Más allá de aspectos llanamente cínicos y no verídicos del discurso pronunciado por el presidente Donald Trump el sábado 19, su propuesta de prórroga de tres años para los beneficiarios del DACA y TPS se trata, en el mejor de los casos, de un primer paso metodológico hacia una solución inmediata para los problemas creados por el mismo presidente Trump.
En lo que su administración ha caracterizado como un esfuerzo balanceado para superar el impasse presupuestario -que mantuvo cerradas varias ramas del gobierno federal desde finales de diciembre pasado hasta el 26 de enero-, el Gobierno ofreció ayuda a aquellos que dijo que expulsaría. Los beneficiarios por el TPS (Protección Migratoria Temporal, por sus siglas en inglés), son grupos numerosos de salvadoreños, hondureños y haitianos. En el caso de DACA (Acción Diferida para Personas que Llegaron en su Infancia), hay varias decenas de miles de jóvenes centroamericanos. A cambio, Trump espera que el Congreso (Casa de Representantes y Senado), aprueben un paquete de medidas de control fronterizo, reforzamiento de la capacidad de aplicación de la ley migratoria actual, y por supuesto, su muro fronterizo.
En el discurso de Trump hay un aspecto que vale la pena resaltar. Hasta el 2016, el TPS y sus beneficiarios era un tema ausente en el debate político nacional. Que se haya mencionado es producto de la presión de organizaciones de la sociedad civil. Ahora cobra importancia ya que, una vez puesto en agenda, se volverá difícil ignorar que hay másde 300,000 personas, mayormente salvadoreñas, cuyo futuro está gravemente amenazado por la orden girada por esta administración para cancelar este y otros programas de protección.
Si bien es cierto que la mayoría de beneficiarios quieren como mínimo poder mantener sus permisos temporales, ambos grupos son merecedores de visas de residencia permanente. El trabajo de incidencia impulsado por Alianza Americas y muchas otras organizaciones exige un programa de ajuste de estatus migratorio que le permita a los beneficiarios poder solicitar visas de residencia permanente. La solución más sensata para personas extranjeras con autorización migratoria y que han vivido por muchos años en Estados Unidos es permitirles solicitar visas que oficialicen lo que en la práctica ya son: Residentes Permanentes.
Trump propone solucionar un problema que él generó a cambio de votos para su política migratoria, pero desde una perspectiva racional y equilibrada, no hay razón alguna de seguir despilfarrando el dinero de los contribuyentes tributarios de los EUA con más medidas punitivas de contención. Los muros físicos, la militarización de fronteras, el reforzamiento de la policía migratoria federal (ICE, por sus siglas en inglés) y el andamiaje de centros de detención en las regiones fronterizas, como en el interior del país, los cuales son mayormente operados por corporaciones privadas, no son la solución. Este errado enfoque de la política migratoria ha sido dominante desde mediados de la década de los ochenta, compartido tanto por republicanos como por demócratas. Bajo la presidencia de Trump se ha aplicado con más rigurosidad, acompañado de una retórica xenófoba y racista desde el púlpito presidencial como pocas veces antes en la historia.
Trump logró llegar a la presidencia por medio de una campaña electoral que promovió el odio contra los extranjeros, especialmente los mexicanos y los latinoamericanos, como un contenido prominente. Desde que se instaló en la presidencia, ha seguido atizando el ataque y reiterando su promesa de un muro fronterizo como la medida por excelencia para detener los flujos migratorios que él asocia con el crimen, el narcotráfico y muchos otros males que, desde su narrativa, amenazan el bienestar de la sociedad estadounidense. Incluso, ha repetido su promesa de campaña en cuanto a que será Mexico quien pague por el tristemente célebre muro fronterizo.
Las elecciones legislativas federales de noviembre pasado, donde el Partido Republicano pudo haber centrado su campaña electoral en un mensaje de bienestar económico para la sociedad estadounidense, terminó siendo una campaña centrada una vez más en un discurso antimigrantes. Trump mismo manipuló la realidad de una caravana migrante desde América Central, especialmente de hondureños, para fortalecer su discurso xenófobo y racista.
El resultado de tales elecciones fue mixto para la agenda político-electoral impulsada bajo el liderazgo de Trump. Por un lado, los demócratas consiguieron hacerse de la mayoría en la Casa de Representantes, ganado 235 de los 435 puestos sujetos a elección. Más allá de ganar la mayoría en esta cámara legislativa federal, la bancada demócrata en el Congreso actual representa una de las más diversas en la historia de los EUA, tanto por el número considerable de mujeres, personas de minorías étnicas y religiosas, y un contingente muy numeroso de legisladores que se autodenominan progresistas. Sin embargo, en esa cámara, hay también 24 legisladores demócratas conservadores que son miembros de la “Blue Dog Coalition.” Todo esto se presta mayormente a pensar que la estrategia electoral dirigida por el presidente Trump fue un fracaso. Sin embargo, en el Senado, el partido Republicano logró incrementar su ventaja, que le permitirá contar con 53 de 100 puestos en el nuevo Congreso. Es muy importante entender la correlación de poder político para dilucidar cómo podría superarse la situación crecientemente caótica detonada por el cierre parcial del gobierno federal.
