administraciones anteriores.
¿A quién es atribuible la falta de presentar auditorías sin hallazgos a pesar de no haber auditado millones? ¿Es responsable el auditor que le hacen falta conocimientos o los magistrados de turno?
Puede variar, porque el auditor goza de independencia de acuerdo a (sic) sus principios de auditoría. Ellos bien podrían haberse plantado en un momento determinado para decir “yo voy a establecer el hallazgo si no me dan la información”. Pero también pudo haber sido el criterio de las administraciones anteriores.
Escuchamos que, en el pasado, la revisión de los gastos reservados se hacía entre el presidente de la Corte de Cuentas y el presidente de la República. Que el presidente del país solo mostraba la cifra que había gastado sin dar mayor detalle. ¿Qué tan cierto es?
Desconozco si era así en administraciones anteriores. No sé por qué ellos se quedaban hasta ahí: “son gastos reservados. No está”. Era un mito hasta hace poco que cuando hablaban de gastos reservados, no se podía decir en qué se gastaba ni nada. Algunos funcionarios han dicho en sus declaraciones que la ley establece, a la hora de la aprobación del presupuesto, esa parte de gastos reservados. El problema que veo es la discrecionalidad y el abuso de esos gastos. No se conformaron con lo que en su momento aprobaron en el presupuesto del ejercicio fiscal, sino que se hicieron transferencias de otras instituciones.
En los últimos 25 años, los presidentes tuvieron acceso a más de mil millones de dólares para gastos secretos. Es dinero usado de forma discrecional y sin ninguna vigilancia. ¿Por qué considera que la Corte de Cuentas miró siempre hacia otro lado cuando todos sabían que esta partida de gastos reservados existía?
No le sabría decir el criterio o el razonamiento que tuvieron las administraciones de turno. Me gustaría que desmarquen la gestión anterior con el actual organismo de dirección. Tenemos otra visión.
¿Lo que la hace diferente a usted de otra administraciones es que ha dado la indicación de que si no los dejan auditar que tomen nota y que eso sea un hallazgo?
Exactamente. El equipo se presenta y si les dicen que no les van a proporcionar la información, ellos llevan la indicación y el respaldo del organismo de dirección de establecer el hallazgo bajo esa premisa. Si no hay documentación, todo el presupuesto y todas las transferencias que hayan sido direccionadas a ese rubro de gastos reservados habría que cuestionarlo, porque no hay evidencia de en qué se gastó.
En la investigación penal aparece como un elemento común, en los casos Saca y Funes, la creación de cuentas a nombre de particulares para canalizar gastos reservados, en vez de cuentas a nombre de las instituciones que reciben los fondos públicos. ¿Por qué considera que en administraciones anteriores la Corte de Cuentas no objetó la creación de este tipo de cuentas particulares ni el posterior desvío de fondos públicos?
Conversaba con la directora de auditoría. Ella me dice que ellos han intentado entrar al rubro de Gastos Reservados. Llega acá el gasto reservado y hasta acá ellos tienen acceso. Luego están esas cuentas, pero, como están a nombre de personas particulares, la administración de turno les ha dicho que esas cuentas ya son de particulares. Argumentan que como ya están en una cuenta particular ya son bienes particulares y que ya no son sujeto de fiscalización, que ya no tiene alcance la auditoría.
¿Alegan secreto bancario para impedir auditorías a los gastos reservados?
Sí. Exactamente.
¿Eso se los han hecho saber por escrito?
Eso es lo que la directora de auditoría me mencionaba, porque yo la cuestioné sobre cómo estaban manejando eso y, a raíz de esto, yo le di el lineamiento: si la línea de Presidencia es no dar la información, sobre esa base hay que establecer el hallazgo. El hecho de que pongan estos fondos públicos en cuentas privadas, no hace el fondo privado.
¿No es esto apropiación de fondos públicos? Si de una cuenta de gastos reservados se pasa a una cuenta a nombre de particulares y no tiene acceso porque se supone que ya son fondos de particulares... ¿En ese caso no debería tener mejor coordinación con Fiscalía?
El informe que nos ordenó hacer la Sala de lo Constitucional del expresidente Funes fue un ejercicio: hicimos la trazabilidad de la información y la enviamos a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía. Cuando el fiscal rindió el informe de labores en la Asamblea Legislativa mencionó que parte de los insumos de los hallazgos en el caso Funes fueron a raíz del informe de auditoría que le dio la Corte de Cuentas.
En octubre de 2016, en el segundo año de gobierno de Sánchez Cerén, fueron capturados los empleados de la Unidad Financiera de Casa Presidencial: Francisco Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Herrera. Después de la captura de estos empleados, ¿sigue habiendo cuentas particulares en la administración de Sánchez Cerén?
