“La Corte de Constitucionalidad ha enmendado la plana a Jimmy Morales”

Jordán Rodas, procurador de derechos humanos de Guatemala, ha sido un escudo para la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Con numerosos amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal guatemalteco, ha frenado las intenciones del gobierno de Jimmy Morales de incumplir órdenes judiciales para minar la misión internacional, que en 2015 metió a la cárcel a los entonces presidente y vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Para el procurador Rodas, "el presidente Morales ya perdió la objetividad. Él mismo, su hijo y su hermano están siendo procesados penalmente y ya no está para tomar decisiones de Estado”. Rodas desechó el argumento de que la Cicig ha pisoteado la soberanía guatemalteca. "Nada más falso que ese argumento de la soberanía porque Guatemala fue soberanamente a la ONU y de ahí nació el convenio que dio paso a la CICIG. La soberanía (de Guatemala) en ningún momento ha sido vulnerada por la Cicig", dijo, en la primera parte del programa de El Faro Radio, de este jueves 10 de enero.

La confrontación de grandes dimensiones entre el gabinete de Morales y la Cicig ha escalado rápidamente. El episodio más reciente fue cuando, el 10 de enero, la Corte Suprema de Justicia admitió a trámite una solicitud de antejuicio contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son, los que, "han enmendado la plana, en varias ocasiones, al presidente de la República". Morales intenta apresurar la expulsión de la Cicig, y sus aliados en el Congreso pagaron una firma de abogados para promover el retiro de la inmunidad de los magistrados de la CC. Este proceso inició por una supuesta invasión de competencias de la CC  al emitir un amparo a favor del embajador de Suecia, un país que está, junto a Estados Unidos, entre los principales financistas de la Cicig.

Rodas explica que el antejuicio en realidad "busca erosionar a la CC", y la razón de fondo para quitarles la inmunidad es para que no sigan emitiendo resoluciones que permitan a la Cicig seguir trabajando en el país. En junio hay elecciones de diputados y varios de los congresistas que buscan reelección son investigados por el Ministerio Público (MP) y la Cicig. Un día después de que la Corte Suprema admitiera el antejuicio, Rodas interpuso una nueva acción constitucional de amparo para congelar el proceso y que la Corte no envíe las diligencias al Congreso. Los amparos han sido utilizadas por abogados y representantes de organizaciones para proteger la permanencia de la Cicig en el país. 

Mientras la CC no admita el amparo interpuesto por el procurador, el antejuicio seguirá su camino hacia el Congreso donde el presidente Morales tiene numerosos aliados, pues la mayoría de bancadas tienen diputados con investigaciones abiertas en el Ministerio Público y la Cicig. "Los diputados, por propia sobrevivencia, tienen que ser muy cautos a la hora de votar por el antejuicio contra los magistrados de la CC", dijo Rodas. El procurador recordó que en junio próximo hay elecciones y debilitar a la Cicig podría salirles caro. "El 70% de la población está a favor del trabajo de la Cicig", señaló Rodas. El Congreso solo necesita 105 votos (de 158) para aprobar el antejuicio a los magistrados.

Rodas auguró que la ciudadanía guatemalteca volverá a manifestarse públicamente, tomando en cuenta llamados de organizaciones civiles y de la conferencia episcopal de Guatemala. El procurador adelantó que presentaría un amparo "para garantizar el derecho que tenemos todos los guatemaltecos de manifestarnos. Eso tendrá efectos de forma inmediata", dijo.

 
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