Las elecciones de mitad de mandato dejaron a los republicanos de Donald Trump con el control del Senado y a los demócratas con el dominio de la Cámara de Representantes. Para Óscar Chacón, director de Alianza Américas, organización dedicada a la defensa de los migrantes en Estados Unidos, el resultado es positivo en cuanto a que puede entenderse como un freno al discurso antimigración que buscó reforzar al partido republicano. Positivo, además, porque abre las puertas para que el partido demócrata sea un contrapeso a las políticas antimigrantes en la Cámara de Representantes.
'Los demócratas pueden frenar lo que pretenda hacer Trump y los intentos del presidente de cambiar la ley para satisfacer su apetito antinimigrante”, dijo sobre el triunfo de los demócratas en la cámara de representantes. Sin embargo, acotó, el balance sigue tambaleando hacia el lado trumpista, pues los republicanos siguen acuerpando cerca de la totalidad de los escaños del senado.
Chacón subrayó que los frenos desde el poder legislativo a las decisiones de Trump sólo serán posible si los demócratan asumen una posición abierta y enfática sobre el tema.
En el programa del jueves 8, Chacón advirtió que podría darse un nuevo decreto presidencial de la administración Trump que despoje a los centroamericanos de su derecho a solicitar asilo político. “Mañana podría darse a conocer un nuevo decreto presidencial que en principio tratará de despojar a las personas centroamericanas de su derecho para pedir asilo político. Buscaremos alternativas para evitarlo”, dijo Chacón durante el programa de El Faro Radio.
El viernes 9, Trump firmó una orden ejectuvia para denegar solicitudes de asilo a los migrantes que crucen ilegalmente las fronteras con Estados Unidos, endureciendo aún más el sistema actual, que permite tramitar asilos independientemente de cómo haya entrado una persona al país. La medida, con dedicatoria a la caravana de migrantes centroamericanos que intenta llegar a la frontera sur, suspende y limita la entrada de migrantes por la frontera con México hasta por 90 días, salvo los residentes permanentes legales y los ciudadanos estadounideses.
En Estados Unidos, organismos de derechos humanos ya han alertado que la medida es ilegal y anuncian batallas legales en cortes. A nivel internacional, la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) de Naciones Unidas ha dicho, además, que todos los países deben dar 'protección internacional sin obstrucción ni dilación'.
Acnur plantea que “en un mundo ideal los solicitantes de asilo deberían cruzar las fronteras legalmente”. Sin embargo, la organización aclara que “la insuficiente capacidad de los puestos fronterizos el sur de Estados Unidos fuerza a personas desesperadas a cruzar ilegalmente”.