Cerca de las siete de la noche del 23 de diciembre de 2015, Lorena Peña afinaba en su casa los últimos detalles para una fiesta navideña cuando fue interrumpida por José Luis Duque, jefe de compras de la Asamblea. Duque no estaba invitado a la cena, pero necesitaba una firma de Peña, en ese momento presidenta del poder Legislativo. Llevaba consigo un contrato que adjudicaba a Seguros del Pacífico la provisión de seguro médico privado a todo el personal de la Asamblea Legislativa, incluidos los diputados, durante el año siguiente. Un contrato por 6.5 millones de dólares. Peña firmó el documento y continuó con sus preparativos.
Cuando el contrato se hizo de conocimiento público días después, una parte importante de la población reclamó indignada. Se quejaban de que los diputados, responsables de dar presupuesto al sistema público de salud, gastaran millones de dólares en un seguro privado en tiempo de crisis económica y con los hospitales públicos desabastecidos. No sabían aún todas las violaciones de ley que había detrás de ese contrato.
No es solo que la presidenta de la Asamblea lo firmara en horas no laborales y en su casa en vez de en su oficina. En el proceso de adjudicación, la Asamblea violó al menos un artículo de la Constitución, cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones (Lacap), tres de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y su reglamento, dos disposiciones del manual de procedimientos para adquisiciones y contrataciones de la administración pública, y un artículo de la Ley de Ética Gubernamental.
La firma, de hecho, se hizo sin la presencia de un notario ni del representante legal de la empresa contratada, Seguros del Pacífico, propiedad de la Corporación TS, S.A de C.V, dirigida por Óscar Antonio Safie Zacarías, empresario hotelero y de medios de comunicación entre otros rubros. Es su hijo, Óscar Antonio Safie Hasbún, quien preside la aseguradora. Aun así, en el contrato aparece que las firmas de Peña y Hasbún fueron plasmadas no cerca de que iniciara una cena navideña, sino a las tres y media de la tarde de aquel miércoles 23 de diciembre, ante los oficios de la notaria Liliana Valladares, para aquella fecha segunda al mando de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) de la Asamblea.
El Faro tuvo acceso a 15 documentos del órgano legislativo relacionados al caso, incluida una advertencia de ilegalidad presentada ante la Junta Directiva de la Asamblea por una diputada; entrevistó a 15 funcionarios vinculados a esa contratación; consultó expertos en la Lacap y analistas financieros especializados en contrataciones de seguros privados; y tuvo acceso a conversaciones grabadas del entonces jefe de la UACI, José Luis Duque, que aportan elementos para entender la forma en que se gestó la contratación de Seguros del Pacífico. Toda esa información y testimonios permiten concluir que aquella noche, en vísperas de Navidad, la Asamblea firmó un contrato ilegal.
Perder para ganar
Seguros del Pacífico ha sido el principal proveedor de servicios a la Asamblea Legislativa en los últimos cinco años, según una revisión hecha por El Faro de la base de datos oficial de compras públicas, y de miles de copias de contratos y órdenes de compra de la Asamblea. Antes de recibir el contrato del seguro médico y de vida para 2016 se le habían adjudicado otros para los años 2006, 2008 y 2014, y en 2015 una prórroga del contrato del año anterior. Contratos publicos por un total de 19.9 millones de dólares en una década. El último, el firmado el 23 de diciembre de 2015, era más caro que los anteriores. La Asamblea lo aprobó en un momento en que su Junta Directiva, encabezada por diputados del FMLN y Gana, proclamaba un discurso de austeridad y transparencia en la legislatura 2015-2018.
De hecho, la adjudicación fue de 6.5 millones solo en el papel. El estado oficial de ejecución presupuestaria de egresos de la Asamblea Legislativa muestra que el pago que el órgano legislativo hizo a la empresa de los Safie en 2016 terminó siendo de 6.7 millones de dólares.
