El año acaba de terminar. De las gargantas cansadas de unas veinte personas emerge, tímido, el coro del himno nacional de Nicaragua. Están lejos de su país: Al fondo de un callejón de tierra, en un vecindario anónimo a las afueras de la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Cantan apenas de pie. Con más orgullo que ilusiones. Con más deseos que perspectivas. Con más tesón que deseos. Feliz Año Nuevo.
El grupo original, compuesto por unos cuarenta niños, mujeres y hombres nicaragüenses, está ya diezmado. Algunos se retiraron cansados. Otros enfermos. Se reunieron temprano para despedir el último día de uno de los años más turbulentos de sus vidas. A 400 kilómetros de sus casas -pero muy extranjeros-, cocinaron pollos, arroces y sopa. Alguien consiguió unas cervezas Toña, importadas desde Managua, y licores para hacerle frente a un frío de 13 grados, menos de la mitad de la temperatura promedio en el lugar que dejaron atrás.
Casi todos son campesinos de Nueva Guinea, un municipio en la Región Atlántica de Nicaragua conocido por su férrea resistencia al gobierno del presidente Daniel Ortega. Son vecinos o parientes de Francisca Ramírez, la persona más famosa de Nueva Guinea, una mujer de poco más de 40 años, fornida y fuerte, que ha encabezado desde hace casi una década la movilización rural contra la construcción de un canal interoceánico que Ortega comisionó a una empresa china, porque el contrato autorizaba despojar a los campesinos de sus tierras. Su activa participación como dirigente del Consejo para la Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, ha incluido cabildeo político, sí, pero también bloqueos de carreteras e instalación de tranques que más de una vez derivaron en enfrentamientos con la policía.
La revista Forbes la nombró una de las mujeres más poderosas de América Central; ha sido objeto de reconocimientos en todo el mundo y amenazada, agredida y encarcelada por el gobierno nicaragüense. A pesar de contar con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que huir en septiembre pasado y buscar refugio aquí en Costa Rica. En su país tiene orden de captura, acusada de participar en lo que el régimen de Ortega ha tipificado como terrorismo y conspiración para derrocarlo. (Otro líder campesino, Medardo Mairena, está preso. Declarado culpable de homicidio, crimen organizado y terrorismo. La fiscalía ha pedido una condena de 73 años).
La conocí en Managua, a finales de abril pasado, pocos días después del inicio de las protestas que desencadenaron la actual crisis en su país. Entonces, acompañada de medio centenar de campesinos, llegó hasta la Catedral para participar en una multitudinaria protesta contra los asesinatos de estudiantes. Ocho meses después, Ramírez despide el 2018 perseguida, refugiada en otro país y sin mayores motivos para celebrar. 'Estamos vivos', dice.
Esta noche, doña Chica, como todos la llaman, alterna las conspiraciones con la preparación del café o toma un trapeador y limpia las lozas en medio de quienes transitan de la sala al patio. 'El pueblo tuvo a Daniel en sus manos', me dice en una pausa, recordando aquellas multitudinarias marchas en contra del presidente Ortega y los llamados tranques que paralizaron el país entero durante tres meses, en la primavera de 2018. 'Pero el sector privado no empujó. La gente aguantó. Tres meses aguantó. Con protestas y con tranques. Bloqueamos el país entero. Pero el gran capital no emparejó'.
Desde el exilio ha estado muy activa, ayudando a conseguir alimentos para los miles y miles de nicaragüenses que han huido a este país en los últimos meses y tratando de organizar desde aquí a los líderes sociales que han salido, para planificar el retorno cuando la crisis termine. El país que dejó, lo sabe, ya no existe. Lo que intenta, ella y varios otros dirigentes sociales en el exilio, es organizarse para aportar a la construcción del país que será. Mientras se rebuscan para sobrevivir hoy.