No le sabría decir, porque todavía está en ejecución este examen. Con el examen que ordenamos, la jefa de auditores iba a sacar los gastos reservados del alcance de la auditoría de 2017, y lo va a abarcar en un examen especial de solo gastos reservados. He estado informada de algunos hallazgos de tipo administrativo, porque es la gestión lo que se está revisando. Esta auditoría de gastos reservados va a iniciar el 23 de julio.
¿Presidencia pidió tiempo para permitir que hagan estas auditorías?
Acá no hemos recibido a nadie de Casa Presidencial. Pidieron más tiempo y el organismo de dirección les concedió diez días hábiles más para iniciar la auditoría. Ellos alegaban que no tenían el espacio físico para recibir al equipo auditor. Piden que sea en una zona segura, por la documentación que ellos van a estar revisando... puedan dejarla resguardada. Dimos la indicación de que si Capres no proporciona información, tienen que fundamentar el hallazgo, y vamos a informar a la Fiscalía para que, de acuerdo a (sic) su misión constitucional, indague. Tenemos la limitante: si bien la ley nos da el acceso irrestricto, pero no tenemos la coerción física para que ellos nos provean la información.
¿Cuándo esta Corte va a comenzar a tener resultados para que la gente diga que esta Corte es distinta?
El lapso para hacer la auditoría oscila entre 60 y 90 días. Este periodo podría variar por la entrega de la información. El equipo va a requerir información y dará un término prudencial. Las instituciones siempre obvian ese término prudencial y no hacen entrega de toda la información que se les pide o la dan de forma parcial. A veces, niegan la entrega: ese es el caso de los gastos reservados. Los plazos pueden extenderse.
Usted puede acabar su periodo sin que haya resultados...
No se va a esperar. Nosotros trabajamos con caducidades (en auditoría un caso prescribe en cinco años) y, si bien estamos auditando 2017, pero también estamos abarcando 2013.
¿Tiene gente fiable para hacer un trabajo correcto y honesto?
Contraté como una de mis asesoras para ver juicios de cuentas a una fiscal que estaba adscrita al tema de los juicios de cuentas. Los conoce y tiene ojo de fiscal. Del equipo que va a Casa Presidencial, al jefe de auditoría y a dos auditores los designé yo. Un tercero lo designó el magistrado. Conozco las competencias de la jefa de equipo y sé que son bien acuciosos.
Conversación del 20 de agosto de 2018
Nos mencionaba el 16 de julio que los auditores encontraron la existencia de cuentas particulares donde fueron depositados gastos reservados. Necesitamos precisar el periodo. ¿Del 1 de junio de 2014 al 30 de octubre de 2016 -dentro de la administración de Sánchez Cerén- hay cuentas particulares donde han sido depositados gastos reservados?
No me atrevo a decir que sí. No tengo cómo demostrarlo. Es diferente en el caso del señor Saca y del señor Funes en los que ya trascendió que sí.
¿La responsable de auditar los gastos reservados de Presidencia le ha comentado si del 1 de junio de 2014 al 30 de octubre de 2016 —dentro del periodo del presidente Sánchez Cerén— hay cuentas a nombre de particulares?
De Funes para atrás ella dijo que sí. Pero no me dijo los nombres ni se los pregunté. Segundo, ella me dijo que ya no tiene acceso a la información. Le decían que eran cuentas particulares. En algún momento determinado los gastos reservados iban a esas cuentas particulares, pero en esas cuentas ya no les daban el acceso, porque les alegaban que ya eran cuentas particulares. Como ellos se respaldan en ese aspecto, la Corte no podía llegar sino que solo a aquellas cuentas que sean institucionales.
¿Sánchez Cerén obstaculiza la investigación de los gastos reservados del expresidente Funes?
Sí. Ellos continúan respaldándose en la Ley de Inteligencia del Estado, que en razón de esta ley no pueden dar información. Ese es su escudo. Viendo la Ley, esta establece que no están obligados a dar esa información aún a la CCR, por las razones que la misma ley establece de seguridad nacional, que de revelarla estarían cometiendo un ilícito. Entonces, continúa ese escudo.
¿La CCR valida ese argumento o considera que están obstaculizando el trabajo que debe hacer la Corte?
Me quedaría con mis reservas. Esa ley parece estar hecha para no entregar información.
¿Se refiere a la normativa del OIE puesta en vigencia a partir de agosto de 2016 y publicada en Diario Oficial?
Entiendo que esa fue una reforma. La ley ya con anticipación lo establecía y esa reforma ha permitido que consoliden ese blindaje. Si lee la sentencia de la Sala de lo Constitucional, hasta la Sala ya no se pronunció al respecto y la vio como limitante esa ley.
¿En el caso Funes, a parte de las cuentas a nombre de Pablo Gómez, identificaron otras cuentas particulares a nombres de personas naturales para canalizar gastos reservados?
