Las víctimas recibieron con amargura el fallo del Tribunal B de Mayor Riesgo, que el miércoles 26 de septiembre declaró por unanimidad que sí hubo genocidio, pero absolvió al único acusado en este juicio.
Ana de León López, víctima sobreviviente que viajó para escuchar la sentencia desde una aldea de Nebaj, en el noroccidental departamento de Quiché, cuenta que apenas pudo mantenerse sentada y en silencio mientras los jueces leían la resolución. “No somos mentirosos. Aguantamos sed, frío, sin comida, sin tener sal, los hijos se murieron de pura hambre, igual los ancianos y los jóvenes. Me da cólera porque lo que sufrí no me lo van a quitar” decía en las afueras de la sala judicial.
Llegó ilusionada y salió decepcionada. Para ella no es suficiente que el Tribunal reconozca que sí hubo genocidio. No es suficiente escuchar que las acciones militares fueron inhumanas y que los efectos de las masacres, violaciones sexuales, el pillaje, el sometimiento y la persecución, siguen presentes en las familias ixiles. Para esta mujer solo queda la pobreza y el abandono. La justicia que llegó después de 36 años le sabe amarga. Le sabe a impunidad.
El único acusado por estos hechos quedó absuelto y en libertad porque el Ministerio Público no pudo probar su responsabilidad. José Mauricio Rodríguez Sánchez, exjefe militar de inteligencia en la dictadura de Efraín Ríos Montt, quedó absuelto por segunda ocasión.
Aunque la fiscalía argumentó que él dirigió, coordinó y supervisó las masacres y que fue el responsable de identificar a la población no combatiente como el enemigo interno, ni los testimonios ni los documentos y peritajes convencieron al Tribunal.
El juez Jaime Delmar González dijo que el acusado no fue el autor del Plan de Campaña Victoria 82. Rodríguez Sánchez sí ayudó a elaborar y dirigir los planes de inteligencia, pero estos se anexaron tiempo después al plan de campaña. El militar no tenía la jerarquía para dar órdenes. Esto solo podía hacerlo el alto mando militar, expuso el togado.
Justamente esto fue lo que señaló por la mañana el acusado. “Se dice que yo hice el Victoria 82 y que de ahí salieron las masacres de las aldeas. Yo los invito a que me digan en qué parte del Victoria 82 dice eso -vaya y mate, vaya y queme-. Por supuesto, se trataba de eliminar a la guerrilla, porque estábamos en un conflicto armado. No nos estábamos tirando flores”. Para separase de la responsabilidad, Rodríguez Sánchez cuestionó a los jueces. “¿Por qué se me quiere responsabilizar de todo lo que hizo el Ejército, cuando yo no era ministro de la Defensa, no era Jefe de Estado?'. Los mandos del Ejército que Rodríguez Sánchez mencionó están muertos.
Con base en el peritaje del peruano Rodolfo Robles Espinoza, el Tribunal concluyó que al acusado no se le podía acusar de la autoría del genocidio ni de los delitos contra los deberes de la humanidad. Fue absuelto y lo dejaron en libertad después de siete años de haber iniciado el proceso penal en su contra.
La sombra de Ríos Montt
En la fundamentación de la resolución el tribunal hizo un repaso por la época en la que el país vivía liderado por militares. La jueza Sara Yoc recordó que la violencia contra la población ixil tenía como referencia la discriminación y el racismo que se originó desde los tiempos de la conquista. Esto empujó a las poblaciones a la marginación, la pobreza y la falta de desarrollo.
La apreciación del Ejército hacia el indígena no era mejor. Los tachaban de “coches” y les ponían sobrenombres denigrantes como “chocolates”, en referencia al color oscuro de su piel.
A la población civil la vincularon a la guerrilla y para “rescatarlos” el Ejército se propuso concentrarlos y mantenerlos sometidos.
Esas acciones ocurrieron mientras Efraín Ríos Montt dirigía el país. El general, fallecido el pasado 1 de abril, asumió el mando a través de un triunvirato que al poco tiempo terminó por disolver. Ríos Montt se convirtió en el “todo poderoso” recalcó Yoc.