Desde que llegaron a Costa Rica, los campesinos nicaragüenses trabajan de lo que encuentren. Algunos, sobre todo mujeres, cortan café en fincas cercanas. Otros venden verduras en el mercado local. Entre estos últimos está el marido de doña Chica: Migdonio López. Tiene 50 años, bigote entrecano, la piel curtida y las manos ásperas. Participó en la lucha armada contra los sandinistas en la década de los ochentas, dice él, para evitar que se tomaran sus tierras. Como tantos y tantos centroamericanos, su vida arrastra pasados que se reconfiguran y se reencuentran de maneras poco ortodoxas. Aquel grupo armado, conocido como los Contras, era guiado por Edén Pastora, el Comandante Cero, que hoy es uno de los más vocales defensores del régimen orteguista. Migdonio López ha terminado, en cambio, en la misma ruta de tantos exsandinistas contra los que peleó, que hoy se oponen al hombre que algún día fue un comandante revolucionario: el presidente Daniel Ortega. 'Sí, nos hemos encontrado con todos. Incluso con aquellos que nos venían a sacar de nuestros territorios hace treinta y cinco años', dice. “Y después de tantos y tantos años de resistir hoy estamos fuera (de Nicaragua)”.
Acostumbrados a vivir en campos agrícolas, a pastorear ganado y a caminar en grandes espacios, los campesinos de Nueva Guinea viven hacinados en este exilio. Solo en la casa donde ahora celebran el fin de año duermen entre quince y veinte personas, donde puedan. En dos sillones y también en tres sofás y en el suelo al lado de las camas de los tres pequeños cuartos. Comparten un solo baño. Casi todos entraron a Costa Rica por caminos aún por hacer, por puntos ciegos, por fronteras invisibles, por el río San Juan. Pero no era de las autoridades migratorias costarricenses de quienes se ocultaban. Sino, y sobre todo, de la policía nicaragüense que hoy patrulla las carreteras del interior buscando disidentes que huyen, en ruta hacia Costa Rica o hacia Honduras.
Uno de los asistentes a la reunión de fin de año, un hombre originario de Granada, recién entrado en la edad de las canas y pasado de tragos, grita frente a la calle: 'Viva Nicaraguaaa... ¡Viva la República!'. Se tambalea. Se ríe. Sus ojos hipnotizados pasan por la figura de Francisca Ramírez y provocan una leve agitación de las manos. Se acerca como puede a ella. 'Yo soy fuerte y no tomo tanto, doña Chica. Pero hoy me dieron ganas de tomar de más. Discúlpeme'. Uno de sus hijos lo toma del brazo. Él se lo aparta. 'Doña Chica: tenemos que volver a Nicaragua. Vamos a volver. ¡Vamos a volver a Nicaragua libre!'. Francisca Ramírez le sonríe maternalmente, y pide a su sobrina que le den un café al hombre. Antes de que termine el año, este exiliado estará ya dormido; y no sabrá de la emergencia médica.
A las 10:30 de la noche, Hamlet Adolfo Sánchez se acuesta temblando en uno de los sillones de la casa de doña Francisca. Tiene 32 años y es también originario de Granada. No tiene seguro médico ni es cotizante al seguro estatal costarricense, así que solo puede ser atendido en emergencias. Hace cinco días le dio un derrame, suponen, que le paralizó la mitad de la cara. Lo llevaron a emergencias en un hospital de San José, pero solo le dieron una pastilla y vitamina B.
Seis meses antes, el 26 de junio, después de varios días de participar en protestas, Sánchez fue detenido por paramilitares. Su esposa asegura que allí lo golpearon severamente y que sus problemas de salud actuales son consecuencia de aquella detención. Tras la golpiza lo trasladaron a la estación de policía de Masaya, de donde lo rescató el sacerdote Edwin Román y el activista Álvaro Leyva (este ahora también refugiado en Costa Rica). Un mes después, por los mismos caminos clandestinos, llegó a Costa Rica con su mujer y un hijo. Desde entonces ha trabajado como ayudante de construcción, cocinero, vendedor. Nada fijo. Nada formal. Nada que le permita acceso al sistema de salud, estatal o privado. Nada que le permita el lujo de pagar una consulta.