El proceso de contratación de aquel seguro inició el 7 de octubre de 2015 con la apertura de la licitación pública LP-01/2016, que buscaba contratar servicios de seguro médico y de daños. El contrato con Seguros del Pacífico ya se había prorrogado una vez y la ley impedía hacerlo de nuevo en forma directa. Dos meses después, la comisión evaluadora de ofertas firmó su recomendación y el 9 de diciembre el jefe de la UACI leyó a la Junta Directiva el informe de esa comisión.
La comisión recomendaba volver a adjudicar una vez más el contrato a Seguros del Pacífico, cuya propuesta era esta vez de 7.1 millones (232 mil para pagar un seguro de daños y 6.9 millones para el seguro médico de diputados y empleados). El informe argumentaba que la oferta económica estaba acorde con el mercado, al tiempo que advertía que la disponibilidad presupuestaria de la Asamblea para ambas pólizas era insuficiente. El 18 de septiembre, apenas unas semanas antes, la Asamblea había aprobado su presupuesto para 2016 y el monto reservado para esta licitación se limitaba a 5.3 millones. La comisión veía necesario un incremento presupuestario de 1.8 millones.
Esa recomendación estaba firmada por representantes de los partidos Arena, FMLN, Gana y PCN; por un analista financiero, otro legal y dos técnicos; y por los responsables de las unidades solicitantes: gerencia de Recursos Humanos (seguro de vida) y Administración y Finanzas (seguro de daños). Ellos, junto a Liliana Valladares de López, delegada de Duque, conformaban la comisión de evaluación designada por la Junta Directiva, responsable única de autorizar compras de bienes y contratos de servicios, sin intervención del pleno legislativo.
Los once delegados firmaron un documento que revela las primeras violaciones a las normativas que rigen este tipo de procesos. Del reporte se desprende, por ejemplo, que las bases de licitación, es decir el documento que especifica a los proveedores las demandas que deben satisfacer, fueron autorizadas sin estar incluidas en la programación anual de adquisiciones y contrataciones de la Asamblea para el año 2016, lo que debió suceder en cumplimiento de los artículos 16 y 20Bis de la Lacap y de las disposiciones 3.1 y 6.1 del manual de procedimientos elaborado por la unidad de adquisiciones y contrataciones del Ministerio de Hacienda.
Aun así, el 7 de octubre se autorizaron las bases de licitación y el 4 de noviembre se aprobó la programación anual de compras. En resumen, la Asamblea aprobó convocar a una licitación con un techo máximo a contratar un mes antes de tener claridad sobre el monto que podría disponer para ese rubro. La licitación estaba, eso sí, sujeta a la aprobación del plan anual de compras.
Los miembros de la comisión, con el aval del jefe de la UACI, recomendaron una oferta muy por encima de lo presupuestado por la institución para el año entrante, a pesar de que se les alertó, desde un principio, por dónde andaría el costo. “Según nota de fecha 5 de octubre de 2015, suscrita por el jefe del departamento de presupuesto, para este proceso de compra se cuenta con una disponibilidad presupuestaria de 5,368,000.00”, aparece escrito en los primeros tres párrafos de la hoja uno del informe. La decisión de la comisión y del jefe de la UACI contraviene literales del artículo 10 de la Lacap y los artículos 43 y 45 de la ley orgánica de administración financiera del Estado, conocida como ley AFI.
La comisión, además, recomendó adjudicar a Seguros del Pacífico los dos seguros (vida y daños) a pesar de que otra compañía, S.I,S.A., había superado también las evaluaciones legal, financiera y técnica y proponía el servicio de seguro de daños a menor costo. Recordando que una de las intenciones de la Lacap es que el Estado contrate la mejor calidad al mejor costo, cuatro de los funcionarios de la comisión (el asesor del FMLN, las asesoras técnica y legal, y la delegada de la UACI) dejaron constancia de esta falta en un voto razonado que introdujeron para rechazar la adjudicación completa a la empresa de la familia Safie.
