Las tanquetas verde olivo avanzaron en fila y parquearon a un lado de la calzada. Desde los pisos más altos podían verse los vehículos con un agente sentado, al centro, sosteniendo un arma larga incrustada en la parte superior. Al final no hicieron nada más que parecer una especie de desfile, pero las alarmas en los guatemaltecos ya se habían activado. Este despliegue de fuerza estatal no sucedió alrededor de un sitio peligroso, sino cerca de la oficina de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una misión de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU).
Esa misma tarde, el presidente guatemalteco Jimmy Morales dio una conferencia de prensa rodeado de altos mandos militares. “Hemos notificado oficialmente al secretario general de Naciones Unidas la no renovación del mandato de la CICIG y que de inmediato se inicien las transferencias de capacidades a las instituciones correspondientes”, indicó el presidente. El trabajo de la comisión terminará, de manera oficial, en 2019. Pero a partir de los próximos días, la situación migratoria de los diferentes empleados extranjeros que trabajan para este organismo no es del todo clara y siguen analizando qué medidas tomar.
El golpe que asestó Morales a la CICIG, con una dosis de alarde institucional incluida, es mortal. El presidente guatemalteco y miembros de su gabiente iniciaron una progresiva hostilidad contra el organismo desde agosto 2017 hasta terminar en esta maniobra. Se trata incluso de un reto a los ciudadanos que, desde ese mismo período mostraron, en redes y en las calles, un multitudinario apoyo al principal representante de la comisión, el colombiano Iván Velásquez.
El anuncio del presidente llega después de que la fiscal Consuelo Porras le solicitó al Congreso retirar la inmunidad al presidente para proceder a enjuiciarlo por los aportes no contabilizados a su campaña. El presidente de Guatemala enfrenta una investigación por financiamiento electoral ilícito, una investigación que es apoyada técnicamente por la comisión de Naciones Unidas. De hecho, Jimmy Morales, sin haber cumplido ni dos años de su mandato, ya enfrente tres acusaciones de corrupción por parte de la CICIG y la Fiscalía. Por el momento, las peticiones de antejuicio para quitarle la inmunidad al presidente no han prosperado.
Morales aprovechó su conferencia para recordar las reformas legales que promueve su equipo, con las que afectarán las libertades de personas que pertenecen al colectivo LGBTI y a las mujeres que tienen abortos, auque sea por motivos de emergencia.
El anuncio de la expulsión de la CICIG llega justo cuando faltan días para que expiren las visas del personal extranjero y del comisionado Iván Velásquez. Esta es la tercera vez que el gobierno de Guatemala intenta expulsar a la comisión. Hace un año, Morales declaró non grato a Velásquez y pidió su salida de Guatemala, pero gracias a un amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad logró quedarse.
En ese amparo, la Corte le ordenó al presidente guatemalteco no obstruir las labores de investigación de la CICIG.
El sábado 1 de septiembre, frente a este nuevo movimiento del Ejecutivo para sacar a la misión del país, el procurador general de Guatemala, Jordán Rodas, acudió a la Corte de Constitucionalidad para pedir un amparo. Rodas llegó a solicitar esa medida contra el msimo presidente Morales, por las acciones intimidatorias del día anterior con fuerzas de seguridad. Diferentes medios guatemaltecos también consignaron que Rodas pidió que no se impida la renovación de las visas de los trabajadores de la CICIG y advirtió además que Morales, con el cierre del mandato, no está ciñéndose al convenio firmado con la ONU.
Los ciuddanos guatemaltecos, como hicieron desde abril 2015, se organizaron para acudir a las calles a manifestarse y exigir que prevalezca la transparencia.
Norma Torres, una de las congresistas estadunidenses que integra un comité de senadores republicanos y demócratas que apoyan a la CICIG, condenó la decisión de Morales. 'Permítanme ser clara: este es un gran paso atrás para Guatemala. Todos sabemos que la CICIG existe porque el pueblo guatemalteco y el estado guatemalteco reconocieron la necesidad de asistencia externa para fortalecer el estado de derecho y desmantelar a los grupos delictivos organizados que estaban socavando el progreso en el país', dijo.
En la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, la respuesta fue tibia. En ningún momento condenaron la expulsión de la CICIG ni el conflicto de interés que supone para el presidente Morales: comunicó su decisión en medio de investigaciones en su contra por corrupción. La respuesta fue parca: 'Creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad (...) Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad', dice el comunicado.