Doña Chica le arroja dos gruesas colchas encima para ver si eso le calma los temblores y le sugiere a la esposa que lo trasladen a un hospital. 'Nos van a cobrar', dice ella. 'Nos van a cobrar'. Su marido tiene ya un ojo caído y la piel opaca. Enferma. Sigue temblando. Doña Chica hace entonces una pequeña colecta. Alcanza para pagar a la mujer y al enfermo un taxi a su casa, y otro por si más noche necesita llevarlo al hospital. Diez minutos antes de la medianoche, Hamlet Adolfo Sánchez se mete en la parte posterior de un Uber negro, envuelto en tres suéteres y las colchas. Su esposa va adelante. En ese carro recibirán el año nuevo.
Diez minutos después, doña Chica y quienes aún quedan en su casa se levantan para cantar el himno nicaragüense. Después se dan los abrazos. Desde la puerta pueden verse, a lo lejos, algunos fuegos artificiales. Feliz año nuevo.
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La noche del martes 17 de diciembre, una docena de jóvenes vestidos con jeans y camisetas blancas irrumpió en un bar ubicado en la zona de Camino de Oriente, en Managua, con una enorme pancarta que decía #ProhibidoOlvidar. Comenzaron a gritar: “¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!”. Antes de que los parroquianos tuvieran certeza de lo que pasaba, los jóvenes desaparecieron tan intempestivamente como habían irrumpido pocos minutos antes.
Al siguiente día se cumplían ocho meses del inicio de la crisis nicaragüense, que tuvo lugar justo allí, donde estos jóvenes hacían su meteórica protesta. “Volvimos al mismo sitio donde todo empezó… el pueblo no se calla hasta que el dictador se vaya”, me escribió uno de los organizadores; uno de los líderes del movimiento estudiantil surgido en la crisis. En su mensaje incluía un corto video de su efímera protesta decembrina.
Estaba claro que su objetivo era demostrar que la resistencia contra el régimen de Ortega sigue viva, pero era imposible no contrastar aquellas imágenes con las multitudinarias manifestaciones y los tranques que paralizaron el país entero entre abril y julio. Hoy, buena parte de los estudiantes que protagonizaron aquellas protestas, y que participaron en las tomas de universidades, están muertos, presos, en el exilio o se mantienen ocultos para evitar su captura por la policía orteguista. Pero no solo ellos. La represión ha alcanzado a todos los sectores.
En la Nicaragua oficial, que se manifiesta en voz de la pareja presidencial y que se transmite por la mayoría de los canales de televisión, la vicepresidenta Rosario Murillo ha dicho que las protestas responden a una intentona golpista, y que a los golpistas y los enemigos de Nicaragua los sandinistas responden con amor.
2018 se despidió con más de 350 personas muertas, casi 600 presos políticos, entre 80,000 y 100,000 exiliados y miles de nicaragüenses escondidos, huyendo de las tropas paramilitares y policiales que desde mediados de julio desataron una cacería de disidentes casa por casa.
Mediante esta campaña represiva, Ortega y sus fuerzas de seguridad han recuperado el control absoluto del territorio, desmantelado la movilización ciudadana y defenestrado el movimiento estudiantil que protagonizó el inicio de las protestas, además de cerrar organizaciones de derechos humanos, oenegés de sociedad civil y medios de comunicación. Ningún crítico al gobierno está seguro. Ortega recuperó la calle y en la calle, nuevamente, hay miedo.
Pero su fuerza interna es desafiada por una economía que se hunde a gran velocidad y un descrédito internacional que solo encuentra en América Latina paralelo con Venezuela.
El Grupo Independiente de Expertos Internacionales, GIEI, establecido por acuerdo entre el gobierno nicaragüense y la OEA para investigar los asesinatos de decenas de estudiantes durante los dos primeros meses de protestas, concluyó en diciembre que el estado nicaragüense es responsable de crímenes de lesa humanidad. Los cuatro expertos internacionales del GIEI fueron expulsados del país por la cancillería nicaragüense, un día antes de hacer público su informe.
