Durante el reciente proceso de selección de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia escuchamos a pequeños grupos de la sociedad civil –autoproclamados como sus representantes– repetir la frase con la que titulamos estas líneas. No es ocioso preguntarse sobre su validez: ¿Es correcto decir que basta ser parte de las mejores personas en el campo técnico o científico, y agregar una reconocida honestidad, para ser la más adecuada para ser nombrada en ese alto cargo? La respuesta no es complicada, aunque su implementación sí: se requiere eso y algo más, que tiene que ver con la naturaleza del cargo.
Permítame el lector unas disquisiciones. Primero, decir que estamos abocados a la construcción de una institucionalidad democrática; eso nos exige analizar y asumir la naturaleza que en ella tienen los cargos a ser desempeñados. Si nadie en su sano juicio puede discutir la naturaleza política del cargo de jefe del Órgano Ejecutivo, o de miembro del Órgano Legislativo, es poco comprensible que algunas veces se deje de lado que el Órgano Judicial es parte esencial del Estado –institución política por esencia– y que, por lo tanto, quienes asumen la responsabilidad de conducirlo desempeñan un cargo de carácter indiscutiblemente político. No utilizo la palabra política en el sentido casi despectivo con que se ocupa en muchas reflexiones, en el que se reduce a comprender lo político como lo relacionado con intereses mezquinos de los partidos, sino referida a la forma de enfrentar desde el Estado –ciudadanos y autoridades– los problemas colectivos de la conducción de la sociedad y el desarrollo nacional.
Hay muchas maneras de poner en peligro la vida democrática. Me referiré sólo a tres. La pretensión de que la técnica es la que da las soluciones a los problemas de la sociedad es una de ellas. Ciertamente, las políticas que va a emprender el Estado tienen que basarse en un sólido análisis técnico, pero la técnica no es unívoca; las hay muy diversas, dependiendo de las distintas escuelas de pensamiento en las ciencias sociales de las que se derivan, por lo que sus resultados son alternativas de solución sobre las cuales la política debe decidir de acuerdo a la visión de quienes han sido designados por la ciudadanía para conducir los órganos del Estado.
Sólo para referirnos a las ciencias jurídicas, tendremos que concluir que no hay una sola forma “técnica” de interpretar y aplicar la Constitución, ni hay acuerdo sobre temas que van más allá de la disciplina científica: cómo se constituye una democracia, o aún sobre si lo mejor es una democracia o un gobierno autoritario, o si es más adecuado el sistema parlamentario o el presidencialista, o sobre la forma más democrática de elegir a los representantes. Por lo tanto, no es la “técnica” jurídica la que resuelve, sino es la visión del mundo que se tiene –la ideología, diríamos muchos– la que al final decide cuál de las opciones posibles es la escogida. Por lo tanto, afirmar que la técnica debe dominar a la política, es una forma de minar los espacios de divergencia, legítimos e indispensables en una democracia, que al final de cuentas es la forma de resolver los diferendos sociales por la regla de las mayorías y el respeto a los derechos de las minorías.
Otra forma es la delegación de las decisiones fundamentales en personas no electas. En una democracia las autoridades deben escuchar a los ciudadanos; lo que no significa abandonar su responsabilidad de conducir el aparato del Estado de conformidad a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Y menos aún pueden entregar las decisiones de gobierno a quienes tienen intereses específicos sobre las áreas en las que se pretende delegarlas.
El ejemplo de la discusión de la administración del agua es paradigmático, así como la conducción de algunas instituciones autónomas. No lo es menos que la Asamblea Legislativa no debe supeditar sus decisiones a las exigencias de pequeños grupos de interés, cuyas opiniones sólo pueden ser un aporte a analizar.
Por ello la democracia requiere –verdad de Perogrullo que lamentablemente hay que reiterar– de partidos democráticos con claridad ideológica, coherencia orgánica, y personas capaces de asumir las tareas de la sana administración pública, por cierto muy ajena a la lógica de la administración privada. Si no se cumplen estos principios, la voluntad del elector puede ser violentada por las decisiones de quienes no han pasado el filtro de la ciudadanía, ni responden a ésta por sus actos.
Hablemos de independencia
Otra forma de atentar contra la democracia representativa es violentar la autonomía de los poderes del Estado. Por mucho tiempo, el control de todo el aparato del Estado estuvo en manos del Órgano Ejecutivo, del presidente de la República, que daba órdenes a los otros dos órganos. La alternancia de 2009 abrió espacio al respeto que exige la Constitución Política a las funciones propias de cada uno de esos poderes. Este respeto requiere que un órgano, por ejemplo el judicial, se cuide de no alterar las relaciones constitucionales y que no se inmiscuya indebidamente en las actividades de los otros dos órganos, en ciertos casos definiendo en sus sentencias cómo y cuándo debe legislarse, o inmiscuyéndose en aspectos que son exclusivos del ejecutivo. Ni tampoco es aceptable que se abuse de los fallos sobre inconstitucionalidad para alterar el compromiso político fundamental que sostiene a la democracia representativa, cuya expresión principal son las reglas establecidas en la Constitución Política, y cuya reforma es potestad de la Asamblea Legislativa.
