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Policía orteguista asaltó Confidencial y seis organizaciones pro derechos humanos

La Policía de Nicaragua irrumpió en las instalaciones del periódico Confidencial y extrajo documentos y equipos de trabajo. En otros operativos también fueron irrumpidas las sedes de seis oenegés pro derechos humanos. El nuevo acto de intimidación del régimen orteguista ocurre dos días después de que Estados Unidos ratificara sanciones contra los responsables o cómplices de violaciones a derechos humanos en Nicaragua.

 
 

Cerca de la medionoche del jueves 13, miembros de la Policía Nacional ingresaron de manera violenta a las instalaciones del periódico Confidencial y extrajeron equipo y documentos de trabajo y administrativos. Lo mismo sucedió en las oficinas de seis organizaciones pro derechos humanos, en donde además golpearon a los vigilantes y las madres de presos políticos que se refugiaban en una de esas sedes. Estas acciones ocurren tres días después de que el Congreso de los Estados Unidos ratificara sanciones contra el régimen orteguista por la constante violación a los derechos humanos.

"Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la policia nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche. Saquearon nuestra redacción. Un ataque brutal contra la libertad de prensa, y libertad de empresa", expresó Carlos Fernando Chamorro, director y fundador de Confidencial, en su cuenta de Twitter.

Confidencial es un medio independiente fundado en 1996, que se relanzó como periódico digital en 2010. Su fundador, Carlos Fernando Chamorro, es uno de los periodistas más reconocidos de la región centroamericana, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, periodista asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en 1978. 

Desde que Daniel Ortega regresó al poder, Confidencial ha mantenido una postura crítica y ha denunciado la corrupción del en el Estado dirigido por Ortega y la ahora vicepresidente, Rosario Murillo. Desde abril, cuando estallaron las protestas contra el régimen, el medio ha mantenido una cobertura constante de denuncia contra la represión y las violaciones a los derechos humanos. 

El allanamiento a la redacción de Confidencial ocurre apenas dos días después de que el Estado nicaragüense cancelara a cinco oenegés de derechos humanos que también han sido críticas contra el régimen y han denunciado a los cuerpos de seguridad por las constantes violaciones a los derechos humanos. 

Citado por Confidencial, Chamorro calificó este nuevo hecho "como un ataque directo a la libertad de expresión, que ha sufrido el asedio permanente del régimen orteguista, incrementado en los últimos meses en el contexto de la represión oficial que desde el 19 de abril suma 325 muertos, miles de heridos, decenas de desaparecidos y más de 600 presos políticos". 

En el mismo edificio donde se alojan las oficinas del periódico se instalaron por algún tiempo las del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), que también fueron allanadas en 2008, organización de la cual también es fundador el periodista.

Según Confidencial, cuando los policías llegaron a allanar, informaron a los guardias que “estaban investigando algo con la ong Cinco”. Pese a que los guardias informaron a las autoridades “que este edificio es la sede de las empresas Promedia e Invermedia (..) y que aquí no hay ninguna relación con la ong Cinco cuyo domicilio está en Plaza España”, los policías insistieron y treinta minutos después entraron por la fuerza.

“Exijo a la Policia que devuelva todos los equipos y documentos que saquearon en la redacción de Confidencial-Esta Semana. Ellos sabían que la Ong Cinco está en otro domicilio y no tiene ninguna relacion. Es un ataque deliberado contra la prensa independiente. No nos callarán!”, denunció Chamorro vía Twitter. 

Segundo golpe contra oenegés

En la noche del jueves 13, la Policía también irrumpió en las instituciones de las organizaciones Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Fundación Popol Na, Fundación del Río, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas). La medida forma parte de las acciones represivas del régimen de Ortega que además ha cancelado la personería jurídica de todas ellas, cinco de ellas el miércoles por la mañana.

"Les informamos que la Policía, como vulgares ladrones se metieron por el techo al Cenidh y se han tomado las instalaciones", explicaba en un audio difundido entre sus contactos Vilma Núñez, presidenta de la organización. En él también exigía la liberación de su vigilante, identificado como José, de quien se desconoce su paradero.

Cenidh es una organización referente para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. Desde abril, cuando estallaron las protestas, ha contabilizado las denuncias de represión y ha sistematizado una base de datos propia que da cuenta del número de víctimas asesinadas, desaparecidas por cuerpos de seguridad. 

La cancelación de la personería jurídica de las ONG fue justificada por la Asamblea Nacional porque estas financian "el fallido golpe de Estado", según reportó el estatal Canal 2 de Nicaragua. De Las Segovias, por ejemplo, se dijo que su presidenta, Haydée Castillo "tuvo participación activa en los tranques de la muerte que se instalaron en la región, donde se le vio pagando a delincuentes que se mantenían obstaculizando la libre de circulación".

Esta y otras acciones intimidatorias del régimen de Ortega hacia aquellos que han denunciado los abusos de poder de su gobierno se dan luego de que el senado estadounidense aprobara (y luego el Congreso ratificara)una serie de sanciones políticas y económicas individuales para funcionarios del régimen, así como el condicionamiento de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales. Según la ley, será sancionado aquel que sea "responsable o cómplice de ordenar, controlar o, de lo contrario, organizar, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal".

 

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Wilfredo Miranda Aburto (Confidencial)

 
 

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