El Congreso estadounidense aprobó la ley llamada Nica Act, que limita las actividades financieras en Nicaragua y obstaculiza su acceso a préstamos de organismos financieros internacionales. Pero nada de esto se habla ni en los canales de televisión (la mayoría en manos de la familia Ortega) ni en los discursos gubernamentales. La Nicaragua de los medios oficialistas es una alegría permanente, con la solidaridad como fundamento y el amor como eslabón.
En un sorpresivo mensaje de año nuevo, Daniel Ortega dijo que Nicaragua ha entrado en la etapa de la reconciliación y anunció la construcción de una carretera interoceánica y de un puerto en la costa caribe. Ni una palabra sobre la traumática crisis que ha vivido toda Nicaragua.
Probablemente ningún lugar ilustra tanto estos ocho meses como la rotonda Jean Paul Genie de Managua, adornada a inicios de las protestas por dos gigantescos árboles de hierro, símbolo omnipresente de Rosario Murillo que mandó a hacer cientos de ellos y los colocó por toda la capital; y que los nicaragüenses llaman informalmente “Chayopalos”. La rotonda fue una de las primeras en las que manifestantes forcejearon con toneladas de hierro para derrumbar los chayopalos . Decenas más caerían durante los primeros días de protestas. (La contagiosa euforia de aquellos días hoy parece muy lejana).
Poco después la rotonda se convirtió en altar vivo en honor a los estudiantes asesinados. Decenas de cruces suplantaron al árbol de hierro, y en cada manifestación cientos de personas con veladoras se daban cita allí.
Tras la operación limpieza que el gobierno lanzó en julio, las cruces fueron extirpadas y la rotonda se quedó desamparada; pero cerró el año atiborrado de figuras navideñas: regalos, arbolitos, esferas que se iluminan por las noches para alegrar la temporada. Es el triunfo del olvido. Donde antes hubo lo que hubo, ahora hay adornos navideños. Y nada más. Aquí no pasó nada.
En las demás plazas, otrora puntos de encuentro para manifestantes y “leñadores” que derribaban chayopalos, hoy se ven pequeños grupos de diez personas que ondean todo el día banderas del FSLN frente a camionetas con altavoces por los que suenan alegres canciones sandinistas.
El 2 de diciembre, cerca de las diez de la noche, un fuerte operativo policial se tomó las instalaciones del canal 100 % Noticias. Varios periodistas nos acercamos hasta el primero de los cordones policiales que impedían el acceso. Policías armados con rifles nos impidieron el paso. “Aquí no hay nada que ver”, dijeron.
Pocos metros adelante, decenas de policías y antimotines cortaban las transmisiones y capturaban al director del canal, Miguel Mora, y a la reportera Lucía Pineda. Frente a nosotros, agentes de tránsito desviaban el tráfico. Solo permitían el paso a camionetas Hilux cargadas de jóvenes en la parte posterior. Justo al momento de traspasar la línea de seguridad, estos jóvenes al unísono se colocaban pasamontañas y elevaban armas largas. Nadie más pudo entrar.
Mientras eso sucedía, los canales de televisión orteguistas transmitían notas de ferias gastronómicas o imágenes de inocentes turistas europeos visitando el volcán Masaya. La otra Nicaragua, la solidaria, cristiana y socialista de Murillo, eliminaba el discurso de la disidencia e imponía el suyo.
Este periódico solicitó, desde hace varios meses, entrevistas con funcionarios del gobierno pero no obtuvimos respuesta. Los dirigentes y mandos medios partidarios, esta vez, tampoco quisieron hablar.
Todas las comunicaciones oficiales son tramitadas hoy a través de cancillería, y el titular de esa cartera, Denis Moncada, ha estructurado un discurso según el cual el gobierno sandinista está amenazado por una conspiración de Estados Unidos que pretende dar un golpe de Estado. Dice que los críticos y disidentes son financiados por la CIA y el Departamento de Estado.