Aplicando a las elecciones de segundo grado las disquisiciones conceptuales que hemos hecho arriba, podemos tener algunas conclusiones. Primero, la responsabilidad de elegir corresponde al ente político señalado en la Constitución Política: el Órgano Legislativo. Para hacerlo, los diputados –en representación de la ciudadanía, establece la Carla Magna– deben analizar la capacidad profesional de los candidatos y su honestidad. Pero eso no basta. Los partidos deben auscultar la visión de los candidatos sobre la manera de interpretar y aplicar la constitución que ellos sostienen: ¿Son textualistas?; ¿son contextualistas?; ¿son partidarios de la “historización” de la constitución?; ¿creen que la Sala de lo Constitucional puede reformar la constitución mediante sus fallos, pese a que la norma primaria indica los procedimientos parlamentarios para hacerlo?; etc. Todas son posiciones respetables desde el punto de vista académico; sin embargo, dado que cada una de ellas tiene efectos diferentes sobre la vida política y la institucionalidad del Estado, para votar por quienes las sustenten se debe tener claridad de esas concepciones y sus consecuencias.
Y más allá: ¿cuál es su concepción de la democracia? Para muchos no hay democracia sin partidos fuertes; para otros, los partidos son un obstáculo porque ven en la democracia directa y plebiscitaria un mejor sistema, o porque conciben la representación a través de la poliarquía social como el ideal de vida democrática. O pueden creer –como el nuevo presidente electo de Brasil– en el autoritarismo como expresión de buen gobierno. Puede haber candidatos muy capaces y muy honestos sustentando cualquiera de estas posiciones, que en una democracia no deben ser descalificadas; pero los ciudadanos y sus representantes sólo deben votar por aquellos que coinciden con la visión de democracia que cada uno tiene.
Valga un paréntesis: innegablemente la Sala de lo Constitucional que terminó su período recientemente tuvo muchas virtudes, y creo que estaba constituida por abogados capaces y básicamente honestos, que mostraron una buena dosis de autonomía. En 2009, cuando en Casa Presidencial fueron escogidos por las direcciones partidarias cuatro de sus magistrados, no hubo entrevistas en que tuvieran oportunidad de expresar sus visiones. Ya en el ejercicio de sus cargos generaron muchas confrontaciones, al emitir fallos con base en algunas de las posiciones conceptuales señaladas arriba, causando reacciones encontradas tanto de los institutos políticos como de juristas y de otros ciudadanos. Lamentablemente, el debate sobre sus sentencias fue dominado por la discusión de su honestidad, de una supuesta obediencia a un sector social, de una postura partidaria concreta, de partir muchas veces de la coincidencia de los fallos con los intereses del que opinaba; el debate fue generalmente pobre, política y académicamente, y los esfuerzos de algunos –juristas y no juristas– para poner sobre la mesa los temas centrales, fueron pasados por alto por la mayoría de los político-partidarios, los académicos del derecho y las ciencias políticas, los “analistas”, y los dirigentes gremiales sindicales y empresariales.
Messi vs Machado
Ya la elección ha pasado. Ahora tenemos algo menos de tres años para enfrentar una nueva elección de magistrados en la que, si bien no serán para la Sala de lo Constitucional, los principios señalados pueden ser fácilmente aplicables. Es imprescindible que desde ya emprendamos un proceso –pensado para el largo plazo– en el que la selección sea la mejor. Si es necesario, y creo que lo es, deberemos abocarnos a hacer las reformas legales y reglamentarias que correspondan, surgidas de un análisis profundo de todas sus etapas, y no únicamente de la legislativa. Sólo poniendo al centro de la discusión estos temas, con suma claridad y responsabilidad, podemos avanzar en transparencia y en fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Al seleccionar a sus candidatos, el gremio de abogados y el Consejo Nacional de la Judicatura son los responsables legales de garantizar la calidad profesional y la honestidad de los propuestos; a los diputados corresponde primordialmente pasar a enjuiciar sus visiones y sus concepciones jurídicas y políticas.
La capacidad no es neutra; la persona más capaz con una concepción autoritaria del Estado no es la adecuada para conducir el órgano judicial en un momento de construcción democrática; quien cree en la democracia plebiscitaria como única forma democrática, no es quien debe resolver problemas de la democracia representativa, o viceversa; una persona que conciba como ideal una democracia sin partidos políticos, no es la más adecuada para reforzar una visión constitucional que los establece como ejes de la representación ciudadana; etcétera, etcétera.
Al fin y al cabo, Lionel Messi y Manuel Machado son ambos notables deportistas; pero ni el Barcelona escogería al beisbolista para jugar fútbol, ni los Dodgers escogerían a Messi para reforzar su equipo. Eso no niega la notable capacidad de los dos, pero cada uno en su espacio correspondiente, al servicio de las reglas y los objetivos de su deporte.