Con Ríos Montt al mando, el país se militarizó. Se anuló el Congreso y el Consejo de Estado. Ríos Montt instauró los tribunales de fuero especial, y repartió un estilo de justicia rápido que no permitía una adecuada defensa y terminaba casi siempre en fusilamientos.
Ríos Montt el ausente, el que fue condenado en 2013 como responsable del genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, tenía que enfrentar un segundo juicio pero fue diagnosticado con demencia senil. La enfermedad lo alejó de los tribunales y se lo llevó de este mundo sin enfrentar un nuevo debate.
El tribunal resaltó que durante la gestión de Ríos Montt el país pasó del estado de Sitio al estado de amenaza. Todo el tiempo estaban vigilados, con prohibición para reunirse, para expresarse y organizarse. Y los ixiles tenían por costumbre la organización comunitaria.
Para acabar con la insurgencia el Ejército atacó a la población civil que la apoyaba. Al área ixil llegaron los pelotones con sus bombas, aviones y armas de alto impacto. Los ixiles indefensos y temerosos ante tal representación de fuerza huían a las montañas. Cuando el Ejército descubrió que volvían a sus casas cada vez que la tropa se retiraba, resolvieron quemarles las casas, las cosechas, matar a los animales o comérselos.
Los que huían eran tachados de subversivos. Los que se quedaban debían concentrarse, someterse al dominio militar sin derecho a movilizarse para buscar empleo en otras comunidades. A los que se rindieron se les obligó a convertirse en patrulleros para vigilar y delatar a sus propios vecinos. Los obligaron a quemar los cultivos de maíz para impedir que los que huían tuvieran un medio de sobrevivencia.
Los que huyeron a la montaña murieron de inanición, reconoció el tribunal. Los sobrevivientes sufren hoy las consecuencias de los padecimientos. “Solo el Señor sabe cómo sobrevivieron a todo esto” reflexionaba la jueza María Eugenia Castellanos.
Todas estas acciones eran dirigidas por el alto mando. De eso tiene certeza el Tribunal. Y de ese alto mando solo queda el recuerdo, porque todos han muerto.
Al finalizar la lectura de la sentencia el fiscal Erick de León aseguró que analizarían el fallo para determinar si solicitarán la apelación. Los querellantes que representan a las víctimas, también tomarán un tiempo para analizar la sentencia.
Es una justicia a medias, lo saben. Las víctimas que asistieron a la lectura de la sentencia volverán a sus casas con la noticia de que nada cambió. El Tribunal reconoció el genocidio, pero eso ellos ya lo sabían. Nadie les resarcirá lo que sufrieron. Ana de León asegura que a ella se le pasará el dolor que sufrió cuando muera, pero mientras tanto sufre por sus hijos y sus nietos a los que ni un terreno les puede heredar, porque en su juventud su familia lo perdió todo.
El segundo juicio por genocidio que se realiza en el país inició en marzo de 2016. Casi tres años después de que la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el debate, y después de surcar los obstáculos de los recursos legales de la defensa de Efraín Ríos Montt, el proceso se retomó en octubre de 2017.
Los jueces Sara Yoc, María Eugenia Castellanos (presidenta) y Jaime Delmar González, aseguraron que estaban extenuados después de tantos meses de trabajo. Sesionaban una vez por semana y tuvieron que viajar a Nebaj para escuchar algunos testimonios.
Resolvieron por unanimidad, aunque la jueza Sara Yoc razonó su voto. Para ella, José Mauricio Rodríguez Sánchez era culpable. “Él no era cualquier persona, era el G2, el jefe de la segunda unidad de inteligencia. Qué casualidad que lo nombran el 23 de marzo de 1982, el día en que tomó posesión el general Efraín Ríos Montt como jefe del Estado” dijo a la audiencia en un discurso espontáneo.
Rodríguez Sánchez está libre. Los responsables del genocidio han muerto.
*La versión original de este texto fue publicada por Plaza Pública.