“Ojalá eso fuera cierto”, me dijo por teléfono, el 1 de enero, La Fugitiva, una mujer de Jinotega que tiene una orden de captura en su contra por llevar comida a los jóvenes que mantuvieron tranques a la entrada de la ciudad , entre mayo y julio. El Estado la acusa de terrorismo. Junto con su familia permanece oculta aún en territorio nicaragüense. Cuando hablamos, andaba buscando dónde pasar la noche con su familia. “Nos dicen que nos financian la CIA y no sé cuántos más. ¿Dónde están? ¡Ojalá alguien nos ayudara! Hoy no tenemos ni adónde ir. No sé dónde vamos a dormir hoy”.
En Nicaragua, de acuerdo con el informe del GIEI, no hay debidos procesos ni investigaciones reales ni cumplimiento a órdenes de liberación de prisioneros ni acceso siquiera a información sobre los reos.
A mediados de diciembre, en Managua, visité las oficinas del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, un lugar dedicado en los últimos meses, como todas las organizaciones de defensa de derechos humanos o de derechos de la mujer, a dar apoyo a madres de presos o de desaparecidos. Esa mañana, más de veinte mujeres, la mayoría madres o esposas de presos políticos, se reunían para analizar la situación. Había mujeres de Managua, sí, pero también de Estelí, León, Matagalpa, Chontales. Forman parte del recién creado Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, que según ellas mismas aglutina a representantes de casi 400 familias de reos políticos. Casi todas ellas son cabezas de un grupo de madres de sus localidades; encargadas de tareas como conseguir fondos para los alimentos de los presos y fondos para la manutención de sus familias. Todos los días, personalmente o por encargo, hacen llegar comida a los prisioneros. “Aunque sea arroz con frijoles comemos nosotros, pero nuestros presos no pueden comer lo que les dan (en la cárcel). Tienen miedo de que los envenenen”, me dijo una de las madres.
Mientras en el discurso oficial la vida florece de nuevo en Nicaragua, entre los familiares de las víctimas todo es más oscuro. La situación los ha llevado a sospechar de todo: Sospechan que hay cárceles clandestinas, sospechan que hay fosas comunes en las que esconden cadáveres, sospechan que su propio grupo está infiltrado. En la reunión se trató el caso de una mujer, pareja de uno de los presos. Se había juntado con un paramilitar y su jefa de grupo sospechaba que ella fue quien entregó a su novio disidente que ahora está preso. “Pero ella sigue haciendo la visita conyugal, a saber si para seguirle sacando información. Hay que sacarla ya del grupo de whatsapp y de nuestras listas”, dijo la jefa.
Sandra Ramos, la directora del Movimiento, sospecha también que su organización y otras sesenta oenegés serán cerradas pronto por el régimen orteguista. Las sospechas, dice, son naturales: “Hemos visto tanta maldad en tan poco tiempo… esta represión se ensañó con los más pobres y los más jóvenes”.
Además de las sospechas, el día en que las visité, algunas de estas mujeres compartían una ilusión basada también en rumores: escucharon que, como muestra de buena voluntad, el régimen liberaría a varios prisioneros el día de Navidad. Ellas esperaban que entre esos presos estuvieran los suyos.
Según el Comité Pro Liberación, las cárceles nicaragüenses mantienen a 740 presos políticos, todos capturados o secuestrados desde abril pasado. De ellos, 200 no tenían orden de captura ni han sido sometidos a proceso, y uno de cada diez permanece en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, el centro conocido como El Chipote, que ha sido utilizado, desde tiempos de la dictadura somocista, como lugar de torturas. Del total de reos, el Comité aún no ha podido determinar la ubicación de 149.