“S.I,S.A. supera las etapas de evaluación legal, financiera y técnica y presenta la oferta económica más baja, por lo que consideramos que es esta oferta la que procede sea adjudicada (para seguro de daños)”, expresaron.
Los cuatro funcionarios se referían a la compañía Seguros e Inversiones, S.A, que junto a Seguros del Pacífico, S.A, Mapfre La Centro Americana, S.A y Aseguradora Vivir, S.A, ofertaron en este proceso de licitación. Mapfre y Seguro e Inversiones compitieron en el rubro de daños y Aseguradora Vivir en el rubro médico. Seguros del Pacífico lo hizo en ambos. Seguros e Inversiones proponía la oferta de menor costo en daños ($189,621.72) y Aseguradora Vivir la más barata en seguro médico ($5,488,431.00).
La comisión descalificó a Aseguradora Vivir antes de pasar a la última etapa de evaluación, alegando que no habían cumplido con el 100% de los términos de referencia. Su error fue no completar correctamente uno de los campos del formulario técnico: la empresa no respondió dos preguntas sobre el alcance de cobertura de la póliza que ofrecían. Por esta razón, por dos simples X no marcadas por la Aseguradora Vivir, Seguros del Pacífico quedó sola a la hora de evaluar la parte técnica.
Del informe de la comisión también se desprende que las bases de licitación no incluyeron puntaje para la capacidad legal y la oferta económica, sino únicamente para la capacidad financiera y técnica. “Esto nos dice que el precio era irrelevante para el puntaje y la Asamblea podía pagar lo que quisiera”, interpreta un analista financiero del sector de aseguradoras consultado por El Faro
La junta directiva rechazó en un primer momento la recomendación a favor de la empresa de los Safie. El 15 de diciembre, los directivos de la Asamblea firmaron dos acuerdos, el 826 y 827, que establecían: uno, adjudicar parcialmente la licitación pública en el rubro de daños a la empresa Seguro e Inversiones; dos, declarar desierta la licitación para el rubro del seguro médico; y tres, autorizar un nuevo proceso de adjudicación del contrato de seguro médico a través de la modalidad de contratación directa.
Seguros del Pacífico, la empresa que más alto había ofertado en ambos rubros, parecía haber perdido la adjudicación.
Un contrato “por la vida”
Para justificar la contratación directa del seguro médico, los diputados insistían en que habían dejado sin efecto la licitación pública “en vista de que las ofertas recibidas superan la disponibilidad presupuestaria asignada a dicho proceso”. El otro argumento de la directiva era que la no contratación de un nuevo seguro “pondría en peligro no sólo la salud sino la vida misma” de diputados y empleados.
Los directivos decían que “diversos beneficiados” estaban recibiendo tratamiento médico especializado, que algunos tenían enfermedades que requieren atención médica inmediata y continua, y que otros estaban ingresados en hospitales y alta precipitada, a causa del vencimiento de la póliza, atentaría contra su vida.
Los directivos invocaron el calificativo de “urgencia”, contemplado en la Lacap. Y contrataron a Seguros del Pacífico.
“(...) Se ha declinado buscar evitar el riesgo inminente y las delicadas consecuencias de la cesación de la cobertura médica (...), así mismo, en consideración a la garantía de jerarquía constitucional que establece que los derechos consagrados a favor de los trabajadores son irrenunciables, la junta directiva acuerda declarar el calificativo de urgencia para la adjudicación y contratación del servicio de seguro”, sentenció la Junta, que fundamentó su decisión con base al artículo 52 de la Constitución, y los artículos 71, 72 y 73 de la Lacap.
La contratación directa es una de las tres modalidades de contratación que permite la Lacap, que sólo puede proceder si ya se ha realizado una segunda licitación o se ha declarado el calificativo de urgencia por dos razones: cuando la no contratación impone un grave riesgo al interés general o por causas imputables a la contratista (artículos 65, 71 y 73 de la Lacap).
