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12 años sin ley de aguas

Andrés McKinley

 
 

En el curso de los últimos 12 años, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa –en cuatro periodos consecutivos-, han sido incapaces de aprobar una legislación esencial para resolver la crisis hídrica en El Salvador. Mientras tanto, esta crisis sigue profundizándose, afectando la viabilidad del país, obstruyendo el desarrollo sostenible y amenazando la salud y la vida de la población por la falta de buena gobernanza sobre este recurso.

En 12 años, los diputados y sus partidos no han podido ponerse de acuerdo sobre una institucionalidad adecuada que garantice el manejo equitativo, eficiente y sostenible del recurso hídrico. Son 12 años sin tomar las medidas necesarias para evitar el desastre que pronosticaron los expertos nacionales e internacionales para un país que no resuelve los problemas de contaminación, sobrexplotación y falta de acceso al agua; y son 12 años de sordera frente al reclamo de la ciudadanía. El problema con el acceso al recurso y su manejo tiene solución siempre y cuando haya voluntad política e interés en buscarla.

En la actual Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, dominada por partidos de derecha y presidida por Arena, se enfrentan dos visiones contradictorias para la gestión del agua en El Salvador. La visión promovida por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y apoyada por ARENA, PCN, PDC y Gana plantea un ente rector controlado por el sector privado, mientras que los movimientos sociales más representativos del país juntos con la Iglesia Católica, las iglesias históricas, la UCA, la Universidad Nacional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos, ambientalistas y otros actores claves plantean que el agua es un bien público y derecho humano y que tiene que manejarse por el Estado. Esta visión está apoyada por el FMLN, y por el diputado Francisco Zablah de Gana, pero que en este punto discrepa con la voluntad de la mayoría en su partido. La visión de las organizaciones sociales está respaldada, además, por el mismo reglamento interno de la Asamblea Legislativa, que establece que uno de los deberes éticos de las y los diputados es el de “anteponer siempre el interés público al interés privado” (artículo 26, numeral 5).

Aunque los partidos de derecha controlan la mayoría de votos en la Comisión, la movilización y protesta persistente de comunidades afectadas por la crisis hídrica, de organizaciones sociales, de las iglesias y de las universidades han detenido las intenciones de privatizar la institucionalidad del agua, pero el debate dentro de la Comisión avanza poco hacia la aprobación de la ley. Los factores más importantes que obstaculizan el consenso son:

· La falta de voluntad política de los partidos de derecha;

· Un profundo desconocimiento de temas ambientales de parte de la mayoría de los diputados y diputadas de la comisión;

· La incapacidad de la presidencia de la comisión de enfocar la discusión en las propuestas sobre la mesa, de generar un entorno de mayor madurez y respeto y de plantear un método más constructivo para el análisis y el debate;

· Una preferencia evidente entre la mayoría de los diputados y diputadas de la derecha por el bagaje político, los pleitos partidarios, berrinches, insultos y ataques personales.

En la reunión de la Comisión del martes 16 de octubre, el diputado Zablah (quien ha participado en tres diferentes comisiones consecutivas sin aprobar la ley) invitó “a todos los diputados de esta comisión de medio ambiente a que renunciemos, porque tenemos cinco meses de estarnos reuniendo, todos los martes, sin aprobar nada. Esto es un circo. Que los partidos nombren a otros diputados”.

Su planteamiento tiene mérito. Cuando un empleado, que sea privado o público, no puede cumplir con las tareas asignadas en su trabajo, debe renunciar o ser despedido. El problema es que esta opción condena al país a otros tres años sin instalar la buena gobernanza en el sector hídrico. La única alternativa que queda es que la comisión invite a expertos y expertas en medio ambiente de MARN, de la UES, de la UCA y de los movimientos ambientalistas, quienes han presentado propuestas concretas a la Asamblea sobre la ley de aguas, para que aporten a las discusiones. Con este aporte técnico, tal vez se podría construir un ambiente menos politizado y más propositivo priorizando los intereses de la nación sobre los intereses sectoriales o de partido.

Andrés McKinley es especialista en agua y minería en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de gestión jesuita, en San Salvador. Nació en los Estados Unidos, pero ha vivido en América Central durante los últimos 40 años, trabajando en temas de justicia social, derechos humanos y desarrollo sostenible.
 
Andrés McKinley es especialista en agua y minería en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de gestión jesuita, en San Salvador. Nació en los Estados Unidos, pero ha vivido en América Central durante los últimos 40 años, trabajando en temas de justicia social, derechos humanos y desarrollo sostenible.

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