La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto de forma provisional la orden que dio el presidente Jimmy Morales de prohibir el ingreso a territorio guatemalteco del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el colombiano Iván Velásquez. El organismo está adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que mantiene a Velásquez como jefe de la comisión.
La presidenta del máximo tribunal, la magistrada Dina Ochoa, dijo en rueda de prensa la noche del domingo 16 de septiembre que ese organismo aceptó un recurso de amparo presentado por el abogado independiente Alejandro Portillo contra la decisión de Morales.
Portillo argumentó que existe un precedente jurídico, pues la Corte de Constitucionalidad ya había aceptado en 2017 una acción que promovió la Procuraduría de Derechos Humanos, después de que el presidente Morales declaró persona non grata al comisionado Velásquez el 27 de ese agosto de ese mismo año.
Pero el gabinete de Morales no procederá en esa vía con tanta facilidad. El gobierno de Guatemala anunció este lunes que sigue prohibiendo el ingreso al país del jefe de la CICIG. “El ciudadano colombiano Iván Velásquez (jefe de la comisión antimafias) no ingresará al territorio nacional”, dijo a periodistas el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.
El ministro aseguró que Migración solo permitirá el ingreso a un nuevo “comisionado que sea electo a través de un proceso en armonía entre las partes, las Naciones Unidas y el Estado de Guatemala”. Con este fin, la canciller guatemalteca Sandra Jovel pidió a las autoridades de la ONU —por órdenes de la Presidencia— que envíen una lista de posibles sustitutos de Velásquez en un período de 48 horas, o dos días.
Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, indicó que la CC deberá determinar si hubo desobediencia por parte del Ejecutivo a la disposición de la Corte.
En 2017 fue diferente. Luego que la Corte de Constitucionalidad aceptó el amparo de la Procuraduría, el Ejecutivo se vio obligado a dar marcha atrás con la decisión de declararlo persona non grata. Ese amparo, sin embargo, fue el génesis para otra crisis política en Guatemala, especialmente desde aquellos sectores sociales que consideraron la hostilidad contra Velásquez como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Sin importar el apoyo que muchos ciudadanos dieron al jefe de la CICIG, el presidente Morales comenzó a debilitar a ese organismo. En esta tarea lo ayudó Degenhart, al frente de Gobernación desde enero 2018. Entre varios cambios que implementaron, el gobierno guatemalteco recortó la cantidad de policías que daba seguridad en el perímetro de las oficinas de la CICIG y además les retiraron al menos una decena de investigadores policiales de inteligencia.
Después de esta sucesión de acciones fue que llegó el anuncio del 31 de agosto de este año. Morales volvió a la carga y aseguró que no pedirá a la ONU una nueva ampliación, de 2019 a 2021, del mandato de la CICIG.
Cuatro días después, Morales prohibió el ingreso al país de Velásquez, quien se encontraba de viaje en Nueva York y Washington en esos días. El secretario general de la ONU, António Guterres, lo respaldó al mantenerlo en el cargo e indicar que seguirá en funciones desde el extranjero.
La magistrada Ochoa explicó que con la resolución de 2017 se creó una jurisprudencia y para prohibir el ingreso al país del jurista colombiano se tenían que agotar todas las negociaciones diplomáticas entre el gobierno guatemalteco y la ONU. Afirmó además que la unánime decisión de los cinco magistrados del tribunal se apega a la “interpretación final del alcance de la Carta Magna” de este país centroamericano.
En tanto, el vocero de la Corte, Santiago Palomo, comentó que los magistrados rechazaron varios amparos sobre la no renovación del mandato de la CICIG, bajo el argumento de que el acuerdo establece que es una decisión del Estado guatemalteco y está en su derecho de no hacerlo.
A su vez, el vocero de la Cicig, el uruguayo Matías Ponce, comentó en una declaración que respetan y promueven “el respeto de las decisiones judiciales dictadas por la Corte de Constitucionalidad”.
La “CICIG sigue trabajando con normalidad en el marco de su acuerdo. El Comisionado está trabajando en Nueva York siguiendo la decisión del Secretario General y esperamos, según el fallo de la Corte de Constitucionalidad, que pueda retornar en breve plazo a Guatemala”, puntualizó. Al ser consultado sobre la negativa del Ejecutivo a proceder según el mandato de la Corte, Ponce prefirió no comentar sobre esa situación en particular.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó como “una excelente noticia” la decisión de la CC y hasta se había adelantado a dar la bienvenida a Velásquez para “seguir desde Guatemala la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
La decisión de la Corte de Constitucionalidad ocurre un día después que el presidente Jimmy Morales se blindara de fuerzas de seguridad del Estado para dar su discurso por el día de la independencia , el sábado 15 de septiembre. El mandatario envió un mensaje donde dividió al país entre buenos y malos, descalificó a los ciudadanos que se manifiestan contra la corrupción y atacó a los medios de comunicación. “Hace un año, malos guatemaltecos, junto a algunos malos extranjeros, quisieron secuestrar nuestra bandera y quién sabe qué hubieran hecho con ella si se lo hubiéramos permitido”, arrancó el mandatario, en referencia a las protestas de 2017, cuando miles de guatemaltecos salieron a las calles a exigir el respeto al trabajo de la CICIG.
“¿Qué querían esos? ¿Qué buscaban? Lo mismo que ahora. Provocar una confrontación entre hermanos. Hermanos verdaderos: no nos dejemos provocar”, sentenció el presidente en medio de consignas de ciudadanos que reclamaban su renuncia.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval, ha sido otro de los funcionarios que ha reclamado la permanencia de la Comisión en su país. Sería “un retroceso para la justicia” guatemalteca, asegura.
“El ejercicio de la persecución penal lo tiene el Ministerio Público y la Comisión nos ha apoyado con equipos de investigadores policiales, analistas criminales y analistas financieros, entre guatemaltecos y extranjeros. Pero las estructuras que se lograron desarticular desde que está la Comisión, no hubiéramos podido desarticularlas sin ella”, dijo en entrevista con El Faro la primera semana de septiembre.
A diferencia del año pasado, esta vez las calles de Guatemala se mantuvieron sosegadas luego que el presidente Jimmy Morales anunciara la decisión de no renovar el mandato de la CICIG en cadena nacional y acuerpado por miembros de alto rango de las fuerzas armadas. No fue sino hasta el sábado, durante la celebración de la independencia, que miles de ciudadanos volvieron a mostrar su nivel de organización para las protestas. Y no fue sino hasta el pasado domingo 16 que finalmente se confirmó una fórmula legal para exigir el regreso de Velásquez.