Roberto Barriere, abogado experto en la Lacap y ex asesor legal de la unidad de adquisiciones y contrataciones del Ministerio de Hacienda, plantea que en la contratación de la Asamblea no se sostiene la justificación para la contratación directa: “¿Se cumple ese supuesto (del interés general)? No lo sé realmente, por el hecho de que estamos hablando de un seguro médico, de un seguro de vida. No es por ver de menos a los funcionarios públicos y a los señores diputados, pero el hecho de que alguien fallezca por causas naturales o un accidente, Dios no lo quiera, y que fallezca sin seguro... ¿en qué afecta al interés general?”, cuestiona.
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El jurista agrega que el precio alto de las ofertas no es una razón para declarar la urgencia, y agrega: “Además, ya existe un seguro para todo servidor público (el Seguro Social) y debe prevalecer el principio de igualdad”, insiste Barriere.
El mismo 15 de diciembre la Asamblea Legislativa abrió la convocatoria para el nuevo proceso de contratación. Dos días después, el 17, Susana Carolina Chavarria Saavedra firmó el control de recepción de ofertas en nombre de Seguros del Pacífico. Cuatro días después, el 21 de diciembre, la Junta Directiva firmó el acuerdo 849, que adjudicaba la contratación directa a Seguros del Pacífico por 6.5 millones de dólares. Eran casi medio millón menos que la oferta inicial de la empresa en licitación pública, pero 1.2 millones más de lo destinado a ese rubro en el presupuesto 2016 de la Asamblea, aprobado por el pleno en septiembre de ese año.
Las faltas en las que incurrieron los directivos quedaron plasmadas en un voto razonado suscrito por la entonces segunda vicepresidenta de la Asamblea, la diputada de Arena Ana Vilma de Escobar, en rechazo a la contratación directa de Seguros del Pacífico. Esta denuncia, sin embargo, solo fue conocida dentro de la comisión. Nunca salió a la luz pública.
“La no contratación del seguro médico (en el primer proceso de licitación pública) se originó por negligencia e inobservancia en la aplicación de la ley. El proceso no cumplió con los valores y principios contemplados en el artículo 1 de la Lacap”, dejó por escrito la diputada en el voto razonado que presentó al mediodía del 23 de diciembre, varias horas antes de que Peña firmara el contrato en su casa. Entre los principios a los que Escobar se refería están: igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa.
En su escrito, la diputada advertía que el contrato con Seguros del Pacífico violaba la ley al no haberse llamado a una segunda licitación antes de recurrir a la modalidad directa (art. 64 Bis de la Lacap), y al incumplir con los principios de austeridad, racionalidad y transparencia en el uso de los recursos financieros (art. 55 del reglamento de la ley AFI).
Otro directivo no quiso firmar la contratación aludiendo esta misma razón: el diputado del PCN Francisco Merino. Asegura ahora que no aprobó la moción “por un procedimiento que se realizó”, y alude a una negociación entre la Asamblea y la empresa contratada, fuera de los lineamientos de la Lacap: “Lo que hubo fue una consulta con la única empresa, que en la segunda licitación bajó el precio a cambio de cortar también algunas coberturas. Esa consulta directa, a mi entender, no era conveniente hacerla. Por eso no acompañé”, dijo Merino a El Faro.
Una reunión fuera de ley
Las declaraciones del diputado Merino apuntan a una nueva ilegalidad: “hubo una consulta con la única empresa que en la segunda licitación bajó el precio”. La celebración de esta consulta fue confirmada a El Faro por otros dos diputados y por el propio jefe de la UACI. Los directivos aseguran que en una reunión celebrada en la sede de la Asamblea una semana antes de la adjudicación final del contrato, los directivos negociaron con Seguros del Pacífico la reducción del monto inicialmente ofertado en la licitación.