La respuesta de rechazo dada por líderes claves del Partido Demócrata, incluso antes del discurso de Trump, parecería estar más motivado por una consideración electoral en camino a las elecciones del 2020, que en un interés genuino de llegar a un acuerdo negociado para superar el cierre parcial. El pronunciamiento de Trump debe entenderse como una oferta unilateral hacia la superación de la situación actual. En la medida que Trump considere su propuesta como la única manera de superar la crisis actual, quedara claro su esencia demagógica, pues como ya se mencionó, se trata de una propuesta unilateral que debería estar sujeta a escrutinio, cambios e incluso, contrapropuestas que abonen el camino hacia una negociación política. Es imposible imaginar una resolución que no implique una negociación política entre la Casa Blanca y el Congreso Federal, en el cual hay una división de poder entre Senado (republicano) y Casa de Representantes (demócrata). Esta es la realidad objetiva del estado del poder político en el gobierno federal de los EUA hasta finales del 2020.
A razón del balance de poder ya mencionado, la lucha de las comunidades actualmente afectadas por vacíos múltiples de políticas públicas acertadas, incluyendo a las comunidades de inmigrantes, competirán en atención con los intereses estrictamente electorales de los partidos de cara a la próxima elección presidencial y legislativa del 2020.
En el caso de los migrantes afectados por la cancelación de las protecciones TPS y DACA, la idea de esperar por soluciones concretas hasta el 2021 pudiera llegar demasiado tarde: para muchos, la protección migratoria temporal culminará en el 2019. En ausencia de una solución legislativa a su precaria situación actual, la única luz tenue de esperanza son las decisiones hechas por cortes federales que temporalmente han invalidado la cancelación del programa DACA y los programas de protección TPS, salvo el caso de hondureños. Sin embargo, estas decisiones preliminares pudieran cambiar ante posibles fallos favorables a la administración Trump en instancias superiores del sistema judicial.
Es crucial entender que la política global hacia extranjeros, como también la política de inmigración, urgen de profundas reformas que ofrezcan la posibilidad de equipar al país con políticas sensatas, humanistas y funcionales para el Siglo 21, modélicas para el resto del mundo. Sin embargo, con Trump y con un Senado Federal controlado por el Partido Republicano, es muy probable que dichas reformas no tengan mayor viabilidad antes del 2021, dando por sentado una evolución sustantiva de las lógicas que han dominado el debate nacional sobre extranjeros y política de inmigración desde mediados de la década de los ochenta.
Sin embargo, y suponiendo una disposición genuina de alcanzar acuerdos entre los republicanos y los democrátas, se vuelve crucial plantear una vez más las demandas más urgentes desde la perspectiva de comunidades inmigrantes:
· La creación de un programa que permita a beneficiarios de DACA y de TPS poder solicitar visas de residencia permanente. Únicamente de esa manera se superará la incertidumbre en las que estas poblaciones han vivido por muchos años. Mantener vigentes los permisos de protección migratoria mientras se aprueba este tipo de programa es vital.
· Reiterar la ley de asilo actual y reforzar los mecanismos operacionales para permitir que toda persona que busca protección humanitaria pueda solicitar asilo en los EUA, sin tener que verse privados de libertad mientras sus solicitudes son consideradas.
· Reformar la ley que regula el tema de grupos familiares en busca de protección humanitaria, de manera que se proteja la unidad de esas familias y se ponga fin definitivo a la separación de menores de edad de sus padres.
· Incrementar significativamente el número de personas refugiadas a ser reasentadas en los EUA a un mínimo de 75 mil personas al año.
· Cancelar el financiamiento de centros de detención de personas extranjeras cuya única infracción sea residir en los EUA sin autorización migratoria, y reorientar esos recursos financieros para financiar programas destinados a facilitar la integración económica, social y cultural de poblaciones extranjeras en localidades experimentando transformación demográfica a razón de patrones migratorios.
· Trabajar con los comités correspondientes en el Congreso para la creación de un programa de ayuda externa para el Sur de Mexico y los países centroamericanos. El fin sería alterar radicalmente el plano de bienestar económico, social, político y cultural de la mayoría de personas que residen en estas zonas, reconociendo que casi todo lo hecho a lo largo de las últimas décadas ha fallado para cambiar la realidad de vida de las mayorías y para bloquear el poder seductor de la migración como estrategia de superación de la pobreza y la ampliación de oportunidades.
· Finalmente, es crucial apoyar programas de asesoría internacional en función del combate a la corrupción y la evasión de la responsabilidad tributaria, especialmente de los sectores más económicamente poderosos en Mexico y América Central.
Como mínimo, los próximos dos años deberían servir para superar la negligencia de los legisladores federales, quienes se supone deberían ser los pioneros de soluciones en el campo de política pública. Es urgente sentar algunas bases que permitan transformaciones más ambiciosas y postergadas por muchas décadas.
