“Hay que darle un voto de confianza al TSE, aunque no nos guste”

En el primer fin de semana del año, y con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el candidato que lidera las encuestas lazó, sin presentar pruebas contundentes, nuevas sospechas acerca de un presunto fraude que se estaría fraguando desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para afectar los comicios del 3 de febrero. El sábado 5 de enero, un incendio destruyó equipo del TSE en uno de los centros de cómputo habilitados en un pabellón del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco). Un día después, en un mitin celebrado en el municipio de San Luis Talpa, Nayib Bukele, candidato de Gana, despotricó una vez más contra el TSE. "Si dejamos al Tribunal, van a quemar todo el Cifco", dijo.

Óscar Campos, coordinador de transparencia y anticorrupción de la Iniciativa Social por la Democracia (ISD), considera que pese a los señalamientos contra el TSE, no hay pruebas de una posibilidad real de fraude en el evento electoral que, de confirmar lo que dicen la mayoría de sondeos de opinión, sacaría del Ejecutivo al partido de Gobierno, el FMLN, e impediría el retorno de Arena (el principal partido de oposición) al poder. 

Desde 1992, el año de la firma del Acuerdo de Paz, ISD ha participado en misiones de observación electoral, y es parte de un consorcio de observación para las elecciones de este año. "La institucionalidad puede estar muy vapuleada, pero todavía en El Salvador tiene algunos puntos que le permiten decir que no se ha roto el Estado de derecho ni se ha roto en una elección la situación de controles”, dijo Campos.

Pese a los cuestionamientos que se han hecho al TSE en coyunturas puntuales (como la incertidumbre por el resultado en la elección de la alcaldía de San Salvador de 2006, o la elección presidencial de 2014), Campos pidió que se confíe en el rol de Tribunal. “Hay que darle el voto de confianza, aunque no nos guste, al TSE".

Campos también se refirió a la elección de Raúl Melara como fiscal general. ISD presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional por el caso de Melara. "Hay un riesgo muy fuerte de que se ponga en duda la imparcialidad del fiscal. Por eso hemos pedido que se inhabilite al fiscal general durante este proceso de demanda de inconstitucionalidad y que sea la fiscal adjunta la que tome su rol", dijo Campos.

Para el abogado, "el vínculo material con un partido, en otros casos, se ha comprobado con acciones menores y se ha declarado inconstitucional".

 
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