El artículo 86 de la Constitución establece que los funcionarios públicos no tienen más atribuciones de las que expresamente les da la ley. El abogado Barrere señala un exceso en las atribuciones: “La pregunta es, ¿qué ley se le ha dado permiso a alguien para sentarse a negociar antes de una adjudicación? La Lacap no lo hace. Esto es bien peligroso, porque alguien que se ponga a ese nivel podría caer en la figura de negociaciones ilícitas. Podría caer en el peculado”, explica.
La Ley de Ética Gubernamental también establece que la legalidad es uno de los principios de la ética pública, al ordenar a funcionarios públicos a actuar con apego a la Constitución y a las leyes dentro del marco de sus atribuciones (literal h del artículo 4).
El Faro confirmó que la reunión se realizó en las instalaciones de la Asamblea y que en ella participaron, al menos, la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña; el jefe de la UACI, José Luis Duque y un representante de Seguros del Pacífico. Un directivo que supo del encuentro pero que habla con la condición del anonimato dijo que ese representante fue 'el empresario'. Al preguntarle si el nombre de ese empresario era Óscar Antonio Safie Hasbún, el directivo inisistió: 'Quien llegó fue el empresario'.
Duque, sin embargo, insiste en que él no estuvo presente. “Yo nunca hice una negociación de ese tipo. Nunca. Salió una declaratoria el 15 de diciembre de 2015... Fíjese bien hasta dónde me involucran cuando yo no tengo nada que ver… Sale una declaratoria en donde la califican de urgencia. Esa declaratoria (fue) con iniciativa del licenciado José Luis Arias, asesor jurídico de nuestra honorable Junta Directiva. Aquí le estoy demostrando con evidencia: fue el 15 de diciembre”, respondió Duque a El Faro.
—¿Lo facultaba eso para sentarse a negociar reducción del precio del seguro médico? —preguntó El Faro.
—Le quiero aclarar algo: nunca negocié yo.
—Una delegación se sentó a negociar.
—Pero usted me menciona a mí. Y le quiero aclarar: yo no estuve en esa delegación. Los documentos muestran que yo no tuve nada que ver con esa decisión. Hay una declaratoria de urgencia; está subida. Y está claro que fue José Luis Arias. Le voy a decir algo más: le puede preguntar a la presidente Lorena Peña. Ella también me dijo: no te metás. Sí, se montó esa comisión, pero ahí José Luis Duque no estuvo. Quedemos claros en eso.
Duque trata de responsabilizar a uno de los asesores jurídicos de la Asamblea, José Luis Arias, de la declaratoria de urgencia y la contratación directa. Lo mismo hizo Guillermo Gallegos al ser cuestionado por El Faro. “No, él no puede diligenciar nada”, respondió el diputado de GANA en referencia al jefe de la UACI. “Ese mecanismo (contratación directa) lo estableció nuestro asesor jurídico, el licenciado Luis Arias. Él dijo que era un mecanismo que podías usar utilizando la figura de emergencia. Por eso nosotros al final tomamos la decisión de firmarlo, porque había dicho que era un mecanismo legal”.
En el voto razonado presentado por la diputada Ana Vilma de Escobar se da una versión diferente a la de Duque y Gallegos: según De Escobar, José Luis Arias alertó sobre las faltas en las que podían incurrir los directivos aprobando la contratación. Según escribió Escobar, el lunes 14 de diciembre la Junta Directiva consultó al asesor jurídico institucional sobre la posibilidad de decretar “emergencia o urgencia” para contratar directamente los servicios de seguro de personas, “a lo que manifestó que en principio no procede dicha declaratoria y que eventualmente podría ocasionar responsabilidades tanto legales y administrativas de distintos tipos para la junta directiva”, dice su voto razonado.
El Faro llamó el 3 de diciembre a José Luis Arias a su número telefónico, pero dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones a la prensa.
