La Fiscalía General de la República representa los intereses de la sociedad y del Estado para garantizar la justicia a través de la investigación y la acción legal. El artículo 193 de la Constitución de la República define detalladamente todas las funciones del fiscal general. En la página web de la Fiscalía encontramos la definición estratégica de su quehacer:
“MISIÓN. Representar, defender y tutelar con efectividad y transparencia los intereses de la Sociedad y del Estado, conforme a los principios de legalidad, justicia y objetividad. VISIÓN. Ser una institución independiente y autónoma, reconocida por el cumplimiento de sus atribuciones y facultades constitucionales y legales a nivel nacional e internacional”.
Para cumplir estos enunciados, la FGR define seis valores: “Ética, Integridad, Justicia, Lealtad, Compromiso y Trabajo en equipo”; y cuentan con cinco líneas estratégicas: “Investigación del delito. Sistemas, Procesos y Tecnología. Condiciones, Capacidades y Competencias del Recurso Humano. Autonomía e Independencia. Política de Persecución Penal”.
El cargo de fiscal general, en contextos de corrupción, narcotráfico y violencia generalizada es de vital importancia. Un fiscal independiente, serio, profesional, valiente y sobre todo ético es una amenaza para los corruptos y delincuentes; llega a ser la persona más temida y odiada del aparato Estatal y de las organizaciones criminales.
El fiscal saliente, Douglas Meléndez, fue el primer funcionario, en años, en situar la Fiscalía en un lugar relevante y en hacer cumplir los mandatos legales. Entre muchos aciertos, y algunos desaciertos, logró condenar por corrupción a un expresidente, por escuchas ilegales a un ex fiscal general y ha provocado que otro expresidente huya, mientras en el país tiene una causa abierta por corrupción. Meléndez también procesó a operadores políticos y empresarios y tiene huyendo a otra considerable cantidad de personajes de la vida nacional, todos vinculados a casos de corrupción. En lo que respecta a otros delitos, también cuenta con una lista considerable de operativos exitosos y otros sin capacidad de judicialización. Se le criticó por su estilo comunicativo, un tanto exacerbado y efusivo en sus conferencias de prensa, pero desde la perspectiva ciudadana y sin ser especialista en el tema, da la impresión que hizo un trabajo aceptable.
Más allá de los logros y desaciertos, de lo que costaría acusar a Douglas Meléndez es de tener vínculos partidarios. No anduvo en mítines cantando: “el pueblo unido jamás será vencido” ni “El Salvador será la tumba en donde los rojos terminarán”, lo que le dio libertad para perseguir la corrupción del primer presidente del FMLN y del último presidente de ARENA, razón por la cual no fue reelecto. Es más, digan lo que digan, era demasiado bueno para ser reelecto. Fue un lapsus de los diputados, igual que la Sala Constitucional anterior. Difícilmente se repetirá, la Asamblea Legislativa no caerá en la trampa nuevamente de elegir gente independiente, esto es muy peligroso para sus intereses.
Si el poder político -en nuestro marco cultural- es de por sí peligroso, no podemos imaginar lo altamente riesgoso que es la combinación de poder y corrupción o poder y narcotráfico. Esto eleva y potencia los niveles de cinismo a grados desmesurados. Los corruptos no sólo pierden el rumbo moral, sino que además comienzan a creerse que son como “semidioses”, que están más allá del bien y del mal, que nadie, absolutamente nadie, les puede criticar y mucho menos perseguir; hasta enarbolan su propia teogonía con su séquito de ladrones y cómplices, ya que nunca actúan solos.
Entonces, ¿cuál sería el baremo ideal para un fiscal general? Disculpen por utilizar la mala palabra baremo. En esta propuesta buscamos filtros que garanticen la total independencia y capacidad:
1) Absoluta independencia política partidaria (porque ahí es donde tendrá más trabajo): Investigar bien videos, fotos, documentos, amistades, sociedades, etcétera.
2) Inclinación ideológica hacia lo “académico, científico y judicial”: Analizar su portafolio intelectual; y sí, hay gente independiente.
3) Formación orientada fuertemente al área penal; si es del área mercantil o civil no tendrá mucho tiempo para aprender, tres años pasan volando;
4) No haber sido funcionario de gobierno, de ningún gobierno.
Ahora sí, evaluemos otros factores de rutina no negociables:
5) Ser salvadoreño;
6) Del estado seglar;
7) Mayor de treinta y cinco años;
8) Abogado de la República;
9) De moralidad y competencia notorias;
10) Haber servido una Judicatura de Primera Instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos ocho años antes de su elección;
11) Estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.
La ciudadanía les envió un mensaje a los diputados en las últimas elecciones: “Hagan bien su trabajo, con honestidad, estamos hartos de la corrupción y de las negociaciones perversas”. Parece que el mensaje no caló, siguen haciendo lo mismo los mismos de siempre. Y sí, entre los mismos de siempre también votó Gana, el partido que lidera los sondeos. En febrero no sería raro que la ciudadanía les mande otro mensaje. A todos. Luego no le echen la culpa a las encuestas.
