Para quienes defendemos derechos humanos es muy importante que la violencia contra las mujeres se considere un problema social relevante, que requiere la atención de la ciudadanía, de los medios de comunicación y, sobre todo, de las instancias públicas que tienen responsabilidad en la prevención y atención a quienes la sufren, en la sanción de quienes la han ejercido, asimismo en la restitución y reparación del derecho negado.
La experiencia y los datos nos muestran que la violencia contra las mujeres es un problema histórico presente en todas las épocas y que se manifiesta diariamente de diversas formas y tipos, en todos los sectores, clases o estratos sociales. La violencia se presenta con diversas expresiones, desde las más sutiles, hasta las que presentan características de un mayor ensañamiento y crueldad y que, lamentablemente, suele abordarse desde la naturalización y la tolerancia social hacia las conductas violentas de los hombres que la ejercen, prevaleciendo altos niveles de impunidad.
Por todo ello, no nos extraña que los periodos electorales también sean escenarios de violencia contra las mujeres. Sin embargo, hubiéramos querido escuchar, de quienes aspiran a la presidencia y vicepresidencia de la República en la actual contienda electoral, que sus apreciaciones sobre el problema reflejaran cierto nivel de análisis aceptable, sobre las causas que subyacen a este tipo de violencia, considerando como elemento de partida que en la pervivencia de una cultura como la predominante en El Salvador, las mujeres somos consideradas inferiores a los hombres, y que éstos son educados y socializados con el sentido de superioridad. En este marco, los hombres se perciben a ellos mismos con la facultad del dominio y control sobre los cuerpos de las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Con mucha más expectativa hubiéramos querido escuchar su compromiso de aunar voluntades políticas para parar este flagelo social que afecta principalmente a la mitad de la población, y conocer las estrategias que han identificado para hacerlo. En este sentido, nos encantaría haber encontrado análisis acerca de cómo se vincula la violencia social generalizada con la construcción de masculinidades salvadoreñas, y cómo desde el gobierno central se articulará esfuerzos serios no sólo para “combatir la violencia”, sino cómo se abordarán las causas de ésta, fenómeno que se ha convertido en un rasgo de la cultura y convivencia en este país.
No nos ha extrañado que se hable sobre violencia contra las mujeres en este contexto electoral, pero sí nos ha causado estupor, y sobre todo indignación, la manipulación de hechos para fines de correlación electoral. No me refiero sólo al reciente caso que por medios de comunicación y redes sociales involucran al ex secretario de Religión del FMLN, sino también a los manejos, canciones, spot y acusaciones, incluyendo las de la manzana y el señalamiento de bruja, que derivó en la expulsión del FMLN del entonces alcalde de San Salvador. Todas son manifestaciones de violencia de género y tienen diferentes consecuencias en quienes las sufren, pero su utilización con fines electorales es simplemente la trivialización de un problema que merece otro tipo de atención.
La responsabilidad en esta manera de abordar el problema es diversa. Los medios de comunicación también tienen la suya por los enfoques amarillistas. Por ejemplo, la experiencia nos dice que cada mujer que ha sufrido violencia necesita tiempo para hacer una denuncia; muchas, quizá la mayoría, no llegan a denunciarla nunca; así el momento de la denuncia depende de cuando ella esté lista, tenga la fuerza interna para hacerlo y sienta la confianza de que va a ser escuchada. Por eso, criticar a una mujer que ha sido violentada por hacer una denuncia, es simplemente cargar sobre ella la responsabilidad que tiene quien ejerció los hechos violentos.
Todos los partidos políticos saben que algunos de sus integrantes, con cargo público o sin él, tienen antecedentes de violencia contra las mujeres por razones de género, pero por lo general justifican sus comportamientos y les encubren para proteger su imagen pública, tanto la del partido como la de su integrante. Con ello terminan siendo cómplices de graves hechos y en algunos casos de la comisión de delitos.
Cuando un hecho sale a la luz pública fingen extrañarse y tratan de alejarse o alejar al implicado, y en el peor de los casos terminar “juzgando” a quienes han sido víctimas.
Es evidente que la legislación salvadoreña ha avanzado en el reconocimiento de la violencia contra las mujeres, pero del dicho al hecho nos queda un trecho bien grande en la interpretación que oriente a su adecuada aplicación. Sería interesante, por ejemplo, que en vez del circo mediático del caso reciente, en el que se ve involucrado el ex secretario de Religión del FMLN, se reflexione sobre los tipos de violencia que podrían estar vinculados: la violencia psicológica y la violencia sexual.
En este sentido conviene saber que como violencia psicológica y emocional se considera “toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación” (LEIV).
Mientras que la legislación penal establece que el estupro (ART.163 CP) es el delito que comete “El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona mayor de 15 y menor de 18 años de edad, será sancionado con prisión de 4 a10 años... Para la comisión del delito es preciso que el sujeto pasivo sea mayor de 14 años y menor de 18 años”.
En vez de mirar a qué fórmula presidencial favorece más una denuncia, podemos analizar qué tipo de violencia se pudo ejercer, cuál es la conducta a sancionar y las instancias públicas que deben o deberían actuar. Así en tiempos electorales también podemos hacer pedagogía sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y sobre la responsabilidad que las instituciones y la sociedad en su conjunto tenemos para garantizar este derecho.