El contrato con Seguros del Pacífico fue aprobado finalmente en Junta Directiva con los votos de cuatro diputados del FMLN (incluida Lorena Peña) y tres de Gana (liderados por Guillermo Gallegos). El voto decisivo para completar la mayoría de ocho lo dio un diputado de Arena que se desmarcó de su partido: Jorge Escobar Bernal.,
Este periódico también intentó hablar con el representante legal de Seguros del Pacífico. Primero le envió una solicitud de entrevista vía correo y después una carta reiterando la petición. La respuesta de la empresa, a través de una delegada, es que el señor Safie Hasbún había recibido la solicitud pero que por encontrarse fuera del país no podía dar ningún tipo de declaración. Lorena Peña, ahora exdiputada, tampoco atendió las peticiones de entrevista de El Faro.
Duque, un subalterno con poder
El jefe de la UACI, José Luis Duque, niega haber participado en la negociación para impulsar el contrato con Seguros del Pacífico, pero El Faro tuvo acceso a la grabación de una conversación telefónica entre él y una fuente -que confirma la veracidad de la grabación-, en la que se evidencia que, incluso antes de abrir la primera licitación pública, Duque creía saber, ya entonces, que tenía garantizado el voto decisivo.
En la conversación no se menciona de qué caso hablan Duque y su interlocutor, o a la empresa en cuestión, pero la persona que dialogó con el jefe de la UACI y aparece grabada confirma que se trataba de la contratación de Seguros del Pacífico.
La plática ocurrió en la tarde del 28 de septiembre de 2015, nueve días antes de que la Junta Directiva autorizara las bases de la licitación pública. En la conversación, Duque se queja del entonces jefe de Fracción de Arena, Alberto Romero, al que acusa de estar queriendo entrometerse en asuntos de la Junta Directiva: “Él (Romero) está queriendo llegar a través de Tenorio (Mario Tenorio, diputado de Gana en la Junta Directiva). ¡Error! Y queriendo dejar fuera a Bernal…” “Ya me les voy a parar bonito: ¡No! ¿Por qué? Si el que va a dar la firma es Bernal, no él”, añade Duque.
Bernal es Jorge Escobar Bernal; fue diputado de Arena y sexto secretario de la junta directiva en el periodo 2015-2018. Fue su voto el que semanas después, cuando fue necesaria la mayoría de la Junta Directiva para adjudicarlo, decantaría el contrato a favor de Seguros del Pacífico. Mario Tenorio también era directivo por Gana y mantiene una curul en el periodo 2018-2021.
José Luis Duque dirigió la UACI de la Asamblea desde 2007 hasta enero de 2017. Diputados, mandos medios y empleados legislativos lo perfilan como un exfuncionario que llegó a tener mucho poder en la Asamblea, respaldado por directivos y hasta por presidentes del órgano legislativo.
Duque está vinculado a Apdemes, la oenegé de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, organización que en 2015 y 2016 fue beneficiada con más de medio millón de dólares del Presupuesto General de la Nación -con el voto incluido del diputado Gallegos- para supuestamente desarrollar un programa de prevención de violencia en siete municipalidades. El Faro ya reveló en 2017 que esas municipalidades dicen desconocer dicho programa y a dicha oenegé.
Duque fue parte de la primera junta directiva de Apdemes, que nació ante los oficios de la notaria Liliana Valladares, la misma abogada que aseguró en un documento oficial que la firma del contrato con Seguros del Pacífico se hizo antes sus oficios, cuando en realidad Lorena Peña lo firmó en su casa y en horas no laborales. Tras la salida de Duque de la UACI en enero de 2017, Valladares se quedó como jefa interina y luego como titular de esa oficina, en el periodo en que Guillermo Gallegos presidió la Asamblea.
En otra grabación, de una conversación sostenida a finales de agosto de 2015, Duque se perfila como un funcionario que se sentía blindado: “Y la presidenta (Lorena Peña), conmigo, de verdad, me quito el sombrero. La humildad de ella, de la presidenta. Me dijo… ella es inteligente. Me dijo: váyase tranquilo a Buenos Aires. Así. Y me despachó. Si ella no hubiese dado la firma, yo no voy”.