Recientemente, el Comité envió una carta a los cancilleres de toda América Latina, en la que afirma que esta es la peor crisis de Derechos Humanos que enfrenta Centroamérica desde el fin de los conflictos armados, en los años noventa. Los responsables, de acuerdo con el informe del GIEI, son en su mayoría la policía y grupos paramilitares orteguistas. Esta conclusión es compartida también por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, recientemente proscrito por la Asamblea, y las demás organizaciones de defensa de derechos humanos. Salvo una: la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es estatal. Y que hace sus evaluaciones en el mismo país del que habla la vicepresidenta Rosario Murillo, que poca relación tiene con el que denuncian los familiares de los presos políticos.
A finales de diciembre, la procuradora Corina Centeno rindió su informe de labores del 2018. Y dijo:
La institución muestra satisfacción y reconocimiento al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por el Presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo quienes de manera ejemplar, paradigmática e histórica han ejecutado una serie de acciones, programas y proyectos coordinados armónicamente entre todas las instituciones del estado, comprometidos con la promoción, defensa y restitución de los derechos humanos de los nicaragüenses.
Según los reportes del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, el 60% de los prisioneros políticos provienen de familias sandinistas, que terminaron desilusionadas con lo que la familia Ortega hace en nombre de la revolución.
Uno de estos prisioneros es Juan Carlos Baquedano, veterano revolucionario, a quien médicos de Cuba, Mongolia y la Unión Soviética le extirparon una bala que recibió en la cabeza en los años ochenta, y preservaron sus funciones cerebrales. Fue presidente de los veteranos de guerra, pero el año pasado, cuando iniciaron las revueltas, se unió a los tranques en Jinotega. Capturado poco después, este hombre de 61 años ha sido condenado a 50 años de prisión, acusado de ser el autor intelectual de un homicidio. Su esposa asegura que fue torturado en las celdas de El Chipote.
Hay otros más jóvenes: Dilon Zeledón Ramos, estudiante, de 20 años, detenido el 21 de julio en Matagalpa durante la Operación Limpieza. Era miembro de la Unión de Estudiantes Nicaragüenses, el brazo universitario del Frente Sandinista. Cuando iniciaron las protestas y la UNEN decidió apoyar a Ortega, él se unió a uno de los nuevos grupos de estudiantes surgidos en la revuelta y apoyó la toma de la Universidad Politécnica y la UNAN. Está acusado de terrorismo, amenazas y robo. Su madre asegura que, antes de trasladarlo al sistema formal de detención, estuvo en varias celdas de El Chipote, en las que lo mantuvieron, en una, con el agua hasta las rodillas; y en otra, colgado de los brazos y recibiendo choques eléctricos. Aún espera condena.
Otro: Hanssel Ruiz, de 26 años. Capturado en julio por paramilitares en Nindirí, posteriormente acusado de participar en la quema de una radio local junto con otros dos jóvenes. Su mamá, Lilia Ruiz, dice que, cuando lo vio en los juzgados cinco días después, estaba golpeado en la cara y las costillas. Había recibido palos en la cabeza y tortura sicológica. Lo condenaron a 18 años por terrorismo, tráfico de armas y destrucción de vías públicas. “Ayer lo vi. Dice que tiene la esperanza de que van a salir esta Navidad. Eso les han dicho. Tengo solo otro hijo de 18 años y no lo dejo salir ni a la esquina”.
A mediados de diciembre, todas las madres con las que hablé en el Movimiento María Elena Cuadra mantenían la misma esperanza de que sus hijos fueran liberados el 24 de diciembre. Las ilusiones navideñas murieron pronto. Ningún preso político fue liberado.
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Madelaine Caracas vive en San José desde julio pasado, en un apartamento que comparte con cinco jóvenes más. Todos nicaragüenses. Todos exiliados. Lejos de la incandescencia que fue Managua en abril y mayo y junio y julio.
Ella tiene 21 años, y tenía 20 aquel 18 de abril cuando todo estalló, en la protesta de Camino de Oriente, a la que acudió acompañando a un puñado de compañeros suyos y a unos jubilados, protestando por el recorte a las pensiones. Ella estuvo allí cuando llegaron las camionetas de las Juventudes Sandinistas y armaron el pandemonio que armaron. Al siguiente día cayeron los primeros muertos.
