Nunca lo he ocultado: los militares no me agradan. En lo absoluto. Nunca me han generado sensación de seguridad ni estabilidad emocional. Es más, todo lo contrario: ver a un uniformado de botas negras y ropas verdes me genera estrés y el deseo profundo en mi corazón de salir corriendo en sentido opuesto. Por supuesto que esto se debe a un trauma no superado de la infancia, ya que como hija de la guerra no guardo buenos recuerdos de los militares.
Ahora bien, el Acuerdo de paz regresó a la Fuerza Armada al lugar que le corresponde: nada de intromisión en la política nacional; los firmantes de la paz los enviaron a sus cuarteles y estar alertas para, en el caso requerido, garantizar la defensa y seguridad del territorio y la soberanía. Pero claro, a medida que los gobiernos de Arena y el FMLN no hicieron su trabajo, y dejaron crecer a las pandillas a sus anchas, perdieron el control de los territorios. ¿Y qué hicieron? A la clase política se le ocurrió una brillante idea: En lugar de fortalecer a las escuelas para prevenir, a la Policía Nacional Civil para controlar y a la Fiscalía para investigar acciones criminales, devolvieron de manera camuflada la participación de la milicia en labores que no le competen (seguridad pública) con los llamados “grupos de tarea conjunta”.
El resultado no se ha hecho esperar: los militares que no tienen formación para la seguridad pública cometen violaciones a derechos humanos con apoyo de la Policía Nacional Civil. Los dos principales partidos del país son cómplices en esta situación; sus decisiones de manejar la política de seguridad a pura represión, dejando de lado o en segundo plano la prevención, nos ha generado la desnaturalización del Ejército, pero también de la Policía. La apuesta por la erradicación de la violencia a partir de la represión en los territorios dominados por las pandillas ha contribuido a la desmejora en el nivel de confianza a este cuerpo por parte de la población civil. De ser una de las instituciones con mayor credibilidad, tiene ratos de ir bajando poco a poco de los puestos de instituciones confiables, según las encuestas y según el número de denuncias presentadas ante la PDDH. Y todos (políticos, militares) no quieren entender, y la medida de sacar a las calles al Ejército ha pasado de ser extraordinaria a ordinaria.
Es notable, y no puede pasarse por alto, que han sido dos gobiernos de izquierda los que han reforzado el papel y la participación política del Ministerio de la Defensa, dirigido desde hace casi 10 años por el general David Munguía Payés. Y en su primera gestión con Funes, como ahora con Sánchez Cerén, él ha demostrado tener muy poco compromiso con la rendición de cuentas y la aceptación de la crítica para revisar y corregir errores. Siempre que se busca al ministro de Defensa por las denuncias de violaciones, este sale a dar conferencias, acuerpado por el Alto Mando, para defender a sus militares. Con estos performances, a mi generación nos ha hecho revivir aquellas imágenes horrorosas de la infancia, donde salían tres o cinco filas de militares atrás del general de turno opinando sobre el devenir de la guerra y los triunfos contra los subversivos. Hoy es otro contexto, pero queda claro que este General algo nos quiere decir a los civiles cuando sale de esa manera. Y su mensaje entre líneas es peligroso.
Bajo el supuesto de “ataques contra la institución armada”, Munguía Payés se ha negado al poder civil, y ha irrespetado a instituciones como la Fiscalía o el Instituto Acceso a la Información Pública cuando se le exige, con argumentos legales, abrir los archivos del Ejército. Que diga que no hay archivos de la guerra puede ser creíble y comprobable, pero su palabra y su negativa nunca serán una razón de peso para incumplir la ley. Ningún general está por encima de la ley, ministro.
No sería descabellado afirmar que desde la firma de la paz, ningún militar ha tenido tal participación política y mediática como la del general Munguía Payes. Desde que Mauricio Funes lo rescató del olvido y lo ascendió a general (dos veces y de manera irregular), él no ha parado de dar entrevistas y conferencias, de inmiscuirse en la política salvadoreña. El culmen lo tuvo cuando se quitó el verde olivo y se disfrazó de civil para convertirse en ministro de Seguridad, al tiempo que puso a un militar a dirigir la Policía. Luego regresó a su puesto y no ha parado: sigue dando conferencias, sale a marchar el 15 de septiembre pintado del rostro y últimamente ha estado en entrevistas televisivas hablando de la importancia de que “no se deje fuera a ningún candidato porque ellos están vigilantes”; o también ha dicho que “confía en Tribunal Supremo Electoral”, como si la institución necesita su visto bueno para tener un sello de garantía en la administración del proceso electoral.
Aclaremos: el ministro no tiene que andar dando ese tipo de opiniones. Él no está para eso, los militares no están para ello. La Constitución ni ninguna ley le dan facultades de vigilante, General. Sus mensajes parecen, me temo, amenazas. Desde hace ratos, a la sociedad civil no nos interesa escuchar la voz de los militares, ni nos interesa saber si confían o no en una institución. Ellos están encargados de cuidar la integridad del territorio y punto. El rol que la Constitución le da a la milicia es otro, y mientras tanto, los militares deberían estar acuartelados y bien calladitos, cumpliendo órdenes de civiles sin inmiscuirse en política.
En la pasada navidad, Munguía Payés hasta lanzó un anuncio de felices fiestas cual candidato a la presidencia. ¿A quién le importa que los militares nos deseen feliz navidad o año nuevo? ¿Para qué gasta recursos en eso completamente innecesario? No es descabellado pensar que él todavía anhela ser presidente. Recordemos que coqueteó con esa posibilidad cuando se dio de baja en la carrera militar, coincidiendo con los plazos da la Constitución y con su paseo al frente del Ministerio de Seguridad, con la reducción abismal de los homicidios bajo la manga. De no haber sido descubierta la tregua, esa reducción de homicidios sería, a la fecha (como se vendió al inicio) un logro de su gestión.
Yo sigo creyendo en aquella frase maravillosa que dice: “más escuelas menos cuarteles, más lápices menos fusiles, menos militares más maestros”.
La sociedad salvadoreña ya sabe cómo gobiernan los militares, cómo manejan el Estado, sus tácticas represivas, sabemos cómo se roban las elecciones… No queremos regresar a esas épocas. Por ello es importante que alguien calle al general. Que le digan: ¡Señor, váyase para el cuartel y cállese! Debería ser su comandante civil, que ojalá ahora que va de salida, haga lo que no hizo en cinco años. O alguno de los candidatos en contienda, vaya. Es urgente y necesario.