En otra conversación telefónica , a inicios de septiembre de 2015, Duque lanza dos preguntas retóricas que refuerzan la idea de que se sentía protegido: “¿Lorena Peña no ha sido excepcional conmigo? ¿Con Sigfrido Reyes no existía esa posibilidad?”.
Registros de la Asamblea confirman un viaje de Duque a Buenos Airea, entre el 5 y 10 de octubre de ese año, para participar en un seminario de la Asociación Internacional de Presupuesto Público.
En la grabación del 28 de septiembre de 2015, luego de demostrar su molestia con el diputado arenero Alberto Romero, Duque definió una postura: “Allá ellos que se entiendan (Romero y Tenorio). El que da la firma es Bernal, ¿o me equivoco?”. Y prosiguió: “Además de eso, a Alberto nadie le hace caso allá arriba (Junta Directiva). Si allá arriba es un mundo sin dueño. Cada quién es cada quién”.
El Faro envió una copia de los audios a Duque e intentó obtener una reacción, pero este respondió que no los había escuchado. El exjefe de la UACI añadió que no emitiría una declaración a profundidad sobre el caso porque dice que fue excluido del proceso de toma de decisión. “Yo únicamente recibía la instrucción de Junta Directiva de continuar el proceso, pero ya estaba adjudicado. Yo estoy expresando que no fui considerado en lo absoluto en la toma decisión”, dijo.
Alberto Romero niega haber participado en un cabildeo con Duque, argumentando que no era directivo sino jefe de fracción:
—¿Por qué un subalterno se refiere en esos términos a un jefe de fracción? —le preguntó El Faro.
—¿Quién de mí? ¿Qué dijo?
—Duque sugiere que usted cabildeaba para conseguir votos para contrataciones.
—No, no sé, ja, ja. No sé qué está hablando ese hijo de puta —respondió Romero.
Mario Tenorio también niega haber participado en cabildeos para conseguir votos en la adjudicación de aquel contrato, pero admitió no sólo que es habitual realizar negociaciones de este tipo para lograr acuerdos dentro de la Junta Directiva, sino que su relación con José Luis Duque va más allá de lo exclusivamente profesional.
—En un audio de septiembre de 2015, Duque da por hecho que tiene el voto de Jorge Escobar Bernal para la adjudicación de una licitación que aún no se había abierto siquiera. Es decir, parece que él hace un lobby o guía negociaciones con los diputados para juntar los votos necesarios a favor de una empresa.
—Pero en este caso (el del seguro médico) solo era una empresa la que había ofertado, y lo que se requería era tener los ocho votos para que se aprobara el seguro —respondió Tenorio.
—¿No hubo ninguna negociación?
—No, en absoluto (ríe). No, en lo absoluto.
—¿Cuál es su relación con el jefe de la UACI?
—No, una relación personal, nada más, la de trabajo, la laboral.
—¿Usted no es padrino uno de los hijos de él? —preguntó El Faro
—Ehh.... cómo no, yo soy el padrino de uno de los hijos de él.
—¿Y eso no interfirió en esta negociación?
—No, en lo absoluto (risas). Yo soy padrino de uno de sus hijos desde hace unos cinco años, y esa es una situación de afinidad en la que, por la amistad que se generó entre nosotros, en su momento, él me pidió que fuese el padrino.
El diputado Escobar Bernal, cuyo voto daba por seguro Duque, admite que antes de votar por aquel contrato le advirtieron de una irregularidad, pero asegura que él corrió el riesgo porque pensó que el seguro beneficiaba a los empleados:
—¿Por qué dio su voto?
—Yo me beneficié de eso (de tener seguro médico privado) cuando vine a la Asamblea, que lastimosamente venía enfermo de cáncer. Y antes de firmar me di cuenta de cuánta gente había en los hospitales. Si nosotros lo cortábamos esa gente se podía morir. Entonces yo corrí ese riesgo. Me hicieron saber los pro y los contra de eso —responde el diputado de Arena.