Pero su historia confirma que al principio le antecede siempre algo. Ella salió de su casa cuatro días antes, el 14 de abril, por motivos de seguridad. Participaba activamente en las acciones de protesta contra los incendios en la reserva Indio Maíz y, en una breve intervención televisiva, acusó de corrupción a un diputado sandinista llamado Edwin Castro, un político que además era profesor de la UCA, la universidad en la que ella estudiaba. Desde entonces no ha vuelto a dormir bajo el mismo techo que sus padres, quienes ante el acoso de paramilitares afuera de su casa tuvieron también que mudarse y hoy viven ocultos en Managua.
Pero si algún momento habría que destacar en el turbulento cambio de vida por el que ha pasado ella, ese momento sucedió el 18 de mayo, cuando se abrió la mesa de diálogo entre el gobierno y diversos sectores sociales (empresarios, estudiantes, campesinos, sociedad civil) con mediación de la Iglesia Católica, para buscar una solución a la protesta ciudadana. Una veintena de estudiantes, entre ellos Madelaine, ocuparon una sección de la mesa en representación de los miles que para entonces marchaban o se habían tomado los campus de varias universidades en protesta por los asesinatos de estudiantes.
Aquella mañana, el presidente Ortega encaró a los asistentes : “Que me pasen la lista de cuántos desaparecidos hay en Nicaragua, de cuántos presos políticos… La policía es una víctima también”, dijo. Madeleine Caracas abrió su teléfono y comenzó a buscar una lista. Pocos minutos después, de manera improvisada, gritó: “¡Pidieron lista de muertos y aquí la tenemos!”, y leyó de uno en uno los nombres de 58 víctimas mortales. Después de cada nombre los estudiantes gritaban: “¡presente!”. Aquello sucedió poco después de que otro de sus compañeros, Lesther Alemán, increpó directamente a Ortega , y le dijo que esa mesa era para negociar su salida. Las imágenes de Lesther y Madelaine le dieron la vuelta al mundo. Unos chiquillos habían humillado al comandante. Al final de aquel día, los estudiantes pensaban que la salida de Ortega era inminente.
De aquella delegación estudiantil, casi la mitad están hoy presos. Los demás, salvo dos o tres que viven ocultos en Managua, están en el exilio. Entre ellos Lesther Alemán y Madelaine Caracas.
Sentada en un café, cerca del centro de San José, Madelaine conserva suficiente pasión y energía como para mantener las utopías en este inicio de año melancólico que la encuentra fuera de su país, sin recursos, con sus compañeros presos; pero está convencida de que ella y los suyos van ganando. Y lo cree porque su generación, que a principios de abril parecía apática, más enchufada a las redes sociales que a la realidad de Nicaragua; y desconectada de la historia, por fin despertó. “El surgimiento espontáneo y legítimo de esta movilización ha tenido mejores resultados de los que esperábamos. No solo son las dimensiones de la movilización sino las conversaciones entre distintos sectores, distintas generaciones, que antes no existían”.
Madelaine es hija de revolucionarios sandinistas que se alejaron del partido cuando Ortega reformó la Constitución para reelegirse indefinidamente. También en eso apoya su apuesta de futuro. La revolución cometió muchos errores y fue traicionada, dice, por Ortega y su esposa. “Nicaragua merece algo mejor. Cuestionarnos de dónde veníamos ya es un gran avance”.
Sigue conspirando desde San José, con otros exiliados. Como Francisca Ramírez, la líder campesina; como Mónica López Baltodano, la activista de derechos humanos.
Saben que en este mismo país se organizó, durante la revolución sandinista, la respuesta política para cuando cayera Somoza. También saben que ahora esa respuesta la comandan mujeres como ellas. Y también: que en la actual Nicaragua no hay oposición política creíble ni organización armada contra el régimen. Pero donde otros ven eso como un problema ellas lo ven como lo que da mayor legitimidad a su lucha.