Consuelo Porras, la fiscal que sustituyó a Thelma Aldana como titular del Ministerio Público de Guatemala, también expresó una respuesta bastante tibia y parca. 'Estoy vigilante ante los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)', dijo. Pidió al gobierno y a Naciones Unidos que lleguen a acuerdos.
En septiembre de 2019, vence el convenio con Naciones Unidas que da vida a la CICIG. Aunque la Comisión todavía tiene un año para seguir operando, operativamente su vida podría agotarse la primera semana de septiembre. Las visas de los investigadores extranjeros y del comisionado expiran esa semana. El gobierno guatemalteco aún no comunica si permitirá que se queden en el país durante el último año que le queda a la CICIG.
Matías Ponce, vocero de la comisión, explicó que hasta ayer en la tarde no habían recibido una comunicación directa y oficial por parte del Gobierno sobre el cierre del mandato. 'Estamos expectantes', comentó y declinó comentar sobre las próximas decisiones que tomarán sobre la parte operativa y la visa de Velásquez.
Morales arrincona a Velásquez y a la CICIG
En 2017, la Corte de Constitucionalidad salvó a Velásquez y a la CICIG de su expulsión de Guatemala. Hoy, expertos consideran que esa opción parece ya no estar disponible para evitar que la decisión de Morales se cumpla.
La socióloga Karim Umaña dice que al comisionado ya no le queda hacer nada. “No le toca hacer nada al comisionado. Le toca seguir dando la cara dignamente. A los guatemaltecos nos toca pelear para que el comisionado y la CICIG se queden y nos ayuden a combatir la corrupción”, dijo.
La CICIG y el Ministerio Público lograron sustentar en 2015 una investigación que obligó a renunciar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidente Roxana Baldetti. Los dos son procesados por la justicia guatemalteca por el caso conocido como “La Línea”. Ellos integraban una estructura incrustada en aduanas que les costó millones de dólares al estado guatemalteco en ingresos tributarios no percibidos y que se extendía hasta los importadores.
En 2015, la movilización de la ciudadanía y la pérdida de apoyo de Pérez Molina desde sectores poderosos como la CACIF -la gremial que aglutina a la empresa privada de Guatemala- allanó el camino para que los mandatarios fueran llevados a los tribunales por este fraude.
-¿Podemos esperar que suceda algo parecido en Guatemala? ¿Goza del mismo apoyo la CICIG? - preguntó El Faro a la socióloga Karim Umaña.
- Es un escenario totalmente diferente. Estos grupo de poder aprendieron su lección en 2015. La CACIF no le ha quitado su respaldo a Morales. Han endurecido sus posturas. Metieron un amparo por reformas a la ley electoral, que castigaban aportes a los medios de comunicación para financiar propaganda electoral.
Karim Umaña y Gustavo Berganza, periodista advierten que este golpe contra la CICIG y contra el comisionado Iván Velásquez fue calculado y deja en situación de vulnerabilidad a la Fiscalía contra la Impunidad, que investiga los casos más emblemáticos contra de sectores poderosos de Guatemala. “Es un golpe hecho con alevosía. Fue calculado. Morales lo hizo tres días antes de que venzan pasaportes y visas del personal de la CICIG. Es no dejarles margen de maniobra para nada. Se van a detener procesos. Aumenta la vulnerabilidad de la fiscalía contra la impunidad. Está bien calculado”, dijo Umaña.
-¿Si en tres días son forzados a salir, sería el golpe final a la Comisión?-, preguntó El Faro a Berganza.
-Es una interpretación correcta. Las visas vencen a finales de septiembre. A finales de agosto, iban a presentar la solicitud de renovación. Hay que ver la proporción del personal local y el extranjero. Pero ahí hay expertos penales en áreas en las que Guatemala no tiene. ¿Cómo van a seguir operando si el comisionado no está acá? Salvo que lo hagan de forma remota por videoconferencia. Morales estaría cerrando de facto la CICIG si le niega la visa a los investigadores y al comisionado.
Militares al poder
Guatemala vivó un largo conflicto armado que acabó a mediados de la década de 1990. Tuvo una larga dictadura militar. En lo que aparecía ser un guiño a este pasado, Morales hizo un despliegue de personal militar para comunicar su decisión.
Umaña y Berganza considera que Morales intenta intimidar a los guatemaltecos haciendo uso del ejército para comunicar su decisión de expulsar a la CICIG.
“Morales no tiene la fuerza de la verdad, de la razón ni de la legitimidad por haber sido electo. Por eso recurre a la fuerza del ejército y envía un mensaje de intimidación a la ciudadanía y a la comunidad internacional: no se meta acá gobernamos nosotros. Es la historia de nuestros países: cuando la fuerza de la razón no asiste, asiste la violencia”, dijo Umaña.