—¿Quién se lo hizo saber?
—En la fracción. Sé que quedé mal con los que estábamos en Junta Directiva de mi partido. Creo que al final estamos por riesgos, sabiendo las críticas que tenemos fuera de la Asamblea. A veces no es lo mismo estar fuera que estar dentro, en los zapatos de los empleados.
—¿No teme reparos de la Corte de Cuentas?
—Sí, sí, puede haberlos. Me lo hicieron saber.
—¿Quién?
—Varios diputados de San Salvador.
—Hubo votos razonados en contra de ese contrato y usted fue el único diputado de Arena que votó a favor. Quijano, Ana Vilma de Escobar, no lo apoyaron.
—Por eso le digo: si sé cuáles fueron los riesgos que me dijeron de firmar o no firmar.
—Tenemos un audio en el que se escucha al jefe de la UACI, José Luis Duque, asegurando, antes incluso de empezar la licitación, que tiene los ocho votos, diciendo que tiene el suyo y que no necesita de nadie más.
—No, no sé, realmente no le puedo decir nada por él.
—En el audio, Duque dice: “El que va a dar la firma es Bernal”.
—Realmente no sé por qué lo mencionó. Quizás porque soy un tipo más llevadero. Pero realmente no había ninguna negociación, ningún acuerdo, ningún voto. Yo tomé la determinación de votar el día 23 de diciembre, a las 10 de la mañana.
Ese 23 de diciembre, la Asamblea suscribió una póliza que cubría con un seguro de vida de 125 mil dólares a los diputados y con 86 mil dólares en seguro médico hospitalario a ellos y sus dependientes. Los empleados legislativos, por su parte, recibieron un seguro de vida de 30 mil dólares y otro de 34 mil dólares para atención médica hospitalaria.
Un contrato para un financista
Seguros del Pacífico es parte del conglomerado empresarial de la familia Safie, una de las más influyentes en El Salvador. Los Safie no sólo tienen inversiones en textileras, hoteles y seguros, sino que también son dueños de una de las mayores redes de radio y televisión del país: Grupo Megavisión. Son de hecho los principales propietarios de frecuencias radiales y televisivas: poseen un total de 83 frecuencias, según la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. Seguros del Pacífico es la sociedad de mayor activo de la familia: 48 millones de dólares.
Le siguen Rayones El Salvador S.A de C.V con bienes valorados en 32 millones de dólares; Hoteles y Desarrollos S.A de C.V (propietaria del Hotel Sheraton Presidente) con 17.1 millones de dólares; El Salvador Network, con 14 millones; Zona Franca San Bartolo, con 8 millones; e Inversiones de Desarrollo Industrial y Agrícola, que maneja la operaciones del Grupo Megavisión y declara activos por 3.1 millones de dólares. Esta última empresa facturó cerca de medio millón de dólares en contratos de publicidad de Casa Presidencial entre 2014 y 2016. Con la Asamblea, Seguros del Pacífico firmó sucesivos contratos para dar seguro médico privado: Los de 2014 y 2015 fueron por 5.3 millones; el de 2016 terminó sumando 6.7 millones.
Pero la relación de la familia con el órgano legislativo no se limita a lo comercial. Los Safie también han financiado, a través de sus compañías, a los partidos Arena, FMLN y PCN, según la poca documentación que públicamente se conoce de las fuentes de financiamiento de partidos. En 2013, Arena recibió donaciones por $300 mil de Seguros del Pacífico y de $400 mil de Hoteles y Desarrollo. Ese mismo año, el FMLN recibió $100 mil de Hoteles y Desarrollos, que hizo también dos aportes al PCN: uno por $20,000 y otro por $32,000. Antes, en 2011, Rayones de El Salvador había donado $8,599 al FMLN. En 2010, El Salvador Network donó $9,000 al PCN.