Las tres tienen la misma preocupación: cómo organizar desde afuera una mesa que prepare la transición para cuando algo termine con el régimen orteguista. Y cómo evitar que esta transición culmine con el poder en manos de los mismos de siempre: los grandes empresarios nicaragüenses que pactaron con Ortega hace una década y que han sido cómplices de la corrupción del sistema. “El primer día todas las voces valían -dice Madelaine-. Ahora me parece que hay un juego entre los mismos sectores que siempre han estado. Si no nos ponemos de acuerdo podemos terminar con los mismos de siempre: los empresarios y los políticos de siempre”.
López Baltodano, que ha sido asesora legal del movimiento campesino de Francisca Ramírez, y pieza clave en la Articulación de Movimientos Sociales, tuvo que exiliarse tras recibir varias amenazas. Es también miembro de una familia de origen sandinista: su mamá, Mónica Baltodano, fue comandante durante la revolución, y fue víctima de torturas en las celdas del dictador Anastasio Somoza. Su tío, Ricardo Baltodano, es prisionero político desde hace más de tres meses. Ella se involucró en la movilización contra Ortega hace varios años, desde la resistencia al canal interoceánico. “Nada tiene sentido si no se reactiva la resistencia ciudadana”, dice. “Pero ante la evidencia de la represión solo nos queda la resistencia clandestina. Necesitamos entrar en una fase organizativa para largo y tratar de contener que la gente tome decisiones violentas”.
Sobre las gremiales empresariales, López Baltodano, una abierta crítica de este sector desde hace varios años, hoy es más pragmática: “Necesitamos congelar ahora mismo la memoria histórica. Necesitamos tender puentes con la empresa privada. Lo peor que nos puede pasar es que se reconstruya esa alianza entre Ortega y la empresa privada”. La estrategia, la planificación, dice ella, deben organizarse fuera de Nicaragua, porque cada vez son más y más los que se ven obligados salir. Ella cree que en los próximos meses el régimen arreciará sus ataques contra oenegés y medios de comunicación. “Intentará cortar todas las vocerías”, dice. La organización hoy debe hacerse donde están esas vocerías.
¿Pero quiénes son los que intentan organizarse desde el país vecino? Francisca Ramírez dice que hoy, en Costa Rica, hay representación de 60 de las 200 organizaciones sociales que conforman la Articulación de Movimientos. Y desde allí han comenzado a prepararse los liderazgos sociales, a falta de liderazgos políticos creíbles. “Vemos bien la conformación de una junta de transición, pero con representación de todos los sectores”, dice. “Queremos cuatro cosas: Justicia, Democracia, Reparación y No Repetición. Tenemos que presionar más”.
De aquella euforia de abril y mayo, la conspiración en el exilio mira a plazos largos. Todos los exiliados quieren creer que este año cerrará con otro gobierno en su país. Pero nadie apuesta. Ya aprendieron la lección. “Es que no estábamos preparados para ese nivel de violencia –dice López Baltodano-. No supimos medir el nivel de horror del que Ortega era capaz. Cuando pensamos que no se podía hacer nada más, siempre venía algo peor”.
El 9 de enero, decenas de policías rodearon la librería Hispamer en Managua. Allí se llevaría a cabo la entrega de premios al periodismo nicaragüense, que otorga la Fundación Chamorro. Ninguno de los nominados pertenecía a medios orteguistas. La Fundación decidió seguir con la premiación, a pesar de la amenaza policial. Se trató de un simple amedrentamiento.
Mientras tanto, en la otra Nicaragua, la de los turistas en Ometepe, la de la normalidad recuperada por el gobierno, la del país que se salvó de un golpe de Estado, la de la alegre república en la que ya no pasa nada, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que, muy pronto, los nicaragüenses podrán ver una nueva telenovela, de origen taiwanés, en alguno de los canales que controlan sus hijos.