El único informe que revisé fue el informe que me pidió la Sala de lo Constitucional. Ese informe fue taxativo en tres rubros: pedían la información de los viajes del expresidente Funes, de su esposa, Vanda Pignato e información de los gastos protocolarios. Casa Presidencial no quiso entregar la información. El basamento de la auditoría fue la trazabilidad de la información en las agencias de viajes y en el Banco Hipotecario. La agencia de viajes determinó que los boletos fueron pagados en efectivo. Solo hubo dos cheques que se relacionan en el informe de auditoría, que fueron emitidos por el Banco Hipotecario, pero de ahí el resto de gastos se hizo con pagos en efectivo. Eso no nos permite verificar de qué cuentas provenía ese dinero.
¿La administración de Sánchez Cerén continúa con el mecanismo de salida de dinero de gastos reservados en fajos de billetes de $100 del Banco Hipotecario?
La auditoría de 2017, que es la que ordenamos, está en ejecución. Tengo entendido que solo han comunicado los resultados preliminares. Están en una etapa en que pueden solventar cualquier observación. Como está en ejecución el examen, la LAIP nos prohíbe a dar información al respecto. Solo podemos hacer públicos informes finales.
Por testimonios en poder de la FGR hemos comenzado a conocer cómo funciona la administración de los gastos reservados de Sánchez Cerén. Emiten órdenes de pago y cheques a nombre de proveedores ficticios para facilitar la salida de dinero. Antes de noviembre de 2016, el proveedor ficticio era Gastos Reservados de la Presidencia y a partir de noviembre de 2016 es el OIE. ¿Es algo irregular el uso de este mecanismo para facilitar la salida de fondos públicos?
El manual de transacciones financieras da el concepto de gasto reservados y dice que pueden ser utilizados para lo que el mismo presidente lo requiera. Da un término amplio en esa definición. Desde 2016 para acá, dicen que los gastos reservados van a ser utilizados de acuerdo a (sic) la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado. Esa ley restringe que ellos puedan dar información. Los limita a ellos a que nos den la información y nos limita a nosotros como CCR a que podamos tener ese acceso a esa información basándonos en esa ley. Lo que procedería es modificar esa ley o eliminar de alguna manera la partida secreta para poder transparentar el gasto.
Mencionaba que el 23 de julio empezaban este examen especial a los gastos reservados de 2013 a la fecha. ¿Presidencia permitió que comiencen este examen? ¿Ha facilitado la información o continúa la misma respuesta institucional?
Presidencia presentó un escrito. Alegan que como ya existen informes de auditoría hasta el año 2016, que si nosotros hacemos la auditoría estamos haciendo un doble juzgamiento. Esos son argumentos que actualmente estamos analizando con los jurídicos que tenemos en la institución para ver si se mantienen los argumentos que ellos nos dan o determinar si procede o no hacer esta auditoría.
¿Puede describir la experiencia de los auditores a los que se les asignó tarea de auditar gastos reservados de esta Presidencia? ¿Qué les permitieron hacer y qué no? Le entiendo básicamente que llegaron y les mostraron la ley del OIE para decirles que no les iban a entregar la información.
Ellos hicieron un informe de la situación. Señalan que no les permitieron el acceso (a los gastos reservados). Hasta la fecha el equipo no la está haciendo… El equipo no había finalizado otra auditoría en otra institución. Ellos han continuado con el trabajo de la otra institución, pero el informe dice eso: que en Presidencia no les dieron el acceso, alegando la ley del OIE, que dice que no deben dar la información
¿En este caso el informe de auditoría debería consignar como hallazgo los 147.96 millones de dólares que Sánchez Cerén destinó para esa partida de gastos reservados?
Los auditores, por lo general, ven el presupuesto asignado y las transferencias que han existido y se han sumado. El mismo funcionario se hace un daño él mismo, porque al no dar el acceso a la información el equipo de auditoría opta por el criterio de establecer el monto total que tienen asignado en ese año según el presupuesto. Si ellos presentaran alguna información, de alguna manera se podría evidenciar en qué han venido gastando el dinero y tal vez el hallazgo fuera menos. Pero como ese es el criterio del auditor: observan el monto total.
¿Podrían pasar a juicio de cuentas estos 147.96 millones de gastos reservados si no entregan la información, porque no se sabe cómo lo gastaron?
En auditoría también aplican un principio de proporcionalidad. Ese es el que no se puede cuantificar al establecer un hallazgo de esta naturaleza. Más nos iríamos por un incumplimiento, porque no proporcionan la información aun cuando la CCR tiene el acceso irrestricto. .
Como han negado información sobre gastos reservados, ¿cómo ha sido la coordinación con FGR? ¿Ha habido un acuerdo para trabajar de la mano y tener acceso al destino de estos gastos reservados?