Berganza interpreta que Morales está comunicando quiénes todavía lo apoyan. “Si te fjas, los ministros civiles no aparecen, solo la canciller que ha estado gestionando la salida de la CICIG ante la ONU y el ministro de gobernación que ha apoyado a Morales. Salió rodeado del ejército”, agregó Berganza.
El principal apoyo de la CICIG había sido hasta este momento sus financistas: los embajadores de países de la Unión Europea y Estados Unidos. Berganza considera que con el anunció dado el viernes 31 de agostos Morales está midiendo la reacción de quienes apoyan a la CICIG para proceder a cerrarla por completo. “El gobierno de Guatemal le está tomando la medida al gobierno de Estados Unidos. Con esto que es legal porque es su potestad. Ahora que ya vio cuál es la reacción, ya puede ir tras el convenio de la CICIG, puede oponerse a que se les renueven la visa al personal de la comisión”, dijo Berganza.
Los indignados de Guatemala
Las investigaciones que desarrollaron el Ministerio Público, dirigido por la exfiscal Thelma Aldana, y la CICIG de Velásquez revelaron cómo los actos de corrupción habían permeado hasta las estructuras más básicas de instituciones como las Aduanas y el Seguro Social. Para lograr los antejuicios, fue esencial el papel que jugaron la Corte Suprema y el parlamento guatemalteco para celebrar los antejuicios de Baldetti primero y Pérez Molina después. Los ciudadanos guatemaltecos, tras djear del estupor, salieron a las calles unidos tantas veces como les fue posible. Fue así que nacieron los grupos con fuerte cohesión que recordaban a los indignados de España (2011). Era una multitud de ciudadanos guatemaltecos hartos de ver cómo los recursos públicos estaban tirados a la merced de los funcionarios sin ética.
La caída de un presidente en funciones, el exmandatario Pérez Molina, marcó una suerte de triunfo para los indignados. La presión popular fue fuerte, generó empatía en la comunidad internacional y en redes sociales contagió a los salvadoreños. Pero, más que todo, marcó un punto sin retorno para los movimientos civiles. En este sentido, Morales no se ha librado tan fácil de esa misma presión.
La defraudación al fisco que se detectó con el trabajo de la CICIG y La Línea habría movido unos 28.5 millones de quetzales en sobornos, equivalentes a unos $3 millones, por lo menos. Al tratarse de una actividad con un evidente vínculo comercial, esa investigación advirtió que también había empresas beneficiadas.
Aunque “La Lïnea” fue el caso de la CICIG de mayor peso y presión internacional, en su historial en línea la CICIG enumera 82 casos investigados de corrupción y otros delitos. Drogas, desapariciones forzadas, sobornos, entre muchos más. De hecho, indagaron sobre los nexos que tenía Odebrecht, la empresa constructora brasileña que alimentó una red de corrupción en Brasil en el mega caso que incluye al expresidente Luiz Inázio Da Silva.
En mayo de este año, la CICIG reveló los hallazgos de un grupo criminal dentro de la Industria Militrar que condujo a la captura de tres militares retirados y uno aún en servicio. Uno de los imputados estaba fuera del país al efectuarse las capturas.
Pronto llegó el caso del financiamiento electoral ilícito y así fue que le tocó el turno de rendir cuentas a Jimmy Morales. El FCN-Nación, que llevó a Morales al poder, no reportó más de 7.5 millones de quetzales en financiamiento para campaña y esta omisión constituye un ilícito en la ley vigente guatemalteca. El monto equivale a poco más de $1 millón.
Dividida en tres fases, la investigación por financiamiento electoral ilícito alcanzó a miembros del parlamento y a empresarios dentro de podersos círculos de influencia como Salvador Paiz del Carmen y Salvador Bosch Gutiérrez. Pronto, el plan para reducir el margen de maniobra de la CICIG fue cobrando forma. Los empresarios comenzaron a inclinarse más por el apoyo a Morales.
El impacto de la CICIG bajo el liderazgo de Velásquez, en equipo con la exfiscal Thelma Aldana, puso a Guatemala en una posición privilegiada dentro de la región, respecto del combate a la corrupción y el cumplimiento de la ley. Con esta decisión, Morales inspiró fuertes represalias de organizaciones civiles en América Latina, en los altos mandos de la ONU y entre congresistas de Estados Unidos. Descrito en imágenes, parecía una recreación de Guatemala en los 80.
