En los últimos días, el debate político en Estados Unidos en torno al presupuesto para el muro fronterizo se ha agudizado en la medida en que se mantiene la parálisis parcial del gobierno federal. En una acción que busca desafiar a los demócratas, Trump ha ofrecido dar una prórroga de tres años para dos programas de protección a migrantes que su administración canceló, a cambio del presupuesto para la construcción del muro. Sin embargo, en la nueva diatriba estratégica de Trump, sigue haciendo falta un elemento central muy poco discutido y torpemente omitido en el debate público estadounidense: la falta de reconocimiento de los factores que detonan la migración, especialmente la que se origina desde los países centroamericanos.
Considerar los factores que llevan a las personas a salir de sus países e intentar buscar protección y una nueva vida en el Norte es central para entender la migración centroamericana, y para definir una política migratoria que sea congruente, ya que la migración no se explica y controla solo en el destino, en este caso en Estados Unidos.
Es esta la omisión, pasividad y miopía más importante en Estados Unidos: no entender que la migración va más allá de las fronteras nacionales e intentar frenarla a partir de medidas punitivas de contención, sin atender sus causas.
La administración de Donald Trump, bajo el slogan “ América Primero”, ha resuelto abandonar su papel diplomático en materia de democracia y derechos humanos. Ya no existen expectativas, ni siquiera discursivas de que Estados Unidos se pronuncie en contra de fraudes electorales y elecciones ilegales, maniobras corruptas, o condene graves violaciones a los derechos humanos. Es igualmente importante recordar que, en otras oportunidades, Estados Unidos fue responsable de tumbar gobiernos y de apoyar grupos armados, con resultados desastrosos, y que las consecuencias de esas intervenciones aún se sienten.
En Centroamérica, uno de los efectos de la política exterior inspirada en “América Primero”, ha sido el reconocimiento y felicitación a la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández en la presidencia de Honduras. En Nicaragua, la apuesta fue emitir una tardía condena a la represión y a las violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores. En Guatemala, frente a los constantes embates del presidente Jimmy Morales contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), y que llevaron al Gobierno a intentar cerrar el organismo de las Naciones Unidas, una medida que fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad, Estados Unidos ha respondido con tímidos pronunciamientos del Departamento de Estado.
El pueblo guatemalteco se encuentra a la expectativa del rol que sus instituciones jugarán frente al embate del gobierno, en el que la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos están cumpliendo su papel de defensa de la institucionalidad, lo cual es esperanzador. Lastimosamente, el gobierno de Morales se empeña en dar por terminado el acuerdo y lograr el fin anticipado del mandato de la Cicig. Este nuevo embate pone en jaque a las instituciones guatemaltecas, en un escenario en el que el Estado de derecho tambalea.
Guatemala necesita apoyo y acompañamiento para defender el Estado de derecho y Estados Unidos debiera entenderlo y dárselo. Algunos miembros del Congreso Federal, como Jim McGovern y Norma Torres realizan acciones para presionar al Ejecutivo a que cambie la retórica y se sancionen a los responsables de actos de corrupción en Guatemala.
Esta es una oportunidad para establecer la relación entre las causas en los países de origen de los éxodos masivos y la política migratoria, así como de protección internacional. Cada una de las situaciones mencionadas necesita de respuestas que tomen en cuenta que la impunidad, la violencia, las violaciones a los derechos humanos y la ausencia del Estado de derecho son factores que contribuyen a la expulsión de personas. Aquellos que en Centroamérica se sienten directamente amenazados o que, en contextos de violencia generalizada e impunidad, optan por buscar la protección a su vida, su libertad y su seguridad personal en otro país, no lo hacen para intentar derrumbar muros. Huyen porque esa la única alternativa para sobrevivir. Estados Unidos podría tener un impacto central para exigir coherencia a la administración de Jimmy Morales, con un apoyo decidido a la Cicig. Si de verdad quiere incidir –para bien- con su política migratoria, Estados Unidos debería de ser más coherente con Centroamérica.
*Helena Olea es abogada internacional en derechos humanos y asesora en derechos humanos de Alianza Americas. Hazel Contreras es coordinadora regional de Alianza Americas en Centroamérica.