Todavía no, porque es un informe en ejecución y todavía se están analizando los argumentos que dan los funcionarios de Capres. No nos hemos puesto una fecha para pedir ayuda a FGR. Queremos ver que esté bien sustentado el análisis de toda la información. Estamos haciendo evaluación de 2017. No tenemos una fecha fija.
¿Con este principio de proporcionalidad si la opción no es objetar estos 147 millones qué otras opciones ve?
Se está evaluando los argumentos que han dado y lo que el equipo de auditoría ha presentado. Si entre hoy o mañana presentan documentación, eso podría hacer variar los resultados. No me gustaría sentar postura porque no está en firme el informe de auditoría ni tenemos que… en estos días puede pasar cualquier cosa ya viendo lo que sale en los medios, puede que ellos se decidan a entregar información.
Si sigue este escenario en el que continúan con la postura de no entregarles la información, ¿ese incumplimiento en qué se traduce si la auditoría pasa a un juicio de cuentas? ¿Sería una responsabilidad administrativa (una multa) o patrimonial (pedirles que devuelvan los fondos públicos faltantes) por no entregar la información?
Eso lo deben valorar los jueces de primera instancia. Ellos gozan de independencia. Nosotros como alta dirección no tenemos la injerencia de que deben fallar en un sentido u otro. El 172 de la Constitución establece esa independencia. Yo puedo decir una cosa, pero el criterio del juez que conozca puede variar.
La Corte de Cuentas conoció un caso similar en 2017. La Prensa Gráfica publicó que, en el caso del programa de entrega de paquetes agrícolas, el ahora magistrado suplente Osmín Cunza declaró improponible un informe de auditoría y no permitió que se abriera un juicio de cuentas. En ese caso, no había documentos ni facturas de cómo fueron gastados $48.7 millones del programa de paquetes agrícolas. ¿Qué garantías hay de que no ocurra lo mismo y de que la auditoría a los gastos reservados ni siquiera pase a juicio?
No tengo claro el caso. Él alegó que le presentaron algo de información. FGR pudo apelar resolución y eso no ocurrió.
En el caso de informes de auditoría de administraciones anteriores existe el precedente de la no revisión de gastos reservados. Por ejemplo, FGR entrevistó al excoordinador general de auditoría, el señor Alfonso Bonilla. Él planteaba que los informes que él hizo a la administración de Antonio Saca no tienen ninguna validez legal, porque el expresidente de la Corte de Cuentas Hernán Contreras le ordenaba en la práctica que no se cumplieran las normas para hacer estos informes.
Bonilla mencionaba, según lo que leí en los medios, que él había hecho las auditorías. Él como funcionario y como coordinador se extralimitó en sus funciones si él las hizo. Tenemos un acuerdo dado por administraciones anteriores, donde cada dirección de auditoría tiene asignadas las instituciones que les toca auditar. Para el caso de Presidencia, le corresponde a la Dirección de Auditoría I. Ese informe debía ser suscrito por el director de auditoría de la Dirección de Auditoría I en esa época, no por el coordinador de auditoría. Si nos vamos a las funciones (que tenía Bonilla), él no tenía esa función... Ahí tendría que ver la FGR si lo que hizo él es correcto o no. Como CCR ya no podemos hacer nada, porque él ya no tiene una relación laboral con la institución.
¿En el caso de exmagistrados y expresidentes de la Corte de Cuentas que dieron directrices -en administraciones anteriores- de no auditar gastos reservados no procede dar un aviso ante la FGR por incumplimiento de deberes?
En este caso, está siendo ventilado por la Fiscalía, que puede iniciar de oficio las investigaciones e indagar al respecto.
¿En las indagaciones internas encontraron las órdenes de trabajo giradas por Hernán Contreras al señor Alfonso Bonilla? Bonilla dijo que recibió órdenes de Hernán Contreras. Usted dice que Bonilla se extralimitó, porque no formaba parte de sus funciones hacer esta clase de auditorías. ¿Qué responsabilidades le toca a Hernán Contreras por ordenar estas auditorías superficiales?
La ley dice que cualquier instrucción la debo dar por escrito. Si estoy pidiendo algo ilegal, esa objeción debe también venir por escrito. A raíz de lo sucedido, le pedí al coordinador actual de auditoría que me remitiera los informes de Casa Presidencial y específicamente los que el señor Bonilla alega que hizo. Lo único que vi es una copia de remisión que en su momento el doctor Contreras hizo a Capres. Si el señor Bonilla establece que el doctor le dio la orden, le corresponde a él probarlo. Internamente no he visto ningún documento que me lleve a decir o determinar que la presidencia de la CCR daba la orden. Aunque tampoco puedo negar que él no la pueda dar o que no la haya dado. Vea quién firmó el informe -dice señalando la firma de Alfonso Bonilla-. El que firma, según las normas de auditoría, es el responsable del informe